Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de los Cargos nros. 2446 al 2454 del año 2011 y, en consecuencia, revocar la Resolución AD SALO n° 715/2012, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 12509-65- 2012.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-79879019-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Julio de 2023 General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 32.062 A.-
Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, el Dr. Christian M. González Palazzo –Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación- y la Dra. Claudia B. Sarquis –Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a Nominación-, a fin de resolver en los autos caratulados “AGROINDUSTRIA MADERO S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 32.062 A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs 5/7 vta., se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución AD SALO 715/2012 recaída en el SIGEA nro. 12509-65-2012, por la que se rechazó la impugnación interpuesta y se confirmó los Cargos Nros. 2446 al 2454 ambos del año 2011 más los intereses devengados (art. 794 C.A.). Señala que la Ley 26.351 modificó los términos de la Ley 21.453 introduciendo un nuevo momento imponible. Afirma que la firma contaba con la propiedad o tenencia de la mercadería antes del aumento de las alícuotas. Plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 y su aplicación retroactiva. Finalmente solicita que se haga lugar a la apelación deducida.
II. Que, a fs. 21/24, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos que dieron origen al expediente y lo decidido en la instancia administrativa. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora. Realiza consideraciones respecto de las Leyes 21.453 y 26.351 Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el resolutorio aduanero, con costas a la contraria.
III. Que, a fs. 25, se declara la causa de puro derecho. A fs. 31 se elevan los autos a la Sala “F”. A fs. 32 los autos se ponen para sentencia.
IV. Que, la actuación administrativa nro 12509-65-2012 agregada por cuerda, obran en un total de 106 fs fojas, conteniendo la Resolución N° 715/2012 AD SALO, apelada en autos.
V. Que, el reclamo tributario formulado por el servicio aduanero- Cargos nros. 2446 al 2454 del año 2011- tiene como únicos antecedentes a las Resoluciones de la Oficina Control Comercial Agropecuario (ONCCA) n° 1487/2008 y 1898/2008 que enmarcan las destinaciones de exportación amparadas por las declaraciones juradas de venta al exterior realizadas por la ahora recurrente.
El servicio aduanero entendió que, en función de lo dispuesto por la Ley 26.351, correspondía formular reclamos suplementarios de tributos a la firma actora respecto de las operaciones de exportaciones referidas, como también, los intereses devengados desde entonces.
Dicho ello, cabe destacar que esta Sala “F” ha fijado posición uniforme en casos análogos, donde la cuestión visceral desentraña analizar cargos –suplementarios o no- y resoluciones aduaneras adonde el único sustento que los motiva tienen como piedra basal la norma de referencia, madre de las Resoluciones ONCCA 1487 y 1898.
Nuestro razonamiento tiene como eje de motivación la ya pacífica jurisprudencia sobreviniente en sendas impugnaciones judiciales que tuvieron como objeto la validez de las resoluciones ONCCA dictadas al amparo de la también cuestionada Ley 26.351 y su Decreto reglamentario 764/2008 (Cámara Federal de la Plata –Exptes. T.F.N. nros. 31.068-A y 30.969-A “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”-; Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV -Exptes. T.F.N. nros. 36.646-A, 30.808-A y 33.201-A “OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A.”- Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, SALA B -Exptes T.F.N. nro. 31.098-A “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.”-).
En todos ellos se declaró la nulidad de sendas resoluciones ONCCA y la inconstitucionalidad de la Ley n° 26351 y su Decreto reglamentario n° 764/2008 solicitada por las exportadoras, y los pronunciamientos dictados a tales efectos consolidaron nuestra primigenia convicción de que lo justo encontraba marco en los criterios sentados en tales procesos, en tanto no se puede mantener la presunción de legitimidad de las Resoluciones ONCCA nros. 1487/08 y 1898/08, en tanto no se hallaban adecuadamente motivadas ni sustentadas en los antecedentes de hecho referidos a la situación de las exportadoras, limitándose como piedra basal, de modo general y abstracto, a la falta de acreditación, por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I, de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación. En apretada –pero no menos contundente- síntesis, se coligieron cargos administrativos que tuvieron como objeto operaciones de exportación documentadas mediante distintos permisos de embarque, realizadas al amparo de las declaraciones juradas de venta al exterior incluidas en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1487/2008, resolución que mediante decisiones judiciales del fuero fue declarada a la postre inválida, al igual que los artículos 4 y 5 de la Ley 26351 que los sustentaron.
VI. En este orden de ideas, y para dar respuesta a la cuestión sometida a estudio, cabe recordar que, el objeto del recurso interpuesto por ante este Tribunal fue el de revocar la resolución aduanera en tanto rechazó la impugnación formulada por AGROINDUSTRIA MADERO S.A., respecto del procedimiento de impugnación, donde el único sustento de la instancia administrativa fueron aquellas normas que judicialmente fueron reputadas nulas e inconstitucionales.
Este cauce axiológico me conmina a proponer que, desde ya, el resolutorio aduanero apelado debe ser revocado.
Ello así, en base a un razonamiento central: el primero y ventral, que radica en la justa apreciación que en los múltiples pronunciamientos ya descriptos supra, motivaron la decisión de los magistrados actuantes. El segundo -que entiendo, inconmovible- está centrado en la consecuencia del primero, y que radica en la estoicidad del principio que implica no arribar a sentencias encontradas y evitar así el escándalo jurídico (Fallos: 323:368; 328:3903; 333:1857, entre muchos otros) que podría generarse en el hipotético caso en el que este Tribunal dicte un decisorio convalidante de aquellas normas en base a las cuales el servicio aduanero construyó el cargo formulado y que judicialmente fueron declaradas nulas e inconstitucionales, sentencias cuya solidez y fundamentación se comparten.
Por ello, son razones de economía procesal, certeza, celeridad y seguridad jurídica y en consecuencia de justicia, las que aconsejan la conveniencia de sostener y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, en el entendimiento que de este modo se contribuye a “afianzar la justicia” uno de los pilares del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, siendo repugnante a derecho convalidar la existencia de pronunciamientos disímiles, ante el planteo de casos similares, sólo por las diferentes interpretaciones que de la Ley pudieran llevar a cabo jueces de distintas jurisdicciones (cf. Fallos CNE 3100/03 y 4387/2010).
Por ello, corresponde revocar las Resoluciones AD SALO n° 715/2012, recaída en los SIGEA n° 12509- 65-2012, mediante el cual no se hizo lugar a la impugnación presentada por la aquí actora y declarar la nulidad de los Cargos Nros° 2446 al 2454 del año 2011, formulados a la firma AGROIDUSTRIA MADERO S.A.
En cuanto a las costas del proceso, el particular contexto de la cuestión traída a debate y, centralmente, que lo decidido encuentra razón en la tacha de inconstitucionalidad de un acto emanado por el Estado nacional, me conmueve a proponer que las costas las deba soportar la demandada vencida.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de los Cargos nros. 2446 al 2454 del año 2011 y, en consecuencia, revocar la Resolución AD SALO n° 715/2012, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 12509-65-2012.
2. Costas al fisco.
Así lo voto.-
La Dra. Sarquis dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Dr. González Palazzo.
Así lo voto.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de los Cargos nros. 2446 al 2454 del año 2011 y, en consecuencia, revocar la Resolución AD SALO n° 715/2012, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 12509-65- 2012.
2. Costas al fisco.
Suscriben la presente el Dr. Christian González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17° Nominación y la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nominación), ello en los términos art. 59 AA840/93 TFN.-
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese. Date: 2023.07.11 12:37:24 -03:00 Date: 2023.07.11 15:35:49 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.07.11 15:35:37 -03:00
Fin de la sentencia