Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 20.440-I
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-94505858-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Agosto de 2023 En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3ra. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal subrogante de la 1ra. Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2da. Nominación), a fin de resolver la causa N° 43.639-I caratulada “AGROINDUSTRIA MADERO S.A s/recurso de apelación”
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 33/47vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución DVSRR1 AFIP-DGI N° 221/2015, de fecha 24 de junio de 2015, suscripta por el Jefe Interino de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP, mediante la cual se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado a ingresar - períodos fiscales 06/07, 08/07, 09/07, 10/07, 12/07, 01/08 y 04/08- con más intereses resarcitorios, como así también nuevos saldos a favor por los períodos 05/07, 07/07, 11/07, 02/08 y 03/08.
Plantea la excepción de nulidad por considerar que, la vista otorgada en sede administrativa y la resolución en trato, son nulas por no responder a las pautas del artículo 17 de la ley N° 11.683 y por vulnerar la garantía constitucional de defensa en juicio. Funda su posición en doctrina.
Explica que el acto atacado efectuó una descripción de los problemas que tuvo el Fisco para encontrar a los proveedores, pero que no se advierte cuáles fueron los fundamentos del ajuste practicado.
Considera que la mecánica del Fisco para hacer la determinación consistió en tomar el listado de los supuestos proveedores apócrifos. Por ello, la revisión sería parcial y respondería a parámetros que nada tiene que ver con la realidad de la empresa.
Puntualiza que el ajuste tuvo sustento en la presunción de tratarse de proveedores imputados en otras causas penales, los cuales jamás podrían haber entregado la mercadería a la recurrente.
Sostiene que el Fisco descartó que todos los pagos que realizó fueran mediante cheques propios, pero no obstante ello, insistió en darle trascendencia a una cuestión menor, como es la circunstancia de que los proveedores cuestionados no contaban con bienes registrables.
Agrega que, en la medida de mejor proveer, la inspección destacó que a simple vista no surgía que los cheques volvieran a ser depositados o cobrados por él.
Además, explicó en detalle su actividad comercial y la forma en que se realizaban los pagos a los proveedores, manifestando que previamente consultaban si estaban inscriptos ante AFIP.
Menciona respecto de la inspección y de la resolución que no se ha indagado sobre la verdad objetiva y jurídica de los hechos que se han facturado, ni de los bienes que se adquirieron, ni sobre la localización de los mismos, como tampoco consideró el principio de la realidad económica.
Señala que para que proceda el cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado, se deben cumplir con las condiciones y requisitos que surgen de los artículos 12, 37 y 41 de la ley del tributo y de la ley N° 25.345. Considera que para cumplir con las normas antes aludidas, sería necesario consultar la información que brinda la AFIP en su página web acerca de la validez de los comprobantes, de la denominada Base Apoc y las resoluciones que tratan sobre el traslado y control de cereales.
Alega que hizo uso de todos y cada uno de los instrumentos que tenía a su alcance para conocer la situación fiscal de los proveedores y que el resultado arrojado por el Fisco Nacional fue negativo.
Continúa diciendo que la firma es agente de retención del Impuesto al Valor Agregado, y que, de la consulta al Archivo de Información de Proveedores, obtuvo que los proveedores estaban en situación 1, por lo que efectuó la retención en el caso pertinente.
Afirma que las operaciones cuestionadas existieron y que no fueron objetadas en cuanto a su realidad por la AFIP.
Especifica que la soja se entregó en su planta; que las guías de la ONNCA para el transporte son válidas; los proveedores autorizados por AFIP emitieron las correspondientes facturas; que cumplió con los controles impositivos exigibles y que pagó con cheques propios o de terceros.
Cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Bildown.
Expone que el error debe ser buscado en quien autorizó al proveedor a emitir facturas, que además pretende invertir la carga de la prueba cuando debe demostrar la existencia de irregularidades o indicios que permitan dudar de la veracidad de las operaciones, lo que no surgiría del Informe Final de Inspección como tampoco de la resolución atacada.
Explica que el Fisco cuestionó a los proveedores por no tener capacidad para venderle los pallets de soja o granos con los siguientes fundamentos: 1) no encontrarlos en el lugar físico donde funcionaban las instalaciones; 2) no tener empleados y 3) no dar con las personas que cobraban los cheques.
Resalta que: 1) todos los proveedores cuestionados se dedicaban a la compraventa de granos; 2) las guías eran verdaderas; 3) se encontraban inscriptas en el Registro de Operadores de Granos; 4) su actividad estaba directamente vinculada con la venta de los productos que necesitaba para el desenvolvimiento de la empresa, y 5) las inconsistencias de los proveedores fueron posteriores a los períodos determinados.
Entiende que, de las actuaciones administrativas, surge que los bienes existen, tal como lo requiere la jurisprudencia del Tribunal Fiscal y de la Cámara. Además, que el Fisco Nacional consideró apócrifos a los proveedores con posterioridad a las operaciones que realizaron con él por razones que le eran ajenas. Por último, concluye que: 1) el Fisco reconoce a los proveedores como existentes y que éstos declararon su crédito fiscal; 2) fue reconocido que la mercadería fue entregada -por lo tanto existió- y que se trataba de pallets de soja y granos, por lo tanto se cumplimentó lo requerido por la ley del impuesto en trato; 3) el Fisco incluyó tardíamente a los proveedores a la base de sujetos apócrifos, ya que lo hizo con posterioridad a las operaciones celebradas con la firma; 4) nada era imputable a la empresa, porque hizo todo lo que estaba a su alcance a efectos de controlar a sus proveedores; que el pago se realizó con cheques propios y con la leyenda “depositar en cuenta” lo que descartaba que se tratara de una maniobra para no pagar el impuesto en cuestión; 5) los montos pagados eran razonables y con los valores corrientes de plaza.
Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que a fs. 61/83vta. solicita la representación fiscal que, por razones de hecho y de derecho que expone, se confirme la resolución apelada, con costas. Adjunta antecedentes administrativos.
Explica que las actuaciones tuvieron su origen por un oficio judicial remitido en la causa “Red Velvet S.R.L s/ infracción a la ley N° 24.769”, causa n° 16.575/2014, y que a raíz de ello, se procedió al secuestro de la documentación que posteriormente fue analizada por el Fisco y determinó la deuda tributaria aquí recurrida. Precisa sobre quienes eran los proveedores impugnados y sus respectivas características que los llevaron a ser incluidos en la Base Apoc.
Fundamenta que el actor computó créditos fiscales improcedentes originados en facturas de bienes cuya autenticidad cuestionó por tratarse de proveedores inexistentes.
Destaca que el contribuyente contaba con una causa penal por infracción a la Ley Penal Tributaria con relación a otros períodos.
Resalta respecto del planteo de nulidad que la resolución fue dictada por el juez competente y que por ello, es un acto administrativo que goza de legalidad y reúne los requisitos necesarios que lo convalida. Asimismo, da fundamentos acerca que no afectó el derecho de defensa, por lo que, el agravio esgrimido carecía de sustento. Efectúa consideraciones y da detalles respecto de los pagos realizados por cheques relacionados con los proveedores impugnados y, señala que, de la circularización a los mismos, surgió que muchos de ellos fueron cobrados por agentes económicos relacionados con la actividad.
Remarca que la apelante no pudo demostrar la existencia de las operaciones comerciales cuestionadas y consideradas apócrifas y que los créditos fiscales se impugnaron porque de la verificación realizada surgió que esos proveedores eran usinas de facturas apócrifas.
Aclara respecto de la prueba que la carga probatoria es un imperativo del propio interés, por lo tanto, la recurrente debió acreditar su pretensión, probar que la operación existió realmente y para ello utilizar cualquier medio de prueba.
Cita jurisprudencia, formula oposición a la prueba de la recurrente, efectúa reserva del caso federal. Evidencia que con relación a los intereses resarcitorios la recurrente no ha expresado agravios, y que no se hizo otra cosa que aplicar el artículo 37 de la ley N° 11.683, y fundamenta que los mismos son procedentes por la mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo el contribuyente, por lo tanto, solicita su confirmación.
III. Que a fs. 84 se corre traslado a la recurrente sobre las oposiciones de prueba formuladas por la representación fiscal, el que es contestado a fs. 85/88. A fs. 96 se rechaza la oposición a prueba.
IV. Que a fs. 96 se abre la causa a prueba. A fs. 109 y a fs. 129, se efectivizó el apercibimiento de considerar desistida la prueba. A fs. 144 se elevan los autos a consideración de la Sala A y a fs. 149 pasan los autos a sentencia.
V. Que en primer término corresponde referirse a la nulidad planteada por la actora, por entender arbitrario el acto administrativo, lo que habría ocasionado una lesión al debido proceso objetivo, afectando su derecho de defensa.
Tanto de la lectura del acto apelado, como del análisis de las actuaciones seguidas por el ente recaudador no se vislumbra que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan, ni que haya incumplido con el procedimiento reglado por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.) para determinar el tributo en autos. Es más, en el presente caso la recurrente tuvo conocimiento de las actuaciones seguidas por la inspección y el juez administrativo, pudiendo presentar su descargo en oportunidad de contestar la vista corrida, lo que evidencia que los agravios vertidos por la apelante como fundamento de la defensa de nulidad intentada, se tratan de una mera discrepancia con el criterio fiscal y que integra el fondo mismo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver, pero que no afecta la validez de acto alguno.
A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, junio 4-997 -Sosa Mirta Elena Impuestos B- 2076). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Mugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV - 26/3/1992 - entre otros), circunstancia que no ha sido acreditada en autos.
De su lado, interpreta este Tribunal Fiscal que; "...como lo tiene reiteradamente dicho nuestro Más Alto Tribunal [fallo 205:549, 247:52, 267:393, entre otros), cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque satisface ese derecho fundamental ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un Organismo jurisdiccional en procura de justicia, tal como "in extenso", en el caso de marras, lo ha hecho el recurrente ante este Tribunal, pudiendo ofrecer todas las pruebas que hacían a su derecho..." (in re "Mirror Holding S.A”, 15/9/06 expte. N° 20.440-I).
En función de lo expuesto corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin costas atento que el mismo no mereció un tratamiento previo y de especial pronunciamiento (conf. CSJN, “Bolland y Cía S.A.”, 21/2/13).
VI. Que corresponde resolver ahora si se ajusta a derecho la resolución apelada.
Que conforme surge de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados, el ente recaudador, en ejercicio de las facultades que le son propias, practicó una fiscalización mediante la O.I. 1.099.547, a través de la cual constató que la actividad principal declarada consiste en la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y subproductos.
Que dicha fiscalización se inició en virtud del oficio remitido por la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario N° 2, en el marco de la causa N° 280 (expte. 1053/2009), caratulada “Red Velvet S.R.L S/ infracción ley N° 24.769”, solicitando el informe previsto en el artículo 18 de la Ley Penal Tributaria.
Que como consecuencia del relevamiento, se constató que la apelante registró operaciones con supuestos proveedores; Campos del Mercosur S.RL., Ceferino Alejandro Ferreyra, Agroganadera Mediterránea S.A., Vivagro S.R.L., Claudia Estela Bordón, Felnus S.A, Las Cinco S.R.L, Egidi Rodolfo Ramón y Pereyra Hugo Alberto.
VII. Que conforme lo expuesto en el considerando precedente, el tema a decidir en autos refiere a la impugnación de los créditos contenidos en las facturas respecto los proveedores, la que originó la obligación frente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 06/07, 08/07, 09/07, 10/07, 12/07, 01/08 y 04/08, como así también, lo nuevos saldos a favor del contribuyente por los períodos 05/07, 07/07, 11/07, 02/08 y 03/08. Que a fin de dilucidar la cuestión, debe analizarse la situación de los proveedores puestos en crisis, a la luz de la actividad fiscalizadora obrante en las actuaciones administrativas.
CAMPOS DEL MERCORSUR S.R.L: se inscribió en el organismo fiscal en las actividades de: 1) cultivos de trigo, maíz, soja, girasol y de oleaginosas N.C.P. y 2) ventas al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva.
En el domicilio fiscal de la firma, fueron atendidos por el Sr. Miguel Gustavo González, quien manifestó que era su domicilio particular y que le pagaron para constituir el domicilio fiscal, recibir la correspondencia y entregarla al Sr. Roldan (co titular de la cuenta bancaria y representante de la firma).
Se constató que el domicilio del Sr. Roldan era falso con la consulta al portero del edificio, el que afirmó que nunca vivió allí. A lo expuesto, cabe agregar que no posee propiedades.
Se comprobó que la firma no posee capacidad económica necesaria para prestar y/o realizar los trabajos detallados en las facturas de clientes circularizados.
A su vez, de la Base e-fisco surge que en el período enero a diciembre 2007, tuvo saldo a favor en el Impuesto al Valor Agregado, como también, se observó que la relación débitos y créditos fiscales es igual a 1 o muy cercana. CEFERINO ALEJANDRO FERREYRA: su actividad declarada se trata 1) del cultivo de soja, trigo y maíz, y 2) de la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales.
En primer término, se le notificó el inicio de la fiscalización en su domicilio fiscal y no se presentó para cumplir el requerimiento.
Del cotejo de la Base e-fisco surge que no posee automotores, ni propiedades y respecto de los recursos de la seguridad social registra pagos mínimos.
No posee pagos del Impuesto al Valor Agregado. También en la Base e-fisco se apreció, que en los años 2007 y 2008 era titular de cuentas bancarias con acreditaciones millonarias. En dichas cuentas, tenía como cotitulares a importantes personalidades vinculadas con la actividad agrícola de la zona.
En el año 2009, trabajó en relación de dependencia despachando combustibles.
AGROINDUSTRIA MEDITERRANEA S.A: sus actividades principales consisten en: 1) el cultivo de soja, trigo, maíz y girasol; 2) operaciones de intermediación de ganado en pie y 3) venta al por mayor en comisión o consignación de cereales (cfr. Informe causa penal 280 fs. 18/22 Cuerpo de Validación de Usina). El domicilio fiscal declarado correspondía al Estudio Jurídico Schiarello, donde informaron que la firma en cuestión no se localizaba en ese domicilio y que desconocían su paradero.
Respecto de los Impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta, no presenta declaraciones desde 2008; siendo la última declaración –por el primer tributo- presentada en cero.
Con relación a los accionistas de la firma se calificaron con domicilio fiscal inexistente, desconocido y/o no confirmado.
En lo que respecta al período fiscal enero a diciembre 2007, tuvo saldo a favor en el Impuesto al Valor Agregado, salvo en tres meses que ingresó valores mínimos y la relación débitos y créditos fiscales era igual a 1 o muy cercana a este.
Tampoco posee propiedades.
VIVAGRO S.R.L: su actividad declarada es 1) el cultivo de soja; 2) venta al por mayor en comisión o consignación de cereales y 3) servicios de almacenamiento y deposito.
No pudo ser notificada de la verificación ordenada mediante la O.I. 303584 en el domicilio fiscal declarado, por no encontrarse a ninguna persona en él. Además, no se presentó a contestar el requerimiento efectuado. Posteriormente, se constituyeron en el domicilio del Sr. Mario Elvio Gastaldi (socio gerente de la firma), quien manifestó respecto de la sociedad, no conocerla, formar parte, desarrollar actividad comercial, o recibir gratificación de algún tipo de la misma. Asimismo, señaló que se dedicaba esporádicamente a ser músico y a desarrollar tareas de soldadura particular (según fs. 20 del Cuerpo “Remisión Antecedentes y Actuaciones” N° 10576-703-2014/7).
La búsqueda en la Base e-fisco arrojó que la firma tiene cartas portes de movimiento de granos que coinciden con los períodos impugnados.
Además, de dicha base surge que, en los períodos de agosto de 2006 a mayo 2007 y noviembre 2007 a abril de 2008, las declaraciones juradas del Impuesto al Valor agregado fueron en cero y que, en el período junio 2007 a octubre de 2007, declaró débitos y créditos fiscales, donde la relación eran igual a 1 o muy cercana. También, se aprecia que siempre tuvo saldo a favor en el impuesto.
Respecto al Impuesto a las Ganancias no realizó pago alguno. Tampoco posee propiedades.
BORDON CLAUDIA ESTELA: la actividad inscripta ante la AFIP consiste en el servicio de transporte urbano de carga NCP.
Se encuentra registradas operaciones de trasporte de granos en los sistemas del organismo.
Se observó de la Base e-fisco que solo presentó declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado en los meses de septiembre de 2006 a noviembre del mismo año, mientras que el resto de las presentaciones fueron en cero. También se obtuvo de la base del fisco, que no pagó impuestos de ningún tipo, no realizó retenciones, sin embargo fue sujeto de las mismas en el impuesto al valor agregado.
No posee autorizaciones de CAI, ni bienes registrables. Además, tuvo acreditaciones bancarias en el año 2013 y no integró sociedades.
FELNUS S.A: declara como actividad principal de venta por mayor de combustibles y lubricantes p/ automotores (conforme surge del Informe Final de Inspección de Fs. 347/356 del Cuerpo de Investigación Felnus S.A). También, la construcción y reformas de edificios.
Resulta de la investigación desplegada, que no se pudo constatar el domicilio fiscal declarado, al ser visitado se informó que la firma no operaba en el domicilio hace varios años.
De dicho Informe Final emana que la investigada presentó sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos 2006 y 2007 sin movimiento, siendo además la del 2007 la última presentada.
Respecto del Impuesto al Valor Agregado, desde noviembre de 2006 a mayo de 2008, no informó ni débito ni crédito fiscal.
Asimismo, de la consulta al sistema e-fisco Módulo CITI Compras y Retenciones Sufrida, se observó que la investigada ha sufrido retenciones en diferentes regímenes, desde marzo de 2006 a agosto de 2008, sin embargo, no se reflejaron en las declaraciones juradas de los distintos impuestos.
A su vez, de la consulta de la base de datos e- fisco se apreció que, en el período enero 2007 a diciembre de 2007, la firma presentó sus declaraciones en cero.
También se verificó que el proveedor no tenía bienes.
LAS CINCO S.R.L: se trata de una contribuyente inscripta ante AFIP con las actividades de:1) cultivo de soja;
2. venta al por mayor de productos de madera excepto muebles; 3) preparación y molienda de legumbres y cereales NCP; 4) elaboración de alimentos preparados para animales y 5) transporte automotor de cargas NCP. Bajo la O.I. N° 1001607, se constató que el domicilio fiscal declarado por la firma, era habitado por una persona que nada tenía que ver con la misma. A su vez, la persona manifestó que alquilaba hace dos años y que desconocía a la firma.
Se apreció que la cantidad de cereal transportado no guardaba relación con la cantidad de hectáreas explotadas, como tampoco las localidades de origen de los granos con las localidades donde se encontraba la explotación. Mediante la O.I. 363923 se cargó en la base Apoc. (según surge de fs. 56 de 1° Cuerpo principal de Validación de Carga E. Apoc Informe proveedor).
Por otra parte, registra en el sistema movimientos de granos coincidentes con los períodos en discusión. Sin embargo, no hay movimientos de granos ni pedidos de cartas porte con posterioridad a la carga en la Base E Apoc, es decir desde mayo de 2011.
Se advirtió que la firma presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias con activo y patrimonio neto por los años 2008 y 2009, declarando ventas pero no pasivos, determinándose un impuesto mínimo. Nunca pagó ese impuesto.
De la base e-fisco emerge que, en el período noviembre 2007 a marzo de 2008, siempre tuvo saldo a favor en IVA, por lo tanto, nunca realizó ningún pago y se observó que la relación débitos y créditos fiscales es igual a 1 o muy cerca de este número.
Además, se verificó que no se inscribió en el Régimen de Seguridad Social y no se le ha efectuado retenciones. Tampoco posee titularidad en cuentas bancarias, ni bienes registrables.
No posee autorizaciones de CAI vigentes.
El fisco infirió que la investigada no encuadraba dentro de los parámetros razonables para considerarla una empresa en marcha.
EGIDI RODOLFO RAMON: su actividad declarada es el cultivo de soja, maíz y girasol.
Mediante la O.I. N° 748.333 se inició la verificación en la que luego de varias diligencias efectuadas para dar con el proveedor, la pareja informó que el proveedor se encontraba trabajando en una empresa de fumigación. En cuanto al Impuesto a las Ganancias, presentó las declaraciones juradas de los períodos 2006, 2007 y 2009. De dichas declaraciones, solo determinó impuesto por el año 2007 $0 (pesos cero) y por el 2009 $130 (pesos ciento treinta).
Además, se le practicaron retenciones y/o percepciones en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias en los períodos - 2004, 2005 y 2006-.
De la base e-fisco surge que en el período enero 2007 a marzo de 2008, siempre tuvo saldo a favor en IVA, por lo tanto, nunca realizó ningún pago y se observó que la relación débitos y créditos fiscales es igual a 1 o muy cerca de este número.
Asimismo, surge de los antecedentes un listado de los movimientos de mercaderías registrado en las cartas de porte que identifica las entregas a la apelante.
PERREYRA HUGO ALBERTO: tenía como actividades declaradas: 1) cultivos de soja; 2) servicios relacionados con la construcción; 3) venta por mayor en comisión yo consignación de cereales; 4) venta al por mayor de metales y minerales metalíferos Se le inició una verificación mediante la O.I. N° 1001606, notificada en el domicilio declarado y siendo atendidos los funcionarios por quién se identificó como la madre. En dicha oportunidad, esta persona informó que desconocía el paradero de Sr. Perreyra.
Posteriormente, se llevaron a cabo diligencias en los domicilios, tanto legales como alternativos, de las que no obtuvieron un resultado satisfactorio (según se detalla a fs. 5 y 6 del Informe de Investigación del Cuerpo Principal de Validación de Cargas en e-apoc para causa 280).
Se agrega, que el proveedor no contestó los requerimientos formulados por el organismo fiscal y fue incorporado a la base e- apoc con resistencia a la fiscalización.
Como dato adicional, se precisa que no presentó las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias- períodos 2007, 2011, 2012, 2013- y que las presentadas arrojaron valores mínimos del impuesto determinado. A su vez, nunca realizó un pago.
Respecto a las retenciones en el Impuesto a las Ganancias- períodos 2007 y 2008- ha sufrido de las mismas, pero nunca las practicó.
No posee propiedades, sin perjuicio de que declaró en el Impuesto a los Bienes Personales, la titularidad del 100% de un inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, la que se constató que era inexistente según la periférica realizada mediante la OI. N° 679696 (como se detalla a fs. 86 del Informe de Proveedores y a fs. 82/89 del Cuerpo Principal de Validación de Cargas en E-Apoc para causa 280).
De la base e-fisco surge que, en el período 01/2007 a 03/ 2008, siempre tuvo saldo a favor en IVA, por lo tanto, nunca realizó ningún pago. Se observó que la relación débitos y créditos fiscales es igual a 1 o muy cerca de este número.
Fue declarado como empleado en relación de dependencia, en los períodos 04 y 05/2010 por una UTE, cuya actividad económica era servicios de pizzería, fast food y locales de venta de comidas y bebidas al paso y expendio de helados.
En síntesis, del análisis efectuado por la AFIP, se advierte que los proveedores impugnados tienen como denominador común lo siguiente: a) se encuentran incluidos en la base e-apoc; b) no poseen capacidad económica suficiente para realizar las operaciones cuestionadas; c) no realizaron pagos de los Impuestos a las Ganancias ni al Valor Agregado; d) respecto a los domicilios, o no fueron encontrados en ellos o son inexistentes; e) no cuentan con empleados en relación de dependencia, ni poseen bienes a su nombre y por último, no han presentado las declaraciones juradas de los impuestos correspondientes, o las presentadas no arrojaban saldo a ingresar. De todo lo antes expuesto, se concluyó que los proveedores detallados eran un eslabón que permitía blanquear el cereal para su etapa posterior, y en consecuencia se impugnaron las operaciones de compras registradas por la apelante.
Por lo tanto, se impugnaron las operaciones de compras respecto de tales proveedores observados y en consecuencia, el crédito fiscal computado.
VIII. Que, vinculado con el Impuesto al Valor Agregado, corresponde señalar que la impugnación de los proveedores y las respectivas operaciones ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que los bienes a los que ellas se refieren hayan sido adquiridos a tales proveedores, en cuanto se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora.
En el presente caso, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa. Conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación.
Por último, se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M) /CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
En ese sentido, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo “9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Ahora bien, en el particular, surge que ante los graves indicios en que sustenta el ajuste el Fisco Nacional, la parte actora no ha logrado desvirtuarlos con la prueba aportada en las presentes actuaciones.
A saber, en instancias de este Tribunal ofreció prueba informativa tanto para la AFIP como para el Registro Público de Comercio, prueba pericial contable y pericial técnica, pero pese a que fuera aceptada su producción, se venció el período de prueba sin que ninguna de ella fuera producida.
Asimismo, surge de las actuaciones administrativas, que como medida de mejor proveer, la AFIP libró oficios a las entidades vinculadas con el control del grano, las que informaron que algunos de los proveedores impugnados, habían obtenido cartas de porte (Cfr. fs.148/151, 157/163 de la Actuación n° 10576-703-2014), lo que llevó a concluir al organismo fiscal que las mismas coincidían con las aportadas por el contribuyente. Sin embargo, dicha circunstancia refiere sólo a la existencia misma de los granos, hecho que no permite demostrar que las operaciones cuestionadas fueron realizadas en cabeza de los proveedores cuestionados.
Por su parte, surge de las circularizaciones bancarias que los cheques emitidos fueron cobrados por terceros ajenos a los proveedores, por lo que tampoco se encuentra comprobado el ingreso al patrimonio de las firmas proveedoras cuestionadas (cfr. fs. 174).
Además, entre la prueba aportada por la recurrente al momento de presentar el descargo, se encuentran contratos de almacenaje y producción a fasón, de los que se advierte la cantidad de materias primas que se comprometían a entregar algunos proveedores (entre 1500 y 2000 toneladas de semillas), obstante ello, de las actuaciones no se ha acreditado que los mismos tuvieran la suficiente capacidad operativa y técnica para cumplir con el objeto de los contratos (cfr. fs. 24/27, 152/ 155 y 159/162 de la Actuación N° 10500-178-2015)
En conclusión, dado que la contribuyente no ha logrado probar los requisitos necesarios para validar el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a las operaciones de compras analizadas; ni sustentar la existencia de las operaciones en cabeza de los proveedores cuestionados con medios probatorios idóneos, contando con la oportunidad hacerlo en esta instancia, se resuelve confirmar la resolución recurrida en cuanto determina el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
IX. Que, en materia de intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
X. Que, en consecuencia, voto por confirmar la resolución apelada referida al impuesto al valor agregado, con más sus intereses resarcitorios, imponiéndose las costas a la parte actora.
La Dra. O´Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Vocal Instructor.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N° 221/2015, con costas.
Regístrese, notífiquese, oportunamente devúelvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.08.14 15:13:38 -03:00 Date: 2023.08.14 16:06:56 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.14 16:09:46 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.14 16:09:47 -03:00
Fin de la sentencia