Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 27.941
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, se confirma, por los argumentos aquí desplegados, y en lo sustancial que decide, la sentencia de fecha 19/04/2024;
2Se determina que la mora en autos se ha producido el 1/04/2019, fecha desde la que deberán aditarse los intereses fijados por el primer juzgador, hasta el efectivo pago;
3Se imponen las costas por la incidencia de falta de legitimación activa en el orden causado;
4Se imponen las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCC).
Causa Nº27941.
AGLUC EMPRENDIMIENTOS SA C/ HEGUILOR GUILLERMO JULIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO).-
En la ciudad de Quilmes, reunido en Acuerdo ordinario el Sr. juez de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Dr. Diego DE ROSA, integrando en este acto con el Sr. juez miembro de la Sala Primera, Dr. Gabriel Pablo ZAPA, con la presencia de la señora Secretaria, Doctora Tatiana Kolesnik, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa Nº 27941 caratulada "AGLUC EMPRENDIMIENTOS SA C/ HEGUILOR GUILLERMO JULIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes
1ra.) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley (art. 263 última parte del CPCC) dio el siguiente orden de votación: Doctores Diego De Rosa y Gabriel Pablo Zapa. A la primera cuestión el Doctor Diego De Rosa dijo:
1. La sentencia de fecha 19/04/2024 hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios fuera promovida por Agluc Emprendimientos S.A contra Guillermo Julio Heguilor y Claudia Beatriz Borzi, y los condenó a abonar al accionante la suma de $ 496.700, con más intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días según los distintos períodos de su aplicación desde la fecha de mora, que fijó el 2 de Octubre de 2022, hasta el efectivo pago; y les impuso las costas a los accionados. Contra dicho pronunciamiento interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora el 20/04/2024, y los demandados el 30/04/2024. Agravios de la parte actora 1.1) La accionante, en su memoria de fecha 28/05/2024 -replicada por la contraria el 26/06/24, requiriendo la deserción del recurso-, esencialmente se queja de la fecha tomada en cuenta para el comienzo de la mora, esto es, la fecha en que fue presentada la pericia por el Ingeniero Civil, quien determinó los daños habidos en su inmueble, considerando que "... sin ninguna duda el daño, no se produjo desde el momento en que se señala en la sentencia parcialmente criticada, todo lo contrario, como mínimo debería de tenerse en cuenta las cartas documento enviadas, esto es el 1 de abril de 2019, cuando mi representada advierte la necesidad de solucionar el problema que se presentaba en su inmueble".
Indica que el experto "... concluye en la producción del daño por y con motivo de los árboles y demás floración existente en el fundo vecino al de mi representada, los que difícilmente puedan haberse producido el día que señala la sentencia [el de presentación del dictamen pericial], por lo que entiende mi representada en dicho punto la resolución debiera de ser revocada, por cuanto la prueba pericial vino a demostrar una situación de hecho que ya existía y que había producido el daño al fundo de mi representada".
"En suma, los daños y perjuicios que se provocaron al inmueble de mi representada, se vienen reclamando desde el año 2019, fecha en que se produjo el perjuicio al fundo de mi representada... Entonces, los intereses moratorios se deben aplicar desde la ocurrencia del evento dañoso... momento en que el perjuicio o su reparación fue notificado a la aquí parte codemandada, esto es, desde el 1 de abril de 2019".
Como corolario, requiere se modifique el fallo recurrido.
Agravios de la parte demandada 1.2) Por su parte, los demandados, en sus agravios del día 8/07/24 -replicada por la contraria el 11/07/24, requiriendo también la deserción del recurso-, critican el decisorio, en primer término, "...respecto de la Defensa de falta de legitimación activa opuesta por esta parte al contestar la demanda de autos, excepción que ha sido rechazada -con costas- venimos a oponernos a tal imposición, en virtud de que al iniciar demanda la parte actora no acreditó de modo alguno ser titular de dominio del inmueble en cuestión. Por lo cual, al contestar demanda (30/08/2021) desconocíamos los demandados dicha titularidad que recién se acreditó mediante informe de dominio que se agregó el 25/09/2023, tal cual consta en autos. En atención a ello, solicitamos se revoque la imposición de costas en tal sentido". De su lado, continúan su queja por cuanto el juzgador tuvo "... por acreditada la relación de causalidad, atribuyendo responsabilidad objetiva a esta parte, en la producción del evento dañoso... sustentando su postura en los Informes Periciales producidos en autos por los Peritos Ingeniero Civil e Ingeniera Agrónoma, sin que trascendieran las deficiencias que surgen de sus contenidos" cuando, a su entender, "... contrariamente a lo sostenido en la sentencia recurrida, no quedó acreditado, ni siquiera mínimamente, la relación de causalidad imputada entre la cosa supuestamente riesgosa, en el caso las raíces/ramas/hojas de las especies arbóreas existentes en el lote de terreno de los aquí demandados, y los daños materiales sufridos por el inmueble de propiedad de la actora".
"En tal sentido, debió haber atendido el Juez inferior que de ninguno de los Informes Periciales producidos por la Ingeniera Agrónoma Carmela María DI LEO y el Ingeniero Civil Marcelo Oscar MORALES se desprende con mínima certeza que los daños supuestamente verificados hayan sido provocados por la supuesta invasión de especies arbóreas, por medio de sus raíces o ramas, sobre el terreno de la actora o como consecuencia de la caída de hojas o ramas, producto de su poda, o de los fuertes vientos que en muchas oportunidades azotan la zona", pues "... ninguno de los dos peritos realizaron mínima actividad exploratoria en los terrenos contiguos, el de la actora y el de los demandados, a fin de verificar la presencia e invasión de las raíces de los árboles cuestionados. Súmese a ello que la ingeniera agrónoma ni siquiera ingresó a nuestro inmueble...".
Agregan que "... de ninguno de los informes periciales de ingeniería se desprende una explicación mínima detallada de las supuestas operaciones realizadas y de los principios científicos en que fundaran sus opiniones los auxiliares, tal como lo manda el art. 472 del CPCC". "Es más, no pudo pasar por alto el Juzgador de la instancia inferior, por caso, lo informado por el Perito Ingeniero Civil Morales en su respectivo dictamen al referir a los hechos de manera potencial, como probables, sin demostrar certeza alguna sobre el origen o causa de los daños acogidos en sentencia"; "No hay ninguna foto en todo el informe que muestre algún lugar donde alguna enredadera haya invadido “la terraza o techo”, y lo grave es que promete mostrarlo". " Al respecto, nos remitimos al escrito de impugnación presentado por esta parte con fecha 19/10/2022".
"Ninguna foto prueba daño estructural en la cocina, ni en ningún otro ambiente del inmueble de la actora".
Critican que se haya considerado que el daño es "... consistente con árboles cercanos... increíble la fundamentación científica del perito ingeniero civil, parece que para sacar conclusiones el perito no necesita ni mostrar fotos, ni citar bibliografía y, como se viene expresando, dictamina, no demuestra, concluye".
"Resumiendo, en la respuesta al informe pericial del ingeniero civil se demostró que el mismo busca fundamentalmente confundir y omitir verdades. Se mostró que el Informe pericial no presenta ni prueba de daño en la casa de la actora, ni prueba de correlación de daño entre la casa de los demandados y la casa de la accionante".
"No hay prueba (como se dijo en la respuesta a la Perito agrónoma) de que las hojas que ella fotografió sobre el techo de plástico del quincho-lavadero provengan de los árboles de los demandados. No hay ni una foto-prueba de los techos, no hay foto-prueba de los desagües (ni tapados ni destapados); no hay prueba de existencia de membrana". "No hay fotos-prueba de hojas sobre ninguna parte. Y si hubiera hojas en algún lugar, no hay fotos-prueba, habiendo en la zona muchos ÁRBOLES y entre ellos los SIN PODAR DURANTE VEINTE AÑOS, DE 23 METROS DE ALTURA testificados en este informe, de que las hojas provengan de los demandados. Solamente hay prueba de que habiendo enredadera no hay humedad en el living-comedor. La única prueba fotográfica de esta pericia da la razón a los demandados. Los demandados no dañaron nunca la vivienda de la actora".
Por ello, solicitan "... que V.E. revoque la sentencia recurrida, en todas sus partes, y disponga el rechazo de la demanda incoada en autos". Desde otro vértice, continúan su crítica preguntándose "... de qué forma se determinó, por parte del Perito Ingeniero Morales la cuantificación del costo de las reparaciones a realizar en la vivienda de la actora, cuya cuantía fuera acogida sin reparos en la sentencia impugnada".
"Nos preguntamos, cómo es posible que el Juzgador de grado no haya considerado que tal apreciación del experto resulta absolutamente insostenible a la luz del art. 472 del CPCC., al haber prescindido de una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que fundasen ambos Ingenieros su opinión". "Por último, la disconformidad de esta parte con la sentencia recurrida se sustenta en la arbitraria interpretación de los hechos con relación al estado material de la vivienda de la actora, frente a la preexistencia de los daños acogidos en sentencia, de antigua data y, consecuentemente, anteriores a la fecha del reclamo de autos".
"El perito ingeniero civil claramente explicita en su informe que el inmueble de la actora presenta humedad, falta de pintura y demás irregularidad que se aprecian en la mayoría de las fotos, como explicamos antes, lo cual no ha sido tenido en cuenta por el sentenciante de grado, ya que las mismas no han sido provocadas por ningún árbol o enredadera de nuestro fundo".
"Resulta absurdo e injusto claramente que nosotros -demandadosdebamos soportar económicamente las deficiencias de construcción y mantenimiento que presenta el inmueble de la parte actora, el que -por otra parte- se encuentra deshabitado, ya que la Sra. Presidente de la sociedad actora no vive en dicho lugar".
"En el caso de autos, las Periciales de Ingeniería Civil y Agronómica resultan desnudas de toda comprobación empírica, sustentadas sólo en la vaga opinión de los expertos, cuando las mismas debían tener soporte científico, de modo de suministrar al Juez los elementos conducentes sustento de sus conclusiones, mediante la utilización de palabras claras y convincentes que permitieran su comprensión y razonamiento".
Finalmente, requieren de "... V.E. acoja el recurso de apelación de esta parte demandada y disponga la revocación de la sentencia impugnada, rechazando la demanda en todas sus partes, con costas".
Tratamiento de los agravios 2) Como preludio de la solución a la que habré de arribar en posteriores líneas, atento que ambas partes han solicitado recíprocamente la deserción de sus recursos interpuestos por insuficiencia argumental, pondero -luego de meritada lectura de ambas expresiones de agravios- que las piezas recursivas cuestionadas reúnen los recaudos mínimos que posibilitan su tratamiento (art.260 CPCC), máxime, teniendo en cuenta el criterio amplio y flexible que debe imperar en el análisis de la carga técnica de expresar agravios, por hallarse en juego, en tales casos, el sustancial derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional (art.18 CN, Loutayf Ranea R."El recurso de apelación ordinario en el proceso civil" T.1, Ed. Astrea 1989, pag. 275 y sig.).
3. PUESTO A RESOLVER, comienzo recordando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, pág. 825).
En su mérito, no habré de seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto.
Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. pág. 971, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).
A ello creo dable agregar que, planteados los recursos de apelación, el Tribunal de Alzada asume la plenitud de la jurisdicción sobre aquellos puntos que han sido objeto de apelación, es decir, sus facultades para decidir las cuestiones propuestas son amplias como las que tenía el juzgado de grado. Claro está que las limitaciones a esta amplitud de conocimiento constituyen la excepción (Loutayf Ranea Ob. cit. pag. 76, art. 272 del CPCC).
4. Responsabilidad - tratamiento.
4.1. Preciso es comenzar destacando que la parte actora ha reclamado por daños causados en su propiedad, sita en la calle Videla 620 de esta Ciudad de Quilmes, por árboles plantados indebidamente en el fundo lindero perteneciente a los demandados, sito en calle Videla 616 del mismo medio (ver fs. 53 y sstes.).
Los accionados, en su conteste, resistieron el reclamo, sindicando que los árboles se encuentran plantados en debida forma, y aclararon que, luego de la mediación del caso, retiraron un álamo y descoparon otros dos árboles (ver fs. 157 y sstes.).
El reclamo llega receptado por el primer juzgador, y resistido por los demandados, por lo que razones de orden lógico, me llevan a abordar en primer término los agravios allegados por ellos, en torno a la responsabilidad que les fue endilgada.
4.2. Más allá del encuadre jurídico adoptado por el juzgador de grado, asentado en la responsabilidad objetiva por el vicio o riesgo de las cosas (art. 1757 del CCCN), considero que el entuerto debe enmarcarse liminarmente en lo preceptuado por el art. 1716 del Digesto de fondo que dispone que, cualquiera sea la fuente de la responsabilidad (el incumplimiento de obligaciones, o la violación del deber general de no dañar) serán aplicables, en principio, las mismas reglas.
Es que resulta sabido que la violación del deber de no dañar a otro (alterum non laedere), o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado (ver doctrina del art. 1716 del CC y CN en Alterini Jorge H., "Codigo Civil y Comercial Comentado... T VIII" Ed. La Ley 2015, pag. 29 y sigs.)
4.2.1. Puntualmente, dada la plataforma fáctica presentada en autos, estimo que debemos acudir al Capítulo 4, Título III del Libro IV del Código fondal que regula los "Límites al dominio", particularmente aquellos impuestos en razones de vecindad, pues es conocido que el uso y goce de inmuebles vecinos debe enmarcarse dentro de una pacífica convivencia, siendo que las diferencias que entre ellos se generen, han de ser zanjadas teniendo en cuenta los limites dentro de los cuales deben ejercerse las facultades de los titulares dominicales a fin de que la institución cumpla sus fines individuales, económicos y sociales (art. 1970 CC y CN)
Dada la amplitud de facultades inherentes al derecho de dominio, los vecinos deben soportar ciertas molestias en la medida que deriven del ejercicio regular del derecho de propiedad y no fueran ejecutadas en forma abusiva. Claro está que esta obligación de soportar molestias tiene un límite: la normal tolerancia, pues cuando se excede dicho límite, aparece la restricción, que es independiente de la idea de culpa (art. 10, 1941 CCCN, Gurfinkel de Wendy L. " Derechos Reales" T.1, Ed. Abeledo Perrot 2015, pag. 421).
Ello así, por cuanto si bien el art. 17 de la Constitución Nacional garantiza la propiedad, ello no significa que ese derecho, como los demás reconocidos, no tenga sino que ser gozado conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 14 CN). En ese marco, y como se anticipara, el dominio no está exento de límites. Por ello y sin dejar de ser un derecho real absoluto, cabe remarcar que se encuentra condicionado por una gran cantidad de normas, no solo del código sino también de otros ordenamientos, incluso locales, que ponen un coto a las facultades de su titular .
4.2.2. A lo expuesto, cabe agergar que dentro del concepto de molestias que puedan ocasionarse entre vecinos, se ha distinguido aquellas inmisiones directas, o mas comunmente llamadas materiales; y aquellas indirectas o inmateriales (aquellas causadas por penetraciones que sufre una finca proveniente de elementos no corporeos: humo, olor, luminosidad, fibraciones etc.)
4.2.3. No caben dudas que, atento el reclamo actoral, nos encontramos en el presente proceso frente a un caso de inmisión material.
4.3. En ese sentido, y ya más especificamente, el art. 1982 del CCCN edicta que "El dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos u otras plantas que causen molestias que excedan de la normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo". Es claro que se trata de una cuestión fáctica que habrá de meritarse en cada caso.
4.4. Sentado cuanto precede, no puedo dejar de señalar que, claramente, la parte actora ha entendido excedida la normal tolerancia en cuanto a la existencia de árboles en el inmueble lindero y, con tal motivo, ha iniciado el reclamo a los demandados.
Tal es así, que la misma parte demandada ha reconocido, al contestar la acción que luego, de la mediación, ha podado un árbol y descopado otros dos.
Más reconocimiento del exceso en la normal tolerancia no puede pedirse, pues nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (arg. SCBA LP p 137668 S 21/03/2024, entre varios en igual sentido).
4.4.1. Cuando las molestias por este tipo de inmisión material que causa un vecino a otro, sin llegar a ser antijurídicas pudieren calificar de agresiones propias de un uso en demasía y que excediere las incomodidades ordinarias de la vecindad, tipifican el denominado acto excesivo del cual emana la responsabilidad.
Cierto es que la responsabilidad, ya sea con fundamento en el uso abusivo o antifuncional de los derechos, o que deriva del principio general de la responsabilidad objetiva, no exige elemento subjetivo alguno a título de dolo o de culpa; de consiguiente la responsabilidad no nace porque el acto esté prohibido, sino porque está vedada la ejecución u omisión de conductas que puedan interferir en la esfera patrimonial o moral de otra persona, lo cual es así en virtud de que la ejecución de una actividad lícita no conlleva la licitud de todas las consecuencias resultantes, ni legitima indiscriminadamente todos los perjuicios causados ( art. 1722 CC yCN; conf. args CC DO 84499 RSD-6-7 S,16/02/2007, Juez HANKOVITS (SD)
4.5. Ahora bien, el reclamo en sede administrativa iniciado por la actora, ha continuado en esta vía judicial, con la traba de la litis que se mencionó.
En ese camino, la prueba esencial de autos es la que surge de las dos pericias producidas: una, presentada por la Ingeniera Agrónoma; la otra, por el Ingeniero Civil.
La Ing. Agrónoma DI LEO, en su dictamen del 8/04/22 dejó asentado, esencialmente, que en la propiedad de los accionados existe un palo borracho y otro árbol que "Juntos, conforman un macizo arbóreo de unos 13 metros de diámetro de copa y 20 metros de altura", y que "En relación al árbol identificado, ... debido a sus dimensiones... Sus raíces también podrían producir afectación".
Especificó también que "Al identificar la medianera, se puede visualizar la invasión existente por parte de los árboles plantados en el inmueble identificado como Nicolás Videla 616 en el inmueble identificado como Nicolás Videla 620".
4.5.1. Más allá de las observaciones presentadas por la parte demandada el 22/04/22 -puntualmente en torno a que no ingresó a su inmueble y a que la experta adjuntó una imágen satelital del año 2005, muy previa a los hechos por los que se reclama- considero que lo observado "de visu" por la misma, en el marco que estas actuaciones requiere, resulta suficiente para abastecer la sana crítica en el punto (arts. 375 y 474 CPCC).
4.5.2. Por su parte, el 2/10/22 fue presentado el dictamen del perito Ing. Civil MORALES, quien se constituyó en ambos inmuebles a efectos de realizar la tarea que le fuera encomendada. En lo sustancial -más allá de menciones en cuanto a la existencia de una enredadera que traspasaría los límites y habría ingresado al inmueble de la accionante, y de hojas y ramas que se acumulan y podrían provocar humedad en el techo del quincho-, apuntó que en el muro de la cocina de la accionante observó fisuras horizontales y a 45°, lo que indica movimientos de la tierra bajo cimientos, consistentes con árboles cercanos y sus raíces, pues no hay otros agentes en la zona capaces de provocarlas.
Detalló cada una de las reparaciones que deberían realizarse en el inmueble con motivo de esos daños, y señaló sus costos, los que totalizan la suma de $ 496.700, a la fecha de presentación del dictamen.
4.5.3. Si bien los accionados impugnaron dicha pericia el 19/10/2022, mayormente su crítica apunta -al igual que en los agravios allegados a esta Alzada- a indicar la falta de fotografías que comprueben los dichos del perito, cuando las imágenes no son el único fundamento del saber del experto.
Así, incluso ponderando los cuestionamientos de los demandados, entiendo que el dictamen me allega la convicción mínima requerida por el principio de la sana crítica (arts. 375 y 474 CPCC) para tomarlo en cuenta. Máxime ante la carencia de prueba que, científicamente, indique lo contrario.
4.6. De lo expuesto hasta aquí, cabe válidamente concluir que se ha acreditado que los demandados poseen árboles que causan molestias a la parte actora, las cuales entiendo, exceden la normal tolerancia, por cuanto han generado daños en su propiedad, incluso luego de podados otros existentes, por lo que el deber de no dañar a otro ha sido infringido, considerando, al igual que lo ha hecho el juzgador de la instancia anterior, que la causa ajena para eximirse de responsabilidad por parte de los demandados no se ha acreditado (art. 1716, 1722 y 1982 CC y CN) Corolario de ello es que el recurso de la parte demandada no puede ser admitido, y la sentencia, en tanto atribuye responsabilidad a los demandados, en el marco de lo reclamado, esto es, los daños materiales debe ser confirmada.
5. DAÑOS MATERIALES. MORA.
Es del caso, ahora, destacar que la partida indemnizatoria reclamada por daños materiales, concedida por el primer juzgador, no llega cuestionada a esta sede revisora en su procedencia o cuantía, ni en la tasa de interés a aplicar, mas sí en cuanto al dies a quo tomado en cuenta para el cómputo de los accesorios.
En el punto, debo señalar que el curso de los intereses comienza con la producción de cada perjuicio (art. 1748 CCCN).
Aquí, efectivamente, la parte actora ha reclamado vía carta documento a los demandados por los perjuicios que entendía ocasionados en su inmueble (v. CD de fs. 18 y 19 e informe del Correo Argentino agregado a tramite de fecha 20/5/2022).
Por lo tanto, considero que ha sido el día en que quedaron emplazados de dicha intimación, el 1/04/2019, el que determina cuándo deben empezar a correr los intereses moratorios, pues ha sido en esa fecha cuando entiendo razonable y objetivamente los actores pusieron de manifiesto que las molestias ocasionadas comenzaron a exceder la aludida normal tolerancia, y, los accionados tomaron conocimiento del reclamo (arg. art. 1748 CCCN).
Corolario de ello es que la incuestionada tasa de interés fijada por el primer juzgador deberá aplicarse desde la fecha de mora, ocurrida el 1/04/2019, y hasta el efectivo pago, lo que así propongo modificar al decisorio puesto en crisis.
6. COSTAS POR LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA.
La parte demandada cuestiona la imposición de costas en su contra por el rechazo de la defensa de falta de legitimación activa que oportunamente opuso.
De la lectura de las actuaciones emana que recién con fecha 25/09/2023 la parte actora adunó el correspondiente informe de dominio que acredita la titularidad que posee sobre el bien inmueble por el que reclamó reparación de daños, mientras que la defensa se opuso al contestar la acción, el 30/08/2021.
Por lo tanto, los accionados no contaban con la documentación respaldatoria del caso al momento de ejercer su defensa, lo que me lleva a decidir que las costas impuestas por esta incidencia deban modificarse, debiendo ser distribuidas en el orden causado (arts. 68, 69, 71 y cctes. CPCC), lo que así propicio al Acuerdo.
Con el alcance referido, a la primera cuestión, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma primera cuestión el Dr. Gabriel Pablo Zapa, por compartir argumentos vota en igual sentido.
A la segunda cuestión planteada el Dr. Diego De Rosa dijo:
En atención al Acuerdo alcanzado corresponde:
1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar, por los argumentos aquí desplegados, y en lo sustancial que decide, la sentencia de fecha 19/04/2024.
2. Determinar que la mora en autos se ha producido el 1/04/2019, fecha desde la que deberán aditarse los intereses fijados por el primer juzgador, hasta el efectivo pago.
3. Imponer las costas por la incidencia de falta de legitimación activa en el orden causado (arts. 68, 69, 71 CPCC).
4. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO
A la misma segunda cuestión, lel Dr. Gabriel Pablo Zapa por consideraciones análogas VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
1. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, se confirma, por los argumentos aquí desplegados, y en lo sustancial que decide, la sentencia de fecha 19/04/2024;
2. Se determina que la mora en autos se ha producido el 1/04/2019, fecha desde la que deberán aditarse los intereses fijados por el primer juzgador, hasta el efectivo pago;
3. Se imponen las costas por la incidencia de falta de legitimación activa en el orden causado;
4. Se imponen las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 CPCC).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE a través de la remisión de copia digital cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (art. 11, Reglamento para la notificación por medios electrónicos, Ac. SCBA. 3845/17 modif. por Ac. 3991/20). Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia