Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 42133948-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar las críticas de la firma Agronegocios Jewell SA;
2Acoger los agravios del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento apelado en lo que atañe a la distribución de las costas;
3Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
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25132/2023 AGRONEGOCIOS JEWELL SA (TF 42133948-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos “Agronegocios Jewell SA (TF 42133948-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El Juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación desestimó los planteos formulados por la firma Agronegocios Jewell SA y confirmó la resolución RESOL-2021- 30-E-AFIP-ADBABL#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de Bahía Blanca en la actuación SIGEA N° 12542-1136-2019, que, a su vez, desestimó la impugnación formulada contra la liquidación LMAN N° 19003LMAN008637K, confeccionada por la suma de u$s 10.471,09 con más sus intereses, en concepto de derechos de exportación.
Expuso las siguientes razones:
i. “[L]as cuestiones planteadas […] son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa ‘Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación’”.
ii. “[P]or medio del artículo 1º del Decreto Nº 793/2018 (luego modificado) se fijó un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.)”.
iii. “[E]l universo de productos orgánicos no se encuentra al margen de los efectos dispuestos en el Decreto Nº 793/2018 y sus modificatorias, si bien es cierto que el legislador no dispuso una derogación expresa del Decreto Nº 361/2016”.
iv. “[L]a derogación de un régimen jurídico no ha de ser siempre expreso, pues ello supondría confrontar cada nueva regla con el resto del ordenamiento”.
v. “[S]e decidió no establecer diferencias y gravar a la totalidad de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (N.C.M.)”.
vi. “Lo analizado encuentra respaldo a la luz de lo establecido recientemente por el Decreto Nº 852/2021 (B.O. 15/12/2021), mediante el cual se dispuso fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del derecho de exportación para los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, a excepción de aquellos incluidos en el Anexo integrante del mismo (para los que se dispuso una rebaja de 5 puntos en la alícuota aplicable)”.
II. La firma actora y el Fisco Nacional apelaron el pronunciamiento y expresaron agravios que fueron replicados.
III. Las críticas exteriorizadas por la firma actora pueden sintetizarse de este modo:
i. La mercadería exportada está regulada por la ley 25.127, que constituye “un ámbito jurídico propio y específico” que no ha sido modificado.
ii. “[L]as modificaciones que se realicen deben ser por una norma específica y de idéntico rango a la que se pretende modificar o bien quitarle la condición de orgánico por ley o bien emitir un decreto especifico que modifique la alícuota, respetando la forma que las leyes establecen a tal fin” (el destacado corresponde al texto original).
iii. El decreto 361/2016 no fue derogado tácitamente por el decreto 798/2018.
iv. La decisión recurrida vulnera derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.
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25132/2023 AGRONEGOCIOS JEWELL SA (TF 42133948-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO IV. El Fisco Nacional objeta la distribución de las costas porque considera que la sentencia recurrida injustificadamente se apartó del “principio general de la derrota”.
V. Por razones de orden lógico debe examinarse en primer lugar las críticas exteriorizadas por la firma actora.
VI. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que para que se considere que una ley ha derogado implícitamente las disposiciones de otra ley, es necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea incompatible con el de aquélla (Fallos: 214:189; 226:270; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567), toda vez que la derogación de las leyes no puede presumirse (Fallos: 183:470).
Y también ha afirmado que “como norma una ley general no es nunca derogatoria de una ley o disposición especial, a menos que aquella contenga alguna expresa referencia a ésta o que exista una manifiesta repugnancia entre las dos en la hipótesis de subsistir ambas” (Fallos: 330:304).
VII. Con esa mirada es necesario retener los siguientes datos:
1. El decreto 793/2018 expresamente contempló al decreto 361/2016 en los párrafos quinto y sexto de sus considerados:
—“Que, con base en esa facultad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó, entre otros, los Decretos Nros. 1243 del 17 de agosto de 2011, 429 del 21 de marzo de 2012, 526 del 13 de abril de 2012, 133 del 16 de diciembre de 2015, 160 del 18 de diciembre de 2015, 349 del 12 de febrero de 2016, 361 del 16 de febrero de 2016, 1025 del 12 de diciembre de 2017 y 487 del 24 de mayo de 2018, por medio de los cuales se fijaron derechos de exportación aplicables a diversas mercaderías” (el destacado me pertenece). —“Que mediante los decretos mencionados en el párrafo anterior dictados a partir de diciembre de 2015 se redujo al CERO POR CIENTO (0%) la alícuota aplicable para una gran cantidad de posiciones arancelarias”.
2. Al establecer el nuevo arancel el decreto 793/2018 no distinguió entre mercaderías de origen orgánico y no orgánico:
—“ARTÍCULO 1°.- Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)”.
3. La ley 27.467, que ratificó ese decreto, hizo mención de las mercaderías que se encontraban gravadas con una alícuota del 0%: —“ARTÍCULO 81.- Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante los artículos 755 y concordantes de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, se podrán fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar en ningún caso el TREINTA POR CIENTO (30%), del valor imponible o del precio oficial FOB. Este tope máximo será del DOCE POR CIENTO (12%) para aquellas mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación al 2 de septiembre de 2018 o que estaban gravadas con una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) a esa fecha.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá ejercer esta facultad hasta el 31 de diciembre de 2020.
Exceptúase del pago de los derechos que gravan la exportación para consumo a las empresas del Estado regidas por la ley 13.653 y a las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705, que tengan por objeto desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación”.
—“ARTÍCULO 82.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, mantendrán su validez y vigencia los decretos 1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificaciones, 486 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, 487 del 24 de mayo de 2018 y sus modificaciones, y 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como así también toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades”.
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25132/2023 AGRONEGOCIOS JEWELL SA (TF 42133948-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO VIII. Desde esa perspectiva, cabe concluir en que se hallan verificados los requisitos fijados por la jurisprudencia de la Corte Suprema para afirmar que el decreto 361/2016 fue implícitamente derogado por el decreto 793/2018 y por la ley 27.467.
Ciertamente, existe una incompatibilidad o una contradicción entre aquellas y una expresa referencia a la norma derogada en las posteriores.
IX. Paralelamente cabe recordar que el Máximo Tribunal ha expresado que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o dispensados por ellas (Fallos: 267:247; 272:229; 273:14; 274:334; 288:279; 303:1835; 321:2683).
XII. Luego, corresponde tratar los agravios del Fisco Nacional.
XIII. Esta sala ha dicho que si bien el ordenamiento procesal ha recibido, como un principio, el criterio objetivo del vencimiento en el artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ese principio no es absoluto ya que admite excepciones; y ha precisado, en ese sentido, de conformidad con el criterio establecido por la Corte Suprema (Fallos: 311:809; 317:1638; 325:2276; 343:1758), que las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, a fin de no desnaturalizar la regla general, razón por la cual deben fundarse debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de tal principio (causa “Swiss Medical S.A. c/ EN-SSS- RESOL 1715/12 s/proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 8 de julio de 2021, y sus citas).
XIV. Toda vez que no se advierte motivos idóneos que justifiquen el apartamiento del principio objetivo de la derrota, corresponde admitir el planteo, revocar el pronunciamiento apelado e imponer las costas relativas a la actuación tramitada ante el Tribunal Fiscal de la Nación a cargo de la firma Agronegocios Jewell SA.
XV. Ese mismo principio lleva a imponer las costas de esta instancia a la firma actora en tanto resulta vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 1163 del Código Aduanero).
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Desestimar las críticas de la firma Agronegocios Jewell S.A.; 2. Acoger los agravios del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento apelado en lo que atañe a la distribución de las costas; 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar las críticas de la firma Agronegocios Jewell SA;
2. Acoger los agravios del Fisco Nacional y revocar el pronunciamiento apelado en lo que atañe a la distribución de las costas; 3. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia