Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-133596327-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 8 de Noviembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O´Donnell (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el Expediente N° 33.946-I caratulado “AGROFINA S.A. s/Apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 108/130 se interpone un recurso de apelación contra la resolución de fecha 08/07/2010 suscripta por el Jefe (int.) de la Agencia N° 2 de la Dirección Regional Norte de la AFIP-DGI en virtud de la cual se le notifica a la recurrente el ajuste efectuado en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural – Ley N° 23.966, por los períodos fiscales 08/2004 a 11/2009, con más intereses resarcitorios. En primer lugar plantea que se verificó un legítimo otorgamiento de las exenciones a pesar de la pretensión de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de limitar su alcance.
Afirma que, a los fines de la exención, la ley 23.966 no contempla distinción alguna entre los solventes incorporados a los productos terminados y los desechados por vía de efluentes. Cita el art. 7 de la ley y sostiene que puede verse claramente que la exención fue establecida para las transferencias de combustibles, incluyendo solventes que de otro modo estarían gravados, cuando los mismos no fueron adquiridos para su comercialización, sino para ser aplicados como insumos en procesos industriales.
Agrega que la norma que estableció la exención no fijó ningún tope o parámetro en función del nivel de solventes contenidos en los efluentes de las industrias que utilizaran los combustibles como materia prima. Afirma que solo exigió que su uso respondiera efectivamente a su aplicación como insumo industrial y que no se prefijó ningún porcentaje máximo computable a efectos de la exención.
Concluye que la normativa tuvo en miras evitar que so pretexto de la exención, se pudiera comercializar combustibles sin liquidar el ITC.
Plantea que, a los fines de la exención, la ley 23966 no contempla distinción alguna entre los solventes incorporados a los productos terminados y los desechados por vía de efluentes.
Aduce que la exención fue establecida para las transferencias de combustibles, incluyendo solventes que de otro modo estarían gravados, cuando los mismos no fueran adquiridos para su comercialización como tales, sino para ser aplicados como insumos en procesos industriales.
En este sentido, entiende que el legislador no prefijó ningún porcentaje máximo de desechos computable a efectos de la exención.
Explica que la empresa se encuentra íntegramente dedicada a la producción de principios activos de herbicidas, insecticidas, reguladores de crecimiento vegetal y acarecidas, es decir agroquímicos, que son comercializados como formulados. Agrega que, con ese objeto, tiene instalada en el Parque Industrial de Zárate una importante factoría para la elaboración de tales agroquímicos que utiliza en forma intensiva diversos solventes comprendidos en la ley 23.966 como insumos básicos de su producción.
Sostiene que, en razón de ello, y por haber cumplido con todos los recaudos exigidos por la citada ley 23.966 y su reglamentación, el organismo fiscal procedió a reconocerle su derecho a hacer uso de la exención, otorgándole la reinscripción.
No obstante ello, manifiesta que el organismo fiscal procedió a calcular un ajuste en el impuesto señalado sin ponderar en modo alguno lo expuesto por los representantes de la empresa, ni mucho menos concurrir a su domicilio para verificar la documentación puesta a su disposición, ni producir la demás prueba ofrecida, lo cual le hubiera permitido corroborar la total falta de fundamentos del informe.
Sostiene que la AFIP siempre otorgó las reinscripciones conforme a la letra escrita y clara de la ley 23.966 a pesar de la improcedente línea interpretativa propuesta en los períodos 2006 y 2007 por algunos empleados de la Dirección en el sentido de excluir del alcance de la exención a los solventes incluidos en los efluentes desechados por la empresa.
Advierte que el informe que la AFIP utilizó para fundamentar el ajuste reitera argumentos que fueron desestimados por la propia AFIP al conceder las exenciones.
Enfatiza que no puede explicarse la razón por la que el organismo fiscal otorgó durante los períodos fiscales 2004 a 2010 la correspondiente exención por la totalidad de los solventes utilizados en su proceso productivo, incluyendo a los desechados por vía de efluente, pero en forma sorpresiva, pretende reclamarle en el período 2010 el pago del impuesto en cuestión, correspondiente a los períodos 2004 a 2009, por una porción de los mismos solventes desechados en sus efluentes.
Considera que la pretensión fiscal desconoce sus anteriores actos vinculantes.
Entiende que el organismo fiscal le otorgó las exenciones sin restricciones y conforme a la ley en vigor, y luego pretende volver retroactivamente sobre sus pasos, al plantear que la empresa le habría dado un destino no previsto a una porción de los solventes contenidos en sus efluentes.
Afirma que el proceso productivo de la empresa es particular y único, no sólo en el mercado local sino también en Sudamérica y por ende, no existen ni cánones ni consumos promedios de solventes de otras empresas con las cuales se pueda comparar.
Plantea que la empresa no se encuentra de ninguna manera obligada a llevar a cabo todos los esfuerzos para minimizar la cantidad de solventes contenidos en sus efluentes, simplemente porque los funcionarios encargados de otorgarle año a año la exención, no comprenden los procesos de síntesis química que lleva a cabo la empresa y parten de la errónea premisa de que es ilícito desechar solventes.
Aclara que los valores que el organismo fiscal incluye en la columna de desperdicio de la planilla en cuestión -solvente que se va en efluente- son los que fueron informados por la empresa de acuerdo a cómo fueron retirados los efluentes de su planta, en función de los manifiestos, pero no son los que efectivamente se generaron dentro de cada mes dado que -dice- los efluentes no son retirados de la planta en forma inmediata a su generación, sino que transcurre un plazo hasta su retiro, pudiendo suceder, en algunas ocasiones que los efluentes generados dentro de un mes, se retiren al mes siguiente.
Asimismo, solicita que se declare la nulidad absoluta de la determinación por considerar que el único fundamento del Ajuste es una simple presunción basada en el exceso de desperdicio respecto del considerado normal según el informe analizado. Agrega que el organismo fiscal ignoró todos los fundamentos brindados por la empresa para demostrar que es falso que se le haya otorgado un destino no previsto a dichos solventes. Por su parte, plantea que el ente recaudador no impugnó la contabilidad y ni siquiera examinó la documentación que la misma puso a su disposición a través del descargo, lo cual demuestra, según entiende, que la determinación es improcedente y nula.
Agrega que la AFIP contó con la documentación que acreditaba que la firma no daba un destino no previsto a los solventes contenidos en los efluentes, sino que los entregaba para su transporte, tratamiento y disposición final, a entidades debidamente autorizadas a tal efecto.
Concluye que ni el Informe ni la determinación constituyen una evaluación razonable de las circunstancias del caso.
Por su parte, enumera otras causas que considera que tornan nula a la resolución apelada.
En este sentido, expone que la determinación pretende desvirtuar los claros términos de la exención consagrada en el art. 7 de la ley 23.966 mediante la pretensión de introducir condicionamientos o elementos no previstos por la norma legal, cuando la jurisprudencia ha señalado con toda claridad que la administración carece de tales facultades.
Afirma que la determinación también violó la ley de procedimientos administrativos por carecer de causa adecuada, no respetar el debido proceso adjetivo y desconocer la verdad jurídica objetiva.
En este sentido, afirma que se ha omitido todo análisis de las pruebas ofrecidas y presentadas. Puntualiza que la entrega que realiza de los efluentes que contienen solventes para su transporte, tratamiento y disposición final, no supone darles un destino no previsto.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 140/150 contesta el Fisco Nacional el traslado conferido, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se haga lugar a la excepción de incompetencia interpuesta y se rechace el recurso de apelación planteado en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que a fs. 165 se declara la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa, con costas en el orden causado.
IV. Que a fs. 176 se abre la causa a prueba. A fs. 424 pasan los presentes autos a la Secretaría General de Asuntos Impositivos para que se proceda a recaratular, atento al cambio de denominación de la empresa, informado a fs. 422. A fs. 828 se clausura el período probatorio. A fs. 874/877 vta. la recurrente informa el sobreseimiento de los representantes de la recurrente que habían sido denunciados penalmente por el organismo fiscal como consecuencia del ajuste fiscal que fuera apelado ante esta instancia. A fs. 893/913 acompaña copias certificadas de la causa penal.
A fs. 940 se elevan los presentes autos a consideración de la Sala “A” y a fs. 941 se ponen a disposición de las partes a fin de que produzcan sus respectivos alegatos, habiendo hecho uso de su derecho la recurrente a fs. 949/962 vta. y 979/981 vta. y el Fisco Nacional a fs. 983/992.
Por último, a fs. 993 se ponen los autos para dictar sentencia.
V. Que corresponde en primer término tratar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
En este sentido, corresponde señalar en primer lugar que este Tribunal se declaró competente para entender en la presente causa (vid. fs. 165/165 vta.), oportunamente iniciada para apelar el acto por medio del cual se intimaba el ingreso del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos y el gas natural, por los períodos 08/2004 a 11/2009. Para así decidir, se basaron en la doctrina emanada del Fallo plenario “SANTIAGO SAENZ S.A.” de fecha 20/06/2007, de aplicación obligatoria conforme el art. 151 de la ley 11.683 -t.o. en 1998 y sus modif.-, de la cual surge que los actos que intiman el ingreso del impuesto sobre los combustibles líquidos por exclusión de la exención dispuesta por el art. 7, inciso c) de la ley 23.966 reúnen los elementos necesarios para ser considerados como una determinación de oficio, resultando por ello apelables ante este Tribunal. En consonancia con lo expuesto, es dable señalar que el acto aquí apelado es un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8) y sustanciales (artículo 7), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto; 2) la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad.
En ese contexto, la recurrente afirma que el organismo fiscal ignoró todos los argumentos expuestos por la empresa para demostrar su postura y plantea también que el acto apelado carece de causa y además, que no se respetó el debido proceso adjetivo y que se desconoció la verdad jurídica objetiva. Sostiene que se omitió todo análisis de las pruebas ofrecidas y presentadas.
Sentado ello, se advierte que no le asiste la razón a la actora en su planteo. En efecto, cabe señalar que, el acto en virtud del cual se le intima a la recurrente el ingreso del impuesto en cuestión -notificado a través del acta de fecha 16/07/2010-, encuentra debido sustento en el acto notificado con fecha 7/04/2010, a través del cual se detalla en forma pormenorizada los fundamentos de hecho y derecho tenidos en cuenta por el Fisco Nacional, y si bien, no se siguió el procedimiento de determinación de oficio, lo cierto es que surge de los antecedentes acompañados que la recurrente tuvo la oportunidad de presentar su defensa y ofrecer las pruebas que consideró conducentes.
Ahora bien, el planteo sobre la falta de consideración de las defensas opuestas y de la prueba presentada, encuentra adecuada respuesta en la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal al sostener que “...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (cfr. CSJN, Fallos 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos la recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar su postura, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente. Por su parte, cabe dejar expresa constancia que la discrepancia con el encuadre jurídico o la valoración de los hechos realizada, eventualmente puede o no compartirse, lo que podrá dar lugar a la revocación del acto, pero no a su nulidad.
En razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad, con costas.
VI. Que ahora bien en relación con la controversia que este Tribunal está llamado a resolver, cabe señalar que conforme surge de autos (vid. fs. 11/29), como así también de los antecedentes administrativos acompañados (vid. informe final de fiscalización a fs. 167/180 del cpo. Principal Ley 23.966) el organismo fiscal le inició una fiscalización a la empresa actora, la cual se dedicaba a la elaboración de agroquímicos de alta complejidad tecnológica, para producir funguicidas, insecticidas, acaricidas, coadyuvantes y fitoreguladores. La empresa se encontraba inscripta en el “Registro de Operadores de Productos Exentos por Destino” atento a la exención otorgada a la empresa en el Impuesto a los Combutibles Líquidos y Gas Natural, en función a los productos que elaboraba.
Sentado lo expuesto, y atento a la complejidad de la actividad desarrollada por la firma, el organismo fiscal se basó para decidir en el presente caso, en el Informe Técnico emitido por la Secretaría de Energía de fecha 03/06/2009 y por ende concluyó, luego del análisis del informe en cuestión, que la empresa habría efectuado un “cambio de destino” del combustible adquirido, al verificar un consumo de materias primas o insumos superior a las mermas normales de elaboración y por ello procedió a calcular un ajuste en el impuesto en cuestión conforme lo establecido en el art. 7° “in fine” de la ley del tributo.
En efecto, el Fisco concluyó que los solventes contenidos en los efluentes que tuvieren un porcentaje superior al informado por la Secretaría de Energía, suponen no conformar algunos de los destinos previstos por el art. 7° de la ley 23.966 para ser considerados exentos del gravamen, y por ello se procedió a liquidar el impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos y Gas Natural por los períodos 08/2004 a 11/2009, de acuerdo a lo establecido en el art. 4° de la mencionada ley, atento a resultar en definitiva operaciones de ventas de productos definidos por el art. 4° del decreto reglamentario de la ley señalada.
VII. Que sentado lo que antecede, la cuestión que este Tribunal está llamado a decidir se circunscribe a determinar si se produjo un “cambio de destino” de una parte de los productos que habían sido adquiridos por la empresa y en consecuencia no le correspondería, respecto a tales productos, la exención prevista por el art. 7 de la ley del Impuesto a la Tranferencia de Combustible Líquido y Gas Natural.
VIII. Que, a efectos de decidir sobre la cuestión expuesta, cabe señalar que la recurrente acompañó a estos actuados una copia certificada de la sentencia penal de fecha 1° de abril de 2015 (vid. fs. 910/913), que se encuentra firme, conforme se desprende de la respuesta al oficio dirigido al juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11 (vid. fs. 920), en virtud de la cual se dispuso el sobreseimiento de los responsables de la empresa actora, respecto de la denuncia penal efectuada por el organismo recaudador con sustento en la presunta comisión del delito de evasión respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural que se sustentaba en el ajuste aquí discutido.
En ese contexto, resulta necesario precisar que el artículo 20 de la ley 24.769 dispone que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni de los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquellos....La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al Organismo Fiscal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales...Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y esta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial”.
Es conteste la doctrina y la jurisprudencia en sostener que de una correcta interpretación de dicho precepto se concluye que establece un claro deslinde entre las atribuciones de la justicia penal, la administrativa y la contencioso administrativa. En efecto, es competencia exclusiva de la justicia penal decidir si hubo o no delito en orden a las figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que viene a significar que en dicha sede sólo se indaga sobre la posible comisión de un ilícito dentro de ese marco represivo, y no puede hacer cosa juzgada lo decidido en punto a la determinación del encuadre fiscal, ya que sólo es competencia del organismo fiscal, el Tribunal Fiscal de la Nación, y en su caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (cfr. Entre otros, C.N.A.C.A.F., Sala I, “MASCARDI, Carlos Gustavo”, 30/11/04”). Es clara la norma, en el sentido de permitir que aun cuando se radique una denuncia penal por la presunta comisión de un delito previsto en la ley 24.769, se sustancien los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y cobro de la obligación tributaria o previsional.
Más establece un límite, cual es el de impedir que se dicte un acto administrativo sancionatorio hasta tanto haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos. Límite que tiene el claro objeto de evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que por otro, la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho (cfr. C.N.A.P.C.A.F., Sala V, “Almeida, Nora Mabel”, 18/3/06, entre otros).
En idéntica dirección, la norma establece la limitación a la causa administrativa, cual es la de no alterar las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal.
En ese sentido, este tribunal no debe prescindir de las valoraciones jurídicas contenidas en la sentencia penal, sino que es obvio y razonable que las tenga en cuenta. Debe considerar, pues, los hechos materialmente probados en sede penal.
IX. Que es sobre la base de tales pautas hermenéuticas que debe analizarse la sentencia recaída en sede penal y que, según fuera expuesto, se encuentra firme.
Ello así, resulta atinado dejar expresa constancia que, conforme expone la magistrada en el decisorio señalado, se ordenó la producción de un estudio pericial que involucró a peritos contadores e ingenieros químicos a efectos de determinar las cantidades y porcentajes de combustible adquirido y utilizado en el período examinado y establecer, conforme a tales variables, si se verifica la adquisición de solvente con destino exento que no haya sido afectado al proceso productivo de la empresa. Se aclara que en la producción de dicho informe intervinieron peritos oficiales de la División Jurídico Contable y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y peritos de parte (contadores e ingenieros) propuestos por la defensa de los imputados y la querella (AFIP-DGI).
Sentado ello, surge de la sentencia acompañada en autos que la Jueza penal, luego de citar y destacar aquellos párrafos del informe pericial que consideró relevantes, concluyó que “…los hechos denunciados no encuadran en una figura penal, por lo que corresponde disponer el sobreseimiento de Gustavo Daniel MARANO Y Carlos CELLINI en orden a tales hechos (art. 336 inciso 3° del C.P.P.N.)” (vid. cons. 6°).
X. Que en razón de lo expuesto, y teniendo en cuenta los claros límites fijados en el art. 20 de la ley 24.769 y sobre la base de las conclusiones a las que arribara la jueza penal, corresponde rechazar la pretensión fiscal. En efecto, se desprende que la Magistrada dispone el sobreseimiento de los imputados, al concluir que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal, fundamentando su postura en el informe pericial producido en sede penal, en el cual los expertos afirman que “…no es posible establecer un porcentaje de desperdicio razonable para los procedimientos y el tipo de actividad que llevó a cabo la contribuyente debido a la complejidad de la operación industrial…”, como así también que “…No se verifica la adquisición de solvente con destino exento que no haya sido afectado al proceso productivo…”, concluyendo que “…no correspondería realizar ajuste alguno en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural…” (vid. cons. 5° de la sentencia penal).
Ello así, toda vez que surge de la sentencia penal acompañada que el sobreseimiento de los imputados se sustentó en el informe pericial presentado en dicha instancia, en el cual los expertos afirmaron que no se verificó la adquisición de solvente con destino exento que no haya sido afectado al proceso productivo, sólo cabe rechazar la pretensión fiscal, ante los hechos que resultaron probados en sede penal, que permiten concluir que no existió un desvío del solvente adquirido hacia otros destinos que no contaban con la exención legalmente prevista. En razón de lo que antecede, corresponde revocar el acto apelado, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiero al voto de la Dra. Guzmán, pero difiero en la imposición de costas autónomas aplicadas por la vocal preopinante en el planteo de nulidad.
II. Que en cuanto a la imposición de costas del planteo de nulidad, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), por cuanto “…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto –en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto “Que tampoco puede prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y –tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó ‘como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal’ (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cia. S.A.”, sentencia del 21/02/2023).
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Que adhiero al voto del Dr. Porporatto.
En mérito a la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.11.08 15:59:30 -03:00 Date: 2023.11.08 16:51:33 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.08 18:36:28 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.08 18:36:29 -03:00
Fin de la sentencia