Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2021-92535768-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-73970229-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Junio de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Agustina O´Donnell (Vocal Subrogante de la Primera Nominación) a fin de resolver el expediente N° EX-2021- 92535768- -APN-SGAI#TFN, caratulado “AGROHUARPES EUROFINS AGROSCIENCES SERVICES S.A.
s/apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante RE-2021-92533553-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución de la AFIP-DGI, de la Región Mendoza, firmada el 07/09/2021, por medio de la cual se aplican dos multas por considerar a la recurrente incursa en las conductas reprimidas por los inc. a) y d) del segundo articulo agregado a continuación del art. 39 de la ley 11.683, con fundamento en la omisión de registrar en tiempo y forma el formulario N°8096 del periodo fiscal 2018 establecido en la RG N°4130/2017 de AFIP, junto con el incumplimiento del requerimiento efectuado.
En primer término, la recurrente efectúa una reseña de la resolución apelada y cuestiona que se le impute la obligación de cumplir con el empadronamiento anual establecido por la RG 4130/2017 y que a pesar del requerimiento formulado no lo haya hecho.
Sostiene que no se encuentra alcanzada por la RG N°4130/2017 de AFIP toda vez que no está comprendido en ninguno de los supuestos previstos en el art. 3, sino que le comprenden las causales de exclusión del art. 2.
Atribuye al ente fiscal la repetición de idénticos argumentos tanto en los requerimientos como en la apertura del sumario, sin brindar mayores precisiones durante la totalidad del procedimiento sancionatorio. Ello, acarrea un estado de indefensión dado que no pudo acceder a la información, datos, montos que supuestamente habría recibido la administración en el Informe País por País, ni el aportante o declarante de los mismos. De allí que considera que no existió una exposición de los motivos para su encuadre legal, ya que la resolución fue dispuesta sin bases serias y suficientes, al igual que se omite la acreditación del tipo objetivo y subjetivo de las infracciones imputadas. Además, la ausencia de una imputación precisa y pormenorizada de los antecedentes de hecho y derecho que funda la sanción pretendida implica un avasallamiento al ejercicio del derecho de su defensa.
Según su razonamiento, la mera vinculación con un sujeto del exterior no genera de por sí la obligación formal prevista en el régimen de información que daría lugar a la presentación de aquel formulario. Pero aun incluso considerando que sí sea, la administración fiscal debió fundamentar su postura para que tenga que cumplir con esa obligación, siendo su carga acreditar que se encontraba comprendida en esa normativa. Por último, recurre al párrafo que dice “el tipo de la presente infracción no requiere resultado alguno, porque el solo hecho del incumplimiento en el tiempo establecido implica la falta de colaboración y, consecuentemente, la afectación del bien jurídico tutelado”, para evidenciar la intención del Fisco Nacional en encuadrar la infracción en un “tipo de peligro”.
Impugna el encuadre legal efectuado aludiendo que es una mera transcripción de los incisos imputados sin “un verdadero razonamiento de las evidencias y la conducta en relación al tipo objetivo y subjetivo de las figuras endilgadas”.
Entonces concluye que sería un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta e insanable, por carecer de motivación suficiente que le haya permitido ejercer en debida forma su derecho de defensa, a partir de conocer con precisión los elementos de cargo que obran en su contra y el razonamiento del juez administrativo - en su aspecto objetivo y subjetivo- para decidir que el contribuyente ha cometido dichas infracciones. Ello con fundamento en que no se señalaron las pruebas para tener por acreditada la conducta violatoria del régimen infraccional tributario, ni las razones de hecho y de derecho para su encuadre legal.
Realiza un análisis entre el ámbito del derecho tributario sancionador y el ámbito del derecho penal, respecto a los derechos y garantías aplicables en la materia. A partir de su relato, su conclusión es que la resolución recurrida no habría respetado las pautas y principios básicos del derecho penal, así como también los derechos y garantías constitucionales. Por lo tanto, asume que el proceder del Fisco ha ignorado por completo las garantías y principios de aplicación a las infracciones tributarias, con un objetivo de recaudación. Para finalizar, manifiesta la ausencia absoluta del elemento objetivo del tipo infraccional, lo que impediría la aplicación de la pena en este caso y a su vez, conllevaría la inexistencia del aspecto subjetivo de dichas infracciones.
En atención a lo expuesto, solicita se revoque el acto administrativo apelado, con costas al Fisco Nacional.
Aporta prueba documental y formula reserva del caso federal.
II. Que en IF-2022-29162309-APN-DTD#JGM contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirme la resolución recurrida, con imposición de costas. A su vez, introdujo la cuestión federal.-
III. Que mediante PV-2023-63344104-APN-VOCII#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A”. Finalmente, por IF-2023-68505952-APN-VOCII#TFN se llaman los autos para dictar sentencia.-
IV. Que de acuerdo con lo que se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas, a partir de la información recibida en el Informe País por País del período 2018, la administración fiscal constató que la recurrente formaba parte de un Grupo EMN y que en tal carácter, incumplió con el Empadronamiento Anual (Formulario Nº 8096) establecido por la Resolución General AFIP Nº 4130/2017, por el período fiscal 2018. Ante ello, con fechas 28 de enero de 2021 y 9 de febrero de 2021 se emiten sendas intimaciones con el objeto de que la recurrente regularice la situación mediante la presentación del correspondiente empadronamiento. Ambas intimaciones fueron debidamente notificadas ( 29 de enero y 10 de febrero). Frente al incumplimiento, mediante acto de fecha 5 de mayo de 2021 se instruyó el correspondiente sumario por considerar a la recurrente –prima facie- incursa en las infracciones previstas en el segundo artículo agregado a continuación del artículo 39 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), incisos a y d. En atención al tiempo transcurrido sin que la recurrente hubiera ejercido su derecho de defensa, se resolvió aplicar las sanciones ahora en crisis.
V. Que atento a lo expuesto, corresponde en primer término, tratar el planteo de nulidad articulado por considerar que el acto sancionatorio carece de motivación suficiente, vulnerando su derecho de defensa. Debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en los arts. 70 y siguientes de la ley 11.683, toda vez que - mediante la resolución dictada, firmada por el Juez Administrativo-, surgen claramente los hechos tenidos en cuenta para achacarle la conducta reprimida, se le otorgó el plazo correspondiente de 15 (quince) días para que formule su descargo y ofrezca las pruebas que estimare convenientes para la defensa de sus derechos (Vid. fs. 8/9 de los antecedentes administrativos).
En puntual contestación a los agravios vertidos por el recurrente cabe señalar que la motivación consiste en la exposición de las razones que llevaron al órgano administrativo a emitir el acto, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que precedieron al mismo y justifican su dictado. Ha sido precisada por la doctrina jurisprudencial como “una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (conf. S.C.B.A., “Ferrara”, DIBA, 94-13).
En ese contexto, la defensa debe ser rechazada pues de la simple lectura del acto en crisis se desprenden claramente las explicaciones respecto a los elementos tenidos en cuenta para llegar a la conclusión inserta en su parte resolutiva. En definitiva, los agravios se emparentan más con discrepancia con las conclusiones del juez administrativo que con la ausencia de motivación.
En la misma dirección no pueden acogerse sus planteos sobre la imposibilidad de ejercer su derecho de defensa pues pudo recurrir a este Tribunal y expresar los argumentos que avalan su posición e impugnar el acto sancionatorio.
En mérito a lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada, con costas.
VI. Que sentado lo que antecede, corresponde ahora tratar la procedencia de las sanciones aplicadas. La administración fiscal encuadró la conducta de la actora en los incisos a) y d) del artículo 39 de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y sus modificaciones-. Dicha norma prevé que, serán sancionados “a) Con multa graduable entre ochenta mil pesos ($ 80.000) y doscientos mil pesos ($ 200.000), las siguientes conductas: (i) Omitir informar en los plazos establecidos al efecto, la pertenencia a uno o más grupos de Entidades Multinacionales, cuyos ingresos anuales consolidados totales de cada grupo sean iguales o superiores a los parámetros que regule la Administración Federal de Ingresos Públicos, a los fines del cumplimiento del régimen; y de informar los datos identificatorios de la última entidad controlante del o los grupos multinacionales a los que pertenece. La omisión de informar la pertenencia a uno o más grupos de Entidades Multinacionales con ingresos inferiores a tales parámetros y los datos de su última entidad controlante será pasible de una multa graduable entre quince mil pesos ($ 15.000) y setenta mil pesos ($ 70.000).
(…)”; y “d) Con multa de doscientos mil pesos ($ 200.000) el incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cumplimentar los deberes formales referidos en los incisos a) y b). La multa prevista en este inciso es acumulable con la de los incisos a) y b).
Cabe recordar que las infracciones formales –como las tipificadas en las normas pretranscriptas- tienen el objeto de proteger el bien jurídico “administración tributaria”. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal ha dicho que con ellas se tiene en miras aquellas conductas que tienden a “determinar la obligación tributaria o a verificar y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los responsables” (“Moño Azul S.A., 15/4/1993). De tal forma que con su sanción no se persigue conductas que conlleven un perjuicio patrimonial al Fisco, pues no adquiere relevancia el resultado de la acción que se sanciona.
En lo que específicamente atañe a la norma aplicada, debe señalarse que por ella se tipifican nuevas infracciones que van en línea con el Plan BEPS de la OCDE y específicamente, con la acción 13. Dicha acción busca transparentar -para los efectos fiscales- la manera en la que los grupos multinacionales se organizan y efectúan operaciones intercompañía, estableciendo un estándar de cumplimiento de obligaciones documentales, por lo que los grupos se encuentren requeridos para estos efectos.
De allí que se consideró razonable exigir a los grupos y compañías multinacionales la obligación de brindar información veraz, consistente y estandarizada de cada jurisdicción en la que se desempeñen, permitiendo que las diferentes administraciones fiscales puedan controlar ingresos, impuestos, gastos, empleados, etc. Puede definirse entonces al informe País por País como aquella declaración mediante la cual los grupos de Entidades Multinacionales, que posean ingresos anuales totales superiores a determinado monto, informen determinados datos con el objeto de impedir riesgos en la política de precios de transferencia de ese grupo. A partir de que nuestro país siguió el Plan de Acciones BEPS y en concordancia con dicha regla, se suscribió el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el Intercambio de Informes País por País. En consecuencia y para implementar su funcionamiento, nuestra Administración Fiscal dictó la Resolución General N° 4130/2017, con fecha 19 de septiembre de 2017, donde se establecen los elementos del régimen de información anual.
VII. Que en ese contexto, a fin de analizar la conducta reprochada, cabe analizar en primer término la conducta que se encuadra en el inciso d), esto es, el incumplimiento a los requerimientos dispuestos por la Administración a fin de que cumplimente los deberes formales reglados en los incisos a) y b). Ello así, y de acuerdo con el relato de los hechos efectuado en el Considerando IV, la recurrente fue debidamente notificada de sendos requerimientos, no habiendo cumplido con los mismos. Los requerimientos formulados no le merecieron la necesidad de informar siquiera que entendía que dicho régimen no le era aplicable, no explicando ante esta instancia las razones que lo llevaron a no cumplir las intimaciones cursadas. De tal forma, entiendo que se encuentra configurada la conducta que se le reprocha, habiendo sido correctamente cuantificada la sanción.
VIII. - Que debo ahora expedirme sobre la procedencia de la sanción aplicada con sustento en el inciso a) del segundo artículo agregado a continuación del artículo 39 de la LPT.
Se le achaca a la recurrente la omisión de cumplir con el artículo 8 de la norma reglamentaria citada, a través del empadronamiento con la presentación del Formulario 8096, hecho que omitió en el período 2018. Es dable destacar que de acuerdo con la información obrante en la administración, la recurrente se encontraba alcanzada por dicha norma, tenía el deber formal de empadronarse y otorgar la información solicitada, conforme los arts. 8 y 9 de dicha resolución general, habiendo incumplido con su obligación, aún luego de dos requerimientos formulados.
Los argumentos de defensa de la recurrente lucen huérfanos de probanzas, limitándose a alegar que se encuentra excluida en los términos del artículo 2 de la RG 4130/2017, más no acompañó ningún elemento de prueba que avale sus dichos. De tal forma, sus agravios son meras alegaciones que no destruyen las fundadas razones que encontró el ente fiscal para aplicar la sanción impugnada, la que por otra parte se encuentra debidamente cuantificada.
En virtud de lo expuesto, voto por confirmar la resolución venida en recurso, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán, pero difiero en la imposición de costas autónomas aplicadas por la vocal preopinante en el planteo de nulidad.
II. Que en cuanto a la imposición de costas del planteo de nulidad, corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica procedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del artículo 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no correspondería un tratamiento incidental como tampoco una imposición de costas autónoma. En este aspecto, es pertinente citar lo expresado por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re "Ferioli, Jorge Oscar" (sentencia del 24/08/2007), por cuanto "…al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o especifica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco el tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial…”.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto "Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó 'como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal' (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia" (B-485-XLV, "Bolland y Cia S.A", sentencia del 21/02/2013).
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.-
Date: 2023.06.28 15:29:05 -03:00 Date: 2023.06.28 15:32:10 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.28 16:25:13 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.28 16:25:14 -03:00
Fin de la sentencia