Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9860 FOLIO Nº 084/090 PROT. ELECT. JR101007I.261
Río Gallegos, 06 de febrero de 2026.
La presente causa caratulada: "AGENTE FISCAL S/REQUIERE INSTRUCCIÓN", Expte. Nº 16.072/24 - Apelación/Causa JR Nº 9994/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/26vta. del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto San Julián, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de F.R.L. en orden al delito de “abuso sexual agravado por la penetración" (art. 119 -1º y 3º párrafo del CP). Que a fs. 34/39 del presente incidente, la defensa apeló dicho auto motivándolo; a fs. 49 el recurrente sostuvo el recurso y en oportunidad del art. 437 del CPP no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que seguidamente se abordarán cada uno de los agravios que componen el escrito recursivo respetando el orden propuesto por la recurrente. 1.- a) Falta de desarrollo. Sesgo de confirmación: en primer lugar, agravia a la defensa que el a quo limita gran parte del resolutorio atacado a transcribir de forma completa las pruebas producidas, sin realizar análisis alguno de las numerosas inconsistencias/incongruencias obrantes. Seguidamente consigna las inconsistencias que a su entender surgen de las pruebas de fs. 01/02 (denuncia de la madre de la pretensa víctima), fs. 39/41 (testimonial de LAS –padre la pretensa víctima), fs. 32/34 (testimonial de J.AR.A.), fs. 43/45 (testimonial de A.S. –tía de la pretensa víctima), fs. 46/47 (testimonial de S.A.G –novio de la pretensa víctima), fs.49/53 (informe de cámara Gesell), fs. 87/93 (copias de la historia clínica parcial de la presenta víctima), fs. 100/101 (testimonial de la Dra.
A.F.O.), fs. 124/125 (testimonial de Y.Y.H.), fs. 126/127 (testimonial de V.S.F.), fs. 146/148 (testimonial de R.J.S.), fs. 165/166 (testimonial de C.M.), fs. 220/221 (evaluación psicológica del imputado), fs. 247/248 (declaración indagatoria del imputado donde hace uso del derecho constitucional de no declarar), fs. 294 (testimonial de D.D.V. –pareja del imputado) y fs. 220/221 (testimonial de F.L. –hijo del imputado). De este modo asevera que no existe ninguna prueba que siquiera pueda poner al imputado en compañía de la víctima en la fecha y hora del hecho, siendo el lugar del hecho a la fecha aún desconocido dado que no hay filmaciones, ni testigos presenciales, huellas dactilares, fotografías del recorrido de GPS ni prueba biológica alguna.
Respecto de las testimoniales correspondientes a la madre, psicóloga, el padre, la tía, el novio y la amiga advierte que se trata de testigos de oídas, que no presenciaron directamente el hecho, sino que lo conoció porque otra persona se lo contó. Es por ello que se agravia, por cuanto no resultan más que meros indicios débiles. Más aún cuando entre las dos declaraciones brindadas por la pretensa víctima (cámara Gesell y testimonial) y los cinco testigos, existen una enorme cantidad de inconsistencias correspondientes tanto a la fecha y horario del supuesto hecho, la mecánica del mismo (particularmente en torno a la existencia o no de acceso carnal), la cantidad de personas involucradas y hasta la identidad del perpetrador.
Así puntualiza las contradicciones señalando: a) no tenía relación con el imputado/la venía acosando desde los 16 años; b) sólo manoseos/acceso carnal/introducción de objetos extraños en el área genital (pastilla); c) el imputado actuó solo/participó una tercera persona; d) la acción la realizó una persona no identificada/el perpetrador es L/fue una persona que conoció en atletismo, su profesor; e) se encontraba teniendo relaciones sexuales con su novio/no se encontraba teniendo relaciones sexuales con su novio. Analiza el relato de la pretensa víctima y se agravia por la valoración efectuada por el a quo, en tanto ésta no recuerda lo sucedido y sólo posee imágenes sueltas que le vienen a la cabeza, lo cual no puede considerarse un recuerdo verosímil, continuo ni íntegro del suceso denunciado, advirtiendo un peligro de sugestión, influencia externa o reconstrucción narrativa posterior.
De ello infiere que el procesamiento es arbitrario y prematuro, argumentando que la propia pretensa víctima reconoce no recordar el hecho, no poder describir una secuencia fáctica, refiriendo solamente imágenes sueltas y el resto de la prueba producida es indirecta y contradictoria. b) Relato inverosímil: continuando con el análisis de la fiabilidad del relato de la pretensa víctima, la defensa indica que al haber manifestado ésta que “…hace unos días que tomé una pastilla con lavandina y sentí el mismo sabor…”, ello descalifica y torna inverosímil todo su discurso sobre el hecho denunciado, contaminando la credibilidad global de toda la declaración. Recuerda que, conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez no puede creer selectivamente los pasajes incriminantes y descartar sin más los fragmentos inverosímiles sin brindar una explicación lógica y fundada.
Seguidamente la defensa analiza otro pasaje de la declaración de la pretensa víctima, cuando manifiesta que “…le comenté a S. (su novio) y empezamos a tener relaciones para decir que el embarazo era de él…”. Al respecto expresa que constituye una confesión de mendacidad instrumental, es decir, es la utilización deliberada del engaño para modificar la apariencia de la realidad. Y, en consecuencia, reitera que conforme las reglas de la sana crítica racional, cuando la testigo miente sobre el origen del embarazo de manera deliberada y estratégica, pierde fiabilidad como fuente de conocimiento sobre la totalidad de su relato. c) Descarte sin fundamento de la prueba exculpatoria: la defensa se agravia por la omisión del a quo de valorar la prueba de descargo, siendo que obran en autos las declaraciones de dos testigos presenciales –la pareja y el hijo del imputado-, quienes afirman de manera clara, concordante y circunstanciada que el imputado se encontraba en su domicilio en la fecha y franja horaria en que el hecho habría ocurrido, sin ausentarse del lugar.
Es por ello que sostiene que, en esta etapa procesal, la sola existencia de una coartada plausible y no desvirtuada, impide sostener el procesamiento, pues neutraliza el requisito de probabilidad suficiente. Advierte además que, conforme surge de la ecografía obrante en autos, el embarazo era de seis semanas con lo cual no pudo haberse originado en un supuesto evento ocurrido menos de cuatro semanas antes. Es decir, que la datación ecográfica excede ampliamente el margen temporal compatible con el hecho denunciado, lo desarticula por completo y excluye cualquier margen razonable de probabilidad. De esto se agravia la defensa afirmando que el auto atacado omite explicar cómo se compatibiliza la datación ecográfica con la fecha del hecho, vulnerando el derecho de defensa. d) Falta de determinación del contexto espacial: sin perjuicio de haber sido efectuado este planteo al momento de la indagatoria, el cual fuera rechazado por este Juez de Recursos, la defensa reitera que el a quo continúa omitiendo en el auto de procesamiento dar certezas respecto del hecho que se le reprocha a su asistido.
Explica que al imputarse que su defendido en la madrugada del 09/04/2024, “habría interceptado en la vía pública a la joven R.J.S. (17 años) cuando esta se dirigía a la casa de una amiga Y.H., subiéndola por la fuerza al vehículo (Astra negro con vidrios polarizados) para abusarla en el interior del mismo; hechos ocurridos en la ciudad de P.S.J. a las 23:00 hs., aproximadamente”, se omite consignar calles, puntos o trayecto y se incurre en una vulneración grave de las garantías constitucionales y procesales del imputado, quien cuenta con el derecho a ser informado con la debida precisión de los hechos que se le atribuyen, derecho de defensa, principio in dubio pro reo, bilateralidad y contradicción.
Asevera que esta indeterminación del hecho imputado frustra el derecho del imputado a conocer de qué debe defenderse, impidiendo identificar testigos o pruebas técnicas (cámaras, teléfonos, posibles coartadas, verificación de recorridos), circunstancia que se traduce en un perjuicio real no formal. Pues bien, en respuesta a los agravios de la defensa, adelantamos que no obtendrán favorable acogida, en razón de ello, no haremos lugar a sus planteos y, en consecuencia, confirmaremos íntegramente la resolución que se intentó poner en crisis. Ello toda vez que, tras un profundo estudio, entendemos que lo argumentado en cuanto a la defectuosa valoración de la prueba en violación de la sana crítica racional y la presunción de inocencia así como el sesgo de confirmación, luce más bien como una mera disconformidad con el juicio de valor emitido por el Sr.
Juez. Por cuanto se observa -sin dificultad-, que la Instrucción no solamente valoró los indicios y pruebas recabadas en forma conjunta (confr. fs. 05vta./17 del presente incidente, -296vta./308 de los autos principales-) sino que igualmente aportó las razones por las que entendió tener prima facie por comprobada la materialidad y la autoría del hecho reprochado (confr. 17/21vta. del presente incidente –fs. 308/312vta. de los auto principales-), viendo robustecida la denuncia y explicando los motivos por los que las versiones de los testigos presentados por la defensa (pareja e hijo del imputado), que afirman que éste no salió de su domicilio ese día, no alcanza para restar fuerza convictiva a los indicios y pruebas obrantes en la causa (confr. fs. 18 del presente incidente –fs. 309 de los autos principales).
Veamos, para así decidir el Sr. Magistrado ponderó los dichos de la víctima mediante la técnica de cámara Gesell y posteriormente mediante declaración testimonial en los términos del art. 275 del CPP, quien a pesar de reconocer que no sabe si se desmayó o qué le sucedió porque tiene como imágenes que le vienen a la cabeza, logró en lo sustancial describir las circunstancias de tiempo (a las 23:00 hs aproximadamente del día 09/03/2024), modo (subiéndola por la fuerza a la parte trasera del rodado modelo A. color negro con vidrios polarizados para abusarla sexualmente en el interior del mismo introduciéndole algo en su vagina para luego penetrarla, obteniendo como resultado un embarazo el cual fuera interrumpido en fecha 09/04/2024) y lugar del hecho (en la vía pública de Pto.
S.J.), sindicando como autor al imputado F.R.L., expresando que lo puede relacionar con el club Independiente y que lo reconoció entre imágenes que le mostró su papá de la red social Facebook de sus contactos de los hinchas del club, imagen glosada en autos. A su vez, el a quo valoró la correspondencia entre el declaración de la víctima R.J.S. con la denuncia de D.C.V. (mamá de la víctima); las declaraciones testimoniales de L.A.S. (papá de la víctima), A.S. (tía), S.A.G. (novio), la Lic. J.A.R.A. (Psicóloga de guardia del nosocomio), Y.Y.H. (amiga), la Dra. V.V.F. (médica del hospital), C.M. (amiga); la documental del rendimiento escolar; las copias de la historia clínica; el informe de psicodiagnóstico de la víctima y el acta de inspección ocular del rodado con las secuencias fotográficas, por enumerar los elementos más relevantes, tratándose de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado el hecho investigado y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado F.R.L. con las mismas.
De esa manera el a quo logró tener, en principio, por comprobado que el imputado F.R.L., el día 09/03/2024 a las 23:00 aproximadamente, en la localidad de Pto. S.J., cuando la menor R.J.S. se dirigía sola a pie hacia la casa de su amiga Y.H., la habría interceptado en la vía pública subiéndola por la fuerza a la parte trasera del rodado Ch. A., color negro con vidrios polarizados, donde la habría abusado sexualmente en el interior del mismo, introduciéndole algo en su vagina para luego penetrarla, surgiendo de ello un embarazo que fuera interrumpido en fecha 09/04/2024. Que, a pesar del loable intento de la defensa en mejorar la suerte procesal de su asistido, no compartimos su apreciación acerca de las discordancias entre los dichos de la víctima y los testigos, puesto que en lo sustancial, entendemos resultan contestes y concordantes en que la joven R.J.S. habría sufrido un hecho de índole sexual en contra de su voluntad de parte del imputado F.R.L..
Concretamente sobre el argumento que intenta desacreditar el valor probatorio del testimonio de la damnificada por tratarse de imágenes sueltas, compartimos con la Instrucción las apreciaciones del Lic. C.P.M., Psicólogo del Cuerpo Pericial del Poder Judicial, en el informe de psicodiagnóstico, resultando una prueba más dentro del conjunto del plexo incriminante, surgiendo del mismo que: la joven manifestó un discurso coherente y lúcido de orden lógico, dando cuenta de ubicación en tiempo y espacio y adecuación a la realidad. No se observaron rasgos o indicadores de trastornos patológicos que pudieran invalidar sus dichos así como una adecuada capacidad de fabulación acorde a su edad evolutiva.
Refirió sobre lo denunciado en autos exponiendo un discurso congruente y de orden lógico, todo ello parcialmente dado lo escueto por la falta de recuerdo, reconociendo un estado de estupor ante lo vivenciado siendo sorprendida por una persona mayor (un viejo de 40 años, con barba negra corta y con olor intenso a marihuana, según sus propias palabras), relato ubicado en tiempo y espacio con detalles y singularidades que lo enriquecen y particularizan, como omisiones y olvidos, entre otros aspectos, y con adecuada correspondencia entre los aspectos ideacionales y los estados afectivos. Respecto de los olvidos o el no recuerdo, el Lic. estimó que podrían guardar un orden lógico ante la consecuencia de la vivencia del orden traumático (alto impacto emocional de lo vivenciado) como mecanismo de defensa posible o por su afección no abordada de desmayarse usualmente frente a situaciones estresantes, situaciones reiteradas que han pasado en el establecimiento escolar y que motivó su traslado al hospital y ante otros acontecimientos como desacuerdos con amigas.
El Lic. observa un cuadro sintomático propio (bajo rendimiento escolar, trastorno del sueño, ansiedad en espacios públicos –todo siempre posterior al hecho denunciado-) que guardaría relación con lo denunciado, lo que demandó abordaje terapéutico con la Lic. J.A., y ginecológico con la Dra. O.. Cabe destacarse que, en este estadio procesal, contamos con la sugerencia del Perito Psicólogo Oficial sobre una interconsulta de la joven con el área neurológica a fin de profundizar el abordaje de los reiterados desmayos frente a situaciones que le resultan estresantes; surgiendo únicamente de los actuados que la propia víctima a fs. 146/148vta. –de los autos principales-, expresó haber tenido que ir al neurólogo en Pto.
S.J. y haberse realizado una resonancia en la localidad de C.R., encontrándose bajo tratamiento psicológico online con la Lic. K., con lo cual este Sr. Juez de Recursos se ve impedido de efectuar un mayor análisis al respecto, pudiendo concluir que de las constancias probatorias producidas en la causa no se advierte animadversión por parte de la víctima ni su núcleo familiar en contra del imputado, ni otras piezas probatorias que pudieran desmerecer el valor probatorio de sus dichos. De lo analizado se concuerda con el a quo en que los testimonios de los padres, la tía, el novio y las amigas de la víctima, vienen a robustecer el valor conviccional de sus dichos, por tratarse de las personas cercanas de su entorno a quienes ella les confió lo que tuvo que vivir de manos del imputado.
Que sobre el valor probatorio de la prueba testimonial, esta Alzada ya tiene dicho al respecto, de manera sostenida en el tiempo, que la sola mención de que se trate de la persona damnificada e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados, no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma; circunstancia acontecida en autos, siendo que el Magistrado hubo de confrontar los testimonios con el resto de la prueba aunada al legajo. Incluso, se reitera, brinda las razones por las que descarta la versión de la pareja e hijo del imputado, al contar con elementos de prueba que desvirtúan su hipótesis defensiva.
Cabe destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que: "…El Tribunal de mérito es libre en la valoración y selección de las pruebas que han de fundamentar su convencimiento y en la determinación de los hechos que con ella se demuestren..." (Confr. Fernando De la Rúa, "La Casación Penal", p. 148, con abundantes citas jurisprudenciales, y T.S.J. Santa Cruz, T° I, - Interlocutorio -, R° 53, F° 103/107, T° III, Interlocutorio -, R° 236, F° 466/469; T° III, R° 251, F° 503/505, entre varios). Y en función de ello, el agravio acerca de la valoración selectiva, parcializada y sesgada de la prueba no prosperará, en razón que como venimos analizando, el Sr. Magistrado justipreció de manera armónica los elementos de cargo y de conformidad con las exigencias procesales.
Que además, no debe perderse de vista la connotación de violencia de género que emerge de estos actuados, siendo que el presente caso tiene como víctima a la joven R.J.S. de 17 años al tiempo del hecho, en cuya persona se unen diversas interseccionalidades por ser mujer y menor de edad, víctima y a la vez principal testigo, lo cual exige un especial abordaje por parte de los operadores judiciales. Ello, impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, debiendo primar una inclinación a seguir las directrices internacionales que rigen la materia, como lo son la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Belém Do Pará (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer) y la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), con la consiguiente aplicación del principio de amplitud probatoria a la hora de valorar las pruebas e indicios.
Que, siguiendo esta línea, se ha dicho que el abordaje desde una perspectiva de género, reconoce que: “…los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la víctima o denunciante…”. (CP Contrav. y Faltas Sala III, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis; Rubinzal Online; RC J 4167/17). No podemos desconocer que nos encontramos frente a un caso complejo desde el punto de vista probatorio, en el cual la víctima menor de edad se presenta altamente vulnerable, teniendo indicado tratamiento psicológico y habiendo tenido que atravesar la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, la Instrucción logró reunir los indicios y pruebas necesarias para tener por comprobada la denuncia con el grado de probabilidad que esta instancia requiere. Otro punto de agravio lo constituye el análisis sesgado y jurídicamente incorrecto de la pericia psicológica del imputado; respecto de lo cual observamos contrariamente a lo alegado que, a fs. 305/307 –de los autos principales-, el Sr. Magistrado se limitó a trascribir las conclusiones periciales –sin valorarlas-, surgiendo que no se observaron síndromes correspondientes a trastornos mentales de carácter alienante que le impidan comprender las implicancias de un proceso judicial y que la capacidad de comprender y dirigir la criminalidad de sus actos no se encontraba alterada.
Con lo cual esta Alzada no advierte que la Instrucción se hubiera extralimitado en la ponderación de esa pieza procesal, siendo especialmente relevante en virtud que la inimputabilidad penal no se presume sino que debe ser probada. Tampoco prosperará el agravio que cuestiona el margen temporal entre el embarazo y la fecha del hecho. Ello, toda vez que la Dra. A.F.O. a fs. 100/101 de los autos principales, aportó las explicaciones suficientes y necesarias sobre el punto cuestionado, siendo que la fecha conocida de la última menstruación de la joven víctima fue entre el 03 o 04 de marzo, aclarando que la diferencia entre la edad gestacional por fecha de última menstruación (del 03/04 de marzo de 2024, que arroja que la edad gestacional databa de 4.5 semanas) y la edad gestacional por ecografía (de 6 semanas) siempre varía puesto que la arrojada por la ecografía es aproximada y puede variar entre 15 a 20 días, no resultando exacta en ningún caso.
Por último cabe dejar asentado que con relación al agravio de la falta de terminación del contexto espacial, esta Alzada ya hubo de pronunciarse al respecto mediante la resolución de fecha 17/11/2025, registrada al Tº: CLV - Rº: 9764 - Fº: 183/184, glosada a fs. 279/280vta. –de los autos principales-, debiendo reiterarse que el hecho enrostrado al encartado describe acabadamente los términos de la imputación de conformidad con lo previsto por el art. 281 del CPP y por lo tanto no viola la garantía de defensa en juicio. Por todo lo valorado, este primer agravio con todas sus argumentaciones queda descartado. 2.- Detención arbitraria: la defensa se agravia por cuanto su asistido fue detenido en su lugar de trabajo cuando mantenía domicilio conocido, desarrolla una actividad laboral estable y se encuentra insertado en su medio social.
En otras palabras, asevera que el imputado cuenta con arraigo personal, familiar y laboral; con lo cual entiende que detener a una persona localizable, con trabajo estable y domicilio conocido resulta incompatible con cualquier alegación de peligro de evasión. Recuerda que la privación de libertad durante una investigación es una medida excepcional, sujeta a estrictos requisitos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Explica que su asistido a lo largo de la instrucción de la causa siempre estuvo a derecho, colaborando activamente con el esclarecimiento de los hechos y no intentó influir sobre testigos ni entorpecer la prueba. Es por ello que se agravia del decisorio por carecer de motivación al haber omitido individualizar actos concretos del imputado que permitan inferir los riesgos procesales ni brindar los argumentos por los que se aplican alternativas menos gravosas.
Finalmente destaca que el encartado permanece detenido a kilómetros de su familia, en la localidad de P.M., lo cual genera una afectación desproporcionada al derecho de defensa en juicio, una restricción irrazonable al derecho al contacto familiar y una carga adicional que no guarda relación con ninguna necesidad procesal. Analizando este agravio relativo al encarcelamiento cautelar del imputado F.R.L., entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria. Sucede que, en esta instancia, no se requiere certeza sobre los hechos y la autoría, sino que: “… basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I; 08/06/2010; A.R.M.A. y otro; Cita: TR LALEY 70061334).
Y, contrariamente a lo argumentado por la defensa, observamos que el Magistrado aportó los argumentos por los que entiende que -sin perjuicio que el imputado carece de antecedentes penales computables-, en función de la naturaleza del delito investigado, y teniendo en cuenta la escala penal sancionatoria prevista para la figura penal endilgada, en caso de recaer condena en la presente causa, la misma será indefectiblemente de cumplimiento efectivo. Seguidamente el a quo ponderó las condiciones personales del encartado y las particularidades de la causa, entendiendo que a pesar de contar con domicilio en la localidad, el hecho de estar investigado por la posible comisión de un delito con un alto monto punitivo, no lo hace “estable” en la ciudad, concluyendo que se encuentra en el caso concreto incrementado el riesgo de fuga a fin de evitar el cumplimiento de la ley sustantiva.
Del mismo modo la Instrucción justipreció la gravedad del delito investigado en función de las constancias probatorias de las que se desprende que los hechos se habrían dado en un contexto de clara violencia de género, teniendo como víctima a una niña/mujer; sobre quien el accionar del encartado habría vulnerado su propio desarrollo subjetivo, de conformidad a lo que surge del informe de psicodiagnóstico de la menor. Asimismo el a quo explicó que del accionar del imputado resulta una clara peligrosidad procesal, lo que le hace presumir que podría obstaculizar el accionar de la Justicia. Para ello tomó especialmente en cuenta los dichos de la víctima, quien manifestó: “…Yo intento no salir sola, dejé de hacer actividades cotidianas como ir a entrenar fútbol, no salgo a boliches, no voy más a la cancha por miedo a encontrarlo…”.
Con lo cual el fundamento del encierro provisorio radica en la aplicación del principio de la debida diligencia reforzada en atención a la vulnerabilidad de la víctima que se proyecta sobre el proceso, tratándose de una joven que reviste la condición de víctima y testigo, imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado. Se concuerda con la Instrucción que el hecho reprochado se enmarca dentro del fenómeno de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino, imponiéndose la actuación con la debida diligencia reforzada, debiéndose proteger a las víctimas portadoras del elemento de prueba fundamental en casos como el que se ventila, surgiendo la vulnerabilidad de R.J.S., de manera ostensible a lo largo de los elementos de cargo reunidos.
La resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem do Para” y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional. En este aspecto, he de coincidir con el Magistrado que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima (por la condición de vulnerabilidad), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarla de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal, máxime cuando se encuentran constatadas las graves consecuencias que sucesos como los investigados traen aparejadas en el desarrollo madurativo, debiéndose velar por el Interés Superior de la Niña, víctima de violencia sexual.
Es por ello que concordamos en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo. Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24). Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley.
Concretamente respondiendo al agravio de la defensa sobre la detención de su asistido en el lugar de trabajo y la distancia, corresponde desestimarlo, toda vez que conforme las constancias obrantes en el expediente, este Juez de Recursos no advierte irregularidad alguna, surgiendo de fs. 318 que el Sr. Magistrado luego de decretar el auto de procesamiento con prisión preventiva hubo de requerir a la DDI que efectúe las averiguaciones pertinentes a fin de dar con el actual paradero del encartado, siendo informado a fs. 325 que se encontraría en la localidad de P.M., en un emprendimiento minero motivo por el cual se ordena desde la Judicatura efectuar inspección, búsqueda y detención, cursando notificación al Sr.
Juez de Instrucción de L.H. por jurisdicción. Y finalmente, a fs. 341/346 obra glosada la Nota Nº 260-D.5-DCPM/25, se informa sobre la efectiva detención del imputado F.R.L., en calidad de “comunicado”, dando cuenta que se lo reubicaría trasladándolo a P.S.C. por cuestiones edilicias de la División Comisaría P.M. que no son aptas para alojar más detenidos y tomando en cuenta la distancia para con sus familiares y la sede judicial a la que está sujeto, adjuntando las respectivas actas de notificación de la detención, del auto de procesamiento y la certificación del médico policial. Se entiende, por ende, que a pesar de su loable intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada.
En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que el riesgo procesal de entorpecimiento del accionar de la Justicia se ve incrementado en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal. Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva de F.R.L., por resultar ajustada a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.- Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 05/26vta. del presente incidente, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante sne. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia