Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1 Revocar la Resolución 44/2006 (D.G.A.), dictada en el trámite de las Actuaciones SIGEA N° 12434-16-2004 (Ex 055/122/03) y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa impuesta a la firma AGRÍCOLA TARANTO S.A.
2 Costas a su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-103479173-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Septiembre de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “AGRÍCOLA TARANTO S.A. s/ recurso de apelación”, expediente N° TF 26.122-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 1/76vta. la firma AGRÍCOLA TARANTO S.A. se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 44/2006 (D.G.A.) del 28/04/2006, notificada el 22/04/2009, recaída en las Actuaciones 055/122/03, por las cuales se resuelve condenar a la actora por la comisión de la infracción al art. 954 inc. c) en concurso ideal con el art. 995 del Código Aduanero, al pago de multa igual a tres veces el valor de la diferencia del importe pagado. Manifiesta que con fecha 14/01/2002 oficializó la destinación Exportación en Consignación 02 055 ESOI 000042N, declarando el envío al exterior de Uvas frescas, P.A 0806.10.00.910E de origen sanjuanino, a un valor unitario de U$ 0.7981, con un valor FOB Total de U$ 18.995,00. Y, con fecha 20/09/2002, oficializó la destinación a Consumo definitiva de la mercadería enviada en consignación con el número 02 055 EC07 000079N, declarándose un valor unitario de U$ 0.4286.-, y un valor FOB Total de U$ 10.200,68, adjuntando en dicha oportunidad la Factura N°0001-00000007 del 19/09/2002, emitida por AGRÍCOLA TARANTO y dirigida a Kolla Hamburg Overseas por el total declarado, dando así cumplimiento, a su entender, con el régimen establecido en el Decreto N° 637/1979. Agrega que, como medida para mejor proveer, se libra oficio al banco que reporta el ingreso de las divisas, el Banco Nazionale del Lavoro, el que informa que “el ordenante de la orden de pago N° 240-01780 por usd. 10.200 liquidada el 24/05/2002 fue Koella + CO. INH. Hoffman + Partner – Portafch 3000BERN 6” (adjunta copia), confirmando, así, lo declarado en la destinación oportunamente presentada. Pero que luego se produce el Dictamen N° 73/2066 y, así sin más, se emite el acto administrativo apelado en autos.
Sostiene la inexistencia de declaración inexacta dado que el precio por el cual se habría vendido la mercadería sería el de la transacción, siendo “el valor realmente ingresado y debidamente cobrado… el efectivamente declarado”. Afirma que el ajuste de valor tiene por objeto recomponer una base imponible a los efectos tributarios, y advierte que la destinación en trato no estaba gravada con derechos de exportación, por lo que resultaría improcedente llevar a cabo un ajuste de valor. Enfatiza la inexistencia de daño o eventual perjuicio al Fisco. Entiende que no hubo una “desnaturalización del régimen de envíos en consignación” -de lo cual, según el servicio aduanero, sería prueba contundente el hecho de que el comprador fuera la misma firma a la que se habría remitido la mercadería en consignación, indicando con ella que la venta ya estaba pactada-, por cuanto el Decreto N°637/1979 no prohíbe tal transacción y porque el Régimen de envíos en consignación, a su entender, se habría creado a los efectos de promover las exportaciones. Cita jurisprudencia. Aclara que en toda operación de exportación en consignación los importes que se declaran son tentativos, especialmente en frutas, de allí que sería irracional y apartado de toda lógica pretender que el exportador le asegure al servicio aduanero el precio al que en definitiva venderá el producto. Considera que no se lo puede punir por haber realizado un mal negocio, o en el mejor de los casos un negocio, puesto que estaría fuera del análisis y exégesis valorativa que pueda hacer la Aduana. Entiende que el fisco tiene vedada la posibilidad de ampliar los tipos penales infraccionales en esta materia, resultando el de autos, a su entender, un caso de incriminación por analogía. Opina que la remisión que se hace en el art. 6° del decreto 637/79 no tiene virtualidad alguna para la decisión de la causa, pues llegaría, en el supuesto de entenderlo como descripción de hecho punible, a una violación del principio de legalidad, ya que no aparece en el Código Aduanero norma penal en blanco que remita su contenido a las reglamentaciones administrativas en la materia. Cita jurisprudencia. Tacha de improcedente el concurso ideal de las dos infracciones impuestas, esto es, la prevista en el art. 954 inc. c) y la del 995 CA, por incongruente. Agrega que la infracción del art. 995 es residual y aplica “…cuando el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código...”.
Advierte de un error en el cálculo de la multa. Entiende que la presunta diferencia de valor ascendería a $13.715.- siendo el total de la multa igual a $13.715.- y no el intimado en la Resolución 44/2006 ($ 41.216,85.-). Solicita se ajuste de pretensión al importe que por derecho le corresponde. Subsidiariamente, argumenta la existencia de buena fé, entiende aplica a autos el principio consagrado en el art. 898 CA y lo dispuesto por los art. 915 y 916 CA. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva de Caso Federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas. II A fs. 85/92vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido y luego de hacer una negativa genérica se explaya sobre los actuados aduaneros.
Expone que las presentes actuaciones se originaron a raíz de la denuncia formulada, por la División Fiscalización de Operaciones Aduaneras de la Dirección Regional Aduanera Mendoza, como resultado del estudio de valor practicado sobre la operación de importación amparada con la destinación N° 02 055 ECO7 79N, a través del control de valor y luego del análisis de mercadería idéntica y similar, no considerándose aceptable el valor declarado en conformidad con el art. 748 del C.A. Destaca que el agraviado no presentó, oportunamente, documentación probatoria de los valores documentados, actitud que habilitó a la apertura del sumario contencioso en trato. Manifiesta que el fundamento del decisorio recurrido es el Informe Técnico de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación, área especializada en la temática, donde se advierte que “1) llama la atención que para el período en estudio se utilizó el Régimen de Exportación en Consignación de una manera poco habitual, con ello queremos significar que prácticamente su uso [es] poco habitual y sorpresivamente para la temporada de 2001 principios de 2002 la mayoría de los exportadores de esta mercadería documentó sus operaciones bajo este régimen.
Es llamativo que justo coincide 'que comienzan a utilizarlo cuando' se producen cambios significativos en la economía nacional. Recordemos que se instrumenta la obligatoriedad del ingreso de divisas, se libera el dólar, se establecen derechos de exportación, etc…2)...existiendo documentación que acredita el comprador un destino de la mercadería desde el momento que ésta egresa del país, puede inferirse que la venta existía con anterioridad. Por lo que ponemos en duda si el régimen optado por el exportador era procedente, atento que el espíritu del Régimen en Consignación, el de abrir nuevos mercados, se abría desvirtuado, ya que el comprador estaba definido desde el momento del egreso de la mercadería del país”.
Sostiene que la actora no aportó en todo el sumario contencioso ni en la presente acción elementos probatorios que acrediten fehacientemente que el precio vendido fuera el idóneo en productos de este tipo y el motivo por el cuál un producto perecedero permaneció ocho meses en el exterior con el mismo operador y porqué se realizó la venta antes y se llegó al extremo de casi regalar el producto. Advierte que ninguno de los medios de prueba aportados, resultaron determinantes para probar la disminución de precio por el mal estado de la fruta, ni se aportó copia del contrato de compraventa.
Coincidiendo con la jurisprudencia que cita afirma que el art 954 inc. c) del CA no habla, ni se refiere literalmente al ingreso o egreso de divisas, sino que sanciona el ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondiere, esto es, entiende que la contraprestación debe ser la que corresponda real, comercial, jurídica y aduaneramente a la operación realizada.
Menciona Nota N°679/03 (DE 7V44) del Departamento de Valoración Aduanera que, en un caso similar, expresó que, “…a los efectos de determinar la base imponible, la misma debe ser considerada con la calidad declarada en el momento del embarque…”.
Con relación al monto de la multa, ratifica la Resolución Fallo 44/2006 al considerar que la determinación se ajusta a derecho.
Por último, sobre el agravio de improcedencia de concurso ideal entre 954 inc. c) y 995 del CA., sostiene que corresponde aplicar el art. 995 en tanto se ingresó menos divisas de las que hubiera correspondido de haber vendido 1as uvas al precio declarado en el envío por consignación.
Finalmente, ofrece como prueba la Actuación SIGEA N° 12434-16-2004, hace reserva de Caso Federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, confirmando la resolución apelada, con costas.
III A fs. 98 y 100 este Tribunal resuelve, con relación a las pruebas documental y lo solicitado en el primer punto de la prueba informativa ofrecidas por la actora, estarse a las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, y no hacer lugar a lo solicitado en el segundo y tercer punto de la prueba informativa. A fs. 105 se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a la Sala “G”. A fs. 108 pasan a sentencia.
IV Desde ahora, debe señalarse que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal sino tan solo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970).
V Ello aclarado, y de manera preliminar, conviene precisar el sentido y alcance del artículo 954, en su apartado primero, inciso c), en cuanto sanciona la inexactitud en la declaración que provoca o hubiera podido provocar un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiera. Al respecto, debe hacerse notar con especial énfasis que el legislador no sanciona la declaración inexacta de los valores declarados sino de los precios informados. Es que, en efecto, valor aduanero y precio no son conceptos intercambiables entre sí, habida cuenta de que, mientras el precio refleja, de ordinario, lo que voluntariamente las partes pactaron que debe entregarse como contraprestación de la cosa recibida, por el otro lado, el valor es un concepto que no tiene reflejo en el orden natural de las cosas sino que es una construcción jurídica que utiliza el legislador aduanero para la determinación de la base de imposición de los tributos al comercio exterior. Así pues, con la sencillez expresada es que carece de entidad el planteo del recurrente en orden a que resultaría improcedente llevar a cabo un ajuste de valor porque la destinación en trato no estaba gravada con derechos de exportación o que la aduana debió recurrir a los procedimientos administrativos reglados para la determinación de los valores en aduana (Resolución General AFIP N° 620/99).
VI También es preciso dejar asentado desde un inicio que, con relación a la interpretación y alcance que debe darse a la infracción en trato, resulta ineludible remitirse a inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirma que el bien jurídico tutelado mediante el art. 954 del Código Aduanero es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana, al entender que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 321:1614 y sus citas). Y, más recientemente, interpretó que tal disposición no se limita a la exclusiva protección del régimen de control de cambios, sino que la función primordial del organismo aduanero consiste en “ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías”, para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas, agregando que “el inc. c, ap. 1° del art. 954 de la ley 22.415 debe ser apreciado desde esa amplia perspectiva, que se vincula y guardan coherencia con el ejercicio del poder de policía del Estado” (Fallos: 322:355). Por ello, interpretó que tal inciso abarcaba tanto a las diferencias en más como en menos, ya sea que se trate de destinaciones de importación o de exportación (Fallos: 321:1614; 322:355; doctrina reiterada, a su vez, en Fallos: 325:786). VII En las condiciones indicadas, la vexata quaestio remite a considerar si el precio efectivamente pagado fue el declarado en el Permiso de Embarque registrado. Y, en consideración a lo antes expuesto, a ese fin debe escrutarse si la declaración se condice con la realidad y si la impugnación del negocio jurídico en los términos planteados por el ente fiscal tiene asidero.
VIII Para analizar si la declaración de la recurrente responde a la realidad, las funciones de la Administración Nacional de Aduanas involucran la verificación de las declaraciones aduaneras formuladas, a los fines de determinar si resultan idóneas para producir el pago de un importe distinto del que efectivamente corresponda por cada operación concreta. En ese entendimiento del asunto, del escrito de apelación surge que el encartado ataca el argumento del fisco diciendo que en toda operación de exportación en consignación los importes que se declaran son tentativos, especialmente en frutas, de allí que sería irracional y apartado de toda lógica pretender que el exportador le asegure al servicio aduanero el precio al que en definitiva venderá el producto. Así, pretende que para que pudiera hacerse uso de la potestad sancionadora administrativa, el ente recaudador encontrase documentación fehaciente relativa a la operación que corrobore inequívocamente la falta de sinceridad de la declaración aduanera. Va de suyo que esa interpretación de la manda legal la tornaría inaplicable en la infinidad de casos de subfacturación que existen en la realidad nacional, en un contexto como el presente, en el que se advierte diferencias de cambio sustanciales entre la cotización de la divisa oficial y otros mecanismos de cambio. (Cfr. doctrina del voto del vocal Krause Murguiondo in re: Fullerton S.R.L, Sala G Nº 9173, 6/4/05).
IX Por otro lado, tampoco es suficiente para enervar la pretensión fiscal que el responsable demuestre una absoluta coincidencia entre lo facturado y lo declarado. Es que, en efecto, de seguirse esa tesitura la figura infraccional examinada perdería su razón de ser, teniendo carta blanca los responsables tributarios para subfacturar sus operaciones, en contra del evidente propósito de la legislación aplicable que, no fue otro, que introducir un ilícito que sanciona objetivamente la discrepancia entre lo real y lo declarado, evitándose así recurrir a la tortuosa prueba que exige el contrabando.
X Llegado a este punto, es propicio recordar que la Corte ha dicho que al momento de interpretar una norma, cualquiera sea su índole, debe tenerse primordialmente en cuenta su finalidad (Fallos: 305:1262; 322:1090; 330:2192; 344:1810). Ello, toda vez que no es siempre método recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (Fallos: 326:2095; 329:3666; 330:2093; 344:223), dado que lo importante no es ceñirse a rígidas pautas gramaticales sino computar el significado profundo de las normas (Fallos: 344:2591). Asimismo, sostuvo que los magistrados al momento de juzgar no pueden dejar de evaluar la intención del legislador y el espíritu de la norma (Fallos: 323:3139). Es que, la interpretación de la ley debe practicarse teniendo en cuenta la finalidad perseguida por las normas (Fallos: 284:9); indagando, por encima de lo que ellas parecen decir literalmente, lo que dicen jurídicamente (Fallos: 294:29). También enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema que debe preferirse siempre la interpretación que favorezca a los fines que inspiran la ley y no la que los dificulte (Fallos: 326:3679; 330:2093; 344:223; 344:2513). Así, indicó que al interpretar una norma, es necesario indagar la ratio legis y el espíritu de la misma, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos del precepto legal (Fallos: 344:1539). Esto, ya que no es el espíritu de la ley el que debe subordinarse a las palabras sino éstas a aquél, máxime cuando aquella "ratio" se vincula con principios constitucionales que siempre han de prevalecer en la interpretación de las leyes (Fallos: 323:212). La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 326:2390; 329:2890; 330:1356; 330:4713), y por ello, resulte turbado el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva, pues ello resulta lesivo del adecuado servicio de justicia garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:1845).
XI En ese sentido, a la luz de la jurisprudencia citada, debe tenerse presente que la finalidad del inciso en trato es evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan, ejerciendo el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, competencia exclusiva de la Dirección General de Aduanas.
XII En tal entendimiento, no es dudoso que no resulte menester en ese caso llegar a la declaración de falsedad de los documentos transaccionales. Bien puede hacerse por indicios que en orden a su precisión, gravedad y concordancia sirvan para el descubrimiento de la verdad subyacente.
XIII Con relación a la posibilidad de recurrir a la utilización de indicios y presunciones para la acreditación del hecho ilícito, advierto que existe una manifiesta confusión en la doctrina. Ya que, en efecto, en el año 1948, la jurisprudencia de la Corte Suprema daba cuenta de la posibilidad de aplicar sanciones administrativas tributarias con sustento en la falsedad de las anotaciones de los libros del contribuyente si éste no probaba fehacientemente su inocencia (Fallos:211:1370). Ahora bien, distinto cantar es que, según conocida doctrina de la Corte Suprema, tratándose de infracciones que requieren de una actividad dolosa no pueda basarse la sanción aplicada en las presunciones que contempla la legislación a los efectos de determinar la obligación tributaria (Fallos.312:447), pero no es, precisamente, el caso de autos en donde la configuración de la infracción administrativa no requiere de la prueba de ardid o engaño al informarse los precios de la operación.
XIV En atención a ello, se insiste que en la especie el problema jurídico queda reducido a la dilucidación de si las circunstancias que tiñen de duda a la operatoria planteadas por el fisco son prueba suficiente de la falsedad del precio. XV En autos, el servicio aduanero funda su decisorio en que se habría utilizado el Régimen de exportación en consignación “de manera poco habitual”, oportuna al lanzamiento de “cambios significativos en la economía nacional”; evidenciado por el hecho de que el comprador fuera la misma firma a la que se habría remitido la mercadería en consignación -indicando con ello que la venta ya estaba pactada-, en cuyas manos habría permanecido ocho meses (14/1/2002 se registra la destinación exportación en consignación y el 20/9/2002 la destinación a consumo definitiva), obrando como indicios la factura de fecha 19/9/2002 presentada por la actora, donde consta el precio declarado, y el informe de la entidad bancaria involucrada donde se indica haber liquidado el monto de dicha factura, el día 24/5/2002.
XVI Sentado lo que antecede, no puede dejar de hacerse notar que, dejando fuera todo uso de indicios relevantes que sustenten su opinión, el fundamento de la impugnación fiscal dista de ser que el precio declarado no fue el verdaderamente pagado sino que de haber obrado con prudencia y pleno conocimiento de los negocios, en rigor, el precio de transacción hubiera sido superior al oblado. El reproche endilgado, va de suyo que se adentra en cuestiones de la autonomía de la voluntad que son absolutamente ajenas al ámbito aduanero y fiscal.
XVII La autonomía de la voluntad, como principio sentado en el artículo 1197 del Código Civil de la Nación -vigente al momento de ocurrido los hechos en crisis-, y pilar del derecho común, remite a aquel derecho que el ordenamiento confiere a los particulares de darse su propio estatuto jurídico, de reglar sus relaciones por ellos mismos, de acuerdo a su conveniencia y criterio (López Mesa, Marcelo J., en su trabajo "La autonomía de la voluntad privada en el Código Civil y Comercial", publicado en Revista Argentina de Derecho Civil - Numero 5- Junio 2019, de fecha 28.06.2019, Cita: IJ-DCCXLVIII-110). Tal principio, en su concepción moderna, se funda en la voluntad individual pero subordinada a los límites impuestos por el ordenamiento jurídico. En esta concepción individualista de la autonomía de la voluntad, el contrato, el patrimonio, son proyecciones o atributos del sujeto (Lorenzetti, Ricardo Luis, citando a Zannoni, en su trabajo "Análisis crítico de la autonomía privada contractual", publicado en Jurisprudencia Argentina, Cita online: 0003/002084), mientras que el concepto de negocio jurídico se identifica con el ejercicio de la autonomía, la entiende como una abstracción vinculada al sujeto, en la que se disuelven las distinciones sociales con la pretensión de lograr la máxima igualdad.
XVIII Desde esta perspectiva la decisión de utilizar el mecanismo de exportación en consignación como vehículo que facilite la consecución de su negocio, es una prerrogativa del exportador que hace a su autonomía y de la que nada tiene para opinar el fisco. El contribuyente actúa en la legalidad siempre que realice aquello que la ley no prohíbe, inspirado por los motivos que encuentre más beneficiosos para su conducta en consonancia con la realidad económica.
XIX Por tanto, debo coincidir con la actora cuando manifiesta que “no se lo puede punir por haber realizado un mal negocio, o en el mejor de los casos un negocio, puesto que estaría fuera del análisis y exégesis valorativa que pueda hacer la Aduana”. Así como tampoco cabe condenarlo por haber declarado un mayor precio en la destinación en consignación respecto de la de consumo, si tal fue el resultado de su negocio, a menos que la contraparte –el fiscodemuestre con indicios válidos y pertinentes que el precio pagado no se corresponde con la realidad, lo que no ocurrió en autos.
XX Esto, por cuanto si bien es cierto que el método denominado de la interpretación económica puede aplicarse para corregir situaciones anormales creadas por el contribuyente, también lo es que "mediante ella no puede llegarse al resultado de alterar o modificar, por consideraciones subjetivas que el intérprete o el juzgador desarrollen en lo que respecta a la justicia fiscal, un concepto adoptado por el legislador" (TFN - 28/7/1977 - Imp. - T. XXXV - pág. 1324).
Por todo lo expuesto, voto por:
1 Revocar la Resolución 44/2006 (D.G.A.), dictada en el trámite de las Actuaciones SIGEA N° 12434-16-2004 (Ex 055/122/03) y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa impuesta a la firma AGRÍCOLA TARANTO S.A.
2 Costas a su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1 Revocar la Resolución 44/2006 (D.G.A.), dictada en el trámite de las Actuaciones SIGEA N° 12434-
16-2004 (Ex 055/122/03) y, consecuentemente, dejar sin efecto la multa impuesta a la firma AGRÍCOLA TARANTO S.A.
2 Costas a su orden.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.09.28 20:18:35 ART Date: 2022.09.28 20:31:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.28 20:32:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.28 20:32:48 -03:00
Fin de la sentencia