Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 34.636-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 03/2011 y 02/2011, con costas (cfr. Considerandos VI, VIII, IX y X).
2Revocar parcialmente las Resoluciones Nros. 03/2011 y 02/2011, con costas (cfr. Considerando VII).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-42171516-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Abril de 2023 En la ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 34.634-I –y su acumulado N° 34.636-I- caratulada “AGROIL TUCUMAN S.R.L. s/ recurso de apelación”. El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 3/60 y 80/144 la actora interpone sendos recursos de apelación, contra las Resoluciones Nros. 03/2011 y 02/2011, ambas de fecha 27/01/2011, emanada de la División Revisión Recursos, dependiente de la Dirección Regional Tucumán de la A.F.I.P. - DGI, mediante las cuales se determina las obligaciones impositivas relativas al Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2006- e IVA –períodos 01/2006 a 01/2008- con más sus intereses resarcitorios respectivos. Asimismo, se dejó constancia de la suspensión del acto sancionatorio en ambos tributos –por el período 2006- de acuerdo al art. 20 la ley 24.769. Por último, se aplicó en el Impuesto al Valor Agregado una multa equivalente a tres (3) veces el tributo evadido, respecto de los períodos fiscales 01/2007 a 01/2008, en virtud de lo dispuesto en los artículos 46 y 47 inciso a) y b) de la Ley N° 11683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Se agravia que la resolución atacada desconoce las normas del derecho privado y público, y no acata las normas del debido proceso, violando el derecho de defensa en juicio. Por ende, solicita la absoluta nulidad del acto. Dice que el ente fiscal emplea la teoría de la realidad económica con el fin de relacionar operaciones que no pertenecen a la sociedad, desconociendo el contrato de comodato celebrado con el Sr. Amado.
Destaca que no se trataba de un contrato de exclusividad sobre el uso de su cuenta bancaria, por lo que no era necesario la notificación al banco y, mucho menos, que la firma se desprenda del control de la cuenta corriente, justificando –a su entender- el desconocimiento por parte de la entidad bancaria sobre el acuerdo celebrado. Señala que la figura del comodato se rige por las normas del Código Civil, no encontrándose condicionada la validez del contrato al sellado de la DGR, como lo sostiene el Fisco arbitrariamente. Cita las normas del mencionado cuerpo legal que a su criterio son aplicables.
Manifiesta que la Administración nunca requirió información al Sr. Amado, por lo que mal puede concluir que el mismo no exteriorizó ingresos en sus declaraciones juradas de la envergadura de los montos acreditados en la cuenta bancaria. Afirma, que para solicitar tales datos debió iniciar un proceso de inspección sobre dicha persona, o cursar un requerimiento para que documente sus movimientos bancarios, circunstancias que no se produjeron y resultan contrarias al principio de publicidad.
Resalta que el Sr. Amado celebró un contrato participativo con la firma S.A. Azucarera Argentina C. e I. Ingenio La Corona, mediante el cual se acreditan anticipos en efectivo a favor del primero. Acompaña la copia de dicho en su líbelo recursivo.
Califica al procedimiento empleado como irracional y atentatorio de la realidad económica, pues la depuración bancaria efectuada por su parte es totalmente opuesta a la empleada por el ente fiscal, arrojando un base imponible considerablemente menor.
Critica la interpretación otorgada al artículo 18 inc. g) de la ley de rito. En ese sentido, argumenta que para obtener la supuesta ganancia neta que se determina, considerando el margen bruto que se aplica en su negocio, los depósitos deberían ascender a una suma significativamente superior a los acreditados efectivamente en cuenta. A modo de corolario, aduce que el acto recurrido encuentra apoyo en claras transgresiones a los principios del debido proceso, y la teoría de la realidad económica, las cuales ocultan la discrecionalidad del juez administrativo en la interpretación y aplicación de las normas de procedimiento, arribando a conclusiones falaces o absurdas viciadas de nulidad.
Cita doctrina y jurisprudencia que entiende apoyan su postura.
Finalmente, solicita se revoquen los actos apelados, ofrece prueba documental, informativa, pericial contable y, para el hipotético caso que la AFIP-DGI desconozca la instrumental acompañada, ofrece lo que ha denominado prueba "pericial documentológica" para que un perito en criminalística determine la autenticidad de la documentación acompañada. Hace reserva de Caso Federal.
II. Que a fs. 66/73 y 156/163vta el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos que oportunamente le fueran conferidos y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando las acciones incoadas por la actora y confirmando las resoluciones administrativas, con costas. Ofrece como prueba documental los antecedentes administrativos de la causa. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Hace reserva del Caso Federal.
III. Que a fs. 169 se abre la causa a prueba; a fs. 207 este Tribunal resuelve acumular el Expte. N° 34.636-I a las presentes actuaciones; a fs. 233 se tiene por desistida a la actora de la prueba pericial contable ordenada en la causa; a fs. 244 se clausura el período probatorio; con la PV-2022-88290535-APN-VOCIII#TFN se elevan las actuaciones a consideración de la Sala A; mediante el IF-2022-138615499-APN-VOCIII#TFN se ponen los autos a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos, obrando a fs. 267/271 el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado. Finalmente se llaman a sentencia a través del IF-2023-
37746414-APN-VOCIII#TFN.
IV. Que en primer término corresponde referirse a la nulidad planteada por la actora, por entender arbitrarios los actos administrativos, lo que habría ocasionado una lesión al debido proceso objetivo, afectando su derecho de defensa Tanto de la lectura de los actos apelados, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan la resolución apelada, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo y/o aplicar las sanciones recurridas en autos. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que; "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." [in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
Por todo lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
V. Que corresponde a continuación resolver si las Resoluciones N° 02/2011 y 03/2011 apeladas se ajustan a derecho.
Conforme surge de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados, el organismo recaudador, en el ejercicio de las facultades que le son propias, dio inicio a una fiscalización al contribuyente mediante O.I. N° 306.361, a través de las cuales constató que la firma actora responde a la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuya actividad declarada es la de “Venta al por menor de combustibles y lubricantes para automotores” (CIU 514110), con cierre de ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año. Asimismo, se comprobó que al inicio del procedimiento la contribuyente tenía presentada las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos verificados; además, con fecha 30/07/2008 presentó Declaración Jurada rectificativa en el IG.
En el marco de dicha fiscalización, a requerimiento de la inspección la actora aportó planilla con los totales mensuales de acreditaciones bancarias brutas y depuradas, los que fueron compulsados con las ventas totales netas facturadas en los períodos cuestionados, surgiendo diferencias.
Ello así, la fiscalización procedió a ajustar las ventas netas considerando la diferencia mencionada como ingresos omitidos, aplicando la presunción del art. 18 inciso g) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones). Por otra parte, se impugnaron las facturas vinculadas con los proveedores Respuestrac SRL y Complejo del Parque S.A., por incumplimiento de la Ley Antievasión N° 25.345.
Además, con relación al IVA, se cuestionó una factura del proveedor Blas Rolando Gabriel CUIT N° 20- 10645297-1, que se encontraría incluido en la base APOC, y se detectaron créditos fiscales computados en exceso.
VI. Que, en cuanto a los cargos formulados por el computo de créditos fiscales en exceso y la compra vinculada con el proveedor Blas Rolando Gabriel, los mismos deben ser confirmados con más sus intereses respectivos –con costas- toda vez que la actora no introdujo agravio alguno en sus escritos recursivos.
VII. Que, en lo que se refiere a la impugnación de créditos fiscales en el IVA y de gastos en el Impuesto a las Ganancias, con sustento en el incumplimiento de los medios de pagos dispuesto por la Ley Antievasión N° 25.345, cabe remitirse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mera, Miguel Ángel c/DGI”, donde se declaró la inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley mencionada; en este sentido dijo: “...cabe recordar que esta Corte ha establecido que las presunciones "requieren un uso inteligente, concreto y racional" y que su utilización debe limitarse "a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen" (conf. "Hermitage", Fallos: 333:993, considerando 12). Asimismo, hizo notar en el citado precedente -para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en un caso en el que se había demostrado que el contribuyente no había obtenido ganancia alguna en el período examinado- que el legislador no había dado "fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley" (considerando 14), y concluyó en que "el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso" (considerando 16). "15) Que ese mismo orden de consideraciones lleva a coincidir con el a quo en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345, máxime cuando en el caso en examen la norma impugnada prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada."
"16) Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada".
En virtud de los argumentos expuestos en los actos atacados y la inspección efectuada, se desprende que el Fisco Nacional no realizó observación alguna que permita poner en duda la veracidad de las operaciones concertadas, sino que sólo trató el incumplimiento de las disposiciones previstas en el art. 2º de la ley 25.345, circunstancia que, a la luz del análisis expuesto ut-supra, resulta inhábil de por sí para sustentar la impugnación efectuada. En razón de ello, corresponde que se revoque el referido ajuste –de acuerdo a lo establecido en los artículos 164 y 185 de la ley de rito, y por una cuestión de economía procesal- con más sus intereses resarcitorios y multa, en forma proporcional. Con costas al Fisco Nacional.
VIII. Que, por lo tanto, la cuestión de fondo a tratar se ciñe a las diferencias observadas entre los ingresos declarados y las acreditaciones bancarias depuradas en la cuenta corriente N° 1001403/4 del Banco del Tucumán- Sucursal Aguilares (cfr. artículo 18 inc. g) de Ley 11.683), las cuales el encartado niega, en virtud del contrato de comodato celebrado con el Sr. Amado, donde supuestamente cede el uso de dicha cuenta.
Cabe señalar, en primer término, que la actora afirma que la aludida cuenta corriente ha sido dada en comodato a una tercera persona, y que dicha cesión de uso no fue dada con carácter de exclusividad, sino que, por el contrario, ella conservó la posibilidad de uso; esto implica, que AGROIL TUCUMAN SRL, aún en comodato, podría realizar depósitos, así como librar cheques contra los fondos de dicha cuenta corriente. Tal hecho se encuentra corroborado en el “Informe de Auditoría” aportado por el propio contribuyente, en el cual se presenta un detalle de las acreditaciones bancarias efectuadas en la cuenta corriente del Banco del Tucumán, que reconoce como depósitos propios, a efectos de afrontar los pagos a sus proveedores para cumplir con la Ley Antievasión N° 25345. (vide fs. 134 Cuerpo de Ganancias).
Dicho eso, y en la hipótesis de la existencia de un Contrato de Comodato -no exclusivo- para el uso de la cuenta corriente, la realidad indica que siendo dos los sujetos que podrían haber hecho uso de la misma –tanto respecto de los depósitos como de las extracciones- le correspondía a la actora demostrar qué débitos y qué créditos le corresponden a ella y cuáles no, dado que todos los movimientos pueden ser debidamente individualizados en el resumen bancario. Pese a ello, no aportó prueba alguna tendiente a verificar sus dichos –omitió impulsar la prueba pericial contable ofrecida- convirtiéndose sus argumentos en meras afirmaciones dogmáticas carentes de virtualidad para quitar validez a lo actuado por los inspectores.
Por otro lado, a través del requerimiento a la institución bancaria, ésta informó que la única persona responsable ante la misma y autorizada a operar con dicha cuenta a efectos de emitir cheques y demás trámites pertinentes era la socia gerente –Cadiñanos María Laura- no teniendo acreditado al Sr. Amado con poder alguno que lo avale a operar con la cuenta (vide fs. 8/9 Legajo Complementario).
Asimismo, la inspección verificó en su base de datos que el Sr. Amado “…posee pagos únicamente como Monotributista en los períodos 2004 a 2008 y no surge otra información que haga inferir la inscripción en otros impuestos o que haya exteriorizado otra actividad comercial o de servicios, en el año 2006…” (vide fs. 468 Cuerpo de IVA N° 3).
Bajo dicho contexto, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda el origen de cada una de las acreditaciones bancarias involucradas.
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido. En igual sentido, se ha expedido la Excma. Cámara al afirmar que, frente al indicio de un exceso de depósitos con relación a las ventas declaradas, es el contribuyente quien debía demostrar fehacientemente la veracidad de esas operaciones, el origen de las sumas depositadas en sus cuentas bancarias y las razones que motivaron su marginación del gravamen en estudio (esta Sala in re “Goldaracena Miguel (TF 23.965I) c/ DGI”, sent. del 29/4/14 y “Musso Élida Ángela (TF 24.698I) c/ DGI”, sent. del 18/03/14).
En cuanto a la respuesta recibida por parte del Banco Central de la República Argentina -vide fs. 194/195- cabe aclarar que en ella se exponen únicamente los cheques rechazados en la cuenta N°100014034, prueba que sin el correspondiente análisis de los movimientos bancarios no demuestra u otorga certeza alguna a los dichos de la recurrente.
En resumen, más allá de la discusión en torno al contrato de comodato en sí mismo, lo que procede es demostrar la titularidad de los movimientos, toda vez que se trataría de una cuenta corriente de uso -a lo sumo- compartido, lo que exige a todas luces que se pruebe que responsabilidad le cabe a cada uno del usuario de dicha cuenta. Y siendo la fiscalizada la titular y responsable de la misma ante la institución bancaria, es a ella a quien cabe demostrarlo.
A tenor de lo expuesto, voto por confirmar el ajuste formulado en las resoluciones apeladas, con costas.
IX. Que, en materia de los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que en relación a la sanción aplicada en el Impuesto al Valor Agregado – por la proporción que corresponde al ajuste formulado sobre las acreditaciones bancarias verificadas en la cuenta corriente N° 1001403/4 del Banco del Tucumán- Sucursal Aguilares (cfr. artículo 18 inc. g) de Ley 11.683)- debe señalarse que el artículo 46 de la ley 11.683 exige para que se configure la sanción allí tipificada la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
Que, en cuanto al elemento objetivo, entiendo que de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexactas las declaraciones juradas presentadas, debe concluirse que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas.
Pero, que la declaración jurada original sea a todas luces inexacta no lleva, indubitablemente, a entenderla como engañosa, ardidosa o maliciosa ni que su rectificativa confirme defraudación alguna.
En lo que se refiere al aspecto subjetivo del tipo infraccional, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas por el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En relación al elemento subjetivo del artículo 46 acude, en este caso, a las presunciones previstas en el artículo 47 mediante las cuales se establecen hipótesis, que admiten prueba en contrario, respecto de la voluntad defraudatoria del sujeto.
En el caso bajo análisis acude al inciso a) y b) del artículo 47 citado que establece: “a) medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deba aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11;b) cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible.”
De los hechos relatados, entiendo que las presunciones se encuentran cumplidas, dado que la estructura montada por la contribuyente tiene como único fin evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, toda vez que el uso y control de la cuenta bancaria se encontraba exclusivamente bajo su órbita, de acuerdo a lo informado por la entidad bancaria, circunstancia que, ante la orfandad probatoria, lleva a concluir que el contrato de comodato resulta una figura para colocar los ingresos en cabeza de un tercero –cuya declaración jurada no coincide con los montos acreditados-a los efectos de disminuir los saldos que debe ingresar a favor del Fisco Nacional.
Por ello voto por confirmar la multa aplicada en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al relato de los hechos y al voto del Dr. Porporatto, con excepción de las costas en la defensa de nulidad.
En efecto, entiendo que las costas deber ser soportadas por la excepcionante, toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la falta de causa del acto, agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente las Resoluciones Nros. 03/2011 y 02/2011, con costas (cfr. Considerandos VI, VIII, IX y X).
2. Revocar parcialmente las Resoluciones Nros. 03/2011 y 02/2011, con costas (cfr. Considerando VII). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2023.04.17 14:23:09 -03:00 Date: 2023.04.17 15:42:15 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.17 15:56:09 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.17 15:56:10 -03:00
Fin de la sentencia