Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 115268154-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, consecuentemente, revocar el pronunciamiento apelado declarando la prescripción de la acción de la parte demandada para imponer penas y confirmando lo resuelto en la resolución 7826/2022 en tanto que exigió tributos a la firma Agro Corteva SRL por la suma de U$S 9.055,90;
2Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y 3) Dejar sin efecto la regulación de los honorarios.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 15288/2024 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos: “Agro Corteva Argentina SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. Por pronunciamiento del 26/03/2024, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) hizo parcialmente lugar al recurso que Agro Corteva Argentina SRL interpuso contra la res. DE PRLA7826/22, que impuso multa en relación a la DIT10001IT01000345Y (fs. 291/298 del expediente digital DEO: 15463652).
Rechazó la prescripción, opuesta en relación a la multa, sin costas; y confirmó el art. 1º de la res. DE PRLA7826/22, que había condenado al pago de multa en los términos del art. 970 del CA, con costas.
Asimismo, declaró prescripta la acción del fisco para reclamar tributos; con costas.
Para así decidir, sostuvo que:
a) Al momento de la emisión del acto atacado no había operado la prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones.
b) Es el importador (o su garante) quien debe demostrar que canceló oportunamente la DIT, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia.
c) La firma actora no desplegó actividad probatoria tendiente a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.
d) El vencimiento de la DIT operó el 23/08/2011 —fecha de comisión de la infracción— por lo que el plazo de prescripción de 5 años comenzó a correr a partir del 1/01/2012.
e) El auto de apertura del sumario —del 10/11/2016— cumplió con los recaudos del art. 1094 del C.A.
f) Desde el 10/11/2016 hasta el 14/11/2022 —fecha de la resolución impugnada— el plazo de prescripción para el cobro de tributos se encontraba suspendido en los términos del art. 805, inciso a) del CA.
Dicho acto administrativo se notificó recién el 22/09/2023, “cuando el curso de la prescripción había operado”. Ello, en tanto debió ser notificado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su dictado (art. 40 de la Ley 19.549).
g) Finalmente, reguló los honorarios del Dr. Hernán Leonardo Cancellieri en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la firma actora en 10,21 UMA, y los de la representación fiscal, en 3 UMA. Asimismo, reguló los honorarios de la representación fiscal, en 3 UMA (fs. 305/306, del expediente digital).
II. Ambas partes apelaron.
A) Agro Corteva SRL expresó agravios, que fueron replicados (fs. 309/317 del expediente digital).
En síntesis, sostuvo que:
a) Está prescripta la acción del Fisco para imponer la multa.
Ello así porque la falta de la carpeta original de la DIT hace a la nulidad de todo lo actuado, incluyendo la apertura de sumario.
A la fecha de notificación del sumario —28/06/2022— había transcurrido más de 10 años desde el vencimiento de la DIT, lo que vulneró su derecho a obtener una “rápida y eficaz” decisión.
b) La falta de obtención de una decisión en un “plazo razonable”, representa una “dificultad probatoria”.
B) La AFIP-DGA también expresó agravios, que fueron replicados (fs. 392/400 del expediente digital).
Negó la prescripción de su acción para imponer tributos, atento la suspensión regulada por el artículo 805 inc. a) del CA.
Sostuvo que no corresponde la aplicación supletoria de las normas de la Ley 19.549, siendo aplicable el CA, en cuanto regula el cómputo del plazo de prescripción.
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Dicho plazo, suspendido con el auto de apertura del sumario, se interrumpió el 27/06/2022, al correrse la vista del art. 1101 del C.A. (conf. art. 806 inc. a).
C) La regulación de honorarios también fue apelada por ambas partes por altos, así como por el abogado de la firma actora, por bajos (fs. 335/337, 341/344, 348/350 del expediente digital).
III. Así las posiciones en conflicto, los agravios de la firma actora, no pueden prosperar.
En efecto:
A) Su queja, en cuanto sostiene que operó la prescripción para imponer la multa, aparece dogmática y sin sustento argumental.
Es que se apoya, únicamente, en la supuesta nulidad del auto de apertura del sumario por “ausencia de la carpeta original” de la DIT, pretendiendo, como consecuencia de ello, la prescripción de la acción del Fisco para imponerle la multa.
Empero, no se hace cargo de que, de las constancias informáticas del sistema “Malvina” acompañadas por el servicio aduanero a la denuncia infraccional –que rige la operatoria aduanera y no se encuentran controvertidas– surge el incumplimiento al régimen de importación temporal (v. prints de pantalla obrantes a fs. 123/131, 133/145 del expediente digital). Por lo que, la mera ausencia de la carpeta original de la DIT es insuficiente al fin ahora buscado.
Máxime que:
a) Al vencimiento del plazo otorgado, no acreditó “el cumplimiento de las obligaciones asumidas”. Esto es, con la reexportación de la mercadería temporalmente importada (art. 250 del C.A.).
Como es sabido, se trata de una excepción al régimen general que permite la introducción y permanencia temporal de mercadería en el territorio aduanero, beneficiándose su importadora con el privilegio de no abonar los tributos correspondientes a una importación regular. Por ello, la prueba del cumplimiento de la obligación impuesta, en razón de dicho otorgamiento, cae en cabeza de la beneficiaria, quien debe hacerlo por medio de la documentación aduanera correspondiente (Sala III, “Spadafora, Luis Horacio c/ DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 19/05/21, “Boehringer Ingelheim SA c/ AFIP - DGA s/ proceso de conocimiento”, del 23/06/2021, Sala IV, “Aseguradora de Crédito y Garantías – TF 35007-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 7/04/22).
b) Tal como sostuvo el TFN, el art. 17 de la ley 27.562 (Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública), suspendió por un año el plazo de prescripción para aplicar multas. Texto legal al que corresponde estar, dado que no fue objeto de cuestionamiento en estos autos.
c) Suma, a todo lo anterior, que la ponderación que el TFN haga de los hechos de la causa constituye una cuestión fáctica que no cabe, en principio, rever ante esta instancia (cfr. art. 1180 del CA, doc. Fallos: 300:985; 305:2261; esta Sala, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA”, del 9/10/18; “3M Argentina”, del 28/2/19; entre muchos otros; Sala II, “Baltzer Marítima SRL”, del 18/8/15; Sala III, “Sideca”, del 2/3/17; Sala IV, “Muñoz Wright”, del 11/4/19; y Sala V, “Ledesma SAAI”, del 26/3/19; entre muchas otras). d) En suma, el plazo de prescripción de 5 años no se encontraba cumplido.
B) El planteo relativo al “plazo razonable”, tampoco puede ser atendido.
Ello es así, toda vez que, contrariamente a sus afirmaciones, no surge acreditada una demora irrazonable en el procedimiento que hubiese afectado su derecho de defensa.
Tampoco demostró que las circunstancias del caso sean sustancialmente análogas a las examinadas por la CSJN en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126; esta Sala, causas nº 4525/20 “Optel SA c/ DGA”, del 8/6/21; y n° 22938/23 “Molinos Cañuelas”, del 3/10/23; entre muchas otras).
En efecto, la firma se limita a invocar plazos sin realizar un mínimo esfuerzo argumental y probatorio, lo que resulta insuficiente (esta Sala, mi CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 15288/2024 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
voto en causa nº 5612/2024, “Alba Compañía Argentina de Seguros SA”, del 30/12/24).
Por todo ello, la acción del Fisco para imponer multas no se encuentra prescripta.
IV. Diferente solución toca, empero, respecto a los agravios del Fisco. Quien, como se vio, insiste en que no prescribió su acción para reclamar tributos. Le asiste razón.
Es cierto que el plazo para el cómputo de la prescripción estuvo suspendido desde el 10/11/2016 (con el auto de apertura de sumario, el cual, como se vio, resulta válido), hasta el 14/11/2022 (en que se emitió la res. DE PRLA7826/22).
Pero también lo es que medió una causal de interrupción. La que aconteció el 27/06/2022, esto es, al correrse vista a la actora en los términos del art. 1011 del C.A.1 (v. fs. 165 del expediente digital, y esta Sala, causas 1906/24, “Baker Hughes Argentina”, del 6/08/24, y 3396/22, “Manufactura de Fibras Sintéticas”, del 12/12/24).
V. En atención a la forma en que se resuelve, y toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de ambas instancias se imponen a Agro Corteva Argentina SRL por resultar vencida (conf. arts. 68, primer párrafo, 279 del CPCCN, y 1163 del CA). En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra aquélla.
1 La vista del art. 1101 del CA tiene los efectos de la notificación de la liquidación de los Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: i) desestimar los agravios de Agro Corteva Argentina SRL; ii) admitir los agravios de la AFIP- DGA y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido en cuanto declaró la prescripción de la acción del Fisco para reclamar tributos; iii) imponer las costas en los términos del cons. V; y iv) dejar sin efecto la regulación de honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra aquélla.
La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El 26 de marzo de 2024, la Sala "G" del Tribunal Fiscal de la Nación dictó el pronunciamiento que aquí viene recurrido.
Allí se resolvió:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 CA en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante DIT nº 10 001 IT01 000 345 Y, con costas al fisco.
2. Rechazar la excepción de prescripción de la acción del fisco para imponer sanciones por la comisión de la infracción al art. 970 CA en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante DIT nº 10 001 IT01 000 345 Y, sin costas, por el tratamiento conjunto con el fondo.
3. Confirmar el art. 1º de la resolución DE PRLA nº 7826/2022 en cuanto sancionó a la firma Agro Corteva Argentina SRL (ex Du Pont Argentina SRL) con una multa de $ 37.835,57, con costas a la actora. Pues bien, los fundamentos brindados para adoptar esa decisión fueron los siguientes:
1. Para examinar la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos, el TFN ponderó que, por un lado, el acto que dispuso la instrucción del sumario era válido porque cumplía con las exigencias del art. 1094 CA. Seguidamente, dijo que, por haber vencido la temporal el día 23/8/2011, el cómputo de la prescripción comenzó a correr el día 1/1/2012 y fue suspendido el 10/11/2016 con la apertura del sumario, esto fue, habiendo transcurrido 4 años, 10 meses y 9 días. Dijo también que la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 15288/2024 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
suspensión del curso de la prescripción cesó a los 5 días del dictado de la resolución condenatoria (por el juego armónico de los arts. 805 inc. a) y 1017 CA y 40 del RLPA). Por todo ello, cuando la resolución se notificó (22/9/23) la facultad del fisco para perseguir el cobro de los tributos había prescripto.
2. En cuanto a la prescripción de la acción sancionatoria, ponderó que si bien el plazo comenzó a correr el 1/1/2012 (art. 934), éste fue interrumpido con la apertura del sumario el 10/11/2016 (art. 937 inc. a) CA) y también con el antecedente infraccional firme que acompañó la DGA cuando contestó el traslado conferido en aquella sede (documentación adjunta identificada con el IF-2024-13555409-APN-DTD#JGM), el 29/11/2017, según lo establecido en los ar.t 937, inc. b) y 938 CA.
3. En lo que concierne al fondo del asunto, esto es, la comisión de la infracción, el TFN recordó que, por tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba de la reexportación en término recae sobre el beneficiario de ese régimen preferencial. Ponderó que no existe en autos documento que acredite el cumplimiento de los deberes impuestos a la empresa recurrente. Tampoco se ofreció, dijo, la producción de prueba tendiente a esa demostración en aquella sede.
II. Ambas partes apelaron, expresaron y contestaron agravios.
A) La actora plantea que:
1. al no contar con la carpeta contenedora del DIT, la apertura del sumario y todo lo demás actuado es nulo;
2. como consecuencia de lo anterior, la acción del fisco para imponer penas se encuentra prescripta;
3. al momento de conferírsele la vista, habían transcurrido más de 10 años del vencimiento de la DIT, lo que afectó su derecho de defensa en tanto debió defenderse de una imputación sin contar con los documentos necesarios, que ya no tenía el deber de conservar;
4. se ha violado su derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable.
B) La demandada se queja de la decisión del TFN de declarar prescripta la acción para perseguir el cobro de tributos con sustento en dos líneas argumentales:
1. la suspensión del cómputo de la prescripción no cesó todavía porque para contar con la resolución que "habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo" debe contar con una sentencia condenatoria firme (conf. 1139 CA), lo que todavía no ocurrió;
2. la notificación de la liquidación tributaria aduanera con la corrida de vista interrumpió el curso de la prescripción en los términos del art. 806 inc. a) del CA.
III. Antes que nada, cabe ingresar al examen del agravio propuesto por la actora sobre la supuesta ausencia de la carpeta contenedora del DIT sobre el que versa la cuestión, ausencia que, a su entender, afectaría el trámite del sumario al punto de tornarlo nulo.
La Corte Suprema ha expresado, reiteradamente, que:
—las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no proceden en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que la declaración de una nulidad por la nulidad misma es una solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1649; 334:1081; 339:480);
—en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 15288/2024 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
afecte un derecho o interés legítimo y cause un prejuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (Fallos: 334:1081; 339:480);
—las nulidades por vicios formales exigen, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción a algún otro derecho porque, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404; 330:4549; 334:1081; 339:480). Esta sala siguió esos lineamientos (causas “Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero’ LTDA c/ INAES –resol. 806/08”, “Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM Ley 25.871” y "Catardo Emmanuel c/ EN- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/empleo publico", pronunciamientos del 3 de febrero de 2012, del 13 de noviembre de 2014 y 12 de septiembre de 2019, entre muchos otros).
Bajo esos lineamientos, pues, toca examinar el planteo de la actora La lectura del expediente administrativo SIGEA Nº 12197-2589-
2014 que fue ofrecido como prueba por la actora y acompañado por la aduana al contestar el traslado del recurso, permite ver que una copia del dit luce agregada en la primera foja.
De acuerdo con ello, no se aprecia en qué medida la ausencia de la carpeta contenedora del DIT, estando éste presente al inicio del sumario, acarrearía tal vicio que determinaría la nulidad de lo allí actuado. Máxime cuando al contestar el traslado en la sede del TFN, la aduana agrego copia de la carpeta contenedora del dit y su contenido.
El confronte de las actuaciones administrativas refuerzan mi convicción. Es que además de la copia del dit, lucen también en el inicio del sumario prints de pantalla del sistema mediante los cuales se denuncian eventos de cancelaciones parciales del dit.
Esa circunstancia fue la que dio lugar a que la denuncia efectuada involucre únicamente aquella mercadería que persistiría en infracción. La nota nº 834/2014 (fs. 6 del sumario, a la cual remite el acta denuncia) lo explicó muy claramente: "la denuncia se formula por la 17 unidades del Item 1, del permiso de exportación en estado oficializado 11001EC02000881A de la mercadería importada temporalmente toda vez que no cumple con lo establecido en la resolución 479/95".
Entiendo así que la nulidad cuya declaración pretende la actora no cuenta con un gravamen que la sustente, ya que omite explicar en debida forma porqué la ausencia del DIT (que no existe) afectaría su derecho de defensa con tal fuerza que la sanción de nulidad sería la única forma de evitarla.
Por lo dicho hasta aquí y por los motivos brindados en el voto de la jueza Heiland (cons. III B), en tanto que no encuentro que la actora demuestre afectación a su derecho de defensa, el agravio relacionado con el "plazo razonable" debe ser desestimado.
IV. Desestimados los planteos de la actora sobre la nulidad del sumario y el "plazo razonable", corresponde ingresar en las quejas de las partes sobre la forma en que el TFN resolvió sobre la prescripción de las acciones del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos. Previamente a examinar cada planteo, recordaré las pautas a seguir en cada caso.
En lo que atañe a la acción para imponer sanciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que "la prescripción es de orden público, opera por el mero transcurso del tiempo y debe ser declarada aun de oficio por el Tribunal a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario" (Fallos 334:1264).
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Allí en donde la materia no es penal, como recordó esta sala, “el Tribunal tiene la facultad de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autonómicamente la realidad fáctica, y subsumiéndola en las normas jurídicas que las rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes. Criterio que es particularmente aplicable en materia de prescripción, desde que si bien el juez no puede declararla de oficio (art. 3964 del Código Civil), le corresponde determinar cuál es la naturaleza de la relación jurídica y cuál el plazo aplicable, independientemente de lo que hubieran señalado los litigantes sobre el particular. No se trata de sustituir los hechos, ni de apartarse de los términos de la litis, sino de decidir cuál es la norma aplicable, facultad que es irrenunciable a la función jurisdiccional (Fallos: 321:802, voto en disidencia)" (causa nº 45.176/2019, “Rodgers, Alberto Oscar c/ Hospital de Clínicas Gral. San Martín s/ empleo público”, pronunciamiento del 22 de agosto de 2023).
Por ello, corresponde al tribunal, atendiendo el principio iura novit curia, calificar la defensa y, de acuerdo con los hechos acreditados en la causa, aplicar la norma legal pertinente (ver, esta sala, causa “Lagraña, Raúl Marcelo c/ M. del Interior -Pol. Fed.- Caja de Ret.Jub. y Pen. Pol.Fe. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad”, pronunciamiento del 4 de julio de 1995; Sala III, causa “Estado Nacional (M.O.S.P.) c/ Salas y Billoch s/ ordinario”, pronunciamiento del 5 de agosto de 1993; entre otros).
V. Acerca de la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, vale recordar que la resolución aduanera aquí impugnada, para justificar la subsistencia de la potestad sancionatoria, indicó que el art. 17 de la ley 27.562 dispuso la suspensión de un año del curso de la prescripción a partir del 26/8/2020. El TFN, a su vez, sin atender aquella argumentación, indicó que la prescripción no se produjo porque el acto sancionatorio fue dictado antes de que venza el plazo de 5 años contado desde "el antecedente infraccional firme" del 28/11/2017 (documentación adjunta identificada con el IF-2024-13555409-APN-DTD#JGM).
A contrario de lo resuelto en sede administrativa y por el TFN, la facultad del fisco para imponer sanciones se encontraba prescripta al momento de dictarse la resolución sancionatoria.
Esto es así porque, por un lado, si bien el art. 17 de la ley 27.562 establece una suspensión "con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales", no procede atender a esa suspensión con sustento en lo resuelto reiteradamente por esta sala (causa nº 58086/2019 "SA Importadora y Exportadora de la Patagonia (TF 43471-I Y ACUM.) c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo" y sus citas, pronunciamiento del 12 de julio de 2023, entre otras). En esa causa, este tribunal puntualizó que "el instituto de la prescripción cabe sin duda en el concepto de 'ley penal', desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de la extinción de la pretensión punitiva".
Por ello, las disposiciones que prevén de una manera general la suspensión de los plazos de prescripción de las acciones para aplicar multas (como el art. 17 de la ley 27.562), conllevan la aplicación retroactiva de una norma que coloca a la actora en una situación más gravosa; circunstancia que, indudablemente, transgrede la garantía contemplada en los artículos 899, 900 y 901 del Código Aduanero.
Por otro lado, el "antecedente infraccional firme", que el TFN considera interruptivo del curso de la prescripción, refiere a una conducta material de varios años antes de la conducta investigada en el sumario de autos. Siendo ello así, no puede considerárselo válidamente interruptivo del curso de la prescripción, aun cuando la condena haya adquirido firmeza en el año 2017. En efecto, la lectura de los art. 937La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 15288/2024 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. y 9381. Para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interrumpido debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme. 2. Cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquélla., junto con las explicaciones brindadas en la "Exposición de Motivos", Sección XII, Título II, Capitulo Quinto, punto 5En el ap. 1 del art. 938 se establece que para considerar a la comisión de otra infracción como causal de interrupción de la prescripción de la acción para imponer penas, aquélla debe haber sido declarada como tal en resolución o sentencia condenatoria firme. Se recoge de esta manera la solución que, a falta de norma legal, se había consagrado a nivel de resolución ministerial (resolución 296/1973 del Ministerio de Economía de la Nación). En el segundo apartado de esta norma se recoge el criterio jurisprudencial vigente en material penal sobre la prescripción de la acción, el que se estima adecuado, pues hasta que no recaiga sentencia condenatoria sobre la infracción o delito que se imputa cometido con posterioridad no se puede saber si se da la causal de interrupción que significa la comisión de otra infracción o delito aduaneros —art. 937, incs. b) y c)—. Además, cabe saltar que si la comisión de una infracción interrumpe la prescripción de la acción con respecto a otra infracción cometida con anterioridad, corresponde que tenga el mismo efecto un hecho más grave como es el delito aduanero., permiten descartar la interpretación que efectúa el TFN.
Para que se produzca la interrupción del curso de la prescripción de la acción del fisco para imponer penas, debe tratarse de una conducta posterior a la imputada, con resolución firme a su respecto (ver art. 938 CA), ya que las causales de interrupción previstas en el artículo 937, inc. b) y c), como dijo la doctrina, tienen su fundamento en que "la conducta posterior del presunto infractor demuestra que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo necesaria la imposición de una pena" (conf. Alsina / Barreira / Basaldúa / Cotter Moine / Vidal Albarracín, “Código Aduanero Comentado”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, T.III, p. 349 y ssgtes.).
Descartado entonces que las circunstancias apuntadas por la aduana y por el TFN hayan interferido en el cómputo del plazo de 5 años previsto en el art. 934 CA, desde que el único acto con aptitud para interrumpir su curso fue la apertura del sumario del 10/11/2016 (artículo 937, inc. a) del CA), al momento de dictarse la resolución sancionatoria (14/11/2022), la facultad del fisco para imponer penas se encontraba prescripta.
VI. Con relación a la prescripción de la acción del fisco para perseguir los tributos, adhiero a lo que sostuvo el voto de la jueza Heiland en el cons. IV, a lo que creo conveniente agregar que, por no mediar agravio concreto de la actora acerca de lo resuelto por el TFN sobre el fondo del asunto, corresponde estar a lo allí resuelto.
VII. Dada la forma en que se decide, las costas de ambas instancias se distribuyen en el orden causado (artículos 68, segundo párrafo, 71 y 279 del CPCCN y 1163 CA).
De acuerdo con lo anterior corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación dirigidos contra ella.
Por las razones hasta aquí expuestas VOTO por 1. Admitir los recursos de ambas partes y, consecuentemente, revocar el pronunciamiento apelado declarando la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y confirmando lo resuelto en la resolución 7826/2022 en tanto que exigió tributos a la firma Agro Corteva SRL por la suma de U$S 9.055,90; 2. Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y 3. Dejar sin efecto la regulación de honorarios.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 15288/2024 “AGRO CORTEVA ARGENTINA SRL (TF 115268154-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
Adhiero al voto de la jueza do Pico, con excepción de las consideraciones que apoya en el precedente de Fallos: 334:1264 (considerando IV, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos), toda vez que el planteo de prescripción de la acción para imponer multas fue planteado expresamente por la firma actora (esta sala, causa “Rodgers, Alberto Oscar c/ Hospital de Clínicas Gral. San Martín s/ empleo público”, pronunciamiento del 22 de agosto de 2023).
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1) Admitir los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y, consecuentemente, revocar el pronunciamiento apelado declarando la prescripción de la acción de la parte demandada para imponer penas y confirmando lo resuelto en la resolución 7826/2022 en tanto que exigió tributos a la firma Agro Corteva SRL por la suma de U$S 9.055,90; 2) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y 3) Dejar sin efecto la regulación de los honorarios.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia