Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 28891-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución apelada y en consecuencia, disponer que el Tribunal Fiscal reasuma la jurisdicción que declinó, con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV EXPTE. N° 36.670/2012 “AGROINDUSTRIAL CRUZ DEL EJE S.A. (TF 28.891
I. c/ DGI”
Buenos Aires, de julio de 2014.
Estos autos caratulados “Agroindustrial Cruz del Eje S.A. (TF 28.891I) c/ DGI” venidos en recurso del Tribunal Fiscal, y
I Que, a fs. 107/109, el Tribunal Fiscal de la Nación –por mayoría de sus integrantes resolvió hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional, con costas.
Para así resolver, consideró que el acto apelado no era ninguno de los supuestos que abrían su competencia, al tratarse de una intimación de pago realizada por el organismo fiscal.
II Que a fs. 113 y fs. 115/121 la parte actora interpuso y fundó recurso de apelación.
En su memorial, sostiene básicamente que:
a) El acto de la AFIP cuestionado ante el Tribunal Fiscal de la Nación reúne los elementos necesarios para ser considerado una determinación de oficio de la obligación fiscal del contribuyente y, por ende, resulta apelable ante aquel tribunal en virtud de lo establecido por el art. 159 de la ley 11.683. b) El acto contiene todos los elementos que indican que se está en presencia de una resolución de naturaleza determinativa, a saber: descripción del aspecto objetivo del hecho generador de la obligación tributaria, la cuantificación de la base de medida, la indicación del sujeto responsable, la liquidación y la intimación del pago del impuesto determinado. Asimismo, deja expresa constancia de que el incumplimiento de lo requerido dará lugar al reclamo judicial de aquella suma por la vía ejecutiva, expresión que inequívocamente tiene el sentido de una intimación de pago.
III. Que a fs. 132/137 la representación fiscal contestó el traslado y solicitó que se confirmara la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso.
IV. Que se discute en autos la competencia del Tribunal Fiscal para entender en una resolución dictada por el Jefe del Departamento de Cruz del Eje Dirección Regional Córdoba de la AFIP por la que – “como consecuencia de haber detectado una deducción en las Declaraciones Juradas del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta ejercicios 2001 a 2004 de un porcentaje de liberación del 100%, siendo que el mismo no corresponde en virtud de haber hecho un uso indebido de beneficios promocionales al presentar las Declaraciones Juradas haciendo uso de los beneficios antes de la fecha de puesta en marcha (Art. 2 de la ley 22.021 y concordantes)” se intima a la actora para que rectifique las Declaraciones Juradas respecto a los períodos fiscales 2001 al 2004, e ingrese los correspondientes saldos en un plazo de cuarenta y ocho horas haciéndole saber que en caso de incumplimiento, procederá al cobro de lo adeudado por vía judicial.
V. Que el artículo 159 de la ley 11.683 (t.o. en l998 y modificaciones) dispone que el Tribunal Fiscal es competente en materia impositiva para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos; que impongan multas o sanciones de otro tipo salvo las de arresto; que denieguen reclamaciones de repetición de tributos; de las demandas directas por repetición que se entablen ante ese Tribunal; de los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la AFIP en los casos contemplados en el segundo párrafo del artículo 81 y del recurso de amparo a que se refieren los artículos 182 y 183 de la misma ley. VI. Que en cuanto a la naturaleza de los actos dictados por la AFIP y que pretende impugnar la actora ante el Tribunal Fiscal, cabe señalar que se entiende por determinación tributaria, "el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV de la obligación" (Giuliani FonrougeNavarrine "Derecho Financiero", 5ta. Edición, pág. 493).
VII. Que, esta sala ha sostenido reiteradamente que la circunstancia de no haber cumplido la D.G.I. con el trámite de determinación de oficio establecido en la ley 11.683 no obsta a la competencia del Tribunal Fiscal en la materia, habida cuenta de que ante él podían oponerse las defensas de las que no se tuvo oportunidad de utilizar en sede administrativa, entre ellas –si procediere, la nulidad del procedimiento seguido ( “Reginal Lee S.A.I.C., sent. del 120287; "Amat S.A.I.y C.", sent. del 19892, entre otras).
De no ser así, la administración podría eludir la competencia del Tribunal Fiscal mediante el simple arbitrio de no seguir el procedimiento establecido en las leyes que rigen la materia. (Esta Sala in re “Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. de Huanguelen 9537I c/ D.G.I”, del 4.03.97)
VIII. Que, en el caso de autos, si bien no se recurrió al procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683, el acto por el cual se intimó a la actora al pago del tributo importa como una verdadera determinación de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, en tanto por medio de dicha intimación, la AFIP impugnó las declaraciones juradas de la empresa recurrente pues consideró que, al contrario de la exención exteriorizada por ésta, existía materia gravada respecto al impuesto a la ganancia mínima presunta correspondiente a los períodos 2001 a 2004.
IX. Que, en efecto, es evidente que la verificación y cuantificación del tributo realizada constituye un indiscutible procedimiento determinativo del impuesto, toda vez que el acto apelado contiene la individualización del contribuyente, monto y elementos que permiten precisar la pretensión fiscal, por lo que cabe reconocerle a dicho acto el carácter de determinación de oficio y no de una simple intimación de pago de los ajustes a que arribara la inspección actuante, como pretende la representación fiscal.
X. Que "el contenido esencial e indudable de la determinación ha de consistir en la comprobación de los hechos pertinentes y de las normas jurídicas aplicables, como también el monto imponible resultante de la aplicación de las normas y pautas legales de valoración, aun cuando se omitan las operaciones finales de cálculo del gravamen adeudado" Jarach, Dino, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Editorial Cangallo, 1983, pág. 435) ("Cooperativa Agropecuaria Gral. San Martín de Coronel Suarez Ltda." (TFN Sala B de fecha 6/04/93). De la experiencia jurisprudencial evaluada en la materia, se puede advertir la existencia de verdaderas determinaciones de impuesto practicadas por el órgano recaudador que no son resultado de procedimientos de determinación de oficio.
XI. Que, a mayor abundamiento, asiste razón a la apelante cuando sostiene que no resulta aplicable al caso el apartamiento del procedimiento de determinación de oficio autorizado por el art. 14 de la ley 11.683, en cuanto establece que “Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esta ley, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada”, pues, si bien dicho artículo autoriza a la Administración Fiscal a apartarse del procedimiento de determinación de oficio en supuestos puntuales, no puede ser aplicado en otros que nada tienen que ver con la situación aquí descripta, en que lo que se reclama es la procedencia del impuesto a la ganancia mínima presunta, y no meras diferencias resultantes del cómputo inexacto de créditos fiscales.
Basta analizar el recurso de apelación interpuesto por la actora para advertir que éste no contiene un simple cuestionamiento del aspecto cuantitativo del acto administrativo, sino que se critica –y lo que constituye el objeto principal del planteo es la procedencia misma del gravamen que se dice adeudado. Y ello es así porque el acto administrativo apelado no contiene una simple intimación por diferencias resultantes de cómputos contra el impuesto, de retenciones de saldos a favor, o pagos a cuenta, sino un verdadero ajuste sobre el referido impuesto.
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XII. Que, en efecto, "la Dirección General Impositiva puede prescindir del procedimiento de determinación de oficio para establecer la deuda de un contribuyente, pero el acto por el cual se lleva a cabo constituye una determinación de esa índole (Causa N° 6050/2007 “Thinner Tede S.R.L. s/ recurso de apelación (TF 19969I) c/ DGI”, del 14/05/2009).
Y es que la determinación de oficio a que alude el art. 17 de la ley 11.683, no contiene una forma sacramental, siempre que satisfaga ciertos recaudos de contenido y por consiguiente, independientemente de la calificación que le otorgue, la AFIP habrá que determinar en cada caso si se trata de una determinación o de una intimación conforme las circunstancias particulares. Admitir lo contario sólo conduciría al extremo de que la Administración podría anular el procedimiento de los arts. 16 y siguientes con solo calificar de intimación a todos sus actos y el tribunal jurisdiccional declinaría su competencia por el solo hecho de esa calificación con absoluta independencia de la naturaleza del acto calificado. No es sólo la forma del acto lo que caracteriza a una determinación impositiva, pues no es posible que ella dependa del simple arbitrio de la administración, según se adopte o no cierto aparato meramente formal sustrayendo la cuestión al oportuno ejercicio de los derechos de los contribuyentes (en el mismo sentido, esta Sala, in re “Agrícola Forestal La Encrucijada S.A. (TF 33475I) c/ DGI”, sent. del 29/05/2012).
XIII. Que toda vez que, conforme al artículo 165 de la ley 11.683, el Tribunal Fiscal es competente en aquellos recursos contra “las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva”, ha de concluirse que esta competencia no está sujeta ni depende de la necesidad del cumplimiento de un procedimiento previo particular, sino que lo que le acuerda jurisdicción recursiva al organismo jurisdiccional es la naturaleza misma del acto y no el aspecto formal por el cual se alcanza la decisión administrativa.
En tal sentido cabe concluir que el Tribunal Fiscal resulta competente para resolver el recurso presentado por la actora.
En razón de lo expuesto y oído el Fiscal General subrogante, corresponde revocar la decisión apelada, con costas.
Por ello SE RESUELVE: revocar la resolución apelada y en consecuencia, disponer que el Tribunal Fiscal reasuma la jurisdicción que declinó, con costas.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia