Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 42159166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 25/08/2022, en todos sus términos, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
26.760/2023 Agronegocios Jewell S.A (TF 42159166/21) SA c/ EN-AFIP-DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 15 de septiembre de 2023.
VISTOS Y
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 25/08/2022 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 2021-26-E-AFIP del 7/04/2021 y la validez de la liquidación n° 19003LMAN018019F, librada por la Aduana de Bahía Blanca por la suma de U$S 9.002,84, con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago, imponiendo las costas en el orden causado.
Para así resolver, en primer lugar, precisó que, la cuestión a dirimir versaba sobre los derechos de exportación aplicables a la destinación de exportación del PE 19003EC01004911H, oficializado el 07.10.19, respecto a una venta cerrada el 18.09.19; la falta de pago de los derechos de exportación que liquidó automáticamente el Sistema Informático Malvina de la Aduana, aplicando las alícuotas del decreto 793/18, provocó el libramiento por la Aduana de Bahía Blanca de la LMAN 19003LMAN019018F por U$S 9002,84, para su ejecución. Señaló que el decreto 793/18 (BO: 04.09.18) fue ratificado por el art. 82 de la ley de presupuesto para el año 2019, 27.467 (BO: 04.12.18). En consecuencia, a la fecha de la exportación de autos (07.10.19) que respondía a una venta cerrada el 18.09.19, el decreto 793/18 había sido ya convalidado por el Congreso -lo que había ocurrido el 04.12.18- no resultando controvertible su validez constitucional -por ausencia de intervención del Poder Legislativorespecto de las alícuotas y los derechos de exportación que fijaba -sean estos ad valorem o específicos.
Precisó que, el decreto 793/18, en todo su contenido, tenía rango de ley federal desde el 04.12.18, con la validez formal y vigencia constitucional de la cuales, como principio, gozaban todas las leyes federales. En consecuencia, consideró que, resultaba inoficioso el tratamiento de todos los argumentos vertidos en autos respecto a la validez del decreto 793/18.
En segundo lugar, indicó que, subsistía controvertida en autos, exclusivamente, la cuestión referida a si prevalecía el régimen arancelario especial de alícuota Cero (0%) del decreto 361/16 para productos orgánicos, frente a las alícuotas fijadas por el decreto 793/18 aplicadas a la exportación de autos. Al respecto, puntualizó que, no se encontraba controvertido: 1) que la exportación involucrada, documentada mediante el PE 19003EC01004911H (oficializado el 07.10.19) fue de productos orgánicos; 2) que tales productos orgánicos gozaban, conforme el art. 1 del decreto 361/16 (BO: 17.02.16), de un régimen tributario especial por el que fueron gravados con una alícuota de derechos de exportación del cero por ciento (0%); 3) que el decreto 793/18 (BO: 04.09.18), mediante sus arts. 1 y 4, estableció una alícuota de derechos de exportación del 12 % que, en la literalidad de su art. 1, aplica a todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM, con vigencia hasta el 31.12.20 (caracter transitorio de la nueva alícuota) y que en el caso de mercadería que ya estuviera gravada, la alícuota del 12% se adiciona a la alícuota que estuviera vigente (art. 4 del decreto).
Señaló que el decreto 793/18 disponía, con absoluta claridad, en su art. 1: “Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)”; y en su art. 4: “En el caso de mercaderías cuya exportación ya está gravada, el derecho de exportación establecido en el art. 1º será adicionado a los derechos de exportación vigentes (…)”.
Añadió que, el Código Aduanero, en su art. 10.1., definía como mercadería a “todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado”. Afirmó que, los productos orgánicos exportados bajo el PE de autos 19003EC01004911H eran mercaderías en los términos jurídicamente concordantes de los citados arts. 10.1 del CA y 1 del decreto 793/18. A su vez los productos orgánicos, en cuanto mercaderías, se encontraban gravados al momento de la entrada en vigencia del decreto 793/18 (sea cual fuera la fecha que se considere -el 04.09.18 o el 04.12.18- con un alícuota del Cero por Ciento (0%), con lo cual, conforme lo dispone el art. 4 del decreto 793/18 debía adicionarse la alícuota del 12% del artículo 1, con vigencia hasta el 31.12.20.
Resaltó que, las normas antes referidas indicaban, como objeto de la nueva alícuota aplicable del decreto 793/18, a las mercaderías, precisando que son “todas” (art. 1 del decreto 793/18) y que la nueva alícuota se adicionaba a las “mercaderías cuya exportación ya está gravada”.
Afirmó que, en ningún caso dichas normas distinguían entre clases de mercaderías, ni hacían excepción respecto de alguna especie o calificación en relación a ellas. El alcance universal del art. 1 incluía, pues, como objeto de la nueva alícuota del 12% a las mercaderías que revestían en la categoría de productos “orgánicos” del art. 1 del decreto 361/16 como también, obviamente, a las mercaderías “convencionales”, que compartían, promiscuamente, con las referidas mercaderías “orgánicas” las diferentes posiciones arancelarias de la NCM.
Adujo que, lo anterior se encontraba conteste con los considerandos del decreto 793/18 que, en su párrafo quinto, enlistaba al decreto 361/16 entre otros en los que se “fijaron derechos de exportación aplicables a diversas mercaderías” y que, a su vez (párrafo sexto), redujeron al “CERO POR CIENTO (0%) la alícuota aplicable para una gran cantidad de posiciones arancelarias”. En el párrafo 10º de los considerandos, refiriendo a todo lo dicho anteriormente - párrafos quinto y sexto-, se señala que “el nuevo contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, y las recientes alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos hacen necesario modificar transitoriamente los niveles de derechos de exportación”.
En consecuencia, entendió que, los párrafos quinto, sexto y décimo de los considerandos del decreto 793/18, en su correcta lectura armónica, ratificaban la posición del Poder Ejecutivo -cristalizada en los arts. 1 y 2 del decreto- de gravar con la nueva alícuota adicional del 12 % a los productos orgánicos (mercaderías) del decreto 361/16, que se encontraban gravados con la alícuota especial del cero por ciento (0%). Finalmente, la vigencia actual del decreto 361/16, no derogado por el decreto 793/18, resultaba normativamente coherente, desde que la alícuota del 12% instaurada por este último decreto era adicional y transitoria -hasta el 31.12.20- respecto a las ya establecidas al entrar en vigor el decreto 793/18 (del 0% en el caso de los productos orgánicos). En definitiva, observó que, las únicas hipótesis normativas en las que el art. 1 del decreto 793/18 no hubiera sido aplicable sobre los productos orgánicos del art. 1 del decreto 361/16 –subsistiendo el régimen especial de alícuota Cero (0%)- eran: (i) que los productos orgánicos no fueran mercaderías - lo que es jurídicamente erróneo, conf. art. 10.1 del CA; son mercaderías-; (ii) que el art. 1 del decreto 793/18 predicara exclusivamente sobre todas las posiciones arancelarias, pero no sobre mercaderías. En tal caso subsistiría el tratamiento arancelario especial previo para ciertas mercaderías -orgánicas- que se encontraran bajo las PA comprendidas por la nueva norma general de aumento de alícuotas que no refiriera a mercaderías (no es la hipótesis de este caso, aunque fuera la que la actora erróneamente creyó aplicaba a su operación de exportación”); (iii) que la disposición general del art. 1 del decreto 793/18 respecto a “todas las mercaderías” comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM, hubiera contenido una excepción expresa respecto del art. 1 del decreto 361/16 (“productos orgánicos”) manteniéndose así el tratamiento arancelario especial previo de alícuota Cero (0%) en relación a los productos orgánicos sobre los que versa dicho artículo, hipótesis de excepción expresa que no se verifica en este caso.
Ponderó que, ninguna de las hipótesis normativas antedichas era la de la presente controversia, con lo que no cabía más que confirmar la resolución apelada, como la validez de la LMAN librada por la Aduana de Bahía Blanca por la suma de Dólares Nueve Mil Dos con 84/100 (U$S 9002,84) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago (art. 2 del decreto 793/18). Con respecto a las costas, entendió que debían imponerse por su orden (art. 1163 del CA). Ello atento a que, tanto la resolución apelada de la DGA como su dictamen jurídico previo no versaron sobre la cuestión planteada en sede administrativa que se resolvía mediante este pronunciamiento, sino sobre una distinta (validez constitucional del decreto 793/18), lo que obligó a la actora a ocurrir ante esa instancia jurisdiccional para una condigna sustanciación de su pretensión.
II. Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 4/10/2022, interpuso recurso de apelación y expresó agravios (concedido el 17/10/2022), la actora, los que fueron replicados por la contraria el 14/11/2022.
Con fecha 22/058/2023 el señor Fiscal de Cámara emitió su dictamen.
Sostiene la recurrente que nos encontramos frente a un tipo de mercadería (Trigo Orgánico) que se encuentra regulada por la Ley 25.127, un ámbito jurídico propio y especifico, el cual no ha sido modificado por otra Ley pero además de ello la especificidad del régimen legal aplicable se complementa con el Decreto 361/2016 (vigente), que le otorga un tratamiento arancelario del 0% . Es por ello que, considera que, las modificaciones que se realicen deben ser por una norma específica y de idéntico rango a la que se pretende modificar o bien quitarle la condición de orgánico por ley o bien emitir un decreto especifico que modifique la alícuota, respetando la forma que las leyes establecen a tal fin erróneamente entiende el inferior que el Decreto N° 361/16 que consagra un derecho en materia específica, esto es consagrando una alícuota del CERO POR CIENTO (0%) en cuanto a los derechos de exportación para los productos que revistan la condición de orgánico (conforme la legislación nacional y que cuenten con la correspondiente documentación oficial que así lo acredite) puede resultar derogado tácitamente por un acto administrativo –Decreto N° 793/2018- de forma general.
Alega que, basta consultar el sitio web oficial servicios.infoleg.gob.ar dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para corroborar que el Decreto N° 361/16 no se encuentra modificado, complementado, ni mucho menos derogado por el Decreto N° 793/2018.
Precisa que el Decreto N° 793/18 PEN, fija hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM), y el Decreto N° 865/18 PEN, establece que el derecho de exportación establecido en el artículo 1º no podrá exceder de PESOS CUATRO ($ 4) por cada dólar estadounidense del valor imponible, incluyendo el importe que arroje la aplicación de la alícuota allí dispuesta, o del precio oficial FOB, según corresponda. Para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM) detalladas en el Anexo I (IF-2018-43170212-APN-SSPT#MHA) que forma parte de ese decreto, ese límite será de PESOS TRES ($ 3) por cada dólar estadounidense del valor imponible, incluyendo el importe que arroje la aplicación de la alícuota dispuesta en el referido artículo 1°, o del precio oficial FOB, según corresponda. De aplicarse, esos límites se mantendrán en pesos hasta la cancelación de la obligación. No estando incluida en la citada norma este tipo de mercaderías, las orgánicas, que cuentan claramente con un régimen especial y específico, el Decreto N° 361/2016 (VIGENTE) y por ende debe declararse la nulidad del LMAN (Cargo) generado.
Asimismo, se agravia de la decisión tomada por el a quo en tanto que lesiona y restringe con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías consagrados constitucionalmente por cuanto resultan vulnerados: el derecho de propiedad (art. 17 C.N.), derecho del trabajo, derecho a ejercer toda industria lícita, derecho a comerciar (art. 14 C.N.).
Aduce que, asimismo, se quebranta el principio de legalidad reconocido en el art. 19 y el principio de razonabilidad contemplado en el en el art. 28 y 33 del mencionado cuerpo legal, lo que pone en peligro la subsistencia comercial de la empresa, y causa un grave perjuicio en la totalidad de la actividad económica de la misma por cuanto aquélla requiere que el ordenamiento brinde certeza y seguridad jurídica, a fin de poder concertar las operaciones económicas logrando la previsibilidad de sus negocios.
Se agravia de la sentencia del a quo en cuanto a que la materia en cuestión no ha sido analizada con la importancia, especificidad y complejidad que merece. Por cuanto la posición arancelaria no hace distinción entre productos orgánicos - no orgánicos y precisamente la legislación se creó especialmente para darle un tratamiento específico diferenciado a esa mercadería y generó en quienes se dedican a ello, una previsibilidad en los negocios y de su mercado. Finalmente, expone que, que entender que existe una derogación tacita frente a un régimen especial es no haber contemplado por parte del autor de la norma (P.E.N) su impacto sobre la realidad económica de los administrados.
III. Que, en primer lugar, corresponde señalar que la cuestión debatida en autos se encuentra regulada por los Decretos nros. 361/2016 y 793/2018.
Mediante el Decreto n° 361/2016 se fijó una alícuota del 0% de derecho de exportación para los productos que revistan la condición de orgánico, conforme la legislación nacional y que cuenten con la correspondiente documentación oficial que así lo acredite.
En los considerandos del decreto se aludió a:
“Que el ESTADO NACIONAL ha iniciado la implementación de medidas efectivas tendientes a revertir los indicadores negativos de la economía argentina, mediante acciones concretas destinadas a superar la crisis que atraviesa el sector agropecuario. Que entre aquellas acciones se encuentra la de eliminar las trabas y restricciones que limiten la plena capacidad de desarrollo de todo el sector, teniendo como meta el aumento de las superficies sembradas, así como el fortalecimiento de la producción de cereales, de las economías regionales, y de todos los mercados agropecuarios en general (…).Que por la Ley N° 25.127, su reglamentación y normas complementarias, se establecieron las pautas relacionadas a productos orgánicos, señalando asimismo que la entonces SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS promoverá la producción agropecuaria, ecológica, biológica y orgánica en todo el país. Que la producción orgánica tiene por objetivo principal la elaboración de alimentos de calidad, mediante la aplicación de técnicas y utilización de insumos que aseguren la preservación del medio ambiente, garantizando la sustentabilidad del sistema productivo. Que la demanda de productos orgánicos representa un mercado con alto potencial de desarrollo nacional, encontrándose además en continua expansión a nivel internacional. Que resulta conveniente dictar medidas que propicien un incentivo para exportar productos de tipo orgánicos, en tanto generará asimismo una mayor producción de mercaderías con valor agregado”.
Asimismo, mediante el Decreto n° 1126/2017 se aprobó la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) ajustada a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y en el artículo 11 se mantuvo la alícuota del Derecho de Exportación del 0% establecida por los decretos n° 133/2015 y sus modificaciones y el Decreto n° 361/2016, con ciertas excepciones que se detallan en su Anexo XIII. Posteriormente, se dictó el Decreto n° 793/2018, mediante el cual, en un nuevo contexto económico, se fijó hasta el 31 de diciembre del año 2020, un derecho de exportación del 12% a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.
En los considerandos del decreto se aludió a:
“Que es clara la intención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de dotar al PODER EJECUTIVO NACIONAL de herramientas que le permitan adoptar, en forma ágil, medidas de política económica para ejecutar, entre otros objetivos, la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, estabilizar los precios internos y atender las necesidades de las finanzas públicas. Que, con base en esa facultad, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó, entre otros, los Decretos Nros. 1243 del 17 de agosto de 2011, 429 del 21 de marzo de 2012, 526 del 13 de abril de 2012, 133 del 16 de diciembre de 2015, 160 del 18 de diciembre de 2015, 349 del 12 de febrero de 2016, 361 del 16 de febrero de 2016, 1025 del 12 de diciembre de 2017 y 487 del 24 de mayo de 2018, por medio de los cuales se fijaron derechos de exportación aplicables a diversas mercaderías.
Que mediante los decretos mencionados en el párrafo anterior dictados a partir de diciembre de 2015 se redujo al CERO POR CIENTO (0%) la alícuota aplicable para una gran cantidad de posiciones arancelarias. Que en uso de las mismas facultades se dictaron, entre otros, los Decretos N° 1343 del 30 de diciembre de 2016, 265 del 28 de marzo de 2018 y 757 del 14 de agosto de 2018 por medio de los cuales se estableció un mecanismo de reducción mensual del derecho de exportación aplicable al complejo sojero. Que, entre otras disposiciones, a través del artículo 11 del Decreto N° 1126 del 29 de diciembre de 2017 y sus modificatorios, se fijaron las alícuotas del derecho de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM) detalladas en el Anexo XIII de esa norma.
Que por medio de las Leyes Nros. 27.428 (modificatoria de la Ley Nº 25.917 de Régimen de Responsabilidad Fiscal), 27.429 (aprobatoria del Consenso Fiscal), 27.430 (de reforma integral del Sistema Tributario), y 27.431 (de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018), se establecieron pautas, límites y lineamientos en materia fiscal y regulatoria para asegurar la convergencia fiscal, una política tributaria eficiente y la reducción paulatina de la carga tributaria. Que el nuevo contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, y las recientes alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos hacen necesario modificar transitoriamente los niveles de derechos de exportación (…).
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones”.
Finalmente, cabe tener en cuenta, que con fecha 14/12/2021 se dictó el Decreto n° 852/2021, que en su art. 1°, dispuso: “Fíjase en CERO POR CIENTO (0 %) la alícuota del derecho de exportación (D.E.) para los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, debidamente certificados y autorizados por el organismo competente, en los términos de la Ley N° 25.127, su reglamentación y sus normas complementarias, y que presenten el Certificado de Empresa Certificadora, autorizada por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, con excepción de aquellos que se encuentren comprendidos en el artículo 2° de la presente medida”.
IV. Que de lo expuesto resulta que, de los mismos considerandos del decreto n° 793/2018, se han considerado expresamente los casos de mercaderías que contaban (a la fecha de su dictado) con alícuota del 0%, entre ellos, aquéllas comprendidas en el Decreto n° 361 del 16/02/2016.
Surge de la simple lectura del Decreto n° 793/2018 que ha sido clara la intención de incluir los productos orgánicos. En efecto, el art. 1° textualmente reza “de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)”.
Es decir que, el universo de productos orgánicos no se encuentra al margen de los efectos dispuestos en el Decreto nº 793/2018 y sus modificatorios. De tal modo, mediante la norma antes citada se estableció un derecho de exportación aplicable a TODAS las mercaderías y posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur. Medida ésta que se adoptó teniendo en cuenta el importante cambio en las condiciones económicas del país ocurrido desde el dictado de los decretos allí mencionados y la situación imperante a la fecha de la medida.
En tales condiciones, cabe concluir que con el dictado del Decreto n° 793/2018 fueron modificadas -transitoriamente y hasta la fecha allí establecidalas alícuotas establecidas en el Decreto n° 361/2016.
En este contexto, el accionar del servicio aduanero (liquidación 19003LMAN019018F) resulta ajustado a la normativa aplicable, dado que al momento de registro de la operación (PE 19003EC01004911H, oficializado el 7/10/2019), las exportaciones de productos orgánicos debían tributar una alícuota del 12%, en concepto de derechos de exportación, en virtud de lo establecido en el Decreto n° 793/2018.
La interpretación precedentemente efectuada resulta adecuada y confirmada, asimismo, a través de lo dispuesto en el Decreto nº 852/2021, mediante el cual se dispuso fijar en 0% la alícuota del derecho de exportación para los productos que revistan la condición de orgánicos, lo que demuestra de manera concluyente que, dichos productos, con anterioridad al dictado del mismo no contaban con la alícuota del 0% de derechos de exportación.
Así las cosas, se observa que la alícuota adicional del Decreto n° 793/2018 resulta aplicable a todas las mercaderías, sean orgánicas o no; debiendo aclararse que recién con el dictado del Decreto nº 852/2021 se puede entender que la alícuota de las mercaderías que revistan la condición de orgánicas y clasifiquen por las PA específicamente allí señaladas, vuelve al 0%. Cualquier entendimiento en contrario iría en contra del espíritu del decreto 793/2018 y sus considerandos, donde expresamente se hace referencia al decreto 361/2016 y a las mercancías en él incluídas para sujetar su exportación al gravámen establecido por la norma posterior.
En este sentido, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que “Las normas jurídicas deben ser interpretadas siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos: 296:372; 297:142; 300:1080). Y, asimismo, que “La inteligencia de las leyes debe efectuarse procurando no sólo la armonización de sus preceptos sino también su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico” (Fallos: 287:79; 288:416 y 308:1118).
A mayor abundamiento, cabe recordar aquí el claro principio hermenéutico que postula que no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre muchos otros), quien -por caso- podría haber fijado un derecho de exportación especial para los productos orgánicos y, sin embargo, no lo hizo, por manera que en modo alguno cabe extraer de la secuencia normativa analizada una conclusión distinta que la ya alcanzada.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora y confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, en todos sus términos.
V. Que sobre el derecho de la actora al mantenimiento de un régimen, cabe señalar que no existe, propiamente, un derecho adquirido por parte de la actora y no se ha vulnerado su derecho de propiedad, ya que por un lado nunca se le garantizó que no se le impondría variación en los derechos en disputa, y más considerando la excepcionalidad de la medida y los fines en virtud de los cuales se impusieron transitoriamente los derechos de exportación adicionales; y por el otro, en tanto la exportación sujeta a la alícuota ya referida, fue oficializada en fecha posterior a la ratificación legislativa del mencionado dec. 793/18, es claro que se encontraba alcanzada por la normativa en cuestión, por lo que no se advierte vulneración alguna a derechos adquiridos por el exportador, resultantes de la mencionada operación.
En efecto, nuestro Máximo Tribunal ha expresado que: “(...) en principio, nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o regidos por ellas” (Fallos 267:247 y 278:108).
Claramente la recurrente no puede pretender que se mantenga a su respecto la reducción de alícuota en las operaciones de exportación y no se le agregue la alícuota adicional y transitoria del 12%, aunque sus productos acrediten la condición de “orgánicos”, y ello es así porque el bien jurídico protegido por la legislación tributaria es mucho más amplio que cualquier bien jurídico tutelado por el derecho privado (en similar sentido, esta Sala, in re: expte. n°: 57.431/2022, “Soyapampa SA c/ EN-AFIP-DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del 17/03/2023)
VI. Que las costas se imponen a la actora vencida, de conformidad con el principio de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal
rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 25/08/2022, en todos sus términos, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARIA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MARQUEZ
Fin de la sentencia