Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de Olavarría · Causa OL-6381-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - 1.- Rechazar in limine la medida cautelar solicitada (arts. 195, 209 y sigs. C.P.C.C. y arg. art. 331 del código de rito).-
- - - 2. - Imponer las costas del presente incidente a la parte actora (art 69 del C.P.C.C.).-
- - - 3. - En atención a la cuantía del asunto, valor y mérito de los trabajos realizados en autos, a los fines del cumplimiento del art. 21 de la Ley 6716, y lo dispuesto en los arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 51 y 54 de la ley 14.967 regúlanse los honorarios del Dr. Manuel Rubén Leiva Díaz, T° XII F° 99, en la cantidad de 7 jus, importe al que se adicionará el 10% de aportes previsionales a cargo de la parte (Art.12 inc.a Ley 6716 ) y más el I.V.A. en caso de corresponder según la condición del letrado frente al tributo.-
- - - 4. -REGISTRESE.
MEDIDA CAUTELAR - SOLICITA (232300541001226932)
MEDIDA CAUTELAR - SOLICITA (232300541001226932)
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OL-6381-2026 AGROPECUARIA SIFRANO SA C/ ARANZAZU SERGIO ANIBAL y otros S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO)
- - - AUTOS, VISTOS: Para resolver el pedido de medida cautelar efectuado el día 18/11/26,
- - - I) Se promueven las presentes actuaciones a fin de obtener el dictado de una tutela cautelar urgente, previa a la promoción de la demanda principal y a la conclusión de la mediación prejudicial obligatoria, para que los demandados se abstengan de realizar actos materiales de desposesión o perturbación y se le permita a la incidentista, Agropecuaria Sifrano S.A., permanecer transitoriamente en el establecimiento rural arrendado, exclusivamente durante el plazo técnico indispensable para trasladar de modo seguro los 288 vientres y sus terneros recién nacidos.
- - - Solicita la medida hasta que transcurran 120 días desde el último parto del lote evaluado por el médico veterinario, ofreciendo abonar durante ese lapso una contraprestación provisoria calculada conforme a la fórmula de canon prevista en la cláusula cuarta del contrato.
- - - Expone que con la medida procura evitar que la restitución inmediata cause el riesgo sanitario concreto informado por el profesional.
- - - Que la pretensión principal que se promoverá una vez iniciada y cumplida la mediación, y será el cumplimiento e interpretación de la cláusula tercera del contrato y, subsidiariamente, la determinación de un plazo transitorio para retirar la hacienda sin exponerla a riesgo.
- - - Dirige la solicitud se dirige contra ETEL OYESQUI, ROSA GRISELDA ARANZAZU, SERGIO ANÍBAL ARANZAZU, y ALICIA ROSANA ARANZAZU, arrendadores firmantes del contrato rural.
- - - Relata que el 20 de noviembre de 2023 Agropecuaria Sifrano S.A. celebró con los demandados un contrato de arrendamiento rural sobre 392 hectáreas correspondientes a las parcelas 332-e y 332-k, Circunscripción IV del Partido de General La Madrid. El plazo se pactó desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 19 de noviembre de 2026. La cláusula tercera dispone que "el arrendatario podrá ejercer" una opción de prórroga por dos años desde el 20 de noviembre de 2026, previo acuerdo de las partes sobre las condiciones, y exige comunicar su ejercicio con al menos sesenta días de antelación. La cláusula cuarta fija para el arrendamiento vigente un canon anual equivalente a 58 kg de carne por hectárea, pagadero trimestralmente por adelantado de acuerdo con el índice allí indicado.
- - - Que la opción fue concedida a su favor y que procuró comunicar su voluntad de ejercerla y negociar sus condiciones mediante los canales que las partes venían utilizando. La discusión sobre el alcance de la cláusula y las condiciones de la prórroga será materia de la acción principal.
- - - Que el 9 de septiembre de 2026 Sergio Aníbal Aranzazu envió una carta documento, recibida por la sociedad el 10 de septiembre, donde manifestó, en nombre propio y de los demás arrendadores, que no aceptaba la prórroga pretendida o a pretender y exigió restituir el inmueble al vencimiento. El 14 de octubre la sociedad contestó mediante carta documento, rechazó esa posición y expuso las tratativas y la situación de la explotación. El 20 de octubre Sergio rechazó esa respuesta, reiteró los términos de su comunicación anterior y exigió la restitución.
- - - Alega un riesgo veterinario actual, relatando que en el establecimiento hay 288 vientres de propiedad de la actora, en gestación avanzada, parición inmediata o recién paridos, además de terneros neonatos dependientes del calostro y de la lactancia. El informe del médico veterinario Guillermo Eduardo Cigorraga, M.P. 12.963, fechado el 13 de noviembre de 2026, consigna que inspeccionó el rodeo y advierte riesgos por arreo, embarque, transporte y manejo en mangas o corrales, incluidos partos prematuros, distocias, pérdidas perinatales, desorientación y separación de los terneros, e hipocalcemia en las madres. El profesional recomienda no mover la hacienda en su estado actual y estima un plazo mínimo de permanencia de tres a cuatro meses -90 a 120 días- desde el último parto del lote evaluado, aproximadamente en diciembre de 2026, para completar el encalostrado y la lactancia inicial y que los terneros alcancen un estado apto para un eventual arreo o transporte.
- - - II) Que nuestra Cámara Departamental tiene dicho que el dictado de una medida cautelar requiere la concurrencia de tres presupuestos o requisitos, a saber: verosimilitud del derecho ("fumus bonis iuris"), peligro en la demora ("periculum in mora"), y oportunamente la contracautela como requisito de la traba efectiva de las mismas (Novellino Norberto José, "Embargo y desembargo", pág. 33). Es que, en definitiva, y como bien ha puesto de resalto la Excma. Cámara departamental en un antiguo precedente, la verosimilitud del derecho -así como el peligro en la demora- es un requisito para la admisión de "toda medida cautelar" (Cám. Civ. y Com. Azul, int. 17/7/92 "Heisecke c/ Sconocchini s/ Daños y perjuicios").-
- - - Que, por su parte, el Máximo Tribunal reiteradamente ha dicho que la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético (C.S.J.N. Fallos 306:2060; 313:521; 318:2375), motivo por el cual la procedencia de toda medida precautoria no exige de los jueces un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido (C.S.J.N. Fallos 306:2060; 314:711), sino verificar la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible (arg. art. 195 del C.P.C.C.).-
- - - III) Hechas estas consideraciones previas, debe advertirse que la documentación conducente acompañada en base a la cual se funda la pretensión, consiste en el contrato de arrendamiento referido por el peticionante, cartas documentos e informe de un médico veterinario.
- - - Que si bien el contrato de locación en el que el actor basa su pretensión parecería ser una fotocopia, y la certificación allí inserta no aclara qué firma sería precisamente la certificada (tampoco se ha acompañado el folio expedido por el escribano respecto a esa actuación), lo cierto es que con las cartas documentos acompañadas -enviadas por Correo Argentino-, se logra acreditar la existencia de dicho vínculo contractual.
- - - Así, tengo por probado que las partes han celebrado un contrato de arrendamiento rural, vencido en el día de ayer.
- - - Por ello, y en base a lo normado por el art. 1210 del C.C.Y.C. , podría concluir prima facie y dentro del acotado marco cognoscitivo de la presente medida cautelar, que el locatario tendría la obligación de restituir la cosa al locador.
- - - Ahora bien, el actor solicita una prórroga de dicho contrato, fundado en el peligro que significaría acarrear y trasladar varias vacas en parición e inmimentes a parir, acompañando informe de un médico veterinario que indicaría los riesgos sanitarios de aquélla movilización.
- - - Que amén de ser tal informe un instrumento privado sin fecha cierta (art. 317 del C.C.Y.C., y 1012 y sigts. del viejo Civil: y arg. art. 209 inc.2 y 3 del C.P.C.C.), lo cierto es que aún cuando le asistiera razón a tal profesional, y como ya expusiera, una interpretación preliminar del contrato y realizada dentro este acotado incidente, me indicaría que el contrato se encontraría vencido, y por ende el locador debe, prima facie, desalojar el predio.
- - - Es más, de las propias cartas documentos acompañadas por el mismo se desprende que ya con fecha 10/9/26 tomó conocimiento de que el arrendador no tenía ninguna intención de continuar locándole el inmueble rural. Es decir, el actor tuvo al menos dos meses para coordinar y organizar el traslado-retiro de los animales existentes en el predio.
- - - Por lo tanto, conceder la medida cautelar en este acotado marco de análisis supondría ir en contra de lo dispuesto por los artículos 9 y 10 del Código Civil y Comercial, y especialmente de los artículos 959 y 960, los cuales garantizan que los contratos son obligatorios para las partes e impiden a los jueces alterar lo pactado.
- - - IV) Que en definitiva , haciendo un análisis pormenorizado de las constancias de autos no encuentro elementos de juicio suficientes como para otorgar la medida cautelar intentada, por cuanto si bien para que la misma proceda no es necesaria la plena prueba de la existencia de un derecho, sino su verosimilitud (CC0002 SI 51868 RSI-136-90 I 29-3-1990) en el caso de marras- con la documentación adjuntada dicho extremo no se encuentra acreditado.
- - - En este mismo sentido, se ha resuelto que corresponde desistimar el embargo preventivo -en ese caso- fundado en un contrato bilateral ante la carencia de prueba instrumental que acredite la celebración del acuerdo (conforme jurisprudencia citada por Arazi y otros en ob. cit. pág.396), situación que ha acontecido en autos.-
- - - Razón por la cual, corresponde el rechazo in limine de la medida requerida (arts. 195, 209 y sigs. C.P.C.C. y arg. art. 331 del código de rito).-
- - - Por todo lo expuesto, RESUELVO :
- - - 1.- Rechazar in limine la medida cautelar solicitada (arts. 195, 209 y sigs. C.P.C.C. y arg. art. 331 del código de rito).-
- - - 2. - Imponer las costas del presente incidente a la parte actora (art 69 del C.P.C.C.).-
- - - 3. - En atención a la cuantía del asunto, valor y mérito de los trabajos realizados en autos, a los fines del cumplimiento del art. 21 de la Ley 6716, y lo dispuesto en los arts. 1, 2, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 51 y 54 de la ley 14.967 regúlanse los honorarios del Dr. Manuel Rubén Leiva Díaz, T° XII F° 99, en la cantidad de 7 jus, importe al que se adicionará el 10% de aportes previsionales a cargo de la parte (Art.12 inc.a Ley 6716 ) y más el I.V.A. en caso de corresponder según la condición del letrado frente al tributo.-
- - - 4. -REGISTRESE. NOTIFIQUESE electrónicamente en este acto.
Firmas
Funcionario firmante: ESEVERRI Ana Mabel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1209-2026
Fin de la sentencia