Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8114 FOLIO Nº 081/083 PROT. ELECT. JRS1090I.231
Río Gallegos, 26 de septiembre de 2023.-
La presente causa caratulada "Agente Fiscal S/ Requiere Instrucción” - Expte. Nº A-12.989/20 - Apelación/Causa JR Nº 8337/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 64 obra glosada la providencia dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno, con asiento en la localidad de Puerto San Julián, quien reguló los honorarios profesionales del Dr. EPC. en la cantidad de 40 Jus., por haberse desempeñado -según dijo- del 28/06/2021 hasta el 20/03/2023 en el cargo de defensor Ad hoc. Que a fs. 71/72, el Señor Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. F.P.T., apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 81, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
1. Que el recurrente argumentó que el proveído dictado le causa un gravamen irreparable al erario público provincial, pues entendió que la regulación de honorarios practicada al Dr. EPC en autos, resulta excesiva, irrazonable y desproporcionada ya que la misma no se condice con lo fijado por el art. 82 de la Ley 3330, en cuanto establece 12 Jus para los profesionales convocados por el Poder Judicial para actuar como defensores ad hoc en primera instancia. Plantea que en el presente caso, la regulación efectuada en la suma de 40 Jus -que equivalen a la suma de $469.720-, resulta mayor al triple del mínimo legal fijado en 12 Jus según el art. 82 inc. 3 b), lo que constituye a todas luces una desproporción por la labor efectivamente realizada por el profesional en una sola causa, en la que aceptó el cargo y asistió a la indagatoria. Señala que la actividad desplegada en una sola causa no puede justificar la percepción de una suma tan desproporcionada, sin advertirse una complejidad tal que amerite la elevada regulación de honorarios efectuada, ni la existencia de novedad en el asunto de autos e indica que la correcta estimación de los honorarios supone el examen de una pluralidad de circunstancias, cuya armonización debe procurarse a fin de determinar una retribución equitativa y proporcionada. Argumenta que, sin perjuicio de las pautas clásicas que se ponderan para regular honorarios profesionales, la Ley Nº 3330 -de Aranceles y Honorarios- prevé específicamente los mínimos legales a los que deben ajustarse las regulaciones para los casos de subrogancias y actuaciones ad hoc de los abogados de matrícula, y cita art. 82 de la mencionada ley. Plantea que para la actuación del Sr. P.C. como defensor ad hoc la regulación debe ajustarse al mínimo de 12 Jus y en caso de apartarse, la a quo debe brindar las razones por las cuales entiende que corresponde una mayor cantidad de Jus, lo que no se verifica en autos.
De manera concreta, entiende que la suma regulada es exorbitante, lejana a cualquier parámetro de razonabilidad, y como tal impone una carga desmedida e injustificada para el erario público provincial, a la vez configura una situación de enriquecimiento incausado para el acreedor.
Que, sin que ello implique desmerecer la actividad desplegada por el letrado defensor, solicita la disminución de los honorarios regulados al mínimo establecido por la ley de aranceles, es decir, 12 Jus.
Finalmente, considera que la vaga y errada referencia al art. 83 de la ley Ley 3330 que surge de la resolución regulatoria incumple lo ordenado por el art. 15, al omitir cuál fue el procedimiento aplicado para arribar a la regulación de 40 Jus, lo que determina la nulidad de la resolución apelada por resultar infundada, solicitando que así se declare. Daré inicio al presente agravio indicando que he de concordar con la parte recurrente, en cuanto a que la providencia atacada es escueta en su fundamento, pues el único dato proporcionado por la Sra. Conjueza es el tiempo de duración (630 días), sin indicar qué pautas concretamente fueron tenidas en cuenta para su fijación, pues el único argumento es el tiempo de duración (del 28/06/2021 al 20/03/2023 que se dictó el resolutorio). Es que, entendemos debió la Magistrada explicar razones tales como: complejidad del asunto; mérito a la labor profesional -apreciada en calidad y eficacia-; aplicación del principio de celeridad procesal; trascendencia jurídica para casos futuros; que determinen que el erario público deba abonar una suma cuantiosa como la resultante (40 Jus). Que, si bien es cierto es que resulta difícil la tarea de traducir el trabajo del profesional a una determinada suma dineraria, la ley fija los límites máximos y mínimos dentro de los cuáles debe recaer el cálculo de la retribución, y a su vez, establece otros parámetros para la regulación tales como: la naturaleza, complejidad y extensión de la tarea realizada (art. 13 de la Ley provincial 3330). En nuestro caso la labor del letrado se resume a tres actos procesales: aceptación del cargo, asistencia del imputado en el acto de declaración indagatoria y solicitud de sobreseimiento (fs. 28, 29/30 y 31/34), logrando un dictamen favorable para su defendido.
En consecuencia, el monto que solicita la parte recurrente tampoco parece acertado, de manera contraria, éste resultaría ser escaso, sobre todo al considerar lo establecido en el art 12 de la ley 3330 -punto I) inc. 14 “a”-, el cual indica que el mínimo de honorarios a cobrar por un abogado particular para el caso de conseguir el sobreseimiento definitivo es de 40 Jus, criterio que, entiendo, habría seguido la Sra. Conjueza y que resulta coincidente con el de esta Alzada (siendo aplicado en las causas Nº 7617/22 y Nº 7711/22, entre otras). Asimismo, nos hemos expedido sobre el particular (a modo de ejemplo, Apelación Nº 7617/22, Nº 7714/22, Nº 7866/22, Nº 4908/15) indicando que “la Ley Nº 3330, en su Art. 13, le otorga al Juez un margen de discrecionalidad basado en la complejidad de la causa, el resultado obtenido, y el tiempo empleado en la solución del litigio, (…)”, por lo que dicha regulación no parecería injustificada sino que resulta acorde a las directrices de la normativa. En suma, considerando las características de la causa (la complejidad, la labor profesional, la celeridad procesal, etc), entiendo que el monto que debería serle abonado al letrado es de 40 Jus, resultado al que se arriba de la siguiente manera: el letrado ocupó el cargo por el lapso de 630 (seiscientos treinta) días, pero su actividad procesal se desarrolló en los primeros 07 (siete) días de asumido éste, logrando a lo largo del proceso obtener el sobreseimiento del imputado. Que no pasa desapercibido por esta Alzada que el defensor permitió que el dictado del auto se produjera 21 (veintiún) meses después, sin mediar acto o solicitud de su parte para agilizar el mismo, empero, debido al beneficio obtenido y teniendo en cuenta los parámetros indicados en el art. 12 de la Ley 3330 para abogados particulares- correspondería reconocerle el mínimo regulado, esto es 40 Jus por sobreseimiento definitivo, monto que se encuentra apontocado en las previsiones legales precitadas, y que por otra parte, dista del solicitado por la recurrente en función de que aquel se aparta de las consideraciones de la ley. Por ello, no haré lugar al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, confirmaré el monto de los honorarios fijados a fs. 64, en la cantidad de 40 (cuarenta) Jus por resultar ajustado a derecho.
II. Formula reserva del caso federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante la CSJN mediante el recurso extraordinario por encontrarse conculcados los derechos de defensa en juicio y del debido proceso (art. 14 de la ley 48 y arts. 16, 17, 18, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y ccdds. de la CN); lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR la providencia de fs. 64, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de Caso Federal.
3. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
4º)-Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por la Actuaría firmante, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.
Fin de la sentencia