Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°25/04 en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en su conjunto, los que quedan a cargo de la recurrente, en el carácter de representación procesal la suma de $5000 y por el patrocinio letrado la suma de $8000, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-24398078-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 15 de Marzo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 24.105-I caratulado “Agroabasto S.R.L. s/ apelación”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. A fs. 41/61 AGROABASTO S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°25/04, dictada el 28 de septiembre de 2004 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales enero de 2000 a noviembre de 2002, y se la intima a ingresar $37.327,36, más intereses resarcitorios, y se le aplica una multa de $111.982,08, con sustento en los arts. 46 y 47 inc b) de la ley 11.683, sólo en relación a los periodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2000, agosto a diciembre de 2001 y julio y agosto de 2002.
En primer lugar, manifiesta que “a fin de no fatigar a VE con la lectura reiterada de los argumentos”, no expresará agravios respecto del ajuste de los débitos fiscales y el consecuente mayor impuesto que se le reclama, remitiéndose a lo expuesto al contestar la vista en sede administrativa.
Sostiene luego que la Resolución fue dictada en infracción al Régimen Especial de Fiscalización denominado “bloqueo fiscal”, previsto en los arts. 117 a 127 de la ley 11.683 (t.v.), ya que, según relata, a resultas de una inspección anterior, con fecha 27/11/02 presentó declaraciones juradas rectificativas en el impuesto a las ganancias por los periodos fiscales 2000 a 2001 y en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 3/01 a 12/01, sin que las mismas fueran impugnadas, lo que considera un requisito ineludible para apartarse del referido régimen.
A continuación, se refiere a la sanción aplicada, sosteniendo su improcedencia por entender que no se configuran las circunstancias requeridas para imputarle la conducta defraudatoria prevista en el art. 46 de la ley de rito.
Por último, se agravia de la tasa aplicada para el cálculo de los intereses resarcitorios, a la que considera confiscatoria y solicita que se deje sin efecto la Resolución recurrida.
II. A fs. 84/98 vta. contesta el traslado del recurso la representación fiscal, quien por los argumentos que expone, solicita se la confirme, con costas.
III. A fs. 127 se hizo saber a las partes que en virtud de los decretos 281/18 y 286/18 (B.O. 9/4/18), esta Sala D quedó integrada por los Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación).
No habiendo prueba a producir, a fs. 131 se elevan los autos a su consideración y a fs. 134 pasaron a sentencia.
IV. Que el único agravio formulado por la recurrente respecto a la determinación de oficio notificada en la Resolución N°25/04 es el referido a la aplicación de las normas de Régimen Especial de Fiscalización, que cabe rechazar por cuanto no se sus presupuestos.
Ello así, toda vez que no está en discusión que la inspección fue iniciada el 17/4/2002 en la que se detectó ingresos no incluidos en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2000 y 2001 y al valor agregado de los períodos 01/00 a 11/02. Las del impuesto a las ganancias fueron rectificadas el 27/11/02 y la recurrente presentó también declaraciones juradas rectificativas del impuesto al valor agregado, pero únicamente de los períodos fiscales 03/2001 a 12/2001, en las que incrementó los débitos fiscales en proporción a los mayores ingresos rectificados en el impuesto a las ganancias en el período fiscal 2001.
No rectificó entonces, los débitos de los períodos fiscales 01/2000 a 02/2001, sosteniendo que éstos quedaron alcanzados por la presunción de exactitud pero, contrariamente a lo que alega, las declaraciones juradas rectificativas por ella misma presentadas implicaron la pérdida del beneficio por así disponerlo el art. 119 de la ley 11.683. A mayor abundamiento, carece de sentido sostener que la ley otorga el beneficio de la exactitud a declaraciones juradas de períodos fiscales anteriores a otros que fueron rectificados, ya que no puede concederse un beneficio donde no se da el presupuesto que prevé la ley para el mismo. Y en el caso, fue la propia recurrente la que exteriorizó esa inexactitud en el curso de la fiscalización, pero lo hizo únicamente en la medida de lo que a la misma vez rectificó como ingreso omitido en el impuesto a las ganancias lo cual deja huérfano, por falta de sustento, sus agravios.
Así por lo demás lo ha sostenido la Excma Cámara al resolver -entre otras- en la causa “Ferola Rubén Alfonso”, sentencia del 7/12/2017, donde dijo: “…resultan claras las previsiones contenidas en los arts. 118 y 119 de la ley 11.683, en cuanto allí se dispone que la presunción de exactitud no se aplicará respecto de las declaraciones juradas rectificativas presentadas con posterioridad al inicio de la inspección, en cuyo caso, si resultare de esa exteriorización un incremento de la base imponible o de los saldos de impuestos a favor del organismo recaudador, podrá éste extender la fiscalización a períodos no prescritos -anteriores al período base-, determinar la materia imponible y liquidar la obligación tributaria”.
Por lo expresado, y toda vez que no se ha formulado agravios respecto de la materia imponible determinada en la Resolución recurrida, corresponde su confirmación, tanto en cuanto al capital como los intereses resarcitorios intimados en ella, sin que la recurrente haya aportado o rendido prueba alguna que sustente la confiscatoriedad que le imputa a la tasa aplicada en su cálculo.
V. En cuanto a la sanción aplicada, a pesar de los esfuerzos argumentativos de la recurrente para que se la deje sin efecto no encuentra este Tribunal razones para ello, ni tampoco para reencuadrar su conducta, máxime cuando fue ella misma la que al rectificar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los mismos períodos fiscales reconoció la existencia de operaciones gravadas omitidas, lo que tuvo lugar el 27/11/2002, sin adoptar el mismo criterio en el impuesto al valor agregado, ni dar una razón para ello más que invocar la exactitud de sus declaraciones juradas por aplicación del régimen previsto en el Titulo XIII de la ley 11.683. Tampoco se han formulado agravios convincentes para modificar su graduación.
Por lo expresado, corresponde confirmar la Resolución N°25/04 en todas sus partes, con costas. El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N°25/04 en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en su conjunto, los que quedan a cargo de la recurrente, en el carácter de representación procesal la suma de $5000 y por el patrocinio letrado la suma de $8000, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archíseve. Date: 2022.03.14 17:01:45 -03:00 Date: 2022.03.15 10:03:52 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.15 11:26:13 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.15 11:26:17 -03:00
Fin de la sentencia