Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los considerandos XVI a XXI de la presente.
2Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A. con relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación 06 073 IT14 002504 X por la firma AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A., en los términos de los arts. 803 y conc y 934 y conc. del C.A.
3Con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-93279029-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 10 de Agosto de 2023 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquís y Horacio Joaquín Segura, para resolver en autos caratulados “AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 38.513-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 18/29 vta. la firma AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A. (en adelante “AGFA” o “actora”) se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 6414/2017, dictada por el Señor Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros el 28 de agosto de 2017, mediante la cual, sobre la base de lo estipulado por el art. 970 del C.A., se resuelve condenar a la actora al pago de a) un primer monto igual a $ 1.110.428,26, en concepto de multa; b) un segundo monto igual a U$S 165.697,08, en concepto de derechos de importación, estadística e IVA y; c) un último monto igual a $ 608.635,58, en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
II. Así las cosas, es pertinente consignar que el recurrente comienza su intervención haciendo una descripción sucinta de los hechos involucrados. En este sentido, recuerda que el 18 de agosto de 2006 AGFA importó, mediante la destinación de importación temporaria 06 073 IT14 002504 X, 2.000 kilogramos de plata en bruto, semilabrada o en polvo. Agrega que la mercadería sería despachada a plaza bajo la NCM 7106.91.00.000T, y que la mencionada destinación poseía como fecha de vencimiento el 22 de agosto de 2007. Adiciona, a su vez, que durante el año 2006, la actora oficializó once destinaciones de exportación de consumo que permitirían cancelar la totalidad de la aludida destinación de importación temporaria.
No obstante, agrega que el servicio aduanero terminaría por denunciar el incumplimiento del régimen temporario, argumentando que 895,86 kilogramos de mercadería, de un total de 2.000 kilogramos, no habían sido oportunamente detallados en el PE N° 06001EC03034447K. Destaca que, el 25 de abril de 2017, luego de haber sido debidamente notificada, la actora presentó un descargo con el objetivo de realizar los siguientes planteos: 1) manifestar la voluntad de pago por la cantidad de 150,35 kilogramos de la mercadería importada; 2) alegar la inexistencia de infracción alguna respecto del saldo restante de mercadería e; 3) impugnar la liquidación de tributos practicada por el servicio aduanero. Asimismo, remarca el agregado a las actuaciones, como prueba documental, de la totalidad de los permisos que descargaron las destinaciones de importación temporaria en cuestión y la correspondiente documentación complementaria.
No obstante, afirma que pese a lo demostrado y sin hacer mérito suficiente de los argumentos presentados, finalmente se dictó la Resolución DE PRLA N° 6414/2017. En cuanto a las primeras cuestiones planteadas, relacionadas con la nulidad del auto de apertura del sumario y la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, la actora comienza por remarcar que resulta una práctica habitual por parte del servicio aduanero el dictado del auto de apertura del sumario como un acto meramente enunciativo, con el único fin de interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas. Agrega que, conforme surge de la compulsa de las actuaciones, el auto de apertura del sumario tuvo lugar el 19 de diciembre de 2012; es decir, al límite del cumplimiento del plazo de prescripción que establece el art. 934 del C.A., en atención a la fecha de vencimiento de la temporal en trato (y luego de haber transcurrido 4 años y tres meses desde el auto de apertura).
Asimismo, advierte que la resolución de apertura del sumario carece de los elementos que establece el art. 1094 del C.A. y que la corrida de vista tuvo lugar el 31 de marzo de 2017. Resalta que estas circunstancias producen una clara situación de abuso por parte del servicio aduanero que estaría vulnerando la garantía del debido proceso consagrada por nuestra Constitución Nacional, a través de su art. 18, y por el art. 8 inc. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; instrumento internacional con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. De esta manera, continúa, no cabría duda alguna el declarar la nulidad del acto de apertura de sumario por no reunir los requisitos del art. 1094 del C.A.
Cita jurisprudencia. Agrega que, en consonancia con las decisiones citadas, la duración del procedimiento ha excedido toda pauta de razonabilidad al haber transcurrido más de 10 años desde el vencimiento de la temporal en trato. En este mismo sentido, la actora hace referencia al Acuerdo de Facilitación del Comercio (en adelante “Acuerdo”); instrumento internacional adoptado el 27 de noviembre de 2014 por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio y aprobado por el Congreso Nacional a través de la ley 27.373 del 5 de julio de 2017. Remarca que una de las finalidades esenciales del mencionado Acuerdo es lograr agilizar el movimiento y despacho de las mercaderías a los fines de reducir las demoras y los costos que se generan para los importadores y exportadores a causa de los procedimientos ineficientes, las formalidades superfluas en frontera y los requisitos de documentación muchas veces redundantes.
Asimismo, resalta que su texto termina por otorgar una importancia particular a la utilización de los recursos informáticos actuales para cumplir con dichos objetivos. Menciona, en paralelo, que el Acuerdo busca lograr mejoras y transparencia en los procesos aduaneros, lo cual se encontraría claramente relacionado con la garantía del debido proceso. A la luz de lo mencionado hasta aquí, subraya que el trámite del sumario en análisis estaría sesgado por todo tipo de incongruencias que implicarían un incumplimiento de lo estipulado por el Acuerdo. En este sentido, agrega que, sin perjuicio de que la denuncia fue formulada con relación a 895,86 kilogramos de mercadería, al dictarse la Resolución apelada, se condenó a la actora por la totalidad de lo declarado en la destinación de importación temporaria, en base a una errónea liquidación de tributos.
Por otra parte, hace referencia al hecho de no haberse evaluado planteo alguno, oportunamente esgrimido durante la tramitación del sumario, ni de haberse proveído la prueba oportunamente ofrecida. Finalmente, hace mención al art. 6, título 3 “Disciplinas en materia de sanciones”, apartado 3.4 del Acuerdo, donde se establece que los miembros deben asegurarse de mantener medidas tendientes a evitar “[…] a) conflictos de intereses en la determinación y recaudación de sanciones y derechos”, para luego afirmar que la circunstancia de que el servicio aduanero sea juez y parte genera un claro conflicto de intereses, debido a la falta de imparcialidad que ello conlleva. Cita jurisprudencia. En virtud de las consideraciones expuestas, solicita se declare la nulidad del auto de apertura del sumario y, en consecuencia, la extinción de la acción del Fisco para imponer penas.
Con relación a la segundo cuestión planteada, vinculada con la inexistencia de la infracción del art. 970 del C.A., señala, a título introductorio, que, de conformidad con lo que surge de la denuncia formulada, el servicio aduanero consideró que del total de la mercadería importada temporariamente (2.000 kilogramos), solo 895,86 kilogramos no habían sido debidamente tipificados en el PE N° 06001EC03034447K. A pesar de ello, aclara que al dictarse la resolución apelada, AGFA fue condenada por la totalidad de la mercadería amparada en la DIT. Asimismo, recuerda que al contestar la vista en el sumario, la actora manifestó voluntad de pago respecto de 150,35 kilogramos de la mercadería en trato.
Resalta que si bien el 18 de agosto de 2017 el servicio aduanero tendría presente el pago ofrecido, omitiría general el correspondiente LMAN oportunamente solicitado. En cuanto a la descarga de la exportación efectuada a través del permiso N° 06001EC03034447K, alude a la utilización de una relación insumo-producto incorrecta para el tipo de mercadería exportada. Destaca que el error fue cometido dentro de la misma unidad documental, ya que para realizar la descarga en trato, se aplicó la dupla CTC 1002/00 y 339/06 (documentos complementarios, de acuerdo con lo que se puede leer al pie del CTC 339/06, donde se detalla que “el presente certificado es complementario del CTC 1002/00”). En este sentido, especifica que el CTC 1002/00 documentaba una relación insumo/producto de 0,429 por cada 100 metros cuadrados de producto exportado por la MCM 3702.10.20, mientras que el CTC 339/06 documentaba una relación insumo/producto de 0,357 por cada 100 metros cuadrados de producto exportado por la NCM 3702.10.10.
Agrega que mediante el permiso de embarque 06001EC03034447K se llevó a cabo una descarga de 895,86 kilogramos de plata, tomando como coeficiente el establecido por el CTC 1002/00 para las posiciones arancelarias 3702.10.20 a 29. Sin embargo, aclara que correspondía utilizar en esa oportunidad la relación indicada en el CTC 339/06. De esta manera concluye que, de haberse tomado la relación insumo/producto correcta, la descarga hubiera arrojado un total de 745,51 kilogramos de insumo utilizado. Añade que con la documentación agregada al sumario (destinaciones de exportación a consumo N° 06001EC03034558N, 06001EC03034762K, 06001EC03034889U, 06001EC03035025D, 06001EC03035188N, 06001EC03036681M, 06073EC03011582Y, 06073EC03011617N, 06073EC03011904M y 06073EC03012026X, oficializadas por AGFA durante el año 2006), claramente queda acreditado que el saldo de 1.849,65 kilogramos de mercadería ingresada en forma temporaria mediante la DIT objeto del presente sumario, ha sido reexportada en tiempo y forma, mediante los permisos de embarque mencionados.
Sustenta paralelamente la violación del debido proceso adjetivo. En efecto, menciona que al advertir el error citado con anterioridad, vinculado con el CTC aplicable, la actora realizó durante el 2007 un pedido de rectificación del PE 06001EC03034447K a los fines de modificar el CTC declarado. Pese a ello, no se recibió respuesta alguna por parte del servicio aduanero. Agrega, a su vez, que al momento de contestar la vista en el sumario, se solicitó como medida probatoria que se agregue el mencionado pedido de rectificación al expediente correspondiente. Sin embargo, no se hizo lugar a la medida. De esta manera, concluye que el servicio aduanero impidió que la actora pudiera ejercer el derecho a rectificar el permiso y obtener así una resolución fundada.
Finalmente, con respecto a la tercera cuestión planteada, relacionada con la liquidación de tributos, resalta que el servicio aduanero efectuó la denuncia del presente DIT, por encontrarse en presunta infracción la cantidad de 895, 86 kilogramos de un total de 2.000 kilogramos de mercadería importada temporalmente. Sin embargo, al realizar la liquidación de la multa y tributos, ésta fue realizada por la totalidad de la mencionada mercadería. Paralelamente, considera que no corresponde que la Aduana reclame pago alguno en concepto de IVA o IVA adicional, debido principalmente a que carece de la correspondiente competencia.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 40/47 vta. la representación fiscal contesta el traslado y, luego de hacer una negativa genérica, se explaya sobre los actuados aduaneros. Afirma que la resolución apelada se originó como resultado de la denuncia efectuada por el personal del servicio aduanero por la presunta comisión de la infracción prevista y tipificada por el art. 970 del C.A. Resalta que, como surge de la documental glosada, la actora no habría regularizado en legal tiempo y forma la situación de la mercadería ingresada temporalmente al amparo del Despacho de Importación Temporaria N° 06073IT14002504X, cuyo vencimiento operaba el 24 de junio de 2009. Agrega que, por este motivo, el 19 de diciembre de 2012 se instruyó el sumario contencioso pertinente bajo la imputación del mencionado art. 970 del C.A., y se le corrió vista, de acuerdo con lo prescripto por el art. 1101 del mismo cuerpo normativo. Añade que ésta sería finalmente contestada tanto por la actora como por la aseguradora. Afirma que, una vez cumplidas las etapas procedimentales de rito y producidos los informes pertinentes, se condenó a la actora, de conformidad con la infracción aludida, al pago de una multa y de los tributos adeudados (estos últimos junto a la aseguradora).
En lo que respecta al planteo de nulidad del auto de instrucción del sumario, luego de transcribir el art. 1094 del C.A., afirma que carece de asidero alguno pretender que la mencionada instrucción reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma, por una simple cuestión de sentido común. Agrega que sostener la obligatoriedad de llevar adelante, sin distingo, cada uno de los incisos de la citada disposición no encuentra refugio lógico-jurídico alguno. Hace referencia, a su vez, a que si bien el acto administrativo de instrucción sumarial posee una importancia fundamental, en cuanto constituye la primera intervención del administrador y demuestra el interés estatal en iniciar un procedimiento, lo cierto es que el administrado toma contacto con la causa a través de la corrida de vista. En este sentido, alude a lo afirmado por los codificadores con relación a la apertura del sumario, para luego recordar que, independientemente de lo expuesto en torno a la falta de solidez argumental en el pedido de nulidad, no ha habido violación alguna del derecho de defensa en juicio. Cita doctrina y jurisprudencia. Subraya, a su vez, que la apertura del sumario puede no contener cada uno de los requisitos mencionados en el art. 1094, siempre que se mantenga en un plano de razonabilidad, se respete el derecho de defensa y se orquesten las disposiciones del universo aduanero. Vuelve a citar doctrina y jurisprudencia pertinente.
En cuanto al planteo vinculado con la prescripción de la acción penal, afirma que el art. 934 del C.A. dispuso que “la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, para luego agregar que el art. 935 del mismo cuerpo normativo ahondaría con relación al cómputo del plazo de prescripción al establecer que éste “[…] comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su contestación”. En este sentido, destaca que los hechos investigados datan de 2007, ya que el vencimiento del plazo para regularizar la mercadería importada temporalmente era el 22 de agosto de 2007; Agrega que, de no haber mediado actos interruptivos, la prescripción hubiese operado el 31 de diciembre de 2012. No obstante, aclara que habiéndose instruido el sumario correspondiente el 19 de diciembre de 2012, el instituto esgrimido por la actora fue interrumpido y, por consiguiente, operó un nuevo vencimiento (20 de diciembre de 2017). De esta manera, concluye que, al haberse dictado el fallo administrativo condenatorio el 28 de agosto de 2017, la acción del fisco para imponer sanciones no se encuentra prescripta.
Con relación al incumplimiento de lo dispuesto por el art. 970 del C.A., destaca, en un primer momento, el hecho de que la carga de la prueba recae en cabeza de la actora y el aspecto temporal del instituto, para luego afirmar que la cuestión radica en que la importación temporaria es un beneficio y, como tal, acarrea ciertos requisitos que, por su causa (situación preferencial), deben ser observados y cumplidos de la forma más estricta. Cita jurisprudencia. Agrega que al haberse vencido el plazo de permanencia autorizado para los insumos importados temporalmente sin que se procediera a su reexportación, se configuró la infracción prevista y sancionada por la disposición mencionada. En lo que respecta a los elementos de prueba presentados, señala que la actora no aportó la documentación que hubiera permitido cancelar la DIT denunciada (CTC). En este sentido, añade que el procedimiento para la cancelación de las destinaciones de importación temporaria debe ajustarse a lo dispuesto por la Resolución ANA 479/95, y que en la destinación denunciada, por pertenecer al subrégimen de las importaciones temporarias de transformación, es indispensable contar con el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC), las fojas anexas a los permisos de embarque y la declaración jurada de insumos para evaluar la descarga. A su vez, detalla que la mercadería en cuestión ingresó bajo el régimen establecido por el Decreto N° 1439/96 (modificada por el Decreto 1330/04). Luego de transcribir lo estipulado por el art. 14 del mencionado Decreto, concluye que, al no haberse presentado el certificado correspondiente, el servicio aduanero no puede tener por acreditada la reexportación de la mercadería. Adiciona, a su vez, que ni ante el procedimiento llevado a cabo por el servicio aduanero, ni en el recurso de apelación de la Resolución en cuestión, la actora presentó prueba alguna que cancele la DIT denunciada.
Finalmente, en lo que concierne a la falta de competencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones y el IVA, luego de citar la jurisprudencia pertinente y de transcribir el art. 9 apart. 2° del Decreto N° 618/97, afirma que, detectada prima facie una posible infracción aduanera, la Aduana está facultada para iniciar la correspondiente investigación y condenar, si la conducta resultase típica. Por todo ello, solicita se confirme el decisorio aduanero en su totalidad, con expresa imposición de costas y la actora, y se rechace la excepción de la prescripción planteada.
IV. A fs. 48 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 62/101. A fs. 117 se cierra el periodo probatorio y a fs. 126 se elevan los autos a consideración de la Sala "G". A fs. 130 se ponen los autos a disposición de las partes para alegar. A fs. 139/142vta. obra el alegato del Fisco Nacional y a fs. 143/158vta. obra el alegato de la actora. A fs. 160 se pasan los autos a sentencia.
V. Mediante el examen de las actuaciones descriptas con anterioridad, se observa la necesidad de determinar si los actos imputados a la actora pueden ser considerados como una clara violación del régimen de importación temporaria y, como consecuencia de ello, ser objeto de la sanción correspondiente, sobre la base de lo estipulado por el art. 970 del C.A. No obstante, teniendo en cuenta la serie de cuestiones preliminares presentadas oportunamente por la actora, corresponde previamente analizar los argumentos presentados con relación a: a) la prescripción de la acción para imponer penas; b) la nulidad del acto administrativo mediante el cual se dictó el auto de apertura del sumario correspondiente y; c) la violación de la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional) y del derecho a obtener una decisión en un plazo razonable (art. 8 inc. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En este sentido, en un primer momento se llevará a cabo una descripción sucinta de los hechos involucrados, para luego centrar la atención sobre la determinación de la naturaleza jurídica, el alcance y posterior aplicación de las disposiciones mencionadas.
VI. Gracias a los elementos de prueba oportunamente presentados, se constata que el 18 de agosto de 2006 AGFA oficializó una importación temporaria (destinación de importación temporaria (DIT) 06 073 IT14 002504 X) de 2.000 kilogramos de plata en bruto, semilabrada o en polvo, para ser empleada en la elaboración de películas y placas para rayos X. Al tratarse de una operación realizada en el marco del régimen de destinación suspensiva de importación temporaria, se estableció el 22 de agosto de 2007 como fecha de vencimiento para la reexportación del producto final. No obstante, con el objetivo de cumplir con las obligaciones emergentes del mencionado régimen y cancelar la totalidad de la DIT, la actora terminaría por oficializar once (11) destinaciones de exportación a consumo durante el año 2006.
VII. Sin embargo, el 16 de octubre de 2012, la Sección de Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza – Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini labraría un acta de denuncia sobre la DIT mencionada con anterioridad (DIT 06 073 IT14 002504 X) por “[…] la infracción al régimen de destinación suspensiva del Código Aduanero y penado por el art. 970 [del mismo plexo normativo] […]” sin especificación alguna de los montos afectados, ni de las cantidades de mercadería involucradas (ver fs. 65 de las actuaciones administrativas). El 17 de octubre de 2012, la Sección citada remitiría las actuaciones correspondientes a la División Verificación con la finalidad de determinar el valor en aduana de la mercadería involucrada, y así estar en condiciones de calcular las multas y alícuotas pertinentes (ver fs. 69 ibidem). El 12 de diciembre de 2012, la División citada respondería inter alia que a “[…] la mercadería importada temporalmente mediante el DIT 06 073 IT14 002504 X le [correspondería]” un valor en aduana igual a U$S 584.189,95 (ver fs. 70 ibidem). Vale aclarar que este último importe se correspondía en su totalidad con el valor oportunamente detallado en la DIT en cuestión por el total de la mercadería importada (ver fs. 3 ibidem). Paralelamente, las actuaciones administrativas serían remitidas al Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros con el objetivo de “[…] aperturar el correspondiente sumario contencioso por [la] presunta infracción al art. 970 [del] CA […]” (ver fs. 73 ibidem). En respuesta a esta última solicitud, el Departamento anteriormente aludido dispondría, el 19 de diciembre de 2012, “[…] la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del [C.A.]” (ver fs. 75 ibidem). En esta oportunidad, se afirmaría que “[v]isto los hechos de autos por los que se da cuenta que la firma AFGA GEVAEST ARGENTINA SA […] habría documentado la situación de la mercadería al amparo de la DIT N° 06 073 IT14 002504 X, no siendo tipificada la cantidad de 895,86 kilogramos en el producto final de la Destinación N° 06 001 EC03 34447 K, hecho que configuraría prima facie la infracción prevista y tipificada en el art. 970 del Código Aduanero […]” (nuestro subrayado).
VIII. Con posterioridad a la apertura del sumario correspondiente, el 31 de marzo de 2017 (aproximadamente cuatro años y tres meses a posteriori del último acto administrativo), el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros decidiría citar y emplazar a la actora “[…] para que en el perentorio término de diez (10) días de notificada esté a derecho, evacue su defensa y ofrezca todas las pruebas que intente hacer valer, bajo apercibimiento de rebeldía […]”(ver fs. 77 ibidem). A su vez, luego de darle a conocer la posibilidad de obtener la extinción de la acción penal y el no registro del antecedente mediante el pago voluntario de la multa mínima ($ 555.214,13) dentro del plazo para contestar la vista, se le informaría el deber de integrar la suma de U$S 165.697,08, en concepto de derechos y demás gravámenes, y el importe de $ 608.635,58, en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Los montos mencionados con anterioridad serían calculado tomando como base el valor en aduana del total de la mercadería importada en forma temporaria (U$S 584.189,95) (ver fs. 76 ibidem). Paralelamente a esto, el 4 de abril de 2017, el mismo Departamento decidiría citar a la firma Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE), en su carácter de garante de la obligación tributaria, a los fines de tomar parte en el sumario bajo análisis y hacerle saber el monto de los tributos adeudados por la actora (ver fs. 83 ibidem).
IX. Tanto la aseguradora (fs. 88/89 vta. ibidem) como la actora (fs. 92/97 vta. ibidem) responderían las correspondientes vistas en legal tiempo y forma. En la presentación escrita efectuada, AGFA llevaría a cabo inter alia un análisis tendiente a determinar que, a diferencia de lo establecido por el servicio aduanero, sólo había permanecido en la República Argentina una cantidad de mercadería oportunamente importada bajo el régimen temporario igual a 150,35 kilogramos. En efecto, según lo expresamente manifestado por la actora, al momento de realizar la descarga de la exportación efectuada a través del permiso N° 06001EC03034447K, se debió haber utilizado la relación insumo-producto detalla en el certificado de tipificación (CTC) N° 339/06, donde se establecía una relación insumo/producto de 0,357 por cada 100 metros cuadrados del producto finalmente exportado por la NCM 3702.10.10, y no la especificada por el CTC N° 1002/00, donde se reconocía una relación insumo/producto de 0,429 por cada 100 metros cuadrados del producto exportado por la NCM 3702.10.10. De esta manera, al haberse declarado, mediante el permiso de embarque N° 06001EC03034447K, una cantidad de mercadería exportada igual a 208.827 metros cuadrados, la descarga arrojaría un total de 745,51 kilogramos de insumo utilizado (y no un total de 895,86 kilogramos) y, por consiguiente, se detectaría un saldo de 150,35 kilogramos de mercadería sin reexportar. Frente a este supuesto error, la actora llevaría a cabo una solicitud de rectificación del permiso de embarque en cuestión y así modificar el CTC declarado. No obstante, al no tener respuesta alguna por parte del servicio aduanero, AGFA presentaría la descarga de la importación temporaria sin corrección alguna sobre la relación insumo/producto utilizada. A los fines de fundamentar los argumentos presentados, la actora presentaría una variedad importante de elementos de prueba.
X. A pesar de lo mencionado con anterioridad, el Sr. Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la Resolución DE PRLA N° 6414 del 28 de agosto de 2017, terminaría por afirmar, entre otras cuestiones, “[q]ue, en virtud de lo informado por el área competente, no hay posibilidad [alguna] de establecer si de las cantidades importadas temporalmente, [la mercadería] resultó reexportada y/o nacionalizada en tiempo y forma […]; en este sentido, se señala que la administrada no ha podido comprobar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo con la documental invocada, ya sea reexportando o nacionalizando las mercadería en cuestión. Que, por lo tanto, no se observan elementos probatorios que acrediten la regularización de la temporal en trato, más aún si tenemos en cuenta que la carga de la prueba recae sobre la administrada; a su vez cabe resaltar que en este caso no se ha aportado la documentación necesaria y suficiente a fin de acreditar sus dichos, y más aún, no ha acudido a demostrar su falta de responsabilidad”. Posteriormente, luego de presentarse un análisis en torno al art. 970 del CA, se condenaría a la actora al pago de a) un primer monto igual a $ 1.110.428,26, en concepto de multa; b) un segundo monto igual a U$S 165.697,08, en concepto de derechos de importación, estadística e IVA y; c) un último monto igual a $ 608.635,58, en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
XI. Frente a los hechos descriptos, la primera cuestión preliminar a examinar es aquella vinculada con la prescripción de la acción para imponer penas. En efecto, según lo manifestado oportunamente por la actora, “[…] puede advertirse que […] la corrida de vista tuvo lugar el 31 de marzo de 2017, es decir, luego de transcurridos 4 años y tres meses desde el auto de apertura. [Esta circunstancia produce] una clara situación de abuso contra AGFA por parte del servicio aduanero que vulnera la garantía del debido proceso consagrada por nuestra Constitución Nacional en su art. 18 y por el art. 8 inc. 1° de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incorporada al art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna”.
XII. Según lo estipulado por el art. 934 del C.A., la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años. A su vez, a los fines de identificar el plazo mencionado, el art. 935 del mismo plexo normativo determina que aquel debería comenzar a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación. De esta manera, si en el sub examine la infracción al régimen de importación temporaria se constató con posterioridad al vencimiento del plazo otorgado para cumplir con la obligación de efectuar la reexportación correspondiente, es decir, luego del 22 de agosto de 2007, el plazo de prescripción de la acción para imponer penas comenzaría a correr a partir del 1° de enero de 2008 y vencería el 31 de diciembre de 2012. No obstante, de acuerdo con lo expresamente manifestado por el art. 937 inc. a) del C.A., la prescripción de la acción podría verse interrumpida como resultado del dictado del auto por el cual se ordenase la apertura del sumario, y sin tener en consideración la fecha en que tuvo lugar la notificación del mencionado acto administrativo. Consecuentemente, al retornar a los hechos involucrados en el caso bajo análisis, y al aplicar en forma literal lo dispuesto por el citado art. 937 del C.A., se observa que, a pesar de haberse corrido vista de las actuaciones recién el 31 de marzo de 2017, la prescripción de la acción se hubiese visto igualmente interrumpida al constatarse que el dictado del auto de apertura del sumario tuvo lugar el 19 de diciembre de 2012.
XIII. Frente a esta interpretación, no puedo dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exija que medie notificación de este para que surta sus efectos jurídicos propios. En ese entendimiento del asunto, correspondería aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
XIV. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”, sino de la entidad jurídica, es decir, de su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40).
La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
XV. En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas con relación a la destinación de importación temporaria 06 073 IT14 002504 X.
Oficialización de la importación 18/8/06 temporaria Vencimiento de la destinación 22/8/07 temporaria Inicio del plazo de prescripción 1/1/08 Acta de denuncia 16/10/2012 Instrucción de sumario 19/12/2012 Vencimiento del plazo de 31/12/2012 prescripción Liquidación de multa y tributos 28/3/17 Vista a la actora 31/3/17 XVI. Sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, considero pertinente analizar la segunda cuestión preliminar vinculada con la nulidad de la resolución mediante la cual se determina la apertura del sumario correspondiente. En efecto, de acuerdo con lo manifestado oportunamente por la actora, el mencionado acto administrativo carecería de los elementos establecidos por el art. 1094 del C.A. Según lo estipulado por la citada disposición, “[e]n la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder o de los importes que el Fisco hubiere pagado indebidamente en virtud de los regímenes de estímulos a la exportación, cuya restitución se reclamare, según el caso; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
XVII. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
XVIII. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A. En determinadas circunstancias, este consideraría no tener sentido alguno declarar la nulidad del acto de apertura del sumario ya que, al encontrarse reunidos los elementos necesarios para efectuar el análisis de la infracción, los requerimientos normativos se estarían interpretando de una manera ritual (TFN, Sala G, 27/12/2011, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, TF 27.435-A; TFN, Sala G, 31/05/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación, TF 27.173-A). En otra oportunidad, el TFN declararía nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido principalmente a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justifica su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura (ibid.). De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían violados los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros) (ibid.). Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XIX. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo bajo análisis no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder (ibid.). Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (nuestra cursiva) (ibid. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XX. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente.
Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaró específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizó de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizó la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.
(TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012). En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”.
(CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XXI. Retomando el texto del auto de apertura del sumario del 19 de diciembre de 2012, se puede llegar a leer lo siguiente: “[v]isto los hechos de autos por los que se da cuenta que la firma AGFA-GEVAERT ARGENTINA SA (CUIT N° 30-50262193-5) habría documentado la situación de la mercadería al amparo del DIT N° 06 073 IT14 2504 X, no siendo tipificada la cantidad de 895,86 kilogramos en el producto final de la Destinación N° 06 001 EC03 34447 K, hecho que configuraría prima facie la infracción prevista y tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, [se dispone] la instrucción del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del citado texto legal. Asimismo, [se remite] los actuados a la Sección Administrativa de la Aduana de Ezeiza a fin de que se sirva agregar copia certificada de la póliza de seguro de caución que según el SIM fue otorgado por la firma imputada con relación a la Destinación objeto de autos” (fs. 75 de la actuaciones administrativas). Del texto transcripto se puede observar que, si bien se presentó una descripción sucinta de los hechos involucrados y constitutivos de la infracción del art. 970 del C.A., no se dispuso ni la verificación de la mercadería en cuestión, ni su clasificación pertinente (art. 1094 inc. b) del C.A.). Tampoco se requirió la liquidación de los tributos que pudieran corresponder (art. 1094 inc. d) del C.A.). Esto último recién se dispondría el 28 de marzo de 2017. De esta manera, al no haberse dispuesto la medidas exigidas por la disposición bajo análisis, el acto de apertura del sumario correspondiente se encontró viciado en sus elementos de validez (art. 7 de la ley 19.549) y se tornó nulo de nulidad absoluta (art. 14 de la ley 19.549) e ineficaz a los efectos de suspender la prescripción de la acción para el cobro de la multa y tributos correspondientes; prescripción que por ello se cumplió el 31 de diciembre de 2012.
XXII. Atento a lo mencionado con anterioridad, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los considerandos XVI a XXI de la presente.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A. con relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación 06 073 IT14 002504 X por la firma AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A., en los términos de los arts. 803 y conc y 934 y conc. del C.A.
3. Con costas al Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los considerandos XVI a XXI de la presente.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A. con relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación 06 073 IT14 002504 X por la firma AGFA GEVAERT ARGENTINA S.A., en los términos de los arts. 803 y conc y 934 y conc. del C.A.
3. Con costas al Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. [1] El Acuerdo de Facilitación del Comercio entraría en vigor el 22 de febrero de 2017. No obstante, recién pasaría a ser obligatorio para la República Argentina a partir del 22 de enero de 2018, fecha en que nuestro Poder Ejecutivo llevó a cabo el depósito del correspondiente instrumento de aceptación ante el organismo internacional. [2] Destinaciones de exportación a consumo N° 06001EC03034447K, 06001EC03034558N, 06001EC03034762K, 06001EC03034889U, 06001EC03035025D, 06001EC03035188N, 06001EC03036681M, 06073EC03011582Y, 06073EC03011617N, 06073EC03011904M y 06073EC03012026X.
[3] En efecto, la actora presentaría como prueba documental: 1) copia del despacho de importación temporaria N° 06073IT14 002504X; 2) copia de las siguientes operaciones que cancelan la DIT objeto del presente sumario: 06001EC03034447K, 06001EC03034558N, 06001EC03034762K, 06001EC03034889U, 06001EC03035025D, 06001EC03035188N, 06001EC03036681M, 06073EC03011582Y, 06073EC03011617N, 06073EC03011904M y 06073EC03012026X; 3) impresión de pantalla de “Mis operaciones aduaneras - Seguimientos de destinaciones suspensivas-detalle”, donde surge el detalle de las cancelaciones que la DIT en cuestión y que ésta se encuentra con saldo cero “0”; 4) impresión de pantalla de “Mis operaciones aduaneras – Declaración detallada – Estados”, donde surge el detalle de las operaciones de exportación e importación definitiva que cancelan la DIT de marras;
5. copia de la Certificación de Tipificación y Clasificación (CTC) N° 339/06 y 1002/00; 6) Documentación en poder de la Aduana: gírese el expediente al área que corresponda de la Dirección General de Aduanas a fin de que se agregue la presente sumario copia fiel y completa de todos los permisos de embarque y despachos de importación que cancelan la DIT objeto del presente sumario; 7) copia del expediente SIGEA N° 13289 -29492- 2007, por el cual se tramitó la rectificación del permiso de embarque N° 06001EC03034447K; 8) sin perjuicio del a prueba documental presentada, se solicitó se agregue al expediente la totalidad de las carpetas contenedoras de los permisos de embarque y despachos de importación involucrados en el presente sumario.
Date: 2023.08.10 14:21:26 ART Date: 2023.08.10 16:23:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.10 18:55:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.10 18:56:20 -03:00
Fin de la sentencia