Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 26122-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir la apelación deducida por Agrícola Taranto SA, revocar en cuanto fue motivo de agravio el pronunciamiento recurrido y, en consecuencia, disponer que las costas relativas a la actuación desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación sean soportadas, al igual que las de esta instancia judicial, por el Fisco Nacional.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2024.-
VISTOS estos autos 39.619/2023 caratulados “Agrícola Taranto SA (TF 26.122-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución del 28/9/2022 (ver 1 y 2), la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación admitió el recurso intentado por Agrícola Taranto SA, con costas por su orden, y, en consecuencia, revocó la resolución DGA 44/2006, por medio de la cual el jefe de la División Aduana de San Juan (Provincia de San Juan) aplicó a la nombrada firma una multa de $41.216,85 por considerarla incursa en la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literal c), del Código Aduanero, en concurso ideal con lo normado por el artículo 955 del Código Aduanero. Para así decidir, en sustancial síntesis, en cuanto al fondo del asunto, el tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales destacó que la decisión de utlizar el mecanismo de exportación en consignación como vehículo que facilitara la realización del negocio, resultaba ser una prerrogativa propia de la actora, respecto de la cual nada tenía por objetar el Fisco Nacional, actuando dentro de la legalidad siempre y cuando su actuar, como en el caso, no se encontrase prohibido.
Por ello, continuó, la autoridad aduanera mal podía sancionar a la exportadora por un mal negocio, lo que está fuera del análisis y fiscalización de su parte; así como tampoco por haber declarado un mayor precio en la destinación en consignación respecto de la de consumo, a menos que el Fisco Nacional demostrara con indicios válidos y pertinentes que el precio abonado no se correspondiera con la realidad, lo que no habría sido acreditado en autos.
A ello, añadió que si bien el método de la interpretación económica podía aplicarse a efectos de corregir situaciones anormales creadas por el contribuyente, debía ser utilizado evitando alterar o modificar, por consideraciones subjetivas que el intérprete o el juzgador desarrollen en lo que respecta a la justicia fiscal, un concepto adoptado por el legislador.
Resta añadir, que a efectos de distribuir las costas por su orden, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación no expresó fundamento alguno.
II. Disconforme con lo resuelto, Agrícola Taranto SA apeló, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 4/10 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas del proceso.
Manifestó que, en la especie, correspondía estar al principio general rector en la materia previsto en el artículo 1163 del Código Aduanero y en el artículo 68 del CPCCN.
Puso de resalto que resultó vencedora en el pleito y que por el pronunciamiento recurrido no se justificó el apartamiento del lineamiento general que determina que las costas sean soportadas por el vencido.
Citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaría su postura.
En función de lo expuesto, Agrícola Taranto SA peticionó que se revocara parcialmente el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, se dispusiera que las costas del proceso quedaran a cargo del Fisco Nacional.
Dicha presentación mereció réplica de su contraria (conf. esp. fs. 1, fs. 15, y 2).
III. Así contextualizado el caso, cuadra señalar que tras la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/2017), el artículo 1163 del Código Aduanero consagra como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiera solicitado.
Sin embargo, dicho precepto habilita a la Sala aduanera del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.
Asimismo, en caso de verificarse una recalificación de la conducta o bien una reducción de la sanción a aplicar en los términos del artículo 1143 del Código Aduanero, las costas han de imponerse en el orden causado; no obstante lo cual el mentado organismo ha de cargar las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demostrase temeraria o carente de justificación. Cabe destacar que la modificación introducida por ley 27.430 es de neto corte procesal, por lo que resulta de aplicación inmediata, aún a procesos en trámite (conf. CSJN, Fallos 323:1285 y Sala IV del Fuero, en autos 3424/2020 “Sancor Cul c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/3/2020 y su cita).
IV. Sin perder de vista ello, indíquese que, en la especie, la recurrente acudió al mentado organismo administrativo con facultades jurisdiccionales al fin de obtener la declaración de invalidez de la resolución DGA 44/2006, por medio de la cual el jefe de la División Aduana de San Juan (Provincia de San Juan) aplicó a la nombrada firma una multa de $41.216,85 por considerarla incursa en la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, literal c), del Código Aduanero, en concurso ideal con lo normado por el artículo 955 del Código Aduanero. Por su parte, el Fisco Nacional, al tiempo de contestar el traslado de la apelación deducida, se pronunció por la validez del acto aduanero.
Finalmente, según se vio, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la pretensión actoral, dejando sin efecto la resolución DGA 44/2006; decisión de fondo, que se encuentra firme y consentida. Sin embargo, en punto a las costas, se dispuso que debían distribuirse por su orden, sin expresar razón normativa ni fáctica que justificase tal decisión; es decir no se expuso la razón que determinó el apartamiento del principio general consagrado en el Código Aduanero para la tramitación de toda actuación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Así las cosas, evaluado el caso y la solución de fondo adoptada a la luz de los agravios planteados, a consideración del Tribunal, no existen razones valederas para apartarse del lineamiento general consagrado en el artículo 1163 del Código Aduanero; máxime si se tiene presente la posición asumida por el Fisco Nacional en lo concerniente a la infracción en función de la cual castigara a la exportadora, lo cual obligó a la aquí actora a formular el cuestionamiento y solicitar su revisión, obteniendo -según se vio- un resultado favorable; que -en la especie, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto- ha de verse reflejado en la imposición de costas.
V. Así las cosas, por aplicación del principio general rector en la materia (conf. artículo 1163 del Código Aduanero) y a falta de razones valederas que justifiquen apartarse del mismo, corresponde admitir el recurso interpuesto y, consecuentemente, modificar la distribución de costas dispuesta por la resolución apelada, debiendo -por tanto- el Fisco Nacional cargar con las costas relativas a la actuación desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
VI. En atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse tampoco en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial se imponen también a cargo del Fisco Nacional (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: admitir la apelación deducida por Agrícola Taranto SA, revocar en cuanto fue motivo de agravio el pronunciamiento recurrido y, en consecuencia, disponer que las costas relativas a la actuación desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación sean soportadas, al igual que las de esta instancia judicial, por el Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia