Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución N°68/2016 (DV MRRI) en cuanto determina el impuesto al valor agregado y sus intereses, con costas.
2Confirmar parcialmente la multa aplicada mediante la Resolución N° 59/2017 (DV MRRI) con arreglo a lo analizado en el considerando VI. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por su orden en la proporción que se reduce.
3Confirmar la resolución N° 210/2016 (DV MRRI) en cuanto determinó la responsabilidad personal y solidaria del Sr. José Rafael Miranda respecto de la deuda del principal y revocar parcialmente la multa aplicada -con arreglo a los alcances derivados del allanamiento parcial del Fisco Nacional- y de acuerdo a lo resuelto en el considerando VII. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por el orden causado en lo que se reduce.
I. Que a fs. 47/56 y 129/139 la recurrente interpone sendos recursos de apelación en tanto que a fs. 246/262 lo hace el Sr. José Rafael Miranda contra las resoluciones emitidas por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI, a saber:
(i) Resolución N°68/2016 (DV MRRI) de fecha 30/03/2016 mediante la cual se resuelve impugnar las declaraciones juradas presentadas del impuesto al valor agregado por la contribuyente PLAZA ROMA S.R.L. respecto de los períodos fiscales 01/2013 a 11/2013, determinar de oficio la materia imponible e imponer la obligación de ingresar la suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil cuarenta con setenta y tres centavos ($258.040,73) en concepto de débito fiscal omitido por los períodos fiscales 01/2013 a 12/2013, con más la suma de pesos doscientos cuarenta y seis mil ochenta y cinco con cuarenta y tres centavos ($246.085,43) en concepto de intereses resarcitorios calculados hasta el 30/03/2016 y se suspende la resolución de sumario hasta tanto exista sentencia en sede judicial, haciendo reserva del derecho de su aplicación, conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769 y sus modificaciones. (ii) Resolución N° 210/2016 (DV MRRI) de fecha 13/12/2016 a través de la cual se establece la responsabilidad personal y solidaria del contribuyente Miranda José Rafael atento revestir el carácter de socio gerente de la contribuyente PLAZA ROMA S.R.L., respecto de la deuda determinada mediante la Resolución N°68/2016 (DV MRRI) y se resuelve aplicarle una multa por infracción al artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) por la suma de pesos trescientos cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho con treinta y un centavos ($352.888,31) equivalente al setenta por ciento (70%) del importe de tributo que se le intima.
Respecto de esta última suma, cabe señalar que posteriormente el Fisco Nacional se allanó en forma parcial por Resolución N°18/17 (SDG TLI) –fs. 277/281– ajustándola a la suma de pesos ciento ochenta mil seiscientos veintiocho con cincuenta y un centavos ($180.628,51), atento haber incurrido en un error al momento de su determinación por cuanto incluyó en la base de cálculo de la multa los intereses resarcitorios, lo cual resultaba improcedente.
(iii) Resolución N° 59/2017 (DV MRRI) de fecha 22/05/2017 mediante la cual se resuelve aplicar una multa a PLAZA ROMA S.R.L. graduada en tres (3) veces el importe del impuesto al valor agregado evadido, fijándola en la suma de pesos setecientos setenta y cuatro mil ciento veintidós con diecinueve centavos ($774.122,19) en virtud de lo dispuesto en los art. 46 y 47 incisos a), b), y c) de la ley 11.683 (t.o. en 1998).
Que conforme surge del Informe de Inspección –fs. 43 del Cuerpo de Antecedentes Administrativos– las presentes actuaciones se originaron en la solicitud de la Fiscalía en lo Penal Tributario N°1 en el marco de la causa N°12062/2012, caratulada “AFIP-DGI s/Infracción Ley 24.769”. En efecto, el Sr. Fiscal Claudio R. Navas Rial libró Oficio con fecha 20/12/2013 para que se confeccione el Informe Técnico normado por el art. 18 tercer párrafo de la ley 24.769 a partir del análisis de los sistemas informáticos, de facturación, base de datos y demás información secuestrada en el allanamiento realizado el 19/12/2013 en el domicilio de la Av. Corrientes 687 de la CABA, que consistió en dos (2) DVDs rotulados “Causa 611/13 – PLAZA ROMA S.R.L.”, dado que la contribuyente es una de las imputadas en la causa N°12062/2012, caratulada “Denunciante: AFIP-DGI s/Infracción Ley 24.769”.
Conforme surge a fs. 26 de los antecedentes administrativos –Actuación N°10780-474-2016–, el Fiscal solicitó a la Dirección Regional Microcentro de la AFIP-DGI, que: “a) se practique un informe de auditoría de los sistemas informáticos y de facturación, así como de los mecanismos de registro y guardado de los datos referidos a operaciones comerciales, teniendo como base el contenido de los equipos de CPU, lectura de dispositivos con memoria fiscal y demás constancia secuestradas durante el allanamiento practicado a la firma, detallando cualquier dato que indique o sugiera la existencia operaciones comerciales registradas en mecanismos destinados a no trasladarse a la memoria fiscal o a los registros formales desde el punto de vista tributario, así como la posible existencia de mecanismos destinados a imprimir comprobantes no validos como ticket o factura, pero destinados a imitar un comprobante fiscal”.
Que en dicho marco y atento lo ordenado en la Resolución N°1/2016 (DV MRRI) obrante en la Actuación SIGEA N°10780-820-2015 –fs. 65 a 80 A.A.–, el Fisco Nacional relevó la información obrante en las bases informáticas del Organismo y cotejó con la lectura del controlador que se realizara como una de las medidas judiciales dispuestas en el allanamiento de fecha 19/12/2013.
Que de la revisión de los soportes mencionados se observó la existencia y utilización de un sistema de facturación denominado “DTMAX” desde el cual se listaron diferentes reportes relacionados con ventas diarias almacenadas en sus bases de datos para el período comprendido entre el 02/12/2013 al 19/12/2013, de donde surge la existencia de tres (3) tipos de comprobantes diferentes a saber: i) “tickets”, ii) “Fact. A” y iii) “Costo”.
Se constató que los comprobantes identificados como “tickets” y como “Fact. A” coinciden en numeración, cantidad e importe con lo registrado en la memoria fiscal de la impresora, en tanto que aquellos denominados como “costo” poseen una numeración propia y diferente a la registrada en la memoria fiscal y no tienen asociado un comprobante fiscal, por lo que el organismo recaudador concluyó que se trató de ventas omitidas.
A partir de dicha premisa los actuantes procedieron a determinar el porcentaje de ventas omitidas que surge de relacionar el total de los comprobantes identificados como “costo” (ventas no registradas) con el total de ventas facturadas e informadas en el período 02/12/2013 al 19/12/2013 que surgen de la toma realizada conforme los datos extraídos del sistema DTMAX.
De dicha comparación y siguiendo el procedimiento establecido en el art. 18 inc. e) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) se determinó una venta omitida de declarar de $75.116,65 que representa un 92,49% respecto de las ventas registradas del mismo período según toma de datos de los “tickets” y “facturas A”, cuyo valor ascendió a la suma de $81.219,00.
De este modo, el porcentaje así obtenido -92,49%- se aplicó a las ventas que surgen de las declaraciones juradas presentadas F.731 por los períodos 01/2013 a 11/2013 arribando a las ventas omitidas de dicho lapso, las cuales sumadas a las ventas de 12/2013 cuya declaración jurada no fue presentada, arrojaron un total de ventas omitidas de $1.228.765,37 y un débito fiscal dejado de ingresar por el período 01/2013 a 12/2013 de $ 258.040,73.
En resumen, en base a la fiscalización efectuada el Organismo determinó que Plaza Roma S.R.L.:
i) Presentó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 01/2013 a 11/2013 en defecto, dejando de ingresar el impuesto en su justa medida y;
ii) Omitió presentar la declaración jurada correspondiente al período fiscal 12/2013.
Resaltó que el desvío detectado -además de haber habilitado a la contribuyente a evadir el impuesto en trato- ha vulnerado el equipamiento destinado a procesar, registrar, emitir comprobantes y conservar los datos de interés fiscal que se generan como consecuencia de las ventas, locaciones y prestaciones de servicios realizadas por el contribuyente o responsable cuya obligatoriedad proviene de las Resoluciones Generales N°3330/2012 y 3561/2013.
Por su parte la recurrente se agravia en la existencia de un error en el funcionamiento del programa DTMAX, el cual fue puesto de manifiesto por el técnico informático -Sr. Daniel Robles, quien asistió a la empresa- al prestar declaración indagatoria en el marco de la causa N°1201/2011 caratulada “Paraguay 489 S.R.L. s/ Infracción Ley 24.769”, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N°11 en fecha 24/02/2016 y cuya copia acompaña como prueba instrumental al recurso de apelación interpuesto.
Asimismo, plantea como segundo agravio la improcedencia de la cadena de presunciones efectuada por el Fisco Nacional. Ello así por entender que el Organismo no solo presumió que las cifras obrantes bajo el rubro “costo” correspondían a supuestas ventas omitidas, sino que también por cuanto “sin ningún tipo de elemento o indicio proyecta en todo un ejercicio fiscal los datos obtenidos en 17 días del mes de diciembre. Todo ello sin fundamento lógico ni tener en cuenta la época del año que se tomó como muestra (la que es ínfima y no representativa)”. Resaltando que, por corresponder al mes de diciembre, es uno de los puntos de máximo consumo por darse todos los festejos familiares, sociales y laborales de fin de año. Ofrece prueba instrumental, informativa y pericial técnica.
II. Que a fs. 71/87, 147/161 y 282/302 la representación fiscal contesta los recursos, alega que la prueba instrumental, informativa y pericial solicitadas por la actora resulta inconducente e innecesaria y solicita se confirmen las resoluciones apeladas. Hace reserva de la cuestión federal.
III. Que a fs. 169 y 342 obran agregadas las sentencias que deciden acumular los Exptes. N° 48.034-I y N°47.719-I, respectivamente, al Expte. N°46.541-I.
IV. Que a fs. 178 se resuelve abrir a prueba el Expte. N°46.541-I, haciendo lugar parcialmente a la producción de la misma. En efecto, se rechaza la prueba informativa en el entendimiento de que lo que se pretendía probar ya se encontraba acreditado en autos. Se hace lugar a la prueba pericial técnica, designándose como peritos informáticos a la Lic. Magalí Dos Santos por parte de la actora y al Ing. Héctor Rodríguez por parte del Fisco Nacional, quienes aceptan los cargos a fs. 179 y 180 respectivamente. En tanto que a fs. 324 obra la apertura a prueba correspondiente al Expte. 47.719-I, en la que se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida como así también a la prueba pericial técnica, designándose como peritos informáticos a los mismos profesionales antes mencionados quienes aceptan cargo a fs. 329 y 325 respectivamente.
Que a fs. 332 se intima a los peritos para que en el plazo de diez (10) días presenten la pericia ordenada, bajo apercibimiento de dar por decaída la prueba, como así también se intimó a la recurrente para que manifieste si mantiene interés en la producción de la prueba informativa.
Que a fs. 351 se hizo efectivo el apercibimiento cursado a fs. 212 y se dio por decaído el derecho de la parte actora a la producción de las pruebas pericial técnica e informativa, atento al tiempo transcurrido sin que la recurrente hubiera instado los medios probatorios oportunamente ordenados.
Que a fs. 359 se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B” y seguidamente, se ponen para el dictado de sentencia V. Que seguidamente corresponde adentrarnos en el análisis del fondo de la cuestión, la cual se basa en una determinación de oficio practicada por el Organismo Fiscal con fundamento en la presunción establecida por el artículo 18 inciso e) de la ley 11.683 (t.o. 1998).
Al respecto cabe tener presente que el legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. De este modo, la validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 07/05/1993). Que toda determinación sobre base presunta debe reposar en ciertos indicios que, a los efectos de convicción de la real magnitud de la materia gravada, requiere la concurrencia de una serie de circunstancias correlativas y concordantes que, analizadas en una articulación coherente, evidencien que el método guarda una razonable correspondencia con los hechos económicos verificados, permitiendo arribar al resultado que “probabilísticamente” se acerque más al efectivo hecho imponible.
Que por otra parte, este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (Cfr. “Armotec SACIFIC”, TFN, Sala B, 10/02/1999).
Que en la materia que se aborda la inversión de la carga probatoria que recae en definitiva en cabeza del contribuyente ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia tanto de las diversas Salas de este Tribunal como así también por la Alzada (Cfr. “Ledesma, Amalia”, TFN, Sala D, 18/07/2001, “Inmobiliaria Quesada SRL”, TFN, Sala A, 11/04/2000, “Campisi, Benito”, Sala B, 10/05/1999, “Bur, Delia Matilde”, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
En efecto, las reglas contenidas en el artículo 18 de la ley 11683 (t.o. citado) refieren a presunciones legales “iuris tantum”, cuya consecuencia es la de revertir la carga de la prueba. Así, la consecuencia fundamental de la presunción aludida es dispensar de la prueba del hecho presumido al favorecido por ella. Cuando resulta de aplicación una de estas presunciones, el que se beneficia con ella no debe probar sino el hecho antecedente; la ley suple su actividad y tiene por acreditada la conclusión, por lo que la carga probatoria pesa sobre quien niega el hecho antecedente o la inaplicabilidad de la presunción a su caso. Conforme lo descripto precedentemente, viene al caso señalar que el artículo 18 inciso e) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) establece en su parte pertinente que "en el caso que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos, de ese mismo periodo, aplicado sobre las ventas de los últimos 12 (doce) meses, que pueden o no coincidir con el ejercicio comercial, determinará, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se consideraran en la misma forma que se prescribe en los apartados 1 y 2 del último párrafo del inciso d) precedente para los meses involucrados y teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate."
Que atento tales preceptos el Organismo Fiscal procedió a determinar el porcentaje de ventas omitidas que surge de relacionar el importe del listado "costo" -al que atribuye el carácter de ventas no declaradas- con el total de ventas informadas en el período 02/12/2013 y el 19/12/2013 que surge de la toma realizada conforme los datos extraídos del sistema DTMAX.
De tal comparación y conforme lo establecido en el artículo 18 inciso e) de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.) surgió que la venta omitida de declarar representó un 92,49 % respecto de las ventas registradas y facturadas. Dicho porcentaje fue aplicado a las ventas que surgen de los Formularios 731 declarados por el contribuyente ante el Organismo por los períodos 01/2013 a 11/2013, arribando a las ventas omitidas de conformidad con lo previsto en la citada norma.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que en este orden de ideas, respecto del acto determinativo apelado debe tenerse presente que la Corte Suprema de Justicia en oportunidad de sentenciar la causa "Emerson Argentina S.A.I.C." con fecha 30/09/74, ha sostenido que "...las resoluciones emanadas de la DGI gozan de presunción de legitimidad - art. 12 de la ley 19.549-. Por consiguiente, la carga de la prueba pesa sobre aquel que impugna, el que debe demostrar los errores que la descalifican; esta conclusión concuerda con lo sostenido por la Corte, en el sentido de que cuando se trata de determinaciones impositivas, rigen reglas distintas sobre la carga de la prueba en relación a las que se aplican en los demás juicios...".
Que en definitiva, se trata de una cuestión de hecho y prueba, correspondiendo a la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que arriba el juez administrativo. En primer, lugar resulta importante destacar que la recurrente omitió producir la prueba que le fuera concedida -informativa y pericial técnica- a pesar de que este Tribunal instó a su producción, por lo que debió darse por decaída (fs. 351).
En segundo lugar y en cuanto a los agravios expresados por la recurrente en relación con los errores de funcionamiento del programa DTMAX, los mismos se limitan a transcribir lo manifestado por el técnico informático en su declaración indagatoria, la cual como ya se dijera lo fue en el marco de la causa de otro contribuyente – “Paraguay 489 SRL s/ Infracción 24.769” - Causa N°1201/2011–, sin efectuar una demostración acabada ni explicación detallada de cómo dicho error se verificaba en el caso bajo análisis. Ello así toda vez que se limitó a relatar superficialmente que el Sr. Robles sostiene que el sistema tiene una serie de errores que hacen que se dupliquen las ventas registradas, pero sin que tales manifestaciones fueran acompañadas de las explicaciones técnicas necesarias e indispensables para considerar la posibilidad de que realmente hubieran existido en el caso concreto objeto de ajuste.
Por otra parte, de la lectura de la declaración indagatoria -único elemento de prueba aportado- tampoco se desprende que el error al que alude el técnico tenga correlato con los importes reflejados en el ítem “Costos”. En efecto, de la lectura del acta acompañada a fs. 42/46 no se advierte que el técnico diera una explicación concreta acerca de qué representaba el concepto que constaba registrado como “costo”. Si bien es cierto que el técnico manifestó que revisando el sistema encontró que cuando hay un descuento y que el mismo podría quedar registrado dos veces en la “carpeta observaciones”, también indicó que, si se cargan bien las mesas y se emiten los comprobantes, no habría ninguna diferencia entre lo que figura en el controlador y lo que registra el sistema, ejemplificando que en otros de sus clientes como “Ezeiza” y “Aeroparque” la AFIP investigó y no encontró ninguna diferencia –fs. 45–. Además, informó que “habitualmente los descuentos no se usan mucho”.
En este punto, cabría poner de especial relieve que, más allá de haber señalado el técnico lo poco usual de estos “descuentos”, lo cierto es que la actora no ha invocado haberlos llevado a cabo en casos concretos, como tampoco -de haber sido el caso- la forma en que el sistema debería procesarlos correctamente. Volviendo al técnico, éste explicó que en el procedimiento normal cuando una persona se sienta en una mesa, el mozo le indica al adicionista que abra la mesa y cargue una consumición y, cuando el cliente se va, pide el ticket; entonces el adicionista cierra la mesa y el consumo sale por el controlador fiscal y se registra en la carpeta facturas que es el archivo “fact”.
También referenció otros ejemplos de funcionamiento del sistema donde en ciertas situaciones, como ser un error en la carga de consumiciones, el adicionista tiene la posibilidad de “sacarlo” de la mesa y enviarlo a la carpeta observaciones donde queda registrado, o bien, el caso de los pedidos por “delivery” que quedan guardados en una carpeta de “comprobantes a seguir” hasta que los mismos son retirados o enviados que es cuando se emite el ticket, entre otras circunstancias que también impactan en esta última carpeta.
La recurrente pretende fundar la existencia de tales errores en la testimonial que un supuesto técnico informático habría brindado en el marco de la causa penal que no se vislumbra que tenga relación con el caso de autos, no habiendo producido en definitiva la prueba pericial técnica –informática– respecto del sistema utilizado en el equipo propio –controlador fiscal–, por lo que cabe concluir que los argumentos de la recurrente han quedado huérfanos de todo soporte probatorio concreto.
Por todo lo expuesto, cabe confirmar la determinación efectuada por el Organismo Fiscal, atento que resulta evidente la existencia de operaciones marginales registradas en el sistema DTMAX que no han sido facturadas.
VI. Que corresponde ahora pronunciarse respecto a la multa aplicada PLAZA ROMA S.R.L. con sustento en las previsiones de los arts. 46 y 47 inc. a), b) y c).
Como sostuvo la Sala “B” in re “Sanguinetti Sergio Claudio” (Expte. Nº 25.562-I) y en “Kank y Costilla S.A.” sentencia de fecha 05/11/2004 -entre otros precedentes- “...el ilícito tributario previsto en el artículo 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración la intención deliberada de no pagar el tributo en su justa medida y la realización de maniobras aptas para lograr este resultado, sin que ello sea advertido por el Fisco...”.
En el caso del art. 47 “...Se produce por mandato legal, la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en consecuencia a la contribuyente probar que en la materialidad de los hechos que se enrostra y admite, no se asentaba el dolo presumido o el acaecimiento de alguna circunstancia imprevisible, caso fortuito, fuerza mayor, error de hecho o de derecho excusable, a fin de ser eximida de responsabilidad...”.
Que en lo que atañe al aspecto material de la multa aplicada, debe destacarse que lo que revela, y así ha quedado plasmado en el acto que aquí se recurre, es que el contribuyente primitivamente no ha declarado el impuesto en su justa medida, siendo dicha declaración defectuosa la que, al no haberse producido prueba en contrario, lleva a tener por configurado el aspecto objetivo de la infracción que se endilga. Que en cuanto atañe al aspecto subjetivo, si la administración fiscal optara por encuadrar la conducta en el art. 46 de la ley de rito, debería producir las pruebas pertinentes a tales efectos, pero si elige invocar las presunciones del art. 47 -como sucede en el caso de autos-, deberá acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria.
Que, por lo tanto, si se analizan las presunciones del art. 47 de la ley 11.683 utilizadas en la especie debe puntualizarse, respecto del inciso a), que no es la simple contradicción lo que funda el presupuesto de hecho, sino que la misma requiere “gravedad”; respecto del inciso b), que no cualquier incidencia allanaría el camino hacia una presunción adecuadamente conformada, sino que es necesario que el juez administrativo fundamente que la merma de materia imponible reúne la calidad de “grave”; y respecto del inciso c), que la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso (TFN, Sala “B”, “Cochería Tacuarí de Campos y Cía. S.C.A.” de fecha 11/02/2008, voto del Dr. Porta).
Que las maniobras desplegadas por la recurrente respecto al sistema de facturación utilizado, resulta ser un hecho suficiente para calificar la gravedad de la incidencia en la determinación de la materia imponible que atribuye el Fisco Nacional, tal como se deja expuesto en el acto de imputación de la Resolución N°59/2017.
En efecto, señaló el Organismo Fiscal en sus considerandos –fs.121–, que “técnicamente se ha manipulado el mentado controlador fiscal con el fin último de evitar deliberadamente la carga tributaria que supone registrar la totalidad de las operaciones realizadas por la contribuyente”.
Asimismo, recordó que el controlador fiscal efectúa toda la aritmética de los documentos fiscales y en ningún caso podrá emitir comprobantes fiscales sin que éstos queden registrados en la memoria de trabajo, siendo la obligación del contribuyente abstenerse de utilizar dentro del horario comercial cualquier tipo de impresora y/o sistema impresor distinto de los controladores fiscales homologados y habilitados en el local de la realización de las operaciones.
En razón de ello y de los datos fácticos obrantes en autos, cabe concluir que las presunciones de que se ha valido la Administración Fiscal se encuentran debidamente activadas y, bajo esa premisa, correspondía a la parte actora demostrar la falta de sustancialidad en la atribución subjetiva, cosa que no ha sucedido en la especie. Por tal motivo, corresponde la confirmación de las sanciones impuestas.
No obstante ello, con relación al quantum de la misma, cabe precisar que si bien la graduación de la pena es discrecional del Juez Administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar, como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, sobre la concreta aplicación de dicha facultad punitiva.
Ello así, se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en tres (3) veces el importe dejado de pagar, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, que prevé una multa graduable entre dos (2) y diez (10) veces el importe del tributo evadido. Ello, sumado al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que la recurrente tenga antecedentes sumariales previos, se estima procedente reducir las mismas al mínimo legal previsto por el artículo 46, con costas a cargo de la recurrente respecto de lo que se confirma y por su orden en lo que se reduce.
VII. Que cabe referirse acerca de la procedencia de la responsabilidad personal y solidaria extendida al Sr. José Rafael Miranda respecto a la deuda determinada mediante la Resolución N°68/2016 (DV MRRI). Que dicha responsabilidad solidaria viene dada por su carácter de socio gerente de PLAZA ROMA S.R.L. y está encuadrada en el supuesto de responsabilidad por deuda ajena legislada en el inc. d) del art. 6 de la ley 11.683, en cuanto establece la obligación de dichos representantes de pagar el tributo al Fisco con los recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados. Ello así, salvo que, como prevé el inc. a) del art. 8 de la ley ritual, demuestren que sus representados los han colocado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.
Que en el presente caso corresponde destacar que conforme surge de fs. 19 a 22 del Cuerpo de Responsabilidad Solidaria de los antecedentes administrativos, se acreditó que el Sr. José Rafael Miranda detentaba el cargo de Socio Gerente de PLAZA ROMA S.R.L.
Agrega el citado Organismo que en el marco del rol de Gerente que en la sociedad tenía el nombrado, no es posible suponer que le eran ajenos o bien que desconociera las particularidades de los hechos endilgados.
De este modo cabe analizar su actuación en el carácter ejercido y las responsabilidades que dicho cargo conlleva. En este sentido, el Sr. Miranda no ha demostrado que se encontrara impedido de cumplir con las obligaciones fiscales de la deudora principal ni alegado causal eximente de responsabilidad alguna conforme lo establecido por el art. 8 inc. a) in fine de la ley N°11.683. De este modo, en ausencia de prueba fehaciente de una causal concreta, cabe interpretar que el manejo del sistema y de los fondos de la sociedad no puede ser una cuestión ignorada por él, pues ello no es razonable sin prueba que lo funde. Al respecto, resulta importante señalar que el 16/10/2024 -fs. 351- se tuvieron por desistidas las pruebas informativa y pericial técnica a las que se había hecho lugar el 09/04/2018 (fs. 320).
Que en este contexto, cabe recordar que corresponde al responsable solidario aportar “...los medios de prueba idóneos para demostrar la veracidad de los hechos que se alega y lograr en el juzgador, la convicción que permita considerar excluida su responsabilidad frente al incumplimiento que se le imputa” (Cfr. “Ruta Siete S.A.”, Sala “C”, sentencia del 29/03/2005).
Que establecido lo antedicho y ante la ausencia de probanzas tendientes a demostrar en alguna medida dificultades que le hubieran impedido concretamente el cumplimiento de los deberes y obligaciones a su cargo en los términos del mencionado inc. a) del art. 8 de la ley de rito, queda excluida la posibilidad de valorar la conducta del responsable solidario en orden a la eximición de responsabilidad (en el mismo sentido, “Buticci, Jorge Vicente”, Sala “B”, sentencia del 28/12/2010 y “Baz, José”, Sala “C”, sentencia del 26/05/2003).
En función de lo expuesto en el presente caso cabe tener por configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de la responsabilidad solidaria al apelante.
En lo que respecta a la multa aplicada al responsable solidario, se advierte que el Organismo Fiscal considera la conducta encuadrada dentro del tipo dispuesto por el artículo 45 de la ley de rito, graduando la multa en el setenta por ciento (70%) del gravamen dejado de pagar teniendo en cuenta las características del caso y la naturaleza de las infracciones cometidas.
Que cabe señalar que la responsabilidad por deuda ajena no se establece con un criterio meramente formal sino a título represivo, que responde a los fundamentos de responsabilidad por dolo o culpa y a cuyos efectos debe valorarse la conducta del responsable.
Que a partir de la plataforma fáctica exteriorizada y la ausencia de prueba en contrario por parte del recurrente, no existen razones para apartarse de la valoración fiscal, en cuanto considera la identidad de la conducta de la sociedad con la de su Gerente. En el presente caso no se advierte que el reproche infraccional haya sido extendido al responsable en forma automática, es decir, con ausencia de fundamentos concretos que den cuenta de la conducta exteriorizada.
Ello así, toda vez que tal como se indica en la resolución determinativa la responsabilidad del manejo de la sociedad de la que forma parte le incumbe principalmente al presentante, sin que las explicaciones técnicas en torno a los errores de funcionamiento del programa DTMAX dadas por el Sr. Robles (técnico informático del sistema) brindadas en el marco de la declaración indagatoria prestada en otra causa –“Paraguay 489 S.R.L. s/Infracción Ley 24.769” -Causa N°1201/2011- puedan hacer variar el temperamento fiscal.
En efecto, no puede aceptarse que el producido cotidiano de la actividad no le hubiese significado una inconsistencia por demás evidente entre lo recaudado y lo registrado por el controlador de PLAZA ROMA S.R.L.
Cabe recordar que el citado art. 45 de la ley 11.683, en su redacción vigente para fecha de los hechos aquí ventilados, establecía que “El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el 50% y el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente siempre que no corresponda la aplicación del art. 46 y en tanto no exista error excusable”.
Que con arreglo al texto legal, la infracción del art. 45 de la ley 11.683 requiere para su configuración objetiva la concurrencia de dos elementos: por un lado, la omisión de pago de impuesto y por otra el medio comisivo, que puede ser la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de DDJJ inexactas, siempre y cuando el juez administrativo descarte la existencia de “declaración engañosa” y en la medida que no exista error excusable.
El aspecto objetivo del ilícito se vio configurado en el momento en que se presentaron declaraciones juradas inexactas, es decir, liquidaciones que no reflejaron la real situación tributaria del obligado en la medida que consignaban importes inferiores a los que debieron haberse declarado.
En lo que atañe al aspecto subjetivo, la figura requiere la existencia de culpa en el obrar del imputado. Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Casa Elen Valmi de Claret y Garello” del 31/03/1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11.683, en lo que aquí interesa dijo que “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”.
Sentado ello y tras recordar su conocida doctrina en el sentido de que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena -que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente-, concluyó que “... si bien, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Con respecto a la excusabilidad del error, la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN –“Morixe Hnos. SACI” - 20/08/1996). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales que claramente se exhiban como de difícil y/o alambicada interpretación.
En el caso bajo análisis, cabe concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que se verificó la omisión de ingresar el impuesto en su justa medida y, ante la falta de elementos que permitan tener por configurada la existencia de un error excusable previsto en la norma corresponde confirmar la multa aplicada teniendo en cuenta allanamiento parcial efectuado por el Fisco Nacional mediante resolución N°18/17 (SDG TLI) de fecha 10/07/2017.
No obstante ello, con relación al quantum de la misma, cabe precisar que si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar, como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio, sobre la concreta aplicación de dicha facultad punitiva. Ello así, se observa que el Juez Administrativo fijó las mismas en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que la recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución N°68/2016 (DV MRRI) en cuanto determina el impuesto al valor agregado y sus intereses, con costas.
2. Confirmar parcialmente la multa aplicada mediante la Resolución N° 59/2017 (DV MRRI) con arreglo a lo analizado en el considerando VI. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por su orden en la proporción que se reduce.
3. Confirmar la resolución N° 210/2016 (DV MRRI) en cuanto determinó la responsabilidad personal y solidaria del Sr. José Rafael Miranda respecto de la deuda del principal y revocar parcialmente la multa aplicada -con arreglo a los alcances derivados del allanamiento parcial del Fisco Nacional- y de acuerdo a lo resuelto en el considerando VII. Las costas se imponen a la actora en lo que se confirma y por el orden causado en lo que se reduce.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregado al expediente papel. Date: 2025.03.25 11:58:24 ART Date: 2025.03.25 16:24:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.25 16:56:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.25 16:56:56 -03:00
Fin de la sentencia