Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8339 FOLIO Nº 169/171 PROT. ELECT. JR101214I.231
Río Gallegos, 14 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada “AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN” Expte. Nº A-15582/23, Apelación Nº 8634/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 08/10, obra glosado el auto dictado por el Sr. Conjuez a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto San Julián, quien en el punto 1) rechazó el requerimiento fiscal de instrucción -respecto de la denuncia formulada por V.A.A.- por no constituir delito el hecho denunciado (art. 187 del CPP). Que a fs. 12/15 el Señor Agente Fiscal de Primera Instancia apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 20 se mantuvo el recurso y, habiendo renunciado al plazo y la presentación del memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, agravió al apelante, que se hubiera puesto fin a una causa transgrediendo el principio de investigación integral. El tal sentido, entendió el recurrente que se habría realizado una prematura y errónea interpretación de los hechos al concluir que no constituye delito pues –aseguró- sin investigación no podríamos conocer con certeza la existencia o no de actividad criminal. En dicho carril argumentativo, cuestionó que se ponga fin a un hecho grave, de relevancia social, en virtud del alto impacto temerario que produciría el ardid y modus operandi desplegado en el hecho denunciado en autos.
Así, consideró un error del instructor, abortar la investigación sin intentar conocer la verdad de los hechos, el alcance de la ingeniería delictiva desplegada por los autores de este accionar, y el daño causado por dicho obrar.
Entendió que la denuncia y los elementos aportados por el denunciante, reflejan un claro artilugio delictual desplegado por los imputados, una sociedad criminal, la posesión de información privada sensible, la del interno alojado en sede policial y la posible actividad de algún funcionario público con fines de lograr el despojo patrimonial. A partir de los dichos de la víctima, advirtió una sofisticada ingeniería social, desplegada con la finalidad de obtener rédito mediante actividades ilícitas, encontrándonos –a su criterio- en presencia del delito de asociación ilícita.
En su requerimiento, pidió se investigue la detención de F.A.L. –hermano de la denunciante, alojado en la sede policial de Puerto San Julián-, pues en el allanamiento dispuesto en el inmueble que ocupaba, poseía grandes sumas de dinero y estupefacientes.
Criticó el encuadre prematuro asignado, y denunció la existencia de una probable confluencia de personas asociadas para captar datos e información personal sensible del interno antes mencionado, de su familia, sus números de teléfonos, y puesta en funcionamiento de herramientas informáticas y electrónicas que han iniciado contacto con su familia. Destacó que todo ello, se habría realizado con la intención de obtener un rédito económico de forma ilícita. Finalizando, criticó que se ponga en duda el relato de la denunciante, pues dijo que se hubieran despejado las dudas, accediendo a la intervención telefónica e informes de las compañías telefónicas de los abonados implicados requeridos por la fiscalía.
Por último, explicó que el objetivo es neutralizar el accionar criminal que asecha y golpea a la sociedad, razón por la cual pidió se revoque el archivo dispuesto y se continúe la instrucción de la causa, formulando reserva de caso federal.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios expresados por el recurrente, adelantamos, obtendrán favorable acogida.
En primer término, entendemos, acierta el apelante al señalar que el pronunciamiento resulta prematuro y, a priori, vulnera el principio de investigación integral, dado que, los graves hechos denunciados merecían el despliegue de una mínima actividad investigativa por parte del magistrado previo al rechazo del requerimiento y archivo de la causa, máxime, teniendo en consideración las razonables medidas probatorias solicitadas por el Señor Fiscal de instrucción para confirmar o descartar una hipótesis delictiva. Tengamos presente que en el proceso penal rige el principio de investigación integral o de investigación de la verdad real o histórica. En tanto, el sistema de investigación criminal, cuenta con herramientas que aseguran la identificación de personas responsables de los delitos para su enjuiciamiento, reducción de la impunidad y consecuente disminución de la sensación objetiva de inseguridad ciudadana. (Revista de Derecho Procesal Penal 2011-2: la investigación penal preparatoria II / dirigido por Edgardo Alberto Donna. - 1a ed. - Santa Fe: Rubinzal Culzoni, 2021; pág. 106). Es evidente que estos fines u objetivos, son precisamente los que pregona el titular de la vindicta pública al cuestionar el prematuro archivo de la causa sin investigación alguna, pese a que, tanto denunciante como fiscalía han entregado nombres y datos de personas que podrían estar implicadas.
En tal sentido, si bien aquí no existen sujetos señalados como presuntos autores de los hechos, se aportaron elementos suficientes para poder identificarlos e iniciar una investigación seria. Así, se denunció el día y la hora en que se habría recibido la llamada en el teléfono de la denunciante, la cifra requerida, nombre y apellido, CVU, CUIL, de la cuenta a la que debía efectuarse la transferencia de fondos para lograr un supuesto beneficio de cese de detención, y colocación de una tobillera electrónica para el hermano de la presunta víctima, quien se halla detenido en la Comisaría Seccional Segunda de Puerto San Julián. Concordamos con el recurrente en que, aun cuando no se hubiera registrado un perjuicio patrimonial, la maniobra resulta por demás temeraria, y podría configurar otros ilícitos. En este sentido, bien aclara el recurrente, el requerimiento de instrucción no arriesgó un encuadre legal de los hechos.
Por otro lado, consideramos, yerra el a quo al entender que el único delito posible sería el previsto en el art. 172 del Código Penal pues, tal como refiere el recurrente, podría haber implicadas más de dos personas, lo que –eventualmente- podría llevar a encuadrar el hecho en otra figura típica; todo lo cual no es posible determinar, si ante el requerimiento fiscal se archivan sin más las actuaciones. Así las cosas, sin perjuicio de lo expresado por el magistrado acerca del fin del derecho penal y su carácter de última ratio, entendemos que se debería investigar la hipótesis planteada por el Sr. Agente Fiscal en su requerimiento, pues podríamos estar en presencia de la comisión de un hecho ilícito, motivo por el cual, debemos revocar el auto apelado.
II. Para finalizar, en virtud de las facultades conferidas a esta alzada por el art. 165 del CPP, corresponde apartar de la causa al Señor Conjuez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto San Julián, Dr. E.D.R., debiendo avocarse el titular y/o intervenir el subrogante legal que corresponda. A tal efecto, deberá comunicarse lo resuelto, con los recaudos de estilo, a la Secretaría de Superintendencia del Excmo. T.S.J, acompañando copia de la presente resolución.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 08/10, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia