Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 31.011-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Nº 121/2012 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la Actuación SIGEA Nº 13289-36221-2008, y en consecuencia, dejar sin efecto el cargo nº 238/2008.
2Imponer las costas al fisco.
3Declarado que sea por el letrado de la actora su número de CUIT y su situación personal frente al IVA se regularán sus honorarios.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-126229058-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Diciembre de 2021 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados: “AGRO EPSILON S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 31.011-A.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. A fs. 10/29 vta. la firma referida en el epígrafe se presenta por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 121/2012 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la actuación SIGEA n° 13289-36221-2008, mediante la cual se rechaza la impugnación deducida por la aquí actora y se confirma el cargo n° 238/2008, a través del cual se la intima a abonar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de lo dispuesto en la Resolución ME Nº 125/08. Relata que registró en el mes de octubre de 2007 la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 07 001 DJVE 5158B y que al momento de registrarse dicha venta, la exportación de porotos de soja estaba gravada con un derecho de exportación del 27,5%; por lo que en cumplimiento de la DJVE mencionada, la firma efectuó la exportación documentada mediante el P.E. n° 08 052 EC01 7289U y abonó los tributos correspondientes. Se agravia porque el servicio aduanero le reclama la diferencia entre el derecho de exportación pagado en función de este P.E. (27,5%) y los que surgen de aplicar los derechos de exportación móviles previstos en la Resolución ME 125/08. Sostiene que las disposiciones contenidas en la Ley 26.351 no pueden aplicarse en forma retroactiva a la operación de autos, cuyas ventas al exterior han sido cerradas y presentadas ante la autoridad de aplicación, en los términos de la ley 21.453, ya que ello implica una violación de derechos adquiridos. Asimismo, aduce que los derechos de exportación móviles que se pretenden instaurar con la Resolución ME 125/08 resultan confiscatorios e inconstitucionales por violar el principio de reserva en materia tributaria y por violar la garantía del derecho de propiedad. A su vez, sostiene que su aplicación no ha sido ratificada por el Congreso de la Nación. Subsidiariamente, plantea la improcedencia del reclamo de los intereses. Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 36/40 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula una breve reseña de las actuaciones administrativas, realiza una negativa genérica de los hechos y afirmaciones de la contraria. En primer lugar, resalta que esta no es la instancia adecuada para discutir la inconstitucionalidad de la Resolución ME 125/08. Aduce que con el dictado de la ley 26.351 se pretendió evitar que se lleven a cabo maniobras que no respeten el régimen tributario general. Destaca las medidas económicas tomadas a partir de la ley de emergencia económica y que mediante ellas se buscó paliar la grave situación que atravesó el país, por lo que entiende que no es irrazonable la interpretación que hace la ley 26.351 de la ley 21.453. Cita jurisprudencia. Destaca lo dispuesto en el art. 1164 del C.A. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. A fs. 41 se abre la causa a prueba. A fs. 73/75 obra el informe del perito contador. A fs. 77/80 la actora invoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Camaronera Patagónica S.A.” del 14/04/14. A fs. 89/91 vta. la actora plantea la ilegitimidad de los intereses aplicados sobre la deuda en dólares. A fs. 92 se corre traslado de dicha presentación al fisco, el que es contestado a fs. 95/95 vta. IV.- A fs. 92 se declara clausurado el periodo probatorio. A fs. 107 se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Con posterioridad se agregan los alegatos y se ponen autos a sentencia.
V. Las Actuaciones Administrativas 13289-36221-2008 se inician con la impugnación del cargo 238/2008 formulado en relación al P.E. n° 08 052 EC01 7289U, que se encuentra vinculado a la DJVE 07 001 DJVE 5158B. A fs. 9/13 (refoliado) obra el informe técnico n° 130/08 (SE FVEX). A fs. 15 (refoliado) obra en sobre contenedor el P.E. n° 08 052 EC01 7289U. A fs. 17/19 se notifica la aquí actora del cargo n° 238/08 con fecha 10/12/08. A fs. 22 se tiene por presentada a la firma AGRO EPSILON S.A. y se tiene por interpuesto el recurso de impugnación en tiempo y forma. A fs. 44/45 obra el Dictamen n° 76/12 (AD ROSA). A fs. 50/55 obra la Resolución n° 121/2012 (AD ROSA), aquí apelada, de la que se notifica la firma recurrente el 29/3/12.
VI. Con base en los hechos descriptos, corresponde determinar si el pago de la diferencia tributaria pretendida por el Fisco Nacional con sustento en la ley 26.351 resulta ajustado a derecho. Adelanto que las disposiciones contenidas en la citada ley no pueden aplicarse en forma retroactiva a la operación de autos, por cuanto las ventas al exterior han sido concertadas y presentadas ante la autoridad de aplicación en los términos establecidos en la ley 21.453 VII.- En esa comprensión del asunto, es conveniente, destacar que conforme surge del art. 6 de la ley citada: “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta. (...)”. A tal fin, estas ventas debían ser registradas mediante declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación.
Esta norma fue aplicada durante más de 30 años. El problema surge cuando en noviembre de 2007 comenzó a correrse el rumor de que las retenciones iban a pasar del 27,5% al 35%. Es por ello, que muchos operadores decidieron cerrar ventas para exportación y registrar las DJVE. Dicho incremento se formalizó el 9/11/2007 y motivó la sanción de la ley 26.351 (B.O. 16/01/2008) que -bajo el pretexto de ser aclaratoria de la ley 21.453- establece que: “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley Nº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. (art. 1)”.
En el art. 2 establece que: “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación.” Resulta importante destacar que quedan alcanzadas por los cambios introducidos en el ordenamiento impositivo las declaraciones juradas de ventas al exterior que registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no satisfagan los requisitos de tenencia y adquisición.
A su vez, la ley 26.351 fue reglamentada por el Decreto Nº 764/2008 (B.O. 12/05/2008) que dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 1 de la ley, serían aquellas oficializadas con posterioridad al 9/11/2007, como es el caso de autos.
VIII. En esa comprensión del asunto, encuentro que la reforma introducida por la ley 26.351 resulta violatoria del principio de retroactividad, por cuanto al disponer el aumento de la alícuota aplicable, ninguna duda cabe de que modificó los efectos jurídicos de los negocios concertados al amparo de la legislación vigente. En ese sentido, es elocuente que la exigencia incorporada por la reforma legislativa es sobreviniente e imprevisible para los responsables que declararon su posición impositiva al amparo de la ley 21.453, lesionando así derechos adquiridos y afectando la seguridad jurídica.
En materia aduanera, existen numerosos tratados internacionales a los que se encuentra subordinado el régimen tributario aplicable a las importaciones y exportaciones, tal y como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que establece como uno de los principios esenciales la irretroactividad de los derechos de Aduana. Asimismo, el Código Aduanero establece la irretroactividad de los tributos aduaneros en los arts. 637, 639, 726 y 728.
IX. En ese marco conceptual, es ostensible que la ley 26.351 autodenominada aclaratoria de la ley 21.453, so pretexto de ser interpretativa de la ley precedente le otorga un nuevo contenido, le agrega una conditio sine qua non para consolidar los efectos tributarios de la operación –acreditar fehacientemente la tenencia o adquisición de los productos a ser exportados-, siendo una modificación de los efectos tributarios hacia el pasado en detrimento de los principios de legalidad, retroactividad y seguridad jurídica He aquí el quid de la cuestión, las leyes interpretativas o aclaratorias sirven para aclarar el sentido de una precedente y no son propiamente retroactivas, en la medida que no disponen un nuevo mandato, sino que precisan los límites y el significado exacto de la ley interpretada y, por tanto, se confunden con ésta. En estos casos, sí está permitido que se aplique en forma retroactiva, debido a su carácter meramente declarativo y a la ausencia de innovación en el sistema legal.
En cambio, si como ocurre en el presente caso, la ley posterior dota de nuevo contenido a la ley precedente, entonces, estaremos frente a una aplicación retroactiva, prohibida por nuestro ordenamiento en materia tributaria.
En otras palabras, la ley 26.351 afecta el derecho adquirido por AGRO EPSILON bajo el amparo de la ley 21.453, ya que la ley 26.351 vuelve sobre una relación jurídica constituida antes de su vigencia, la cual se da por la presentación y registro de la DJVE; privándola así de uno de sus principales efectos (aplicación de la alícuota de los derechos de exportación vigente al cierre de la venta) por el no cumplimiento de un requisito que, como ya se explicó, no estaba previsto en la ley anterior.
De esta manera se cambia en forma retroactiva las reglas de juego y se afectan derechos subjetivos incorporados al patrimonio del exportador. Nuestro Máximo Tribunal, ha reconocido que las leyes no pueden afectar derechos constitucionales que se encuentran incorporados al patrimonio de los administrados, adquiridos al amparo de una legislación anterior (Fallos 157:103, 152:268, 234:753, 269:259, 299:132, 310:1961).
X. Al respecto, procede recordar que la competencia legislativa no es omnímoda. La potestad tributaria se debe ejercer con estricta sujeción a los principios y valores constitucionales que condicionan su ejercicio. Acorde con ese temperamento, el legislador no puede establecer leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos en el pasado. La prohibición de retroactividad de la ley tributaria hace al reconocimiento de la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, ya que garantiza a los potenciales destinatarios de la norma tributaria no sean sorprendidos por un aumento retroactivo de la carga tributaria. Es que en definitiva el Estado no puede ejercer la potestad tributaria con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
XI. Es por ello que el suscripto entiende que la ley 26.351 se disfraza de aclaratoria, cuando no lo es, con el objeto de disimular su alcance retroactivo al momento de dictado la primera ley, a la cual está modificando sustantivamente, para fundar sus pretensiones recaudatorias; afectando así el principio de irretroactividad y certeza en materia tributaria, vulnerando los derechos adquiridos del exportador. En otras palabras la ley 26.351 so pretexto de aclarar la ley 21.453, agrega un requisito no previsto en la norma precedente, arrasando lisa y llanamente con la garantía de la propiedad -art. 17, Constitución Nacional- y destruyendo la seguridad jurídica.
He aquí el quid de la cuestión y es que el efecto retroactivo de la ley 26.351 encuentra un obstáculo insorteable en una situación definitivamente concluida al amparo de la legislación precedente -21.453-.
XII. Por las razones expuestas, corresponde revocar la Resolución nº 121/2012 (AD ROSA), y dejar, en consecuencia, sin efecto el cargo 238/08.
Por la forma en que se resuelve, deviene innecesario pronunciarse respecto de los demás agravios. Que, en virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución Nº 121/2012 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la Actuación SIGEA Nº 13289-36221-2008, y en consecuencia, dejar sin efecto el cargo nº 238/2008.
2. Imponer las costas al fisco.
3. Declarado que sea por el letrado de la actora su número de CUIT y su situación personal frente al IVA se regularán sus honorarios.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución Nº 121/2012 (AD ROSA), dictada por el Administrador de la Aduana de Rosario en la Actuación SIGEA Nº 13289-36221-2008, y en consecuencia, dejar sin efecto el cargo nº 238/2008.
2. Imponer las costas al fisco.
3. Declarado que sea por el letrado de la actora su número de CUIT y su situación personal frente al IVA se regularán sus honorarios.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Suscriben la presente los Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2021.12.28 12:02:14 -03:00 Date: 2021.12.28 16:10:46 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.12.28 19:06:18 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.12.28 19:06:19 -03:00
Fin de la sentencia