Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8838 FOLIO Nº 190/194 PROT. ELECT. JR101516I.242
Río Gallegos, 05 de agosto de 2024.
La presente causa caratulada: "AGENTE FISCAL S/REQUIERE INSTRUCCIÓN", Expte. Nº 16091/24 - Apelación/Causa JR Nº 9038/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 01/12 y vta. del presente incidente obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno de San Julián, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de D.G.F. en orden al delito de "abuso sexual agravado por la penetración y por resultar un grave daño a la salud mental de la víctima" (art. 119 -1°, 3° y 4° párrafo inc. a) del CP). Que a fs. 13/15 la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 22 y no habiendo presentado el memorial de agravios del art. 437 del CPP, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Agravio relativo a la orfandad probatoria: En primer término la defensa advierte orfandad probatoria, reclamando que no se llamó a declarar a la totalidad de los testigos presentes y estimando que el auto de procesamiento resulta sumamente apresurado, por lo que solicita se revoque la resolución atacada y se proceda a sobreseer o dictar la falta de mérito del imputado. Asimismo se agravia de la interpretación arbitraria de la mecánica del hecho. Ello por cuanto no se cuenta con una precisión exacta del día, lugar y hora del hecho que se le endilga a su asistido, sino que, por el contrario, existen dentro de la causa tres fechas diferentes: 17 de mayo (según la madre -testigo presencial) y 24 y 25 de mayo (según la testigo lego N.H.).
Pone de resalto que en la vivienda -lugar de la presunta comisión del hecho investigado-, se encontraban 6 personas, tratándose de un domicilio en el que no hay lugares cerrados, ni el baño tiene puerta. En ese contexto se pregunta ¿cómo habiendo tantos testigos en el lugar, nadie escuchó nada?. Destaca que su asistido declaró haber dormido con E.B. -la madre de la pretensa víctima-, resultando conteste con lo declarado por su hermana N., que refiere textual "...después nos acostamos con mi hermano, F. y E. en la cama y O. se fue con los chicos a la otra habitación...". Pues bien, analizados los agravios expresados por la defensa adelanto, no obtendrán favorable acogida, por lo que confirmaremos el procesamiento recurrido, toda vez que se cuenta en autos prima facie con elementos de cargo acordes a la naturaleza del delito investigado y suficientes para tener por reforzada la denuncia de la Sra.
N.H., quien describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría desarrollado el hecho que tuviera que soportar la amiga de su hija, llamada G.S. de 13 años de edad, en su propia casa, estando sus padres presentes y en los que no confía. Que, en ese sentido la Sra. N.H., refirió que la joven G.S. en la madrugada del 30/05/24 se hallaba en su domicilio junto con sus hijas T. y A., tomando conocimiento por parte de T., que G.S. les había contado que la habían violado en su casa, estando sus padres y que había sido D.F.. Que estaba durmiendo y el pibe la empezó a manosear y ahí fue donde la violó. Que fue penetrada y que anteriormente no había mantenido relaciones sexuales. Que si bien la Sra.
N.H., reproduce aquello que conoció a través de su hija -amiga de la víctima-, lo cierto es que no incurre en contradicciones en su testimonio, expresando con claridad que la agresión sexual fue en contra de la voluntad de G.S. y en circunstancias en que no habría podido defenderse. Asimismo sus hijas T. y A. declaran en el mismo sentido, teniéndose por reforzada la denuncia. Que, por otra parte, la Instrucción logró recabar el relato de la víctima quien manifestó que un día viernes, hacía aproximadamente dos semanas desde la fecha de la entrevista, su madre realizó "una joda" (reunión social) en su domicilio, y siendo aproximadamente las 6/7 am, ella se encontraba acostada en un sillón cama ubicado en la zona de la cocina, momentos en el cual una persona, a quien ella reconoce como D.F.
(de 26 años aproximadamente), se acostó junto a ella e inició maniobras de tocamientos. Detalló que primero fue por encima de la ropa, luego le quitó el pantalón y la ropa interior y le introdujo su pene en la vagina, sin métodos de protección, desconociendo si hubo eyaculación. Refirió que en la misma habitación estaba su mamá en una cama cercana durmiendo con su hermanito, pero que los mismos no se despertaron, por lo que nadie presenció lo sucedido. Cabe destacar sobre este punto lo que tiene dicho la jurisprudencia, entendiendo que: “...no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés u odio tendiente a perjudicar al imputado...” (C.
Nac. Crim. y Corr., Sala 4º, 8/11/2001, “Rodas Jaras, Domingo”) y “...con todo acierto se ha sostenido que resulta inimaginable que alguien denuncie a otro como que lo ha sometido sexualmente, inventando gratuitamente episodios que lo exponen a las burlas y comentarios de sus vecinos y conocidos, y que le generan a la par una pérdida de tiempo, al tener que someterse a exámenes, análisis e interrogatorios nada cómodos o placenteros...” (Trib. Oral Crim. Nº 3 Cap. Fed., 7/4/2003, “Gorosito, D.O.”). Tampoco debemos perder de vista la doctrina asentada por la CIDH en el caso “Angulo Losada vs. Bolivia”, de la que se desprende que para que se perpetre un abuso sexual basta que se demuestre mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió libremente el acto sexual, lo cual se desprendería de la valoración armónica de los elementos de cargo producidos en la causa.
Incluso según la jurisprudencia de la CIDH, en los casos "Fernández Ortega" y "Rosendo Cantú", se estableció en cuanto a la investigación de hechos de violencia sexual, que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental del hecho que no debe ser corroborada necesariamente mediante otros elementos de prueba independientes. Y, en el caso en estudio, robustece la denuncia y el relato de la víctima lo constatado a través del Protocolo médico legal para delitos sexuales de fs. 35/39 del que se acreditan signos de desfloración sin poder determinar la data y el informe correspondiente a la pericia de psicodiagnóstico de la damnificada, de la que se desprende la verosimilitud de su relato, su vulnerabilidad al pertenecer a un colectivo que goza de una especial protección legal en función de ser mujer y menor de edad, habiéndose detectado un daño a nivel psicológico del orden traumático como consecuencia de la situación denunciada.
Contrariamente a lo argumentado por la defensa del imputado, advertimos la rigurosidad en la valoración de cada uno de los elementos de cargo colectados, logrando concluir la Instrucción, a la luz de la sana crítica racional, que con las pruebas producidas en la causa, se tiene por acreditada con el grado de probabilidad que la instancia requiere, la materialidad del hecho investigado y su conexión con el encausado. Lo que habilita a esta Alzada a concluir razonadamente que los argumentos de la defensa, se evidencian como un mero intento de mejorar la situación procesal de su asistido, sin aportar ningún elemento objetivo que permita deslindar su responsabilidad, no logrando enervar el caudal probatorio obrante en su contra.
Es por ello que descartaremos el agravio relativo a la orfandad probatoria y a la ausencia de convocatoria a declaración testimonial de la totalidad de las personas (seis) que habrían estado presentes en la casa de la víctima la madrugada en que habría ocurrido el hecho investigado, toda vez que la Instrucción logró recabar elementos de significativa entidad, teniendo válidamente por reconstruido el suceso histórico denunciado, máxime cuando de los propios dichos del imputado surge que "...A esa casa vamos de after o de joda (...)esa casa no es una casa normal, se drogan, pasa de todo en esa casa (...) vamos de joda, a drogarnos (...) E. -la mamá de la víctima- estaba re en pedo, ni se debe acordar...".
Tampoco prosperará el argumento de la defensa respecto a la supuesta imprecisión en el hecho imputado en la indagatoria, en virtud que se ajusta adecuadamente a los términos de la denuncia y al relato de la menor víctima, guardando congruencia procesal con la calificación del hecho por el que se procesa al encartado. Del mismo modo, queda descartada la versión dada por el incuso indicando que la joven víctima no se encontraba en el lugar y que lo denunciado no aconteció, ello corroborado por su hermana N.C., quien dijo "nos acostamos con mi hermano, F. y E. -la mamá de la víctima-, en la cama"; ello toda vez que existen otros testimonios que desvirtúan su relato (la declaración de B. y de la víctima), resultando insuficiente para enervar la fuerza conviccional de las restantes probanzas aunadas a la causa.
Que en relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros). Y, en este aspecto, advertimos que la valoración de la prueba efectuada por el Magistrado se ajusta a los lineamientos de nuestro TSJ, toda vez que fue la propia valoración concatenada de cada una de las piezas probatorias, la que le permitió tener prima facie acreditada la materialidad del hecho denunciado, arribando a la conclusión de tipo incriminante en grado de probabilidad afirmativa en cabeza del encausado, brindando las razones que conectan la materialidad del hecho con su autoría responsable. Cabe recordar a la defensa que, desde esta Alzada, hemos venido sosteniendo -constante e invariablemente- que, para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha; siendo esta: “… una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...” (Clariá Olmedo, Jorge A.; Derecho Procesal Penal; T.
II; Ed. Rubinzal y Culzoni; 1998; págs. 502 y sgtes.). Es por ello que, en cuanto a la cuestión relativa a la suficiencia de las pruebas para arribar al dictado del procesamiento, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio. Acerca de los delitos de índole sexual, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos (…).
Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido…”. (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/abuso sexual”). En la provincia de Santa Cruz, el TSJ sostiene respecto a la forma de valorar las pruebas: “En los hechos de abuso sexual (...) el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos.”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.). Otros juzgados nacionales tienen dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado...".
(Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014). Es por ello que destacamos la labor llevada adelante por la Instrucción, en razón que, a pesar de la complejidad del caso –en función de la naturaleza del delito investigado que se comente en la intimidad, sin presencia de testigos, y por la especial calidad de la víctima, como perteneciente a un doble colectivo vulnerable por ser niña y mujer-, la cual a su vez y conforme se desprende de las propias constancias de la causa, no se encontraba debidamente contenida por sus progenitores; logró reunir una sumatoria de elementos e indicios probatorios que le permitieron arribar al auto de procesamiento que se intenta poner en crisis. Que, aun cuando la defensa diga que la valoración de los testimonios es arbitraria y cuestionable, se advierte que las pruebas reunidas hasta el momento detentan la idoneidad suficiente para traspasar la barrera del art. 289 del CPP.
Tampoco se aprecia por parte de la defensa que hubiera ejercido las facultades que el art. 190 del CPP le confiere a las partes, en relación a la propuesta de diligencias probatorias, limitándose a aseverar que la Instrucción omitió producir prueba que pudiera resultar relevante para la averiguación de la verdad. Cabe destacar que no advertimos la violación a los principios procesales, derechos y garantías constitucionales que amparan al imputado en la valoración de los elementos de cargo. Ello habilita a esta Alzada a concluir razonadamente que los argumentos de la defensa, se evidencian como un mero intento de mejorar la situación procesal de su asistido, sin aportar ningún elemento objetivo que permita deslindar su responsabilidad, no logrando enervar el caudal probatorio obrante en su contra.
Por el contrario a lo planteado por la defensa, entendemos que se logró acreditar -con la precariedad propia de esta instancia-, tanto la materialidad del hecho como su autoría penalmente responsable en cabeza del encartado mediante la valoración en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica racional de los elementos que, para esta Alzada, se presentan como serios, concordantes y no controvertidos por otros medios de prueba. Es por todo lo valorado precedentemente, que lo planteado por la defensa no podrá prosperar. II) Agravio relativo a la prisión preventiva: Por último el recurrente se agravia del encarcelamiento cautelar de su asistido, el cual no se encuentra debidamente motivado en razón que éste cuenta con arraigo en la localidad, donde cursa sus estudios y acompaña constancia de alumno regular.
Resalta que ya se han realizado todas las pruebas que fueran ordenadas, cuestión que no pondría en peligro la investigación. Asimismo rechaza el peligro de fuga para el caso que se le coloque un dispositivo gps, toda vez que su representado no cuenta con recursos económicos para darse a la fuga ya que proviene de una familia de escasos recursos. Dando respuesta a este agravio relativo a la prisión preventiva del imputado, entendemos que tampoco podrá prosperar. Ello toda vez que la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado del ilícito que se le reprocha con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos procesales en el caso concreto.
Bajo esa tesitura, entendemos que la medida cautelar decretada no se trata de una pena anticipada. Seguidamente, la Instrucción ponderó que los hechos que se ventilan en autos se insertan en el fenómeno denominado de “violencia de género”, en cuya erradicación se encuentra seriamente comprometido el Estado Argentino y que los hechos investigados tienen por víctima a una joven de 13 años de edad, por lo que resulta inmersa en una doble vulnerabilidad como mujer y niña, debiendo prevalecer su interés superior. Continuando el estudio de los fundamentos del a quo, observamos que en ese contexto sopesó la vulnerabilidad de la víctima, que se encuentra debidamente acreditada, concluyendo válidamente que se impone su protección, toda vez que resulta portadora de la prueba de carácter nodal de acuerdo a la naturaleza del hecho investigado.
Asimismo deben tenerse en cuenta las pautas internacionales sobre la libertad durante el proceso, en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem Do Pará”, incorporada a nivel nacional por la ley 26.485, en cuanto se impone “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad…”. En ese sentido desde esta Alzada, entendemos que la resolución recurrida evidencia en torno a este punto de la privación de la libertad del encausado, un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia tales como la “Convención de los Derechos del Niño”, la “Convención Belem Do Pará” (incorporada mediante ley 26485) y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
En este aspecto, concordamos con la Instrucción que surge claramente la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima (por la condición de vulnerabilidad debidamente acreditada), y evitar que, en caso de quedar en libertad el imputado, intente intimidarla de cualquier forma, con el objeto de mejorar su situación procesal. Finalmente concordamos con el Magistrado que dada la naturaleza del hecho que se investiga, la escala penal que prevé la norma para el mismo, y la posibilidad que de persistir los cargos, la pena a imponerse al causante podría ser de cumplimiento efectivo, lo que hace presumir que nos encontramos ante la existencia de otro riesgo procesal, en este supuesto, el de fuga.
En función de lo expuesto, es que debe merituarse el peligro procesal, entendiendo que sostener el encarcelamiento del imputado se presenta como la única vía susceptible de evitar el riesgo en la investigación, cumpliendo así con los parámetros internacionales. Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva del imputado luego de resolver el procesamiento, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando –se reitera- que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la l Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por el a quo en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta por la Instrucción y las disposiciones legales vigentes que rigen la materia, deviniendo infundado.
Es por ello que homologaré la prisión preventiva dispuesta a D.G.F.. III) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas. IV) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 01/12 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE. 3º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia