Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 49520-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas.
2Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
22845/2022 AGROINDUSTRIAS SAN ANTONIO SA - TF 49520-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 27 de septiembre de 2022.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma Agroindustrias San Antonio S.A. interpuso recursos de apelación contra las resoluciones nºs 172/2018 y 171/2018 de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos–Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) mediante las cuales, respectivamente, determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 01/2015 a 12/2015) y en el impuesto a las ganancias (período fiscal 2015), difirió la aplicación de sanciones de conformidad con el artículo 20 de la ley 24.769 y liquidó los intereses resarcitorios (ver fs. 104/144 y 297/337).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación dictó una medida para mejor proveer y requirió a la AFIP-DGI que informe si las obligaciones tributarias discutidas en la causa habían sido regularizadas en los términos de la ley 27.541 y su modificatoria, 27.562 (fs. 379).
La AFIP-DGI contestó que la firma actora había regularizado las obligaciones tributarias en los términos de aquellas leyes, con excepción de un saldo remanente de $ 61.005,20 que correspondía al impuesto al valor referente al período fiscal 07/2015 (ver fs. 385).
Corrido el pertinente traslado, la firma Agroindustrias San Antonio S.A. informó que se había adherido a la regularización de la ley 27.451 y acompañó el plan de facilidades de pago y el formulario de compensación F.1151, acreditó el pago del saldo remanente expuesto por la AFIP-DGI y solicitó que se archivaran las actuaciones (ver fs. 399/406 y 426/428). Posteriormente, AFIP–DGI informó que las obligaciones sustanciales que dieron origen al litigio habían sido regularizadas en los términos de la ley 27.562 mediante el plan de facilidades de pagos nº 03101171 del 27 de noviembre de 2020 (ver la presentación de fs. 435/437).
Asimismo, manifestó que la firma actora era una PYME y que no estaba comprendida en las causales de exclusión previstas en los incisos ‘a’ y ‘b’ del artículo 16 de la ley 27.541 (modificado por la ley 27.562).
III. La Sala D del Tribunal Fiscal, por mayoría, resolvió: (1) Tener a la firma actora por desistida de la acción y del derecho, incluído el de repetición, respecto de los impuestos y de los intereses resarcitorios según el alcance establecido en el artículo 11, inciso ‘c’, de la ley 27.541 y su modificatoria, con costas, (2) Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que excedieran el límite señalado anteriormente y distribuir las costas en el orden causado, y (3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la AFIP-DGI (ver el pronunciamiento de fs.453/455).
IV. La firma actora interpuso recurso de apelación y expresó sus agravios (ver fs. 460/463), que fueron replicados por la AFIP-DGI (fs. 490/500).
Cuestionó la imposición de las costas y la regulación de los honorarios.
Sostuvo las siguientes críticas:
(i) La ley 27.541 “no hace distinciones y en virtud de ello todas las costas deben imponerse por el orden causado”.
(ii) No existió una parte vencida dado que el pleito finalizó con un acuerdo transaccional, que de ningún modo implicó “un reconocimiento de los conceptos reclamados por la A.F.I.P.”.
Subsidiariamente, solicitó que se aplicara la previsión del segundo párrafo del artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues el proceso finalizó “mediante un régimen excepcional”.
V. Es útil recordar que la ley 27.562 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de agosto de 2020) amplió la moratoria establecida en el capítulo I del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22845/2022 AGROINDUSTRIAS SAN ANTONIO SA - TF 49520-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO título IV de la ley 27.541 —destinada a sujetos categorizados como MiPyME— y sustituyó su artículo 8º al establecer que los contribuyentes y los responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la AFIP podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020 —incluido— al régimen de regularización de deudas tributarias, y de condonación de intereses y de multas (artículo 2º). Asimismo, sustituyó el primer párrafo del artículo 9º, por el siguiente texto: “[q]uedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior las obligaciones allí previstas que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la presente ley modificatoria. En esos casos, el acogimiento al presente régimen tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos. Asimismo, el acogimiento al régimen importará el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones regularizadas” (artículo 3º).
En la resolución general (AFIP) nº 4816/20, que reglamentó el aludido régimen, se estableció que “[e]n el caso de incluirse en el presente régimen de regularización deudas en discusión administrativa, contenciosoadministrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formule el acogimiento, de conformidad con lo establecido por el primer párrafo del artículo 9° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones” (artículo 9º, primer párrafo)”.
Mediante el decreto 833/2020 se prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020, incluido, el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8° de la ley 27.541 para que los contribuyentes pudieran acogerse al régimen de regularización.
VI. Los agravios no pueden ser acogidos.
Ciertamente, no se encuentra controvertido que la firma actora adhirió al régimen de regularización por la totalidad de las obligaciones tributarias discutidas en la causa (ver las presentaciones efectuadas a fs. 400/406 y 426/428) y que, por esa razón, el Tribunal Fiscal la tuvo por desistida de la acción y del derecho, incluido el de repetición (en el pronunciamiento de fs. 453/455).
En ese contexto, vale reiterar que el artículo 9º de la ley 27.541 es claro en cuanto a que el acogimiento al régimen “tendrá como efecto el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, asumiendo el responsable el pago de las costas y gastos causídicos” (esta sala, causas “Constructora Pampa SRL (TF 112703380-I) c/ Dirección General Impositiva” y “Plantel SA (TF 41517-I) c/ Dirección General Impositiva” pronunciamientos del 15 de septiembre de 2020 y del 23 de agosto de 2022, respectivamente).
Por consiguiente, respecto del monto por el que la parte actora se adhirió al régimen referido, las costas deben ser impuestas a su cargo. Consecuentemente, los agravios ofrecidos por la firma Agroindustrias San Antonio S.A. deben ser desestimados, con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VII. Resta pronunciarse respecto de los siguientes recursos de apelación interpuestos contra los honorarios regulados en los puntos 3º y 4º del pronunciamiento del Tribunal Fiscal: (i) el recurso deducido y fundado por la parte actora ‘por altos’ (confr. la presentación de fs. 460/463 y la réplica de fs. 490/500); y (ii) el recurso deducido por la Dra. Elizabeth Silvina Regueira (por la AFIP-DGI) ‘por bajos’ (confr. la presentación de fs. 472),.
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22845/2022 AGROINDUSTRIAS SAN ANTONIO SA - TF 49520-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En función de los agravios propiciados por las partes, teniendo en cuenta el alcance de la decisión del Tribunal Fiscal —que, como se dijo, tuvo por desistida a la firma actora de la acción y del derecho en los términos de la ley 27.541, con costas, y, asimismo, condonó los intereses resarcitorios correspondientes (en los términos del artículo 11, inciso ‘c’, de esa ley), con costas en el orden causado—, de la naturaleza del proceso, de los montos —que surgen de los formularios F.1003m en relación a los presentes ajustes, y el F.1151—, de la única etapa procesal cumplida, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor efectuada a la luz del resultado obtenido, corresponde FIJAR en 111,26 y 44,50 UMA — equivalentes a las sumas de $1.157.104 y de $ 462.800, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 25/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación––, los honorarios a favor del Dr. Oscar Alberto Yulan y de la Dra. Elizabeth Silvina Regueira, por la tarea cumplida en el ejercicio de la dirección y de la representación legal de la AFIP-DGI en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423). Sobre pautas análogas, en lo pertinente a las precedentemente enunciadas, teniendo en cuenta que el presente pronunciamiento versa únicamente respecto del régimen de las costas decidido por el Tribunal Fiscal, corresponde FIJAR en 15,57 UMA ––equivalentes a la suma de $ 161.928, según los valores de la referida acordada— los emolumentos a favor del Dr. Elizabeth Silvina Regueira por las tareas cumplidas en el ejercicio de la dirección y representación legal del Fisco Nacional, en esta alzainstanciada (artículo 16 y demás concordantes de la ley 27.423). Se hace constar que la regulación de los honorarios es realizada sin la reducción prevista en el artículo 13 de la resolución general AFIP nº 4816/2020, cuya aplicación corresponde considerar en el momento del pago de los honorarios que aquí se fijan.
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas.
2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando VII. Regístrese, notifíquese, y remítase.
Fin de la sentencia