Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 54498768-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la parte actora y confirmar la decisión del 29/4/24; con costas (art. 68, primer párr., CPCCN). El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 16160/2024 AGENCIA MARITIMA NABSA SA (TF 54498768-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, febrero de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que esta actuación tiene origen en la apelación deducida contra el proveído del 21/5/21, dictado por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en la actuación SIGEA 12509-281-2011, mediante el cual, en sustancia, se había denegado la devolución del importe abonado por la actora como resultado de la reliquidación del cargo 1395/11. Tal rechazo se fundó en que el cargo ya había sido objeto de revisión -incluyendo la cuestión de fondo- en el procedimiento que culminó con el dictado de la resolución AD SALO 1135/13; que, posteriormente, fue confirmada en el marco del expediente TF 33928-A.
2. Que, el 29/4/24, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la apelación interpuesta por Agencia Marítima Nabsa SA, con costas a su cargo (pp. 488-490 de la versión digital del expediente TF 54498768-A, remitida con el oficio del 26/9/24).
Para resolver como lo hizo, se basó en el inciso 1°, del artículo 1132 del Código Aduanero, que establece: “Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados al efecto se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente.”
Explicó que en el caso no estaba en discusión una resolución definitiva, sino un proveído mediante el cual se habían rechazado “la impugnación efectuada por la recurrentes respecto de un cargo que ya fue impugnado, tratado y resuelto oportunamente, dando lugar a una resolución que ha quedado firme y pasada en autoridad de cosa juzgada” (p. 489, expte. cit.).
3. Que, disconforme, la actora interpuso apelación el 5/6/24, que se concedió en igual fecha, se fundó el 6/6/24 y fue replicada el 5/7/24 (pp. 593, 597, 500-508 y 520-523, expte. cit.).
Desconoció que su pretensión hubiese sido tratada y resuelta en otra oportunidad. Explicó que no cuestionaba la decisión pasada en autoridad de cosa juzgada en el marco de la causa TF 33928-A, que le había impuesto pagar USD 15.562,94 en concepto de IVA y $137.724,63 en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias, más intereses, sino que controvertía la posterior decisión de la Aduana de reliquidar el cargo 1395/11 contemplando una tasa de interés del 3% mensual sobre las sumas determinadas en dólares estadounidenses. Precisó que la tasa de interés aplicable no se había discutido ni resuelto en el expediente TF 33928-A, y argumentó que la pretendida por el Fisco resultaba desproporcionada y violatoria de sus garantías constitucionales.
A mayor abundamiento, hizo saber que había iniciado un procedimiento de impugnación contra la reliquidación de la deuda, pero que, con posterioridad - y antes de que recayese un pronunciamiento definitivo- decidió abonar la suma reclamada. De manera que, lo que pretendía en el marco de esta actuación, era la repetición en los términos del artículo 1069, inciso a, del Código Aduanero, del pago espontáneo de un importe cuya procedencia no había alcanzado a determinarse en ningún otro procedimiento reglado.
Por lo expuesto, pidió que se revocase la decisión apelada y que se ordenase reintegrar el importe reclamado.
4. Que, para una mejor comprensión de la cuestión planteada, es necesario reseñar los antecedentes del caso:
En 2011 la Aduana de San Lorenzo formuló el cargo 1395, por el cual reclamó el pago de USD 57.064,12 en concepto de tributos, derivados de una diferencia en un cargamento de fertilizante transportado por la actora. Aquel fue impugnado en los términos del artículo 1053, inciso a, del Código Aduanero, lo cual dio origen a la actuación SIGEA 12509-281-2011, que culminó con el dictado de la resolución AD SALO 1135/13, confirmatoria de la determinación de tributos (pp. 118-125, 159 y 265/269, expte. cit.).
La resolución fue apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación y originó el expediente TF 33928-A, en el marco del cual, el 7/8/18, se confirmó parcialmente el reclamo tributario y se declaró que la actora adeudaba la suma de USD 15.562,94 en concepto de IVA “suma que deberá convertirse a pesos al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago vigente a la fecha de pago” y $ 137.724,63 en concepto de IVA adicional e impuesto a las ganancias, “ambos importes más los intereses devengados desde el 02/09/2011 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.)” (p. 297, expte. cit.).
Esa decisión quedó firme al no haber sido apelada por las partes y, el 30/1/19, la actora depositó la suma de $1.228.325 con la intención de cancelar los importes fijados por el Tribunal Fiscal de la Nación, computando intereses desde el 2/9/11 hasta esa fecha (p. 305 y 323, expte. cit.).
Sin embargo, la Aduana consideró insuficiente el pago y formuló su propia liquidación. La aquí actora consideró que el cálculo de la deuda que había practicado el servicio aduanero al 16/9/19 constituía una liquidación suplementaria e, inicialmente, la impugnó en los términos del artículo 1053, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 16160/2024 AGENCIA MARITIMA NABSA SA (TF 54498768-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO inciso a, del Código Aduanero, dando origen al expediente SIGEA 12509-281- 2011/2. No obstante, el 19/9/19, y antes de que recayera pronunciamiento definitivo en ese procedimiento de impugnación, abonó la suma de $2.778.355, para cubrir la diferencia reclamada por el Fisco(pp. 355 y 359, expte. cit.). Inmediatamente después, el 26/9/19, inició un procedimiento de repetición para que le reintegrasen la suma de $2.788.355. En esa presentación también señaló que el anterior procedimiento de impugnación devenía abstracto en consideración al pago realizado. Esta última petición fue registrada bajo el número 12509-281-2011/3 (pp. 380-390, expte. cit.).
El argumento central de esa solicitud de repetición fue que, a los efectos del cómputo de los intereses sobre la suma determinada en dólares, debía considerarse la cotización vigente al momento imponible ($ 4,05) y no la que se había empleado en la última liquidación aduanera de la deuda ($56,11). La propia actora explicó que arribó a la suma inicialmente abonada ($1.228.325), como resultado de convertir a pesos el importe adeudado en concepto de IVA computando el tipo de cambio vigente al 10/2/11 (v. esp. p. 387, expte. cit.). Finalmente, se dictó la providencia del 21/5/21 -que motiva esta actuación- en la que se dispuso: con relación a la impugnación interpuesta, que el pago posterior había configurado un desistimiento tácito; con respecto al reclamo de repetición, que era formalmente improcedente por aplicación del artículo 1069, inciso b, del Código Aduanero, toda vez que el cargo 1395/11 había sido objeto de revisión, incluyendo el análisis de la cuestión de fondo, en el anterior procedimiento de impugnación.
5. Que, en el contexto indicado, no se aprecian motivos que justifiquen apartarse de lo decidido.
Le asiste razón al organismo jurisdiccional cuando señala que se pretende reeditar una cuestión que ya fue resuelta y pasó en autoridad de cosa juzgada en una actuación anterior.
No está de más reiterar que la resolución dictada el 7/8/18 en la causa TF 33928-A estableció que la suma en dólares correspondiente al IVA debía convertirse a pesos “al tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago vigente a la fecha de pago”, y sobre ella calcularse intereses de conformidad con lo previsto en el artículo 794 del Código Aduanero; norma que fue expresamente citada en el pronunciamiento (p. 297, expte. cit.).
Toda vez que las tasas de interés establecidas de conformidad con dicho artículo eran conocidas por la recurrente, su pretensión de que, en el marco de este expediente, se otorgue efecto cancelatorio al primer pago que efectuó (computando un tipo de cambio distinto del que ya había ordenado aplicar el tribunal administrativo, con el argumento de que los intereses sobre el capital así determinando resultan desproporcionados o confiscatorios-, aparece como el resultado de una reflexión tardía que, además, vulnera una exigencia de orden público y con jerarquía constitucional, como es la estabilidad de los actos administrativos y las sentencias en aquellas cuestiones que han quedado firmes y consentidas por las partes (arg. art. 1183 del CA; doctr. Fallos: 311:651 y 333:2197; y esta Sala causa 10044/12 “Procesadora de Boratos Argentinos SA”, resol. del 3/5/16, entre otras).
Por lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la decisión del 29/4/24; con costas (art. 68, primer párr., CPCCN). El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN
Fin de la sentencia