Abriendo la norma
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.27 09:03:41-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN= TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.27 09:03:59-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO Nº 10.042 FOLIO Nº 076/079 PROT. ELECT. JR101 189I.261 Río Gallegos, 27 de mayo de 2026.
La presente causa caratulada: “AGENTE FISCAL S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN” Expte. Nº A- 14.665/22, Apelación Nº 10.142/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 13/17 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto San Julián, quien en el punto 1) rechazó la nulidad impetrada por la imputada V.P. (arts. 180 y 195 ss. y cc. del CPP). Que a fs. 20/22, la imputada –ejerciendo su propia defensa técnica- apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 25 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios impetrados por la recurrente, en el orden propuesto en su escrito de apelación, los cuales adelantamos, serán íntegramente desestimados.
I. De los agravios en particular:
A) Primer fundamento: violación del principio acusatorio:
que, inicialmente, la recurrente señala que el agravio central radica en la violación al principio acusatorio, consagrado constitucionalmente y desarrollado por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al respecto, expresa que el Sr. Agente Fiscal requirió instrucción por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal) y, sin embargo, el magistrado, de oficio, y sin mediar nuevo requerimiento fiscal, modificó la imputación, encuadrándola en la figura de prevaricato del abogado (art. 271 del Código Penal).
En esa dirección, advierte que dicha modificación no constituye un mero cambio de calificación legal sobre los mismos hechos, sino una sustitución integral del tipo penal imputado. Cita algunos fallos de la CSJN y del Excmo. TSJ de la provincia en sostén de su crítica a la calificación legal.
En particular, entiende que la resolución impugnada, yerra al confundir el carácter provisorio de la calificación legal, con la inmutabilidad del tipo penal imputado. Explica que una cosa es modificar la calificación dentro del mismo tipo penal (por ejemplo, de tentativa a consumado), y otra muy distinta es sustituir íntegramente el delito imputado, por otro con elementos típicos completamente diferentes.
Pues bien, como señalamos, este primer planteo será desestimado.
Antes que nada, en lo que aquí concierne, la Fiscalía de Cámaras dijo: “… la defensa parte de una premisa errónea al equiparar la modificación provisoria del encuadre jurídico realizada en el curso de la investigación, con una alteración sustancial e inmutable de la plataforma fáctica objeto del proceso”.
Así, analizado el legajo, entendió que en nuestro caso:
“… el núcleo histórico de los hechos investigados permaneció inalterado desde el inicio de las actuaciones, limitándose el magistrado instructor a efectuar una adecuación jurídica provisoria a partir del avance de la pesquisa y de los elementos probatorios incorporados durante la instrucción.”.
Que, hemos de concordar con lo dictaminado por el MPF, pues el principio acusatorio, que consiste en que juez y acusador no sean la misma persona (Roxin, "Derecho Procesal Penal", ed. Del Puerto, 2000, pág. 86), no ha sido vulnerado, dado que aquí se efectuó el requerimiento de instrucción por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y - sin modificar los hechos-, se adecuó el encuadre legal a prevaricato; lo cual no invalida las actuaciones.
Al respecto, hace varios años, se tiene dicho: “La garantía constitucional de defensa en juicio no resulta afectada por las apreciaciones en torno al encuadre legal aplicado durante el sumario –eminentemente provisorio- ya que es en la próxima etapa en la que se decidirá la calificación jurídica de la conducta investigada y la forma en que concurren los delitos en caso de recaer condena.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala IV; R.,A.B. y otra; 23/09/2009; Cita: TR LALEY AR/JUR/44074/2009).
Y este criterio, se ha mostrado invariable, pues la misma Cámara y sala, en otra causa, refiriéndose a la posible afectación del principio de congruencia, había sostenido: “… las discrepancias o coincidencias en cuanto a la subsunción típica son indiferentes respecto de la regla aludida, en tanto el relato de los hechos efectuado a los imputados en la indagatoria contenga todos los extremos fácticos constitutivos de la calificación escogida, de modo que puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; causa nº 29.498, "R.N."; rta. 8/9/06).
Lo propio ha ocurrido en autos, pues al momento comenzar a instruir la presente causa, con requerimiento fiscal, se hizo en orden a la supuesta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del CP (fs. 82 del principal), y luego, al tiempo de citar a la encartada a prestar declaración indagatoria, se hace por la presunta comisión del delito de prevaricato del abogado, previsto en los arts. 271 y 272 del CP, en calidad de funcionaria pública (fs. 182 del principal).
Que, siguiendo el criterio jurisprudencial imperante a nivel nacional, esta alzada tiene dicho que –salvo casos excepcionales- la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, fundamentalmente por su carácter provisorio, mutable, no causar estado y, además, porque será tratada nuevamente en la oportunidad de los arts. 329 y 330 del CCP.
En virtud de lo expresado, no habiéndose demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados a la imputada, pues inclusive todavía no se la indagó, desestimaremos este planteo.
B) Segundo fundamento: violación del derecho de defensa durante la instrucción: en este apartado, pone de resalto que la instrucción se inició en el año 2022 y, tres años después, en fecha 04/11/2025, se dispuso el primer llamado a indagatoria, notificándole recién en esa oportunidad que debía designar defensor particular.
Refiere que durante esos tres años se produjo prueba de cargo sin intervención alguna de la defensa. Dice que no se le notificó de la existencia de la causa, no se le permitió controlar la prueba que se producía en su contra, no se designó defensor oficial que resguardara sus derechos, y no se le dio oportunidad de ejercer el contradictorio.
En tal sentido, cuestiona la aplicación de art. 195 del CPP y, basada en jurisprudencia del Excmo. T.S.J., asegura que en el caso de autos el perjuicio es evidente, pues se la habría privado de la posibilidad de controlar la prueba de cargo, ofrecer prueba de descargo, y ejercer el contradictorio respecto de un delito (art. 248 del CP), que luego fue sustituido por otro; todo ello, durante el lapso de tiempo antes señalado. Que, este planteo será igualmente desestimado, pues –si se quiere- incluso en favor de la imputada, frente al requerimiento de instrucción efectuado por la fiscalía de primera instancia con pedidos de producción de pruebas y citación a indagatoria, el magistrado no acogió todos los pedidos realizados, sino que, en la providencia de fecha 11/11/2022 (fs. 32), simplemente ordenó requerir al área de recursos humanos de la Municipalidad de Puerto San Julián se remita el legajo personal de la encartada, para lo cual se encuentra legalmente facultado. Nótese que el resto de los pedidos efectuados por la fiscalía, se tuvieron presentes para el momento oportuno.
Luego, agregada la documental requerida, en fecha 04/11/2025, citó a la incusa a prestar declaración indagatoria en la causa, instándola a que designe abogado defensor, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo, de nombrarle al defensor oficial. Entonces, yerra la incusa en su planteo, pues se le notificó la existencia de la causa, y ésta optó por ejercer su defensa técnica.
Por otro lado, la prueba que dice no haber podido controlar, es simplemente su legajo personal, el cual consta de documentación por ella conocida. En esta causa, por el momento no se ha citado testigos, ni se han ordenado pericias cuya producción se deba controlar, siendo todo perfectamente reproducible.
En líneas generales, desde hace más de dos décadas se tiene dicho: “Las nulidades no deben ser declaradas si el vicio no ha impedido lograr la finalidad del acto y si no media interés jurídico de reparar, de acuerdo a los principios de conservación y de trascendencia, ante los cuales aquéllas siempre ceden.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; L. A., S.; 18/04/2002; Cita: TR LALEY 20030016).
En el caso que nos ocupa, no se advierte el perjuicio ocasionado a la recurrente, pues las pruebas que dice no haber podido controlar, es simplemente la agregación de su legajo personal al expediente, pero, además, ya fue citada a prestar declaración indagatoria en la causa, espacio en que se le exhibirán las pruebas que obran en su contra, y podrá efectuar su descargo, realizar citas pertinentes o –según su conveniencia- abstenerse de declarar, haciendo uso de su derecho de defensa que, de momento, se mantiene incólume en autos.
C) Tercer fundamento: falta de tipicidad del hecho imputado: en este punto, asevera que el hecho que se le imputa resulta manifiestamente atípico respecto del delito de prevaricato del abogado (art.
271 CP).
Al respecto, enumera los elementos del tipo, e indica que:
a) nunca intervino como abogada del Municipio de Puerto San Julián; b) su función como asesora letrada del Concejo Deliberante no genera vínculo de patrocinio jurídico con el Municipio; c) el Municipio no ha sufrido perjuicio alguno –ni económico ni jurídico-, ni se ha presentado como damnificado en la causa.
En particular, cuestiona que ello no se hubiera analizado en la resolución impugnada, y postula que la existencia del hecho típico, puede y debe analizarse, para determinar si corresponde continuar la instrucción, dado que –según dice- si el hecho imputado es manifiestamente atípico, corresponde el sobreseimiento conforme el art. 332 inc. 2° del CPP.
Que, en relación a este planteo intentado sobre el fondo de la cuestión, consideramos apresurado pronunciarnos, pues estaríamos prejuzgando, dado que todavía no se ha pronunciado al respecto el juez de grado, y toda vez que aquí estamos tratando los agravios relativos a la apelación interpuesta contra el rechazo de nulidad de la instrucción planteado por la encartada. Entendemos que, tratar este agravio, implicaría adelantar opinión.
Recordemos que, en el caso, el magistrado recién citó a la imputada a prestar declaración indagatoria, acto que todavía no se llevó a cabo. Sin embargo, sabemos que dicha citación constituye: “… materia discrecional del juez como director del proceso y no requiere otro fundamento que su convicción en punto a la sospecha de que una persona ha participado en la comisión de un delito.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala II; 07/02/2018; D. V., J. M. s/ nulidad; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/2201/2018). En virtud de lo expuesto, esta crítica será rechazada.
D) Cuarto fundamento: falta de fundamentación de la resolución: finalmente, esgrime que, salvo transcripción de doctrina general sobre nulidades, no advierte fundamentos técnicos y claros que autoricen a rechazar cada uno de sus planteos de nulidad. Entiende que la motivación aparente es causal de nulidad, por lo que pide se revoque la resolución atacada, se decrete la nulidad de la instrucción y se archiven las presentes actuaciones por inexistencia de delito.
Al respecto, la Fiscalía de Cámara descartó la falta de fundamentación en el auto apelado, al señalar: “Del análisis del decisorio impugnado surge que el magistrado abordó los planteos introducidos por la defensa, explicitó las razones jurídicas por las cuales entendió improcedente la nulidad articulada y efectuó una valoración concreta de las constancias procesales pertinentes, exteriorizando adecuadamente el iter lógico seguido para arribar a la decisión adoptada.” (fs. 29 de este incidente).
Que, en líneas generales, se ha dicho que motivar: “… es la obligación que tienen los jueces de dar a conocer los razonamientos en los que se sustentan sus decisiones.” (Roldán Santiago; Justificación y motivación de las resoluciones judiciales; Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Nº 9; septiembre 2010; Sección doctrina; abeledo-perrot; Buenos Aires, pág. 6).
Que, hemos de concordar con lo dictaminado por la Sra. Titular de la Acción Penal Pública, dado que, en el considerando del pronunciamiento, y tras citar doctrina pertinente, el magistrado entendió que toda la prueba producida por el momento contó con el control fiscal, y de la imputada al ser convocada a indagatoria, sin advertir perjuicio alguno en los actos de instrucción; criterio que compartimos.
Recordemos que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales según su criterio divergente, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución propuesta por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344; 274:462; 308:914; 313:62; 315:575).
Por lo antedicho, tratándose de meros juicios discrepantes, confirmaremos íntegramente el auto impugnado.
II. Reserva: por último, formula reserva de caso federal, la cual será oportunamente tenida en cuenta.
III. Ahora bien, sin perjuicio de lo resuelto, se advierte una notable y preocupante demora en la tramitación de las presentes actuaciones, toda vez que iniciaron en fecha 11/11/2022, y –sin tratarse de una causa compleja o de difícil investigación- hasta el momento simplemente se agregó el legajo personal de la empleadora de la imputada, propuesto como prueba por la fiscalía de instrucción, sin haber logrado recibirle declaración indagatoria a la misma. De modo que, sorteadas las nulidades interpuestas, se exhorta al juzgado de origen a cumplir a la brevedad el acto ordenado a fs. 182, y se resuelva en tiempo legal la situación procesal de la incusa.
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 13/17, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de caso federal formulada por la defensa.
3. HACER SABER a la instrucción lo expuesto en el punto III) de la presente.
4. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia