Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8241 FOLIO Nº 152/154 PROT. ELECT. JR101117I.231
Río Gallegos, 09 de noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada “AGENTE FISCAL SOLICITA SANCIÓN ADMINISTRATIVA S/ DEMORA EN AUTOS: M.S. S/ DENUNCIA - Expte. Nº M-11656/19” (Expte. Nº 05/23) Apelación Nº 8612/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 20/21 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto San Julián, quien en el punto 1) ordenó aplicar un llamado de atención con anotación en el legajo del Sr. Secretario de la Secretaría Nº 2 Dr. L.R.T., en virtud de la actuación judicial verificada en los autos supra mencionados. Que a fs. 22/24 el funcionario apeló la sanción y, a fs. 29 se elevaron los presentes a esta alzada para su tratamiento, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, se agravió el apelante, pues –según dijo- la sanción administrativa se resolvió fuera del término procedimental especial, consecuentemente, pidió se disponga la perención de la instancia del procedimiento administrativo que iniciara el Sr. agente fiscal a fs. 08.
En tal sentido, expresó que los presentes se iniciaron con fecha 30 de mayo de 2023, por medio del decreto de fs. 11 y 13, del cual se le corrió traslado, y lo evacuó a fs. 14/17.
Indicó que, con posterioridad, fue directamente notificado de la resolución de fs. 20/21 vta., de fecha 21 de septiembre de 2023.
Refirió que la resolución recaída se dictó fuera de plazo que rige el procedimiento administrativo que, a su juicio, estaba extinguido, pues desde la providencia de fecha 30 de mayo hasta la de fecha 31 de agosto, ambos del corriente, transcurrieron los tres meses que habilitan llevar adelante el procedimiento, dentro del cual –dijo- se debió producir prueba y resolver. Fundó su petición, en lo dispuesto por el art. 12 del acuerdo nro. 2057, punto 2) del 28/03/85, que regula la cuestión atinente a la paralización y archivo de los sumarios administrativos, transcurrido el plazo de tres (03) meses.
Bajo esos lineamientos, entendió el apelante que la sanción fue resuelta de manera extemporánea, y sobre la base del mismo hecho, por el cual ya había sido sancionado en el expediente principal (ver fs. 07).
Por último, pidió se revoque la resolución apelada, por considerarla violatoria del principio “non bis in idem”, previsto en el art. 33 de la Constitución Nacional, que resulta aplicable al procedimiento administrativo.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, habiendo analizado los agravios expresados por el apelante, adelantamos, obtendrán favorable acogida.
Veamos, en el caso que nos ocupa, se había prevenido al recurrente en el expediente principal, a fin de que extreme el cuidado con el despacho diario, observando las obligaciones inherentes a su cargo, bajo apercibimiento de aplicar una sanción administrativa. Sin embargo, a partir de la solicitud del agente fiscal de fs. 08/08 vta., previo descargo del funcionario prevenido (fs. 14/17), se resolvió aplicarle un llamado de atención con anotación en el legajo, por los mismos hechos en virtud de los cuales ya se lo había apercibido. Que, en líneas generales, es sabido que el poder disciplinario surge de la facultad de dirección reconocida al empleador, cuya función principal es corregir la mala conducta del trabajador que se materializa en faltas o incumplimientos de sus obligaciones (art. 16º de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia de Santa Cruz), no obstante, para que dicho ejercicio sea válido, es necesario que se cumplan distintos requisitos o principios esenciales (v.gr.: contemporaneidad; proporcionalidad y no duplicación de sanciones).
El principio del “non bis in ídem”, se refiere a la imposibilidad de aplicar más de una sanción por la misma falta, y se halla reconocido por la Constitución Nacional en el art. 18; por el Pacto de San José de Costa Rica en los arts. 8º y ccds.; y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el art. 14 (dichos tratados internacionales tienen jerarquía constitucional en virtud de lo establecido en el art. 75, inc. 22 de la CN. En efecto, la facultad de sancionar con apercibimiento o prevención, se encuentra regulada en el art. 17º de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia de Santa Cruz. Así, en lo pertinente, establece: “Artículo 17º.- Las Cámaras de Apelaciones y los Magistrados inferiores podrán sancionar a los funcionarios de menor jerarquía que actúen en su Tribunal con prevención o apercibimiento en supuestos no comprendidos en el Artículo 15º, cuando la entidad de la falta no justificare sanción mayor…” (Mí subrayado).
Pues bien, acierta el recurrente al señalar que la sanción dispuesta en la resolución de fs. 20/21 y vta., duplica y agrava la prevención que ya se había impuesto a fs. 07, pues no hubo otro hecho por el que se debiera hacer efectivo el apercibimiento, teniendo en cuenta, además, que como la segunda sanción ordena la anotación en legajo del funcionario, consecuentemente, como adelantáramos, esta última sanción pierde validez. Independientemente de ello, cabe señalar que, pese a lo dispuesto por el art. 22º de la Ley Orgánica de la Justicia de la provincia de Santa Cruz respecto de las obligaciones de los secretarios, en el caso que nos ocupa, existió una cadena de responsabilidades, pues si bien el expediente en cuestión había quedado sin proveer a raíz del cúmulo de trabajo existente; hasta tanto lo advirtió e informó el funcionario (fs. 07), ninguna otra parte lo había hecho notar.
En particular, se observa que el Sr. Secretario brindó una explicación lógica y sustentable de lo que hubo de acontecer, y fue apercibido por la Sra. Jueza subrogante. Ahora bien, no obra en estas actuaciones, un mínimo informe que nos diga si el funcionario registra antecedentes por faltas denunciadas por el titular de la dependencia u otros subrogantes, que torne adecuado, aconsejable, necesario y proporcional el agravamiento de la sanción impuesta, razón por la cual, entendemos, ostenta carencia de motivación, sustentándose pura y exclusivamente en el pedido del Sr. Agente Fiscal. Es que, sin perjuicio de la reprochable omisión en la debida diligencia procesal, no se desprende desidia sino más bien un obrar culposo por parte del funcionario.
Al respecto, viene al caso citar las conclusiones de un trabajo doctrinario sobre el tema, en relación a la responsabilidad de los secretarios. Allí, se sostuvo que: “El régimen de la responsabilidad objetiva de los funcionarios y secretarios judiciales, ya sea por la pérdida, deterioro o sustracción de expedientes y documentos depositados que tienen bajo su custodia y guarda, se encuentra en crisis y en desuso, siendo aplicable a los secretarios y funcionarios judiciales -en estos supuestos tratados- el régimen de la responsabilidad subjetiva, debiéndose acreditar o probar en tal sentido la culpa o el dolo del funcionario actuante, sobre la base del principio clásico de que: "no hay responsabilidad sin culpa".
(Taraborrelli, José N.; Responsabilidad de los funcionarios judiciales; LA LEY 11/05/2012, 1 - LA LEY2012-C, 747; Cita: TR LALEY AR/DOC/2002/2012). Tampoco se avanzó mínimamente en tratar de reconstruir el evento y en cómo es la dinámica de trabajo en la dependencia, y así acreditar que la responsabilidad de lo ocurrido se le debe atribuir en exclusividad al funcionario, dado que, como dijimos, de no ser por el propio reconocimiento de la falta del funcionario aquí apelante, no estamos en condiciones de aseverar si el mal hubiese sido mayor (v.gr. que se hubiera prescripto la acción penal). Ello así, por cuanto no obra requerimiento alguno del Ministerio Público Fiscal en dicho sentido, conforme a los deberes que establece a su respecto la Ley Orgánica de Justicia Nº Uno (concretamente art. 78 incs. d) y f).
Por su parte, las facultades de superintendencia previstas, en el citado art. 78, alegadas por el Sr. Fiscal peticionante, son destinadas exclusivamente para el Ministerio Público Fiscal a su cargo.
Que, consta al Suscripto el cúmulo laboral que registra la dependencia y la falta de cobertura de cargos, conforme las inspecciones llevadas a cabo en la dependencia -y que fueran oportunamente informadas al Excmo. T.S.J.- que ahora se están concretando, conforme propios dichos del funcionario apelante.
Así las cosas, habiendo sido apercibido en el expediente principal por la Sra. Jueza subrogante, entendemos que resulta excesivo el agravamiento de la sanción dispuesto en la resolución de fs. 20/21 y vta., por el pedido expreso del Sr. Fiscal de Instrucción.
Es criterio de esta alzada, que los justiciables merecen respuesta en tiempo oportuno, razón por la cual se deben emplear las energías en la tramitación de las causas penales, y no en cuestiones intestinas que no favorecen el buen clima laboral que debe reinar para hacer eficiente la prestación del servicio de justicia.
En mérito a ello, conforme las previsiones del art. 19º de la Ley Orgánica de Justicia Nº Uno, se deberá revocar lo resuelto por la Sra. Jueza subrogante a fs. 20/21 y vta., e inmediatamente archivar la causa administrativa, no debiendo bajo ningún aspecto estar anexada por cuerda a la causa principal por cuestiones de reserva, decoro y delicadeza laboral y profesional, ya que no pueden impactar cuestiones internas de orden administrativo en la tramitación de esta y cualquier causa penal.
II. Atento lo resuelto, deberá comunicarse con las formalidades de estilo, a la Fiscalía y Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, ambas del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, a los fines pertinentes, acompañando copia de la presente.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto glosado a fs. 20/21, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. OFÍCIESE a la Fiscalía y Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, ambas del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, los fines previstos en el punto II) de los considerandos.
4. REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia