Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 113417604-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 2/06/2023, con costas (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.).
41932/2023 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 113417604-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y Buenos Aires, 19 de marzo de 2024.
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 2/06/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad de lo actuado respecto de la actora Agro Corteva Argentina S.R.L. en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-17242-2007, a continuación del auto por el cual se declara la apertura de sumario, comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA N° 6266/2018 aquí apelada. Rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas. Ordenó devolver las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando VII in fine de dicho pronunciamiento. Impuso las costas a la DGA.
Para así decidir, en primer lugar, destacó que la resolución aduanera aquí apelada, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados. Al respecto, precisó que, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria N° 06 001 IT14 001553 D, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen.
Adujo que, por la Instrucción General 9/17 se establece que deberá procederse al archivo de aquellas denuncias iniciadas por la presunta infracción al art. 970 del C.A. cuando el importe de la multa mínima no alcanzare la suma de $ 30.000, si el infractor careciera de antecedentes infraccionales por el artículo referido.
Señaló que, con dicho fundamento, el servicio aduanero dispuso, en la resolución apelada, el archivo de la denuncia, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $ 1.244,90 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
En tales condiciones, entendió que resultaba indiscutible que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora, si se tenía en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
Sentado ello, apuntó que, correspondía expedirse sobre el planteo que efectuaba la recurrente sobre la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera, en cuanto adujo que no se le había corrido vista del sumario, y que, en consecuencia, no pudo ejercer su derecho de defensa.
En relación a ello, puntualizó que, el art. 1101 del C.A. dispone que “(…) cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…)”.
Advirtió que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surgía que luego del dictado de la apertura de sumario, ninguna intervención se le dio ni al importador ni a la aseguradora garante ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna de acompañar -o en su caso, solicitar su agregado- de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Argumentó que, en efecto, las únicas notificaciones que se cursaron a la aseguradora y a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la Resolución DE PRLA N° 6266/2018, sin que con anterioridad se notificara a las partes para tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A.
Añadió que, por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que “sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…)”.
En este contexto, concluyó que, indudablemente la demandada no había dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulaba el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), es decir, conferir vista a la aseguradora a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Indicó que, el proceder del servicio aduanero afectaba no sólo el derecho de defensa frente a la imputación administrativa sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Agregó que, por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establecía en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo debían cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento viciaba el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Consideró que, en consecuencia, no cabía duda de que la omisión incurrida desnaturalizaba el procedimiento, y no podía considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
En base a lo expuesto precedentemente, concluyó que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esa causa tornaba nulos todos los actos procesales posteriores, inclusive la Resolución DE PRLA Nº 6266/2018, en tanto carecía de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tenía por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Por lo demás, aclaró que no resultaba óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que se pretendían exigir a la importadora y aseguradora en su carácter de garante de la obligación en trato. En definitiva, declaró que no procedía exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nacía como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
En virtud de lo expuesto, entendió que correspondía declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Expte. N° 12197-17242-2007, en relación a la aseguradora recurrente a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario (fs. 18), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. Indicó que la misma declaración de nulidad alcanzaba a la Resolución DE PRLA N° 6266/2018, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. En este contexto, consideró que, la D.G.A. debía proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
A continuación, trató el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Al respecto, especificó que, no se encontraba discutido en autos que el vencimiento de la DIT operó el 16/04/2008. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, expuso que, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/01/2009 y que, dicho plazo se encontraba suspendido desde el dictado de apertura de sumario (9/12/2013); ello, en virtud del art. 805 del C.A. que estipula que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
En tales condiciones, rechazó el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora para que proceda –ahora– a correr la vista prevista en el artículo 1101 del C.A., lo cual la aduana omitió hacer oportunamente.
II. Que contra dicha resolución, con fecha 23/06/2023 interpuso recurso de apelación la actora, expresando agravios en la misma fecha, los que fueron contestados por la contraria el 4/07/2023.
Se agravia respecto a que, en el voto mayoritario, no se hace lugar a la prescripción de la acción del fisco para reclamar tributos y en consecuencia, se haya dispuesto devolver las actuaciones a la DGA para que proceda a correr la vista prevista en el artículo 1101 del C.A., lo cual, según postula, la aduana omitió hacer oportunamente.
Destaca que, su parte, en este punto concreto, además de compartir en un todo los argumentos vertidos por el Tribunal Fiscal en su voto minoritario, en el sentido de que debería haber notificado la apertura del sumario no produciéndose la interrupción o suspensión de la acción del fisco hasta que dicho acto no acontezca debiendo aplicarse el criterio vertido, en tal sentido, en las causas allí referidas, lo cierto es que lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en su voto mayoritario, especialmente en lo que se refiere a lo dispuesto en los puntos 2 y 3, constituye un innecesario dispendio jurisdiccional que debe ser evitado.
En tal sentido, advierte que la apertura del sumario (aún cuando se considere válida), fue emitida el 9/12/13 por lo que resulta indiscutible, que la acción para perseguir la infracción que aquí se endilga ha prescripto por el transcurso del tiempo (conf. artículos 934, 935 y 937 inciso a) del C.A.).
En consecuencia, pondera que, la prescripción de la acción para perseguir la infracción endilgada (en el caso imputación de la infracción al artículo 970 del C.A.) conlleva a la imposibilidad del fisco de reclamar pago tributario alguno a su parte dado que la exigencia de pago de tributos que se pretende en autos, se encuentra claramente atada a que cabalmente se demuestre y acredite la comisión de la infracción endilgada, lo cual no será posible precisamente por la prescripción de la acción para determinar si se cometió o no dicha infracción, conforme fuera indicado.
Argumenta que, el reclamo tributario que se pretende en autos, habiendo operado, sin ningún tipo de dudas, la prescripción de la acción para perseguir la infracción prevista en el artículo 970 del C.A., debe ser dejado sin efecto ello conforme lo reconoce el propio Tribunal Fiscal, implícitamente en su fallo.
En efecto, hace hincapié en que, el Tribunal Fiscal reconoce y fue motivo de la declaración de nulidad realizada, que para efectuar un reclamo tributario como el de autos previamente debe determinarse y de forma fehaciente la configuración de la infracción imputada, lo cual no podrá realizarse dada la prescripción que entiende operada respecto de esta última.
En consecuencia, postula que es dable concluir que (además de haber prescripto para esta parte ambas acciones concordando en ello con el voto minoritario) ningún sentido tiene que, conforme lo establece el Tribunal en los puntos 2 y 3, se devuelvan las actuaciones a la DGA para que proceda a correr la vista prevista en el artículo 1101 del C.A., dado que no podrá determinarse la existencia o no de la infracción perseguida en virtud del acaecimiento de la prescripción de la acción para hacerlo, motivo por el cual tampoco y aún en el supuesto de que se considere que la acción para perseguir los tributos no ha prescripto la demandada no podría perseguir ni exigir válidamente a su parte por los tributos aquí involucrados.
Añade que, por otra parte, considerar lo contrario a lo aquí expuesto, en el sentido de remitir los presentes actuados nuevamente a la aduana para que corra la vista prevista en el artículo 1101 del C.A. que por su incorrecto accionar no corrió, implicaría un innecesario dispendio jurisdiccional, dado que la acción para perseguir la infracción se encuentra prescripta y al estarlo no puede ya determinarse su comisión o no como para que sea procedente el reclamo tributario exigido como consecuencia de la supuesta infracción que indebidamente se endilga. Añade que, tal como ha sido planteado en el recurso de apelación interpuesto, extender el presente proceso y aguardar a que comience prácticamente de fojas 0 (recuerda, al respecto, que se declaró la nulidad de RE-2023-72141264-APN-DTD#JGM todo lo actuado excepto la apertura del sumario que data de hace una década es decir de 2013, con una destinación de importación temporal objetada registrada en el año 2006, es decir hace 17 años), vulnera gravemente el derecho de defensa, los principios de legalidad, debido proceso y plazo razonable, debiendo aplicarse al presente caso, conforme lo ya planteado, el fallo de la CSJN “Losicier”.
Por todos los motivos expuestos, solicita se declare la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos y/o en su caso se dejen sin efecto los mismos para evitar un innecesario dispendio jurisdiccional y la afectación del derecho de defensa por haber excedido un “plazo razonable” para ser juzgado de un hecho ya prescripto, situación que por ende anula cualquier reclamo tributario que en consecuencia puede el fisco válidamente reclamar, con costas a cargo de la demandada.
III. Que sentado ello y respecto del recurso de apelación incoado por la actora, a título preliminar, debe recordarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).
IV. Que, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento sentado ello, debe precisarse que, el agravio central de la actora consiste en que, su entender, lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, especialmente en lo que se refiere a lo dispuesto en los puntos 2 (rechazo de la prescripción tributaria) y 3 (devolver las actuaciones a la DGA a fin de correr vista de las actuaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 1101 del C.A.), constituye un innecesario dispendio jurisdiccional que debe ser evitado. En tal sentido, advierte que, la apertura del sumario (aún cuando se considere válida), fue emitida el 9/12/13 por lo que resulta indiscutible, que la acción para perseguir la infracción que aquí se endilga ha prescripto por el transcurso del tiempo (conf. artículos 934, 935 y 937 inciso a) del C.A.).
En consecuencia, pondera que, la prescripción de la acción para perseguir la infracción endilgada (en el caso imputación de la infracción al artículo 970 del C.A.) conlleva a la imposibilidad del fisco de reclamar pago tributario alguno a su parte dado que la exigencia de pago de tributos que se pretende en autos, se encuentra claramente atada a que cabalmente se demuestre y acredite la comisión de la infracción endilgada, lo cual no será posible precisamente por la prescripción de la acción para determinar si se cometió, o no, dicha infracción.
V. Que, sentado ello, deben examinarse las normas involucradas: El art. 250 del Código Aduanero establece que “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por run plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo.” El artículo 274 del Código Aduanero prevé que: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo, aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar; b) no se cumpliere con las obligaciones impuestas como condición de otorgamiento del régimen, salvo que se tratare de obligaciones meramente formales. 2. En los supuestos previstos en el apartado 1, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
El artículo 970 del Código Aduanero dispone que: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo a la exportación para consumo, según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada.”, y el art. 972, inc. 2) “(...) A los fines de este Código, se considera que el incumplimiento de la obligación de reexportar o de reimportar dentro del plazo acordado afecta la finalidad tenida en cuenta para el otorgamiento del régimen respectivo (…)”.
VI. Que de lo expuesto, se desprende la separación e independencia de: (i) la esfera de responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) por un lado; y de (ii) la esfera de responsabilidad tributaria (por la que se origina la formulación del cargo) por el otro.
De una lectura detenida del artículo 274 del Código Aduanero surge que no es una condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la existencia –previa– de una infracción aduanera en los términos del artículo 970 de ese cuerpo de normas. El hecho imponible se configura, por sí sólo, ante la falta de reexportación de la mercadería en el plazo concedido por el servicio aduanero.
Por lo que de un único hecho jurídico, como lo es el incumplimiento del régimen de importación temporaria, pueden, al menos, surgir dos consecuencias jurídicas distintas sin que exista la necesaria vinculación que propone la firma actora. Es contundente el apartado “2” del artículo 274 del Código Aduanero en cuanto establece la responsabilidad tributaria del importador “sin perjuicio de la sanción que correspondiere” (conf. Sala I, in re: expte.: 23.930/2016 “Quickfood SA.c/AFIP DGA s/Dirección General de Aduanas”, sent. del 8/11/2016).
En tales condiciones, el argumento defensivo de la actora consistente en “(…) la imposibilidad del fisco de reclamar pago tributario alguno a mi mandante dada que su exigencia de pago de tributos, que se pretende en autos, se encuentra claramente atada a que cabalmente se demuestre y acredite la comisión de la infracción endilgada, lo cual no será posible precisamente por la prescripción de la acción para determinar si se cometió o no dicha infracción(…)”, no puede ser acogido favorablemente, pues la importación para consumo de la mercadería que presume el art. 274 del C.A., es el hecho imponible que puede dar origen a los tributos, que eventualmente, pudieren reclamarse, no siendo necesaria la constatación de una infracción -pasible de multa- . Vale aquí recordar que al haberse declarado la nulidad de la resolución aduanera n° 6266/2018 -nulidad que se encuentra firme y consentida por ambas partes- no existe a la fecha reclamo tributario alguno).
VII. Que, con relación al rechazo del planteo de prescripción de los tributos aduaneros, en los términos del art. 803 y concordantes del C.A., corresponde señalar que, la acción del Fisco Nacional tanto para reclamar el pago de tributos como para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años (conf. artículos 803 del Código Aduanero).
Dicho término comienza a correr, a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha en que se hubiera producido el hecho gravado (conf. artículo 804 del Código Aduanero) y, se suspende su cómputo con la apertura del sumario en la causa que se investigara la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitara el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviera subordinado a aquella decisión (conf. artículo 805, inciso a), del Código Aduanero).
VIII. Que de las actuaciones administrativas n° 12197-17242-2007 se desprende que:
(i) se inician con fecha 17/10/2007 con la solicitud de liberación de la garantía (y documentación acompañada) relativa al DIT 06001IT14002553D, oficializado el 12/04/2006 (fs.1/12).
(ii) con fecha 21/03/2013 se labra el Acta de Denuncia N° 1490/2013; en los siguientes términos: “(…) se formula denuncia por infracción prima facie tipificada en el art. 970 del C.A. para la destinación: 06001IT14002553D…” (fs. 13).
(iii) mediante nota n° 1836/2013 del 21/03/2013 se informa que: “(…) surge prima facie una transgresión al régimen de destinación suspensiva correspondiente a la importación temporal, importador, mercadería, cantidad y fecha de infracción que se detallan al pie de la presente, de conformidad con el art. 970 de la ley 22.415 (…)” (fs. 14/15). (iv) con fecha 24/04/2013 se realiza el aforo de la mercadería (fs. 16) y a fs. 17 la liquidación correspondiente.
(v) con fecha 9/12/2013, se dispone la instrucción de sumario, en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. (fs. 18).
(vi) A fs. 20 se agrega impresión de pantalla de la garantía. Y a fs. 22 luce nueva liquidación por multa y tributos.
(vii) con fecha 5/09/20218 se informa que la empresa no cuenta con antecedentes que la inhiban del tratamiento previsto en la Resolución General 9/17.
(viii) con fecha 6/09/2018 el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dicta la resolución DE PRLA n° 6266/2018, la cual dispone: “artículo 1°.- ARCHIVAR la presente causa en los términos de la Instrucción General 9/17 (DGA).- (…) ARTICULO 3°.- FORMULAR CARGO al importador “DU PONT Argentina SA”… en concepto de derechos de importación, estadística e IVA, cuyo monto asciende a la suma de U$S 393,83 … y por la suma de $ 776,58….”. Dicha resolución es notificada a la importadora y a la aseguradora con fecha 17/10/2022 (fs. 24/25 y fs. 29 y 30).
(ix) con fecha 21/10/2022 se presenta por apoderado la compañía aseguradora e inicia procedimiento de impugnación (fs. 33/36 vta.). (x) con fecha 28/10/2022 Agro Corteva Argentina SRL (ex Du Pont Argentina RL) da cuenta de la interposición del recurso ante este Tribunal y adjunta formulario F4 (fs. 43).
IX. Que, a la luz de la descripción de la normativa aplicable al caso, corresponde tener presente lo siguiente: el vencimiento del DIT operó el 16/04/2008. Asimismo, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2009. La instrucción del sumario –9/12/2013– suspendió el curso de la prescripción para exigir los tributos aduaneros. A su vez, al encontrarse recurrida la sentencia del Tribunal Fiscal y por no existir aún un “pronunciamiento que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” (cfme. art. 805 del CA), el plazo de la prescripción de la acción tributaria se encuentra todavía suspendido.
X. Que respecto de lo alegado en punto a que el auto de apertura resulta eficaz recién a partir de su notificación, cuadra señalar que el legislador previó específicamente como causales de suspensión y/o de interrupción del plazo de prescripción de las acciones del Fisco Nacional el simple dictado del acto de apertura del sumario y de la resolución que le pone fin (conf. Sala IV del Fuero, en autos 39.480/2015 “Lito Diesel SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2015 y 87.451/2017 “Chubb Argentina de Seguros SA c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/11/2018; entre otros).
Por tanto, conforme lo normado por el Código Aduanero, tanto el auto de apertura del sumario como la resolución condenatoria del Fisco Nacional, tienen la virtualidad de interrumpir y/o suspender el curso de la prescripción, según el caso, independientemente, en principio, de que lleguen a conocimiento del afectado. Al punto, cuadra reflexionar que la referencia al “dictado” del acto no puede considerarse superflua, pues si la intención del legislador hubiera sido que dichas causales operasen a partir de la notificación del acto, hubiese hecho una referencia precisa en tal sentido, como la que efectuara en el artículo 806, literal a), del Código Aduanero.
Al punto, recuérdese que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (conf. CSJN, Fallos, 323:620; 339:1514; entre otros); por manera que cabe asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley y, en tanto su inconsecuencia no se presume, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (conf. CSJN, Fallos, 313:1149; 327:769; 339:323; entre otros).
Esta solución es la que mejor se ajusta a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Wonderland SRL c/Aduana Rosario", del 12/05/2009, registrado en Fallos: 332:1109, en el cual explicitó -si bien con referencia al artículo 937, literal a), del Código Aduanero-, que dicho precepto estipula que el curso de la prescripción se interrumpe por el dictado del acto, sin determinar que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que se haya puesto en conocimiento del sumariado.
Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la interrupción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo (ver esta Sala, in re, expte. 3406/2022 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 39.835-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 20/09/2022, entre otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de la actora relativos a la falta de efecto suspensivo del acto de instrucción de sumario de fecha 9/12/2013 y sus consideraciones sobre la interpretación del art. 805 del C.A., debiendo estarse a lo allí dispuesto y, confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
XI. Que, en atención al modo en que se resuelve, corresponde imponer las costas de esta instancia a la actora, de conformidad con el principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de fecha 2/06/2023, con costas (art. 68, 1° párrafo del C.P.C.C.N.). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia