Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 30.560-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad parcial de la Resolución Nro. 240/2007, con el alcance descripto en el Considerando IV. a), sin costas.
2Confirmar las Resoluciones Nro. 240/2007, en la parte restante, y Nro. 241/2007, con costas.
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Agropecuaria Villalonga S.R.L., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
A. en la suma de $35.012, por la representación procesal y $43.765, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente de conformidad con los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
B. en la suma de $177.821, equivalente a 3,62 UMA, por la representación procesal y $444.551, equivalente a 9,06 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-57804411-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 3 de Junio de 2024 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente Nº 30.560-I caratulado "Agropecuaria Villalonga S.R.L. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Agropecuaria Villalonga S.R.L. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones emitidas el 29 de octubre de 2007 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la Administración Federal de Ingresos Públicos: a) la Resolución Nro. 240/07, en la cual se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2002 y 2003, que arrojaron saldos de $182.144,06 y $26.926,71, y se la intimó a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas por los mismos periodos por $48.514,95 y $684.219,36, respectivamente, más intereses resarcitorios. Además, allí se le aplica una multa de omisión de $33.960,46 por el período fiscal 2002 respecto al impuesto a las salidas no documentadas (art. 45, ley). Por los restantes períodos y gravámenes, se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional una vez resuelta la causa penal por aplicación del art. 20 ley 24.769 (t.v.).
b) la Resolución Nro. 241/07, en la cual se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 03/02 a 06/03, de las que surgió un saldo a favor de la contribuyente - art. 24, segundo párrafo- de $ 77.715,19 para el período fiscal 06/03.
En su presentación ante este Tribunal, plantea en primer lugar la nulidad de la Resolución Nro. 240/2007 porque en el art. 1° de su parte dispositiva el juez administrativo dice impugnar las declaraciones juradas presentadas en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2001 y 2002 pero en los art. 2° y 3° determina de oficio por los períodos fiscales 2002 y 2003, acusando grave contradicción que afecta el elemento motivación del acto administrativo.
También plantea la nulidad de la Resolución Nro. 241/2007 porque el juez administrativo en el art. 1 impugnó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 03/02 a 06/03 y en el art. 2° dispuso determinar de oficio la materia imponible en el impuesto - saldo a favor de $77.715,19- para el período fiscal 06/03. Sin embargo, entiende que se ha omitido determinar cuál es el monto del crédito fiscal impugnado, no surgiendo el mismo del resto de la Resolución, lo que, según dice, afecta su derecho de defensa.
En cuanto al impuesto a las salidas no documentadas, invoca que no hubo una orden de intervención válida donde se le notificara el impuesto y los períodos a fiscalizar, ya que la OI Nro. 3722-2 no informaba sobre este gravamen, por lo que también solicita que se declare su nulidad.
En cuanto a la cuestión de fondo, invoca la improcedencia de las determinaciones de oficio por la errónea calificación de los proveedores como apócrifos.
Así, en relación al Sr. Balduvino Rocha, señala que el juez administrativo se basa en los dichos de quien fuera interrogado por los inspectores, que dijo que siempre trabajó en el campo como peón y que nunca tuvo campo propio ni alquiló, que vivía en una casa de extrema precariedad, pero critica que la persona interrogada no tenía D.N.I., por lo que concluye que le tomaron declaración a alguien quien dijo ser el Sr. Rocha pero sin haberse corroborado su verdadera identidad, sumado al hecho de que tampoco suscribió el Acta, lo que torna, a su entender, invalida dicha declaración.
Sostiene también que no hay certeza de que este proveedor no estuviera inscripto como productor o intermediario en el Registro Fiscal de Operadores de Granos.
Agrega que de los ant. adm. se desprende que el Sr. Rocha estaba inscripto como productor o intermediario en la compraventa de granos y que presentó declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2002 y 2003 con ingresos gravados por $652.749,95 y $716.478,28. Sobre la Sra. Laura Esther Herlein, relata que la fiscalización negó la existencia de la operación por su falta de capacidad como productora porque con las hectáreas arrendadas no podía alcanzar los kilogramos vendidos conforme la estimación que realizaron los inspectores, pero entiende que dicha estimación no se hizo con criterios ciertos o pruebas valederas.
Por otro lado, informa que el contrato de arrendamiento con el Sr. a Juan Carlos Recondo por 500 hectáreas de campo con vigencia desde agosto de 2001 a agosto de 2004 tiene firmas certificadas ante escribano y que fue reconocido por el locador; que es titular de un inmueble y posee Caja de Ahorro en el Banco de la Provincia de Bs. As.; que la Bolsa de cereales de Bahía Blanca informó a fs. 47 de los ant. adm. las operaciones de la Sra. Ilner por $162.481,53 y $136.818,20 con una retención de $8.124,08 y $6.840,91 respectivamente, ambas realizadas por Agropecuaria Villalonga S.R.L. en los períodos fiscales 6 y 5 del 2003; que a fs. 70/86 se agregaron los formularios 1116 C de liquidación de venta de cereal entre la recurrente y la proveedora; que a fs. 131 y ss. obra agregada la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2003 en la que consignó ingresos gravados de $726.991,78 que se asemejan a los contratos de ventas de cereal, máxime cuando la proveedora manifestó haber operado exclusivamente con Agropecuaria Villalonga S.R.L.. Además, dice que a fs. 185/186 el Sr. Mario Ilger informó los fletes realizados a la proveedora y que el pago de los mismos se hizo por débito en la cuenta corriente que la Sra. Ilger tenía en Agropecuaria Villalonga S.R.L.
Por último, sobre el proveedor Dupont Pro S.H. indica que la determinación se funda en la manifestación de uno de sus socios que aseguró formar otra sociedad con la misma persona pero que respecto a la referida sociedad de hecho no firmó ningún tipo de documentación para la constitución, inscripción ni presentación de ningún tipo. Critica que el juez administrativo se justifique en que la constitución de una sociedad de hecho no requiere instrumentación por escrito, pero agrega que la propia Administración la inscribió y la facultó para la emisión de facturas, otorgándole por ende facultad para operar. Solicita, por ende, que se dejen sin efecto las Resoluciones.
En adición a ello, pide que se corrija la liquidación al no haberse tenido en cuenta operaciones que fueron informadas por los proveedores, concretamente la Factura A0001-00000101 de Puga Alim. Animal S.R.L., y la Factura A 002-00026127 de Coop. Agric. Ganadera de Guaminí Ltda., ya que el requerimiento fue dirigido a Coop. Ganadera e Industrial de Patagones Ltda.
Entiende, por otro lado, que resulta desacertada la impugnación de gastos que tienen relación directa con la actividad generadora de ingresos, como el servicio de fletes realizados que es fuente generadora de ingresos incurridos para mantener los camiones en funcionamiento y, por ende, pide que se admitan los gastos con las firmas Cambas S.A., Diego Cata S.R.L., Frenos Marconi y Tauro Automotores.
Considera también procedente la deducción de los gastos incurridos en repuestos para los automotores facturados por Tauro Automotores, indicando que son indispensables para recorrer los campos en busca de clientes, ya que la obtención del cereal depende en gran medida del recorrido de clientes en sus respectivos campos a fin de lograr la entrega del cereal cosechado a Agropecuaria Villalonga S.R.L.
Estima, por otro lado, que es ilógico impugnar los gastos en materiales para la construcción que son necesarios para mantener la planta de silos en condiciones óptimas para operar a los fines de obtener, mantener y/o conservar la fuente de ingresos, por lo que entiende justificada la deducción de los gastos incurridos en materiales a Rango Comercial S.A. máxime teniendo en cuenta que los montos son ínfimos. En cuanto a la impugnación de la compra de un tractor usado, el fundamento para la impugnación de dicho gasto radicó en que la sociedad no tenía campo, pero afirma que el uso de un tractor no se circunscribe en forma exclusiva a quienes trabajen en el campo. Aclara que el tractor adquirido tiene 100 HP y que se utiliza para el traslado de los acoplados, siendo indispensable e insustituible para el almacenamiento del cereal en los llamados silo bolsas.
Sobre el ajuste por compra de terneros al Sr. Jorge Alberto Goñi y la adquisición de alimento balanceado a Puga Alimento Animal S.R.L. entiende que debe admitirse el cómputo del crédito fiscal en cuanto dicha compra implicó el inicio de una nueva actividad, esto es, para la cría de ganado vacuno.
En relación con los ajustes por deducción de honorarios, indica que obedecen al 25 % de las utilidades contables del ejercicio que la ley admite deducir en concepto de pago de honorarios a directores y socios administradores, por lo que pide también que en este aspecto se revoque la determinación de oficio en el impuesto a las ganancias. Aclara en su presentación que los items impugnados dependerá en definitiva de las probanzas de autos y solicita que se deje sin efecto la pretensión fiscal en este gravamen. Luego, en lo referente a la intimación por el impuesto a las salidas no documentadas, expresa que las operaciones resultan reales y los proveedores ciertos, por lo que no se está en presencia de operaciones carentes de respaldo documental para que se aplique el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. Agrega entre sus agravios que la fiscalización dejó expuesto un criterio contrapuesto en cuanto a los montos de los pagos realizados a los proveedores impugnados, ya que en el Anexo XI de la Resolución de vista, respecto de la proveedora Herlein toma como base $253.140,45, mientras que de los Considerandos surge que se pudo verificar que las acreditaciones bancarias en sus cuentas fueron de $ 20.556 para el mes de mayo de 2003 y de $ 9.969 para el mes de julio de 2003. La misma contradicción menciona respecto de la Sra. Ilger, que toma como base de cálculo del impuesto pagos por $566.262,59 mientras que en los considerandos de la Resolución determinativa surge que en el año calendario 2002 no hubo depósitos y en el año 2003 ascendieron a $62.010.
Argumenta que no se configura la figura del beneficiario oculto debido a que en el caso de las proveedoras Herlein e Ilger se tomaron los depósitos existentes en sus cuentas y por ende no corresponde la aplicación del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias. De cualquier modo, considera aplicable el art. 38 ya que los pagos fueron para la adquisición de bienes, esto es el cereal, por lo que por esta razón solicita se revoque la Resolución respecto a la intimación notificada en este gravamen.
Plantea, por último, la improcedencia de la multa aplicada en el impuesto a las salidas no documentadas por el período fiscal 2002, alegando que no se la puede sancionar a partir de una presunción legal, como la del art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias, a lo que agrega que no se da la omisión porque a dicha fecha no había obligación de presentar declaración jurada.
Aporta prueba documental y ofrece prueba informativa, testimonial, pericial a efectuarse por un Ingeniero Agrónomo y pericial contable y solicita, por último, que se haga lugar al recurso interpuesto.
II. A fs. 116/142 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen las Resoluciones recurridas en todas sus partes, con costas.
III. A fs. 158 obra el auto de apertura a prueba en el que se hace lugar a la informativa ofrecida para que se oficie a los proveedores impugnados, a la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, a Puga Alimento Animal S.R.L., Alicia Whebe, Don Mario S, al ONCAA, entre otros; se intima a la recurrente para que acompañe los interrogatorios a los fines de evaluar la eficacia de la testimonial dirigida a los proveedores impugnados; respecto a la pericial contable, que tenía 11 puntos, se la intima a que informe el domicilio del perito contador propuesto. A fs. 167/205 obra documentación recibida por correo referida a compras a Puga Alimento Animal.
A fs. 229 y ante la inactividad procesal, se requiere a la recurrente para que arbitre los medios necesarios para la producción de las pruebas admitidas.
A fs. 238 la presentación del 16 de agosto de 2013 del Cdor. Llull, en su carácter de Síndico designado en los autos caratulados "Agropecuaria Villalonga S.R.L. s/ concurso preventivo -Hoy quiebra- Expte. 43.606, en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial de Bahía Blanca, (Prov. de Bs. As.). En dicha ocasión, el síndico desiste de la prueba pendiente de producción.
A fs. 254 se declara el cierre del período probatorio y se requiere a las partes que informen sobre el estado de la deuda en el proceso falencial y se clausura el período probatorio. A fs. 259, la representación fiscal informa que la deuda no fue cancelada, por lo que el a fs. 260 se elevan las actuaciones a consideración de esta Sala; a fs. 261 se ponen para alegar, obrando a fs. 265/266 el alegato presentado por el Fisco Nacional; a fs. 269 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la nulidad y legitimidad de las Resoluciones recurridas.
a) En primer término, debe decirse que es cierto que la Resolución N° 240/2007, en su parte resolutiva, tiene un error de tipeo en su art. 1° al incluirse el período fiscal 2001 que no fue objeto de ajustes durante el procedimiento de fiscalización, mas se trata de un error material o de pluma, que no impidió al recurrente el conocimiento de los cargos fiscales que se le notificaran por los períodos fiscales 2002 y 2003, respecto de los cuales, por otra parte, ejerció su derecho de defensa.
Por otro lado, no se advierten errores en las liquidaciones notificadas por los ajustes determinados en tales períodos, lo que permitió que conociera su motivación y ejerciera su derecho de defensa. Por ello, no se advierte el perjuicio que habría provocado dicho error, recaudo indispensable para fulminar de nulidad al acto administrativo.
La Resolución Nro. 241/2007 tampoco es nula ya que ha sido dictada conforme al ordenamiento jurídico vigente, lo que se advierte de su texto y de la liquidación del gravamen que allí se realiza de la que surge claramente el ajuste pretendido como pretensión fiscal, que responde por otro lado a la mecánica propia del impuesto al valor agregado.
Sí en cambio, es nula la determinación de oficio dictada en el impuesto a las salidas no documentadas en la Resolución Nro. 240/2007 porque como sostiene el recurrente dicho gravamen no fue incluido en la Orden de Intervención original, ni tampoco en posteriores que tuvieran por propósito ampliar la fiscalización.
En efecto, la OI 3722-2 habilitaba la fiscalización por el impuesto a las ganancias y por el impuesto a la ganancia mínima presunta de los períodos fiscales 2002 y 2003 e impuesto al valor agregado períodos 7/2001 a 6/2003, mas no hay allí referencia al impuesto a las salidas no documentadas.
Al respecto, la representación fiscal al contestar el recurso de apelación no niega que no haya una OI para dicho gravamen, sino que invoca que no era exigible que existiera antes de iniciarse la fiscalización porque la intimación del art. 37 depende de la impugnación previa en el impuesto a las ganancias. Sin embargo, no es dicho criterio el que imperaba según las instrucciones y dictámenes de la propia Administración, como el dictamen 29/2000, ni tampoco la fiscalización interviniente tramitó la autorización para ampliar la fiscalización con posterioridad a la del impuesto a las ganancias y antes de notificarse los ajustes. Debe recordarse que el objetivo de este recaudo es resguardar el derecho de defensa de los contribuyentes frente a las facultades de fiscalización y así lo ha dicho en más de una oportunidad este Tribunal –conf. “Paravatti, Norberto José“, sentencia del 25.2.2005, entre otros-.
En el mismo sentido, la Cámara al fallar en la causa “Otto, Héctor” del 24.11.2016, y antes en “Servicios Paraná SRL” del 7.5.2015, dijo que, “… la naturaleza de las potestades ejercidas por la demandada conducen a “la exigencia de que la Orden de Intervención determine con exactitud qué períodos comprenderá la investigación a la que se someterá el contribuyente, más allá de que una norma interna de la AFIP (como la IG 320/97 u otra que la reemplace) así lo disponga. En efecto, la fiscalización implica la intromisión legítima del ente estatal en la esfera de la actividad del contribuyente a efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo tanto, hace al derecho de defensa y a la garantía del debido proceso administrativo que el particular conozca fehacientemente qué parte de su esfera privada y sobre qué asuntos alcanzará la fiscalización.” Por tales motivos, debe rechazarse el planteo de nulidad, salvo respecto de la intimación del impuesto a las salidas no documentadas en la Resolución Nro. 240/07, y la sanción aplicada en su consecuencia, en ambos casos, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”). b) En cuanto a la legitimidad de los ajustes practicados en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado en las Resoluciones recurridas, debe estarse a los agravios y a las pruebas rendidas sobre cada uno de ellos que se centran principalmente en la objeción a las operaciones con los proveedores Dupont Prod. S.H. de Edgardo Rayes y Ernesto Giambeluca. Mayral S.R.L., Balduvino Rocha, Patricia Mabel Ilgner y Laura Esther Herlein, así como también la impugnación de créditos fiscales de compras y servicios sin respaldo documental.
Cabe destacar que respecto de las operaciones con el proveedor Mayral S.R.L., la recurrente no expresó agravios en esta instancia por lo que los ajustes deben confirmarse, del mismo modo que los restantes ya que únicamente se agravió de la impugnación de las operaciones con los proveedores calificados de apócrifos.
A la hora de analizar los efectos tributarios de las operaciones con los proveedores cuestionados debe tenerse en cuenta que las inconsistencias detectadas fueron principalmente las siguientes:
1. Rocha Balduvino:
- no fue posible localizarlo en el domicilio fiscal al constatarse que el declarado era inexistente. Sí fue localizado en su casa, dejando constancia la fiscalización en el Acta F 8400 028 34376 obrante en las act. adm. que se trataba de una vivienda de una precariedad extrema, sin servicios básicos, que no se condecía con la vivienda de una persona que habría realizado operaciones por un monto de $782.245,87 sólo con la firma Agropecuaria Villalonga S.R.L.
- el Sr. Rocha, de 83 años, manifestó que no tenía DNI porque lo había perdido, que no ejercía la dirección o administración de ninguna empresa o sociedad, que siempre trabajó en el campo como peón y que nunca tuvo campo propio ni alquiló ninguno y que vivía con una pensión graciable otorgada por la Caja de Previsión de la Provincia de Buenos Aires de $110.
- tampoco tenía bienes registrables, ni registraba consumos relevantes informados por terceros. - no estaba inscripto en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres.
2. Ilgner Patricia Mabel:
- respecto a la producción de trigo vendido a Agropecuaria Villalonga S.R.L., la Sra. Ilger, esposa del Sr. Recondo que era uno de sus socios, manifestó que tenía un contrato de arrendamiento con él y exhibió fotocopia del mismo; informó también que en ese campo cosechó trigo que se quemó en diciembre de 2003; que no desarrollaba ninguna actividad comercial o productiva; que realizó operaciones comerciales con Agropecuaria Villalonga S.R.L. en forma exclusiva y que para ello no utilizó empleados y que su marido para realizar la siembra y cosecha contrató maquinarias e insumos en facturas que estaban en poder del contador; que los pagos del contrato de arrendamiento del campo se realizaron mediante formulario "Traspaso de Kilogramos" y que el contrato ya no estaba vigente.
- de los registros de IVA de la Sra. Ilgner no surgieron compras de cereal a terceros.
- el campo arrendado era un predio de 500 hectáreas en el cual podían cultivarse aprox. 1800 kg/ año por hectárea, por lo que la fiscalización concluyó que era imposible obtener los kilogramos que supuestamente fueron vendidos.
- la Sra. Ilgner era también la hermana del socio gerente de Agropecuaria Villalonga S.R.L. y su esposo, el Sr. Recondo, también es socio era el hijo del propietario del campo arrendado.
- las acreditaciones bancarias de la Sra. Ilgner no tenían respaldo en sus dichos, ya que manifestó que los pagos de las operaciones de venta a Agropecuaria Villalonga S.R.L. se depositaron en cuentas bancarias a su nombre en el Banco de la Provincia de Buenos Aires; sin embargo, del análisis de dichas cuentas surgió que en el año 2002 no había depósitos y en el 2003, ascendieron a $62.010, cuando las ventas de trigo de esta proveedora fueron por un mono de $1.019.029,98.
Cabe destacar que las compras de Agropecuaria Villalonga S.R.L. a esta proveedora fueron de algo más de 2.500.000 kilos de trigo entre los meses diciembre de 2002 a mayo de 2003.
3. Herlein, Laura Esther:
- declaró que explotó dos campos en la ciudad de Villalonga, partido de Carmen de Patagones, uno arrendado al Sr. Beloff de 55 hectáreas y otro a la Sra. Dumrauf de 107 hectáreas; que el trigo producido correspondía a aprox. 120 hectáreas que fue la superficie sembrada; que el cereal producido fue entregado a la firma Novich y CIA S.R.L. y a Agropecuaria Villalonga S.R.L.; que los cheque que recibió por el cereal vendido fueron depositados en su cuenta bancaria (caja de ahorro) del Banco de la Provincia de Buenos Aires; que en varias oportunidades cobró cheques de la firma Agropecuaria Villalonga S.R..L entregando el dinero de los mismos en su totalidad al Sr. Recondo y que este procedimiento lo hizo a modo de favor; que no recuerda el promedio obtenido de cereal en la cosecha realizada en el año 2003; que el trabajo de cosecha fue realizado por un equipo de cosechadoras de terceros (contratistas) el cual se componía de una cosechadora al comienzo y de dos máquinas al finalizar y el pago de los trabajos fue realizado por Agropecuaria Villalonga S.R.L. Declaró asimismo que su único ingreso era un beneficio de Plan de Jefes de Hogar, lo que fue verificado por el área fiscalizadora.
- la fiscalización calculó que sólo pudieron ser afectadas al cultivo de trigo 107 hectáreas y que el rinde promedio de los predios ubicados en esa zona oscilaba entre 1600 y 1800 kg. por hectárea, por el cual el total de kilogramos que podrían haber obtenido en caso que verdaderamente los mismos se hubieran explotado ascendería como máximo a 192.000 kilogramos, lo cual no se condecía con las cantidades registradas y declaradas.
- en relación a los cheques recibidos por el cereal vendido, la Sra. Herlein manifestó que los mismos fueron depositados en su cuenta bancaria, pero se pudo verificar que las acreditaciones bancarias fueron de $20.556 en el mes de mayo de 2003 y de $9.969 en el mes de junio de 2003, siendo que las ventas totales de trigo ascendieron a un monto neto de retenciones de $845.000.
- la Sra. Herlein no figuraba como productora/operadora en el Registro Fiscal de Operadores de Granos.
4. Dupont Pro S.H.:
- se constató que el domicilio legal/real del proveedor era un pasillo con departamentos internos, que no eran ni las oficinas de la sociedad ni la casa de los socios componentes de la sociedad de hecho. Allí, los habitantes manifestaron que no los conocían.
- la Municipalidad de Bahía Blanca informó que la sociedad no tenía constancia de trámite de inicio de actividades;
- los socios eran los Sres. Rayes y Giambeluca, pero éste último manifestó que desconocía a la firma Dupont Pro SH, que nunca la integró ni tenía conocimiento de la constitución de esa sociedad ni de la inscripción, ni presentación de ningún tipo de documentación presentada ante la AFIP y que conoció al Sr. Rayes con la constitución de la sociedad Del Sur S.H. pero nunca firmó con él la constitución de Dupont Prod S.H.
- por su parte, el Sr. Rayes manifestó que era socio y que el domicilio de la firma estaba en el KM 678 de la Ruta 3 de Bahía Blanca donde había ay un galpón desmontable que no era propio, pero no recordaba si lo había alquilado o se lo dieron en uso.
- el Registro Fiscal de Operadores de Granos dijo que no registraba antecedentes de este proveedor. La gravedad de las inconsistencias detectadas por la fiscalización a cada uno de los proveedores, dan cuenta que las operaciones documentadas en los comprobantes fiscales en realidad no existieron; antes bien, revelan al uso de otras personas, además, de bajos recursos y en condiciones socio económicas de vulnerabilidad, para simular créditos fiscales con el objetivo de reducir la carga fiscal. Tal el caso del Sr. Rocha Balduvino, un hombre de 83 años de edad, que fue localizado en una vivienda de precariedad extrema, según la descripción de los fiscalizadores; la Sra. Ilgner que era la esposa y hermana de los socios de Agropecuaria Villalonga S.R.L., que declaró no ejercer ninguna actividad comercial ni productiva y que sin exhibir capacidad económica y operativa alguna, aparece en los papeles vendiendo más de 2.500.000 Kgs de trigo en algo más de un año. La Sra. Herlein, por su parte, que era una beneficiaria de un plan social, declaró que cobraba los cheques de Agropecuaria Villalonga S.R.L. como un favor al Sr. Recondo y que le entregaba a éste el dinero.
Por su parte, una de las personas que aparece como socio de Dupont Pro S.H. desconoció haber integrado dicha firma.
Por otro lado, ninguno de los proveedores estaba inscripto en el Registro Fiscal de Granos como productor o intermediario, hecho revelador también de la falta de credibilidad de las operaciones.
Se trata de inconsistencias que, como antes se dijo, ponen en seria duda la existencia misma de las operaciones.
Si bien la recurrente tuvo la oportunidad de probar en contra de la pretensión fiscal, no lo hizo. En efecto, la entonces Vocal Instructora hizo lugar a las medidas de prueba ofrecidas con dicho propósito, entre ellas, prueba informativa a los proveedores impugnados y a las empresas con las que dijo haber contratado y la testimonial a cada uno de los proveedores/as. También admitió la producción de prueba pericial contable que tenía 11 puntos, mas Agropecuaria Villalonga S.R.L. nunca designó un profesional para llevarla a cabo.
En efecto, a pesar de las intimaciones que se le cursaran, la recurrente no realizó ningún esfuerzo para que se produzcan las pruebas que ella misma ofreció y que dijo que eran esenciales para refutar la pretensión fiscal, por lo que por su propia negligencia se dio por decaído su derecho a hacerlo.
La única prueba obrante en el expediente es la documentación remitida por correo referida a Puga Alim. Animal S.R.L., pero no se acreditó previamente el diligenciamiento del oficio a dicha firma, ni tampoco fue acompañada de un escrito firmado por responsable de dicha firma, es decir, no puede saberse quién la presentó y que se pretende probar con la misma, tratándose de facturas y hojas sueltas sin explicación. En definitiva, los agravios presentados por Agropecuaria Villalonga S.R.L. contra los ajustes notificados en Resoluciones son meras afirmaciones genéricas sin respaldo alguno, como tal ineficaces para revertir las determinaciones de oficio notificadas en las Resolución; así, deben ser confirmadas, tanto en cuanto al capital como a los intereses intimados en ellas que se devengan por la demora en el ingreso de la obligación debida (art. 37, ley).
Las costas se imponen a la parte vencida.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución Nro. 240/2007, con el alcance descripto en el Considerando IV. a), sin costas.
2. Confirmar las Resoluciones Nro. 240/2007, en la parte restante, y Nro. 241/2007, con costas.
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Agropecuaria Villalonga S.R.L., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio y el resultado obtenido:
a. en la suma de $35.012, por la representación procesal y $43.765, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en las dos primeras etapas del Expediente de conformidad con los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432.
b. en la suma de $177.821, equivalente a 3,62 UMA, por la representación procesal y $444.551, equivalente a 9,06 UMA, por el patrocinio letrado, por la actividad desarrollada en la última etapa procesal cumplida del Expediente, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de las dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12ª Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183).
Regístrese, notifíquese, y archívese.
Date: 2024.05.28 15:27:46 -03:00 Date: 2024.06.03 11:05:14 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.03 11:05:15 -03:00
Fin de la sentencia