Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.396-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nro. 267/08 (AD ROSA) dictada en la Actuación SIGEA Nro. 12554-261-2006 (SA52- 067/03). Con costas a la parte demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-59555564-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 23 de Mayo de 2023 apelación” - Sentencia.
Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “AGCO ARGENTINA S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 25.396-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 27/31 la empresa actora, y la Srta. CLAUDIA FABIANA BARONE, por apoderado, interponen recurso de apelación contra la Resolución Fallo Nº 267/2008 (AD ROSA), dictada por el Sr. Jefe de A Sección “S” de la Aduana de Rosario en la Actuación SIGEA Nro. 12554-261-2006 (SA52-067/03) mediante la cual se las condenó al pago de una multa por la suma de $63.035,25.- por la infracción prevista en el art. 954 ap. 1 inc. a) del C.A. en relación con las destinaciones para consumo Nros. 03052IC03000845M, 842J, 844J, 844L, 843K y 846N. Expresa que el servicio aduanero discrepó con la posición arancelaria descripta en el Certificado de Origen M9207/03 respecto de las mercaderías de las que tratan las diferentes destinaciones. Aduce que el agente aduanero interviniente clasificó la mercadería en cuestión (que se había declarado como Plataformas de 23 pies para cosechadora en la posición 843390.90.000D), considerando como correcta 8433.59.90.- Señala que el dictamen jurídico varió ese criterio descubriendo que en realidad la mercadería debió clasificarse 8433.59.90.900NB01/02/03, criterio que no comparte. En sentido contrario, explica que las plataformas para cosechadoras objeto de la operación en cuestión, son sólo parte de la maquinaria agrícola, ya que no pueden funcionar si no van acopladas a una cosechadora, puesto que no poseen propulsión propia. Indica que, posteriormente, por Resolución 2473/08, se adoptó la posición 8433.59.90, por lo cual se trata de una cuestión opinable. Afirma que no ha habido perjuicio fiscal, por haberse abonado los derechos y garantizado la diferencia por la discrepancia. Refiere al Certificado de Origen (CO) y concluye que cumple con los requisitos relativos a su admisión, ya que de acuerdo a la finalidad con la que fue creado, alcanza a esta mercadería a los fines de una preferencia arancelaria establecida en el acuerdo de alcance parcial aplicable. Considera que sería un excesivo rigorismo formal su desconocimiento por la Administración. Cita jurisprudencia que considera favorable a sus criterios. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Plantea el Caso Federal. Solicita que, oportunamente, se deje sin efecto la sanción impuesta.
II. Que a fs. 43/48, previo emplazamiento, se presenta la representación fiscal a contestar el traslado que le fuera conferido. En resumen, con relación a los aspectos imprescindibles a tomar en cuenta para decidir en esta litis, niega todos y cada uno de los hechos invocados por su contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Refiere que el hecho punible surge de una diferencia de P.A. entre lo documentado y lo verificado. Sostiene que ello habría podido producir perjuicio fiscal. Transcribe jurisprudencia relativa a las facultades aduaneras respecto del art. 954 inc. a) de la ley 22.415. Explica que se reprocha a las co-actoras no haber tomado los recaudos suficientes para cumplir con las obligaciones a su cargo, acreditación que les corresponde según la carga del “Onus probandi”. Al respecto, invoca el art. 907 del Código Aduanero, relativo a la responsabilidad de la despachante. Agrega doctrina en apoyo de sus argumentos. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, plantea el Caso Federal. Solicita se confirme el decisorio aduanero, y pide expresamente la imposición de costas a la parte actora.
III. Que a fs. 53 se abrió la causa a prueba. A fs. 61 luce la contestación de oficio del INTA de la que resulta que del informe producido por el Instituto de Ingeniería Rural de dicho organismo sobre las características de la plataforma de 23 pies para cosechadora surge que “1.-...no es autopropulsada (no tiene autonomía de propulsión).
2. Forma parte indispensable de la cosechadora. 3.- Se requiere de la misma para el funcionamiento normal de la cosechara...” (sic). Corrida la vista a las partes de dicho elemento probatorio a fojas 62, las mismas guardan silencio. A fs. 84 se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 85 se ponen autos para alegar, agregándose a fs. 89/92 el alegato presentado por la parte demandada y, a fs. 93 el de la actora. A fs. 95 se disponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que, por aplicación del principio de economía procesal, y en cuanto resulta de interés a los efectos de permitir resolver el presente recurso, se observa que las actuaciones administrativas se iniciaron con las Actas de denuncia, que se obtuvo información de la página web www.agrositio.com, de la cual surge que habría dos posiciones arancelarias que se postulan. El Servicio Aduanero encuentra lo que denomina una especificidad clasificatoria que toma en cuenta para la Resolución apelada (ver en fs. 23, párrafo tercero de estos actuados). Asimismo, se indica que las interesadas sólo han agregado fotografías y un CD a fs. 99 de los actuados, pero que no se trata de elementos descriptivos de la mercadería. Con dicho sustento, el Administrador de la Aduana de Rosario resuelve condenar a las recurrentes, en el fallo objeto de estudio en autos.
V.-- Corresponde entonces ahora revisar el acto aduanero referido, a la luz del derecho aplicable a los hechos y circunstancias particulares que emergen de las pruebas rendidas en las actuaciones administrativas ofrecidas como prueba por las partes, y en especial a la prueba de informes rendida en estos autos.
Que en tales términos, el art. 954 del Código Aduanero en su ap. 1 establece que.: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal…”.
Que, en concreto, el centro de la discusión consiste aquí en determinar si el CO resulta aplicable, en virtud de la divergencia de criterio clasificatorio entre las distintas oficinas aduaneras y la P.A. propuesta por la firma al momento de documentar la mercadería. Ello, hasta el punto tal de obligarla a tributar por el régimen general. Que, en particular, resulta indiscutible (e indiscutida por el Fisco) la prueba de informes rendida en el caso, según la cual asistía razón a la documentante cuando consignó la Posición Arancelaria en debate.
Que, como consecuencia de todo ello, no es posible considerar que por ese solo elemento se haya configurado la infracción por la cual el fallo aduanero pretende sancionar. Por el contrario, razonablemente, las preferencias arancelarias se conceden a las mercaderías, y no a las posiciones relativas a su clasificación. Que este tema ha sido tratado por la Jurisprudencia, que en su mayoría adhiere a lo resuelto por la Excma. CNACAF, en sentencia del 29/08/00 in re “Y.P.F S.A.” (causa TFN 11.119-A), entre muchas otras dictadas por el Tribunal Fiscal. Allí se ha expresado: (aún) “...la errónea ubicación arancelaria de la mercadería no es determinante de la procedencia de las preferencias arancelarias, puesto que éstas se conceden a las mercaderías, dado que son las mercaderías negociadas y no las posiciones arancelarias, aunque dichas posiciones arancelarias brinden una ubicación de las mercaderías en la nomenclatura” (el paréntesis me pertenece).
En síntesis: aunque resultara incorrecta la P.A., no podría con ese único elemento imputarse la infracción. Y menos aún en el caso de autos, en el cual en virtud de la prueba informativa -no impugnada-, se deduce que la posición arancelaria consignada por las recurrentes era la adecuada para esa mercadería.
VI. Que, por los fundamentos que anteceden, es evidente que no se configuró en autos la infracción imputada a la actora y, por ello, tampoco corresponde entonces analizar la responsabilidad de la despachante de aduana.
VII. Que, por aplicación del principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las costas a la demandada, que ha resultado vencida.
Por los fundamentos expresados, voto por:
Revocar la Resolución Nro. 267/08 (AD ROSA) aquí apelada. Con costas a la parte demandada.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución Nro. 267/08 (AD ROSA) dictada en la Actuación SIGEA Nro. 12554-261-2006 (SA52- 067/03). Con costas a la parte demandada.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.05.23 06:37:45 ART Date: 2023.05.23 18:18:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.23 19:41:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.23 19:42:01 -03:00
Fin de la sentencia