Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 31010-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(a) Acoger los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y revocar la sentencia apelada; (b) Remitir la causa al Tribunal Fiscal con arreglo al punto V; (c) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y (d) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 101, y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación contra ella deducidos.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 5156/2023 “Agro Epsilon SA-TF 31010 –A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Agro Epsilon SA-TF 31010 –A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. Por pronunciamiento del 21/4/22, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación (en adte. TFN) revocó la resolución AD SALO 250/12. Consecuentemente, dejó sin efecto los cargos nºs 1987/08 y 1988/08, mediante los cuales se intimó a Agro Epsilon SA a abonar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación (conf. res. ME nº 125/08). Con costas (fs. 94/96).
Para así decidir, consideró que:
(a) La ley 21.453 estableció que, para la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de mercaderías, resultaban de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelarios y de base imponible, vigentes a la fecha de cierre de cada venta registrada, mediante la correspondiente declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación (DJVE)
(b) La ley 26.351 agregó la necesidad de acreditar -de modo fehaciente- la tenencia o la adquisición de mercaderías, con anterioridad al cambio del incremento de la alícuota de los derechos de exportación. Determinó que quedarían alcanzadas por sus cambios, las DJVE que, registradas con anterioridad a su entrada en vigencia, no satisfagan los requisitos de tenencia y adquisición.
El dec. 764/08 dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 1 de esa ley fueran las oficializadas con posterioridad al 9/11/07, como es el caso examinado.
(c) La reforma introducida por la ley 26.351es violatoria del principio de retroactividad porque, al disponer el aumento de la alícuota, modificó los efectos jurídicos de negocios concertados al amparo de la legislación vigente (ley 21.453).
(d) Dicha ley, bajo el pretexto de ser “interpretativa” de la ley 21.453, incorpora una condición que no estaba prevista: exigir al exportador que acredite la tenencia o adquisición de los productos con anterioridad al incremento de las alícuotas de los derechos de exportación de los productos agropecuarios. Afecta lisa y llanamente la “garantía de la propiedad” –art. 17 de la CN-, vulnerando los derechos adquiridos de la firma exportadora.
II. La AFIP-DGA apeló y expresó agravios (fs. 136/143), que fueron replicados (fs.147/158).
En síntesis, sostuvo que:
(a) El TFN al expedirse sobre la validez de una norma, se arrogó competencias que no le corresponden y le está vedada (art. 1164 del CA). Si bien no declara –en la parte resolutiva- la inconstitucionalidad de la ley 26.351; lo cierto es que ello surge de los considerandos del pronunciamiento.
(b) La ley 26.351 tuvo por finalidad aclarar el alcance y aplicación de la ley 21.453, evitando el aprovechamiento de los particulares en caso de que las alícuotas de derechos de exportación sean incrementadas. Razonablemente, se exige a los exportadores, para tributar con la alícuota menor, que acrediten la tenencia o adquisición de los productos agropecuarios con anterioridad al incremento (arts. 1 y 2 de la ley 26.351 y res. ONCCA 1487/08 1898/08).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 5156/2023 “Agro Epsilon SA-TF 31010 –A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
(c) No hay razones para invalidar los cargos pues la actora afirmó “que poseía soja con anterioridad a los incrementos”, sin acreditarlo.
III. A fs.101/vta. se regularon los honorarios del letrado de la firma actora, los q fueron apelados por “bajos” (fs. 104/107) y “por altos” (fs. 113).
IV. Asiste razón el Fisco Nacional cuando asevera que, a pesar de que el Tribunal Fiscal no efectuó, en un sentido estricto, una declaración de inconstitucionalidad “en la parte resolutiva de la Sentencia”, la decisión está visiblemente fundada en la invalidez constitucional de la ley 26.351 por afectar “la garantía de la propiedad” y el principio de irretroactividad, vulnerando “los derechos adquiridos de la firma exportadora”.
Por ser ello así, en atención a lo prescripto por el art. 1164 del Código Aduanero, el TFN no está facultado a declarar la invalidez constitucional de una norma dictada por el Congreso de la Nación. Esa fue, además, la postura que se impuso en el plenario del TFN de las salas con competencia en materia aduanera (plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”).
V. Dado que los argumentos exteriorizados en la sentencia apelada giran, exclusivamente, en torno de la invalidez constitucional de la ley 26.351, corresponde devolver la causa al Tribunal Fiscal para que, en un nuevo pronunciamiento, examine las demás cuestiones planteadas por la firma actora en su escrito inicial (esta sala, causa nº 64947/22 “Banderitas SA (TF 31085-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 31/7/23).
VI. Las costas de ambas instancias deben distribuirse en el orden causado dada las particularidades procesales suscitadas en el trámite de esta causa (artículos 68, segunda parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Asimismo, de acuerdo con la solución que aquí se propicia corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios obrante a fs. 101 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos contra ella deducidos.
VII. En mérito de las razones expuestas, propongo al Acuerdo: (a) Acoger los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y revocar la sentencia apelada; (b) Remitir la causa al Tribunal Fiscal con arreglo al punto V; (c) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y (d) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 101, y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación contra ella deducidos.
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
Adhiero al voto de la jueza Liliana María Heiland en los términos de los votos que suscribí en las causas “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expediente nº 37320/2022, “Newsan SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expediente nº 46839/2022, y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 5, del 11 y del 30 de mayo de 2023, respectivamente, a los que cabe remitir por razones de brevedad; por consiguiente, corresponde admitir el planteo formulado por el Fisco Nacional y revocar la sentencia del Tribunal Fiscal en tanto se apartó de la clara prescripción contenida en el artículo 1164 del Código Aduanero (ver CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 5156/2023 “Agro Epsilon SA-TF 31010 –A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
causa “Banderitas SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 4 de julio de 2023).
La jueza Clara María do Pico adhiere al voto de la jueza Liliana María Heiland.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: (a) Acoger los agravios ofrecidos por el Fisco Nacional y revocar la sentencia apelada; (b) Remitir la causa al Tribunal Fiscal con arreglo al punto V; (c) Distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado; y (d) Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 101, y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación contra ella deducidos. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia