Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36080-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
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12693/2019; “AGROFRESCO SA (TF 36080-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 14 de marzo de 2023. JSY Y VISTOS;
I. Sumario de los hechos del caso En 1993, la empresa Agrofresco SA, dedicada a la actividad agrícola, fue promovida a los beneficios fiscales establecidos en la Ley Nº 22.021, y su modificatoria Ley Nº 22.072, a través de un decreto dictado por el gobernador de la provincia de Catamarca, el cual fue modificado en los años 1997, 2001 y 2002. En los decretos mencionados se estableció que la empresa Agrofresco SA debía denunciar la puesta en marcha de la explotación de 250 hectáreas de olivo hasta el 28/4/2009. Posteriormente, mediante una resolución del Ministro de Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca se aprobó la puesta en marcha del proyecto a partir de ese mismo día, el 28/4/2009. En 2012, mediante una resolución, la AFIP determinó de oficio el impuesto a la ganancia mínima presunta por los períodos fiscales 2006 y 2007. La empresa Agrofresco SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal impugnando aquella resolución, el cual fue admitido por el tribunal.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal Que la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 10/8/2018 (cfr. fs. 95/98), revocó la Resolución del 29/2/2012, suscripta por el Jefe de la Sección Determinaciones de Oficio a cargo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva–, mediante la cual se determinó de oficio el impuesto a la ganancia mínima presunta por los periodos fiscales 2006 y 2007, con más los intereses resarcitorios. Asimismo, la resolución había aplicado una multa equivalente a tres tantos del impuesto presuntamente evadido, con sustento en lo dispuesto por el art. 46 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Para decidir de ese modo, puntualizó que correspondía determinar en el caso si la actora debía tributar el impuesto a la ganancia mínima presunta. Para ello, en primer lugar efectuó una reseña de las normas aplicables al caso y lo actuado en sede administrativa. De este modo, sostuvo que no estaba controvertido en autos que la actora era una empresa que se encuentra promovida conforme a la Ley Nº 22.021 y su modificatoria. Sin embargo, precisó que las cuestiones puestas en discusión por el fisco eran dos. Por un lado, que en los Decretos Nros. 1495/93 y 614/97 dictados por el Gobierno de la provincia de Catamarca, como Autoridad de Aplicación, no se encontraba la actora, en forma expresa, exenta del Impuesto a las Ganancias. Por otro lado, que el beneficio de la exención del Impuesto a las Ganancias, y el que lo modificara o complementara, regía a partir de la puesta en marcha del proyecto, es decir, a partir del 29/4/2009. En cuanto a la primera cuestión, el Tribunal Fiscal sostuvo que en ambos decretos, en su art.1°, se le conferían a la actora los beneficios de la Ley Nº 22.021 y su modificatoria, la Ley 22.702, en tanto ella cumplía con las condiciones y requisitos que se le imponían en esos mismos decretos por parte de la Autoridad de Aplicación. En este sentido, expresó que ambos instrumentos reenviaban a la ley que instauraba los beneficios tributarios, resultando innecesario e impropio de la técnica legislativa, ante la ausencia de una exigencia normativa en contrario, que se transcribiera en forma expresa los términos de la ley remitida para que ésta sea aplicada al caso.
Teniendo en cuenta esa interpretación, puso de relieve que no estando controvertido en autos que la actora hubiese incumplido alguno de los requisitos impuestos por la Autoridad de Aplicación en el decreto de adjudicación, a tenor de lo dispuesto en los arts. 9° y 12° de la Ley Nº 22.021, ratificó que a la actora se le habían otorgado oportunamente y en dicho decreto los beneficios dispuestos respecto del impuesto a las ganancias o del que lo complementara o sustituyera.
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En lo que respecta a la segunda cuestión, precisó que se requería determinar el momento a partir del cual le era aplicable a la actora esos beneficios. En esta línea, señaló que la Ley Nº 22.021 dispone en su art. 2° que “[e]starán exentos del pago del impuesto a las ganancias o del que lo complemente o sustituya, los beneficios provenientes de explotaciones agrícola-ganaderas realizadas en predios adquiridos o adjudicados mediante el Régimen de Saneamiento de la Propiedad Rural Indivisa y del Minifundio de la Provincia de La Rioja o mediante el régimen similar instituido por Gobierno de la Provincia de Catamarca para su jurisdicción. Esta franquicia regirá por el término de 15 (quince) años a partir de la adjudicación o compra de acuerdo con la siguiente escala (…)”.
A su vez, indicó que así como establece el momento de comienzo de la franquicia para las explotaciones agrícolas-ganaderas, la ley determinaba lo propio con las actividades industriales. Así, puntualizó que en el art. 3º de la norma se disponía que “[e]starán exentas del pago del impuesto a las ganancias, o del que lo complemente o sustituya, las utilidades originadas en las explotaciones industriales a que alude el inciso b) del artículo 1° de la presente ley, en las ramas que promueva el Poder Ejecutivo. Esta franquicia se aplicará para las industrias que inicien su explotación antes del 31 de diciembre de 1983, por 15 (quince) ejercicios anuales a partir del primero que se cierre con posterioridad a la puesta en marcha”
Así las cosas, el tribunal, con cita de jurisprudencia del fuero, consideró que se equivocaba el fisco al pretender aplicar la fecha de puesta en marcha para el inicio de los beneficios promocionales de una explotación agrícola-ganadera como era el caso de la actora. De este modo, esgrimió que el fisco incurría en una confusión normativa al entender como gravada toda venta realizada con anterioridad a la puesta en marcha, según surgía de la resolución de la determinación de oficio. Sin embargo, el tribunal expresó que, justamente, al tratarse de explotaciones agrícolas, la puesta en marcha a 10 años vista comprometía arribar a ese momento con una capacidad de producción acordada que implicaba el desarrollo de actividad económica previa, incluidas operaciones de ventas. Por lo tanto, sostuvo que deliberadamente y para instar a la inversión se acordaban beneficios más importantes desde el inicio del proyecto que a partir de la puesta en marcha.
En este entendimiento, expresó que en vinculación especifica con la interpretación de las normas “exentivas” de la Ley Nº 22.021, y a través del Dictamen DAL Nº 55/99, había concluido que el impuesto a la ganancia mínima presunta revestía carácter complementario con respecto del impuesto a las ganancias, cuestión que también era ratificada por la Instrucción General DGI Nº 9, del 28/5/1999.
Así las cosas, el Tribunal Fiscal concluyó que la actora se encontraba exenta del impuesto a la ganancia mínima presunta en los períodos cuestionados. En definitiva, para decidir de ese modo, tuvo en cuenta que se había acordado a la actora, mediante un decreto provincial, los beneficios de la Ley Nº 22.021; que no se había controvertido el cumplimiento de su proyecto de promoción; que correspondía aplicar la exención del impuesto a las ganancias desde la fecha de adjudicación y no desde la fecha de puesta en marcha: y que el beneficio alcanzaba al impuesto a la ganancia mínima presunta, el cual era complementario del primero.
III. Agravios de la AFIP Que, contra aquel pronunciamiento, la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General Impositiva– interpuso recurso de apelación a fs. 107 y expreso agravios a fs. 112/122, los cuales no fueron contestados por la contraparte.
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Considera que ha existido arbitrariedad por parte del Tribunal Fiscal, en tanto ha excedido los límites de una razonable y discreta interpretación de las normas aplicables.
En primer lugar, sostiene que el art. 1º del Decreto provincial N° 1495/93 disponía lo siguiente: “Otorgase los beneficios de la Ley Nacional N° 22.702 con las condiciones y alcances que en los artículos siguientes se detallan (…)”. Así las cosas, manifiesta que no surge de dicho acto administrativo ni de sus modificaciones que el Impuesto a las Ganancias se encontrara alcanzado entre las franquicias otorgadas. Por lo tanto, indica que no le asiste razón al Tribunal Fiscal cuando sostiene que no era necesario que los decretos en cuestión reiteraran los beneficios, pues del propio texto del art. 12 de la Ley Nº 22.021 surgía que sería la autoridad de aplicación (en el caso, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca) la que debía otorgar los beneficios entre los que se encuentra la exención en cuestión. Por lo tanto, sostiene que la actora se encontraba alcanzada por el impuesto a la ganancia mínima presunta.
En segundo lugar, se queja de la sentencia apelada respecto de la fecha a partir del cual resultaban operativos los beneficios previstos en la Ley Nº 22.021 y su modificatoria, en el supuesto de empresas agropecuarias, como es el caso de la recurrente. Considera que es improcedente la interpretación realizada por el Tribunal Fiscal por cuanto desde la literalidad de las normas vigentes e involucradas en la causa, los beneficios promocionales eran aplicables sólo a partir de la puesta en marcha del proyecto promovido, es decir, al momento en que la empresa agropecuaria alcanza la producción comprometida, y cumple con todas las obligaciones que las normas promocionales le imponen y le dan derecho a gozar de la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta.
IV. Alcances del pronunciamiento Que, de manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Análisis de las normas aplicables al caso Que, sentado ello, y con el objeto de facilitar la adecuada comprensión de las cuestiones debatidas, es conveniente efectuar una sucinta reseña del marco normativo del caso bajo examen.
Así las cosas, cabe precisar que la Ley Nº 22.021, y su modificatoria Ley Nº 22.072, instrumentó un régimen de franquicias tributarias a las explotaciones agrícola-ganaderas realizadas en predios adquiridos o adjudicados, ubicadas en las provincias de Catamarca y la Rioja, extendiendo luego el beneficio a la provincia de San Juan, con el objeto de estimular el desarrollo económico en las mencionadas provincias.
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Asimismo, el art. 2º de la ley establece que “[e]starán exentos del pago del impuesto a las ganancias, o del que lo complemente o sustituya, los beneficios provenientes de explotaciones agrícola - ganaderas realizadas en predios adquiridos o adjudicados mediante el régimen de saneamiento de la propiedad rural indivisa y del minifundio de la provincia de La Rioja o mediante el régimen similar instituido por el gobierno de la provincia de Catamarca para su jurisdicción. Esta franquicia regirá por el término de quince (15) años a partir de la adjudicación o compra” de acuerdo con una determinada escala establecida por la ley. Por otra parte, el art. 3º de la citada prescribe: “Estarán exentas del pago del impuesto a las ganancias, o del que lo complemente o sustituya, las utilidades originadas en las explotaciones industriales (…). Esta franquicia se aplicará para las industrias que inicien su explotación antes del 31 de diciembre de 1983, por QUINCE (15) ejercicios anuales a partir del primero que se cierre con posterioridad a la puesta en marcha…”.
En este contexto, cabe señalar que la empresa recurrente fue promovida con los beneficios de la Ley Nº 22.021, mediante el Decreto de la provincia de Catamarca N° 1495/93 (cfr. fs. 78/82 del “Legajo Ganancia Mínima Presunta”), modificado por los Decretos provinciales Nros. 614/97 (cfr. 70/77 del legajo citado), 526/01 (cfr. fs. 68/69 del legajo citado) y 432/02 (cfr. fs. 67 del legajo citado). En este sentido, el Decreto N° 1495/93, del 23/8/1993, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca, dispuso en favor de la actora, en su art. 1°, “otorga[r] los beneficios de la Ley Nacional N° 22.702” para la explotación agrícola de un campo denominado “Los Canos”, ubicado en el Distrito Huillapima, Departamento de Capayán, de la provincia de Catamarca, destinado a la producción de 180 hectáreas de pistacho.
En sus siguientes articulados se establecieron los requisitos que debía cumplir el proyecto. Así, se determinó la inversión total mínima (art. 2), el plazo para denunciar la iniciación de las actividades (art. 3), el plazo máximo de 10 años para denunciar la puesta en marcha de la explotación a partir de la fecha del decreto (art. 4) y la capacidad de producción del establecimiento (art. 5), entre otras cuestiones. A su vez, por el Decreto provincial Nº 614/97, del 8/5/1997, se aprobó la reformulación del proyecto original, mediante la cual se habían otorgado los beneficios de la Ley Nº 22.021, modificada por la Ley Nº 22.702, para la explotación agrícola que instalaría Agrofresco SA en un campo ubicado en el Distrito Los Puestos, Departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca y destinado a la producción de olivo en 250 hectáreas.
El art. 3º de la norma aprobó el inicio de actividades de la empresa el día 28/4/1997. Por su parte, en el art. 4° –modificado por el Decreto provincial Nº 526/01–, se ratificó el plazo de 10 años para denunciar la puesta en marcha de la explotación, computándose dicho plazo a partir de la fecha mencionada. Finalmente, el Decreto Nº 432/02 prorrogó dicho plazo hasta el 28/4/2009. Posteriormente, mediante Resolución Nº 219/10, dictada por el Ministro de Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca, se aprobó la puesta en marcha del proyecto a partir del 28/4/2009 (cfr. fs. 68/72). Finalmente, cabe también destacar lo dispuesto por la Instrucción General Nº 9 de la AFIP en el sentido de que con relación a las empresas promovidas y las franquicias que oportunamente se hubieren acordado correspondía interpretar que el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta era un impuesto complementario al de Ganancias y que, en consecuencia, debían reconocerse la extensión de las franquicias de éste que fueran oportunamente acordadas con las empresas promovidas.
VI. Sobre las leyes de estímulo como las debatidas en autos En este contexto, con relación a la ley debatida, cabe recordar que esta Cámara ha sostenido que el propósito de la ley fue el de estimular el desarrollo económico de ciertas provincias, y atraer la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12693/2019; “AGROFRESCO SA (TF 36080-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
radicación de capitales en los sectores agropecuario, industrial y turístico, en procura de generar las fuentes de trabajo que evitaran el éxodo de la población (cfr. Sala I, in re: “DGI (en autos Naindo S.A. TF 21495-I)”, Causa Nº 24.099/06, del 26/3/2009; Sala II, in re: “Comaher San Juan SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 3.762/2016, del 29/9/2016).
A su vez, como lo ha sostenido esta Sala en otra oportunidad, el estímulo fiscal destinado a fomentar la instalación de industrias nuevas o la ampliación y el perfeccionamiento de las existentes debe ajustarse al presupuesto que le fija la norma que lo concede y que determina su magnitud y duración, en razón de que las franquicias impositivas –no obstante las distintas características que ellas puedan revestir– configuran limitaciones a los principios de generalidad y de igualdad de la tributación (CSJN, Fallos: 308:378; esta Sala, in re: “Kalay La Rioja SA c/ EN - M° Economía -Resol 6/04 y 589/06- (AFIP) y otro s/ Proceso de conocimiento”, Causa Nº 43.448/2006, 24/10/2013; Sala IV, in re: “Miguel Calderón e Hijos S.A. (T.F. 14.088-I) c/ D.G.I.”, Causa Nº 52.608/95, del 27/8/1998).
VII. Improcedencia de los agravios de la AFIP respecto de que los decretos provinciales no otorgaban el beneficio de la Ley Nº 22.021, y su modificatoria Ley Nº 22.072 Que, corresponde expedirse respecto del primer agravio de la AFIP, que considera que no surge del Decreto provincial Nº 1495/93, ni de sus modificaciones, que el impuesto a las ganancias se encontrara alcanzado entre las franquicias otorgadas A este respecto, cabe señalar que la Corte Suprema ha sostenido que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal, y cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (CSJN, Fallos: 327:5614; esta Cámara, Sala V, in re: “Agropecuaria Arphi SA c/ Dirección General Impositiva y otro s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 22.263/2014, del 20/8/2014).
Al mismo tiempo, el Máximo Tribunal ha sostenido que es regla de interpretación de las leyes, dar pleno efecto a la intención del legislador computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional, por lo que se impone preferir la inteligencia de las normas que de mejor modo las concierte y acuerde, antes que otra que las haga irreconciliables entre sí (cfr. CSJN, Fallos 281:146; esta Cámara, Sala IV, in re: “Bestoil SA (TF 26.436I) c/ Direccion General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 31.377/2014, del 4/12/2014).
A la luz de lo expuesto, corresponde desestimar los agravios del fisco nacional, pues resulta claro que tanto el Decreto provincial N° 1495/93, como su modificatorio Decreto Nº 614/97 – mediante el cual se aprobó la reformulación del proyecto original– resolvieron otorgar los beneficios de la Ley Nº 22.021, y su modificatoria Ley Nº 22.072, en cuanto eximió del pago del impuesto a las ganancias a la aquí actora.
En este sentido, de modo alguno puede considerarse arbitraria la interpretación del Tribunal Fiscal en el caso, pues le asiste razón en cuanto sostuvo que los decretos citados reenviaban a la ley que instauraba los beneficios tributarios, resultando innecesario e impropio de la técnica legislativa, ante la ausencia de una exigencia normativa en contrario, que se transcribiera en forma expresa los términos de la ley remitida para que ésta sea aplicada al caso.
En virtud de lo expuesto corresponde desestimar los agravios de la demandada en este punto.
VIII. Improcedencia de los agravios del fisco respecto de la fecha a partir del cual resultan operativos los beneficios fiscales CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12693/2019; “AGROFRESCO SA (TF 36080-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Que, por otro lado, y a la luz de las pautas interpretativas indicadas en el considerando que antecede, corresponde desestimar las quejas de la demandada referidas a la fecha a partir del cual resultan operativos los beneficios previstos en la Ley Nº 22.021 y su modificatoria, en el supuesto de empresas agropecuarias.
En este sentido, conforme a lo reseñado en el considerando V, cabe precisar que mediante el Decreto N° 1495/93, del 23/8/1993, el Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, dispuso en favor de la actora otorgar los beneficios de la Ley Nacional N° 22.702 para la explotación agrícola y fijó el plazo máximo de 10 años para denunciar la puesta en marcha de la explotación a partir de la fecha del decreto. A su vez, por el Decreto provincial Nº 614/97, del 8/5/1997, se aprobó la reformulación del proyecto original, y se estableció que la beneficiaria contaba con un plazo máximo de 10 años para denunciar la puesta en marca de la explotación, plazo que se computaba desde el 23/8/1993. El Decreto provincial Nº 526/01, determinó que el plazo se contaría desde el 28/4/1997. Finalmente, el Decreto Nº 432/02 prorrogó dicho plazo hasta el 28/4/2009. Posteriormente, mediante Resolución Nº 219/10, dictada por el Ministro de Producción y Desarrollo de la provincia de Catamarca, se aprobó la puesta en marcha del proyecto a partir del 28/4/2009.
Así las cosas, cabe señalar que resulta ajustada a derecho la interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal el cual, luego de analizar los arts. 2º y 3º de la Ley 22.021, sostuvo que se equivocaba el fisco al pretender aplicar la fecha de puesta en marcha para el inicio de los beneficios promocionales de una explotación agrícola-ganadera. Así las cosas corresponde confirmar lo decidido en la instancia anterior, en tanto la interpretación efectuada es coincidente con lo resulto por diversos precedentes de esta Cámara (cfr. Sala I, in re: “Tartus SA (TF 20650-I) c/ DGI”, Causa Nº 9.577/2010, del 29/3/2012; Sala II, in rebus: “Comaher San Juan SA”, ya citado; “Kayne SA (TF 24897-I) c/ DGI”, Causa Nº 21.497/2007, del 9/3/2010; y “DGI (Autos Arev S.A.T.F. 20770I)”, del 14/6/2008; Sala IV, in rebus: “Bestoil SA”, ya citado; “San Juan Cultivos S.A. (TF 29960I) c/ DGI”, del 12/8/2013; y “Nucat SA (TF 24646I) c/ D.G.I.”, del 24/6/2010; Sala V, in re: “Agropecuaria Arphi SA”, ya citado).
En efecto, el fin perseguido por el legislador al momento de aprobar la ley del gravamen, lejos de sustentar el criterio del fisco nacional con relación al momento en que la empresa comienza a gozar del beneficio tributario, reafirma la solución dada por el Tribunal Fiscal, habida cuenta de que es la que mejor se condice con el objetivo que inspiró la sanción de la ley de promoción industrial, agropecuaria y turística que consiste en estimular la radicación de capitales en determinada zonas geográficas de baja productividad (Sala I, in re: “Tartus SA”, ya citado).
Así las cosas, conforme se desprende de la lectura de los arts. 2º y 3º de la Ley Nº 22.702, la afirmación del Tribunal Fiscal de la Nación consistente en que, para el caso de las explotaciones agrícolas se toma en cuenta la fecha de la adjudicación y no la de puesta en marcha, resulta ajustada a los términos de la ley (cfr. Sala II, in re: “Comaher San Juan SA”, ya citado).
En este sentido, el hecho de que mediante los decretos provinciales involucrados el Gobernador de Catamarca hubiese establecido que la beneficiaria debía denunciar dentro de un determinado plazo la puesta en marcha de la explotación, no podría ser interpretado como un condicionante para la vigencia de exención establecida en la Ley Nº 22.021, modificada por la ley 22.702 (cfr. esta Cámara, Sala V, in re: “Agropecuaria Arphi SA”, ya citado).
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los agravios expuestos sobre el punto.
IX. Costas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 12693/2019; “AGROFRESCO SA (TF 36080-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de alzada a la AFIP vencida en autos (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
Por las razones expuestas, SE
rechazar el recurso interpuesto por Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de Alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). A los fines del art 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia