Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9042 FOLIO Nº 126/128 PROT. ELECT. JR101720I.242
Río Gallegos, 24 de octubre de 2024.
La presente causa caratulada: “AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN –INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN-”, Expte. Nº A-15664/23 – Apelación Nº 9203/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 06/08, del presente incidente de excarcelación obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno de San Julián, quien en el punto 1º) denegó el beneficio de la excarcelación solicitado por el imputado D.A.M.
Que a fs. 10 vta./13, la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 17, sin acompañar la ampliación de agravios conforme lo previsto por el art. 437 del CPP.
En consecuencia, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Que, en líneas generales, la recurrente sostuvo que la decisión apelada es arbitraria, pues –a su juicio- no se tuvieron en cuenta las pautas procesales para determinar los límites de las restricciones de libertad de las personas sometidas a proceso penal. Concretamente, entendió que el magistrado se habría apartado de las pautas jurisprudenciales emanadas del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y de esta alzada. Citó allí dos antecedentes del año 2004 en sostén de su planteo. Seguidamente, en el punto II) del recurso impetrado, recordó haber pedido la excarcelación de su defendido en virtud del arraigo que el mismo tiene en la localidad (con grupo familiar y un trabajo estable). Allí, consideró infundado que el a quo vislumbre la posibilidad de fuga del imputado basado en que, en caso de recaer sentencia condenatoria, ésta sería de cumplimiento efectivo. Aseguró la defensa que carece de fundamento afirmar que existe peligro de fuga, pues su pupilo se ha mostrado colaborativo con la justicia, presentándose a declarar, y acudiendo a cada llamado realizado por el juez.
En síntesis, entendió que el auto impugnado es arbitrario, pues –según dijo- no se analizó la situación real del encausado frente a estas actuaciones y sus circunstancias personales, privándolo de justicia, y agravando su detención.
En otro orden de ideas, cuestionó la valoración de las pruebas por parte del magistrado, alegó inexistencia del delito atribuido a su defendido, y pidió se resuelva lo más beneficioso para el imputado, aplicando la sana crítica y poniendo énfasis en la in dubio pro reo.
En particular, la defensa calificó de arbitrario y alejado del derecho a la libertad, el fundamento del a quo que justifica la detención, basado sólo a la calificación penal y su “posible” condena.
Aseveró que no existe peligro de obstaculización del proceso ni peligro de fuga, pues ya obran en el expediente varias pruebas producidas en la causa en la que se lo investiga.
Explicó que la amenaza de condena no resulta suficiente para respaldar la presunción de los riesgos de fuga; sino que resulta exigible que ésta se sustente con concretas circunstancias acreditadas en la causa. Señaló que, en nuestro caso, se habría omitido esgrimir de qué manera el imputado podría obstaculizar la realización del proceso o eludir el accionar judicial, en caso de recuperar su libertad. Citó jurisprudencia en sostén de su tesitura, pidió se revoque el auto apelado y se disponga la libertad de su defendido.
I. Ahora bien, ingresando en el abordaje del recurso de apelación deducido por la defensa, adelanto que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos que la tornen arbitraria, en virtud que existe un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y de eludirse del accionar de la justicia que torna improcedente el acceso al beneficio de la excarcelación. Veamos, del estudio de los fundamentos de la resolución en análisis se desprende que la instrucción emite la decisión previa vista a la fiscalía, compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Público, quien consideró que el beneficio de excarcelación del imputado no resultaría procedente en función de la pena conminada en abstracto del tipo penal reprochado al incuso por el que fuera procesado con prisión preventiva en los autos principales, dado que supera el tope establecido por el art. 299 del CPP, lo que implicaría que, en caso de recaer condena en las presentes actuaciones, la misma será de cumplimiento efectivo. Asimismo, consideró que otro aspecto que imposibilita viabilizar la solicitud de excarcelación, a pesar de tener arraigo en la localidad y poseer trabajo estable, reside en que podría entorpecer los fines del proceso por la posibilidad del peligro de fuga ante una eventual condena de cumplimiento efectivo. Bajo esa tesitura, la instrucción valoró en primer lugar que, en los autos principales se procesó al encartado con prisión preventiva en orden al delito de “desobediencia reiterada, en concurso real -94 veces-” (arts. 239 y 55 párrafo del CP).
Seguidamente el a quo ponderó que, pese a que el imputado posee domicilio en la localidad y trabajo estable, el monto de la pena prevista para el delito conminado en abstracto, torna improcedente la condena condicional, sumado a que se encuentra procesado por delitos contra la integridad sexual, evidenciando además, reiteración sistemática del desapego a las normas de conducta impuestas e incumplimiento de cautelares por parte del incuso, lo cual le permitió presumir que se está frente a los indicadores de riesgo procesal que ameritan mantener la privación de libertad a modo de excepción –en concordancia con las exigencias que emergen de los tratados internacionales-. Como fundamento de ello, el magistrado citó el antecedente de esta alzada, caratulado: “N.L. s. robo calificado” (Expte. Nº 12.452/19).
Por último, el a quo dejó constancia que la defensa no ha explicitado nuevos argumentos de hecho o de derecho que lleven a la adopción de un temperamento diferente a la vía escogida en los autos principales, es decir, al encarcelamiento preventivo del imputado, por lo que consecuentemente sellará la suerte procesal de lo solicitado a través del presente incidente de excarcelación. Desde esta Alzada compartiendo la tesitura de la Instrucción, entendemos que la resolución que se intenta atacar evidencia en torno a este punto de la privación de la libertad del encausado, un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la “Convención de Belem Do Pará” y “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.
Es así que se concluye razonadamente que los riesgos procesales se ven incrementados en el caso concreto, en función del cambio de paradigma en materia de perspectiva de derechos en materia de violencia de género, que en el caso en tratamiento se torna de inexorable cumplimiento; todo lo cual contribuye a edificar un peligro procesal de significativa entidad, verificándose de esta manera los requisitos constitucionales y convencionales, de excepcionalidad, proporcionalidad y necesariedad en el caso concreto. Que del análisis que antecede, compartimos con el magistrado que la excarcelación no puede ser concedida en esta oportunidad procesal, toda vez que los extremos señalados por el Juez como generadores de riesgos procesales aparecen como verosímiles a la luz de las particulares características del caso (desobediencia reiterada) e indican el peligro que el imputado intente entorpecer la investigación o eludirse de la acción de la justicia.
Por lo expuesto, los agravios de la recurrente no prosperarán, toda vez que en la resolución en estudio se detallaron los indicios objetivos que hacen presumir en el caso concreto el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y de fuga, mientras que los argumentos de la apelación evidencian una discrepancia en la valoración de cuestiones de hecho y de derecho sin lograr poner en crisis el razonamiento del Sr. Juez de grado al concluir que en el caso se presentan indicios objetivos de riesgos procesales. En este sentido, el impugnante no refuta suficientemente el riesgo cierto de entorpecimiento de la investigación y de eludirse de la acción de la justicia. Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones entendiendo que el derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 • 20041245).
En el caso que nos ocupa, el a quo dispuso adecuadamente la detención cautelar del imputado, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando –se reitera- que la decisión aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley. Se observa de igual forma que la resolución recurrida evidencia en torno a este punto de la privación de la libertad del encausado, un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP). Por otro lado, observamos que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite de tres años establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la resolución que denegó la excarcelación solicitada, pues dicha decisión no afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad sin perjuicio de la continuación del proceso que se le sigue. De ahí que, a pesar del loable intento por mejorar la situación de su asistido, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, ni se vislumbra la vulneración de los derechos y garantías de que goza el imputado.
En consecuencia, no haremos lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de D.A.M.
II. Reserva: finalmente la defensa formuló reserva de acudir en casación y caso federal, la cual será tenida en cuenta oportunamente.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 06/08, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE las reservas de casación y caso federal formuladas por la defensa técnica.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
Dr. NELSON A. SÁNCHEZ, JUEZ DE RECURSOS YANINA C. MERCADO, Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia