Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 35.863-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 4686/2014, en cuanto condena a AGROPRIMUS S.A. al pago de una multa –la que se reduce al mínimo dispuesto en el art. 969 del C.A.- equivalente a pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte con 30/00 ($ 53.420,30.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a cargo de la actora y 33 % a cargo del fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-39657070-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 15 de Abril de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis (encontrándose en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht), a fin de resolver en los autos caratulados: “AGROPRIMUS S.A. c/ DGA s/recurso de apelación”; Expte. Nº 35.863-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4686/2014, dictada en la Actuación N° 13289-33919-2013, en cuanto condena a la firma AGROPRIMUS S.A. por la infracción prevista en el art. 969 del C.A., a la pena de multa cuyo monto asciende a la suma de $ 80.130,45, en los términos del art. 969 del C.A., Ley 21.453 y art. 1122 del C.A. Ello por cuanto no habría cumplido, dentro del plazo, con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior Ley 21.453 N° 13 001 DJVE 006302N.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 14/18vta. se presenta AGROPRIMUS S.A. mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa una somera reseña de los antecedentes fácticos que dieron origen al caso. Considera de aplicación el art. 731 del C.A. y el art. 9 de la Ley 21.453, los cuales cita junto a jurisprudencia de este Tribunal. Manifiesta haber presentado ante la autoridad competente (UCESCI) una solicitud de prórroga de la DJVE con fecha 30/07/13, fundada en razones de fuerza mayor. Sostiene que el rechazo de la prórroga resulta infundado y arbitrario, obstando a la configuración de la infracción imputada. Esgrime haber obrado con diligencia y en cumplimiento de la normativa vigente. Argumenta que la circunstancia que le impidió llevar a cabo la exportación de las mercaderías declaradas mediante la DJVE denunciada, fue la imposibilidad del importador de obtener la licencia correspondiente por parte de las autoridades ecuatorianas. Afirma que no se produjo lesión alguna al bien jurídico tutelado en la infracción del art. 969 del C.A. y del art. 9 de la ley 21.453. Remite a los antecedentes de dicha ley. Propugna la aplicación de los principios del derecho penal a las infracciones aduaneras. Insiste en que se pusieron en conocimiento de la Aduana en forma tempestiva las circunstancias excepcionales que ameritaban la concesión de la prórroga. Entiende que, ante la hipotética configuración de la infracción imputada, correspondería la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del C.A. Subsidiariamente, solicita la aplicación de la ley penal más benigna, siendo esta la del C.A. y no la de la Ley 21.453. Finalmente, ofrece prueba, plantea el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas a la D.G.A.
III. Contestación del traslado: A fs. 30/34 se presenta el representante del fisco, contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido, y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de rigor y niega todas y cada una de las afirmaciones y la documentación que adjunte la actora, que no fueran expresamente reconocidas o bien surjan de las actuaciones administrativas. Cita el texto del art. 731 del C.A. y el art. 9 de la Ley 21.453, a la vez que cita doctrina respecto del régimen establecido por la mencionada Ley. Rechaza la aplicación de la atenuación prevista por el art. 917 del C.A. en virtud de lo dispuesto en el apartado 3° de dicho artículo, el cual cita. Cita jurisprudencia. Alude al principio de especialidad receptado en el art. 896 de C.A., y en tal sentido manifiesta que la Ley 21.453 configura un régimen especial al cual se acogió voluntariamente la actora y que por ende el art. 9 resulta la norma específica que rige el presupuesto de autos. Vuelve a citar jurisprudencia. Refiere al carácter objetivo de la infracción, sosteniendo que, de acreditarse los extremos requeridos por la norma, se la tiene por configurada sin necesidad de considerar el elemento culposo. Alega que la actora no cumplió con el plazo estipulado para la exportación de la mercadería amparada en los permisos de embarque y de la DJVE. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación con expresa imposición de costas.
IV. Que las actuaciones administrativas N° 13289-33919-2013 se inician a fs. 1 con la presentación de AGROPRIMUS S.A. de fecha 30/07/13 ante la UCESCI con la solicitud de prórroga del ROE/DJVE N° 0515048901201706698930 / 13001DJVE006302N “… por problemas con licencia de importación…”, presentación que diera origen al EXP-S01:0159155/2013. A fs. 2/4 la firma acompaña copia del ROE VERDE N° 0515048901201706698930 de fecha 11/07/13, de la factura pro forma emitida a ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A. de fecha 10/07/13 y de la DJVE LEY 21.453 N° 13001DJVE006302N oficializada el 11/07/13. A fs. 5 luce la Nota N° 729 emitida por la UCESCI en fecha 01/08/13 en referencia al EXP- S01:0159155/2013. A fs. 6 y vta. luce la providencia D.L.A.C.I.
N° 554 de fecha 14/08/13. A fs. 9 luce constancia de notificación de dicha providencia mediante correo a la firma exportadora de fecha 20/08/13. A fs. 10 luce la carátula del EXP-S01:0186333/2013 con sello SIGEA N° 13289-33920-2013. Seguidamente, se vuelve a iniciar foliatura, obrando a fs. 1 luce presentación de AGROPRIMUS S.A. ante la Dirección de Legales del Área de Comercio Interior en fecha 29/08/13 solicitando prórroga por otro plazo similar “…por motivos surgidos específicamente por parte del importador en su envío de licencia de importación…”. A fs. 4 luce copia certificada del contrato de venta a ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A. A fs. 7/27 lucen copias de mails internos de la firma por la cuestión del reclamo de la licencia a la compradora ecuatoriana.
A continuación se retoma la foliatura del EXP-S01: 0159155/2013 obrando a fs. 11 Nota D.L.A.C.I. N° 1739 de fecha 02/09/13 solicitando intervención a la UCESCI a raíz de la presentación efectuada por AGROPRIMUS S.A. A fs. 12/13 luce la Nota N° 823 de fecha 10/09/13 informando un falseamiento en la fecha de cierre de venta y por ende, ordenando se proceda a la denuncia. A fs. 14 luce Nota D.L.A.C.I. N° 1833 de fecha 18/09/13. A fs. 16 luce la Nota N° 2994/13 (DI ADBA) de fecha 23/09/13. A fs. 17 luce print de pantalla de la DJVE N° 13 001 DJVE 006302 N. A fs. 18 luce print de pantalla con constancia de ingreso de denuncia. A fs. 19 luce Acta de denuncia N° 13001009672 de fecha 24/09/13 “por cumplir en menos del 90% la declaración jurada de ventas al exterior 13001DJVE006302N, no alcanzando el mínimo tolerable por la normativa vigente resolución 1365/02 (AFIP), Anexo II, Punto 7, resultando de aplicación lo dispuesto en el art. 969 del Código Aduanero…”.
A fs. 20 luce la Nota N° 1968/13 (DV REEX) de fecha 24/09/13. A fs. 21 obra la liquidación de la multa mínima con motivo de la inf. Art. 969. A fs. 22 obra la apertura de sumario y corrida de vista de fecha 02/10/13. A fs. 24 luce SICNEA con constancia de notificación de la corrida de vista a la firma en fecha 02/10/13. A fs. 25/35 la firma acompaña documentación en copia. A fs. 36/42 obra la contestación de vista de fecha 22/10/13. A fs. 43 se tiene por contestada la vista, se hace lugar a prueba informativa que se tiene por cumplida con constancias del expte. Administrativo, y se rechaza la restante. A fs. 45/46 plantea revocatoria al firma en fecha 04/06/14. A fs. 47/49 se rechaza la revocatoria en fecha 09/06/14.
Finalmente, a fs. 52/57vta. obra la resolución aduanera aquí apelada.
V. Que, preliminarmente, cabe señalar que no se encuentra discutido ante esta instancia que la recurrente no ha cumplido con la exportación del 90% de la mercadería documentada mediante la DJVE Nro. 13 001 DJVE 006302N, la cual ha sido comercializada bajo el régimen establecido en la Ley 21.354 y que, en consecuencia, mediante la resolución apelada en autos, se le exige a la actora el pago de una multa en los términos del artículo 969 del C.A., Ley 21.453 y art. 1.122 del C.A.
Que el art. 969 del C.A. dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”. Por su parte el referido artículo 731 señala: “Cuando el exportador acreditare fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el artículo 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuarlo de dicha obligación de exportación”. Que, por su parte el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.” Que, a su turno, el art. 9° de la Ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. “El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
Que, el Acta de denuncia labrada por la DGA, obrante a fs. 19 de las act. adm., funda la denuncia en la Resolución AFIP N° 1365/02, la cual establecía en su Anexo II, punto 7, que “El sistema sólo permitirá a la Aduana de registro de la DJVE cancelar esta declaración cuando cumpla o supere el NOVENTA POR CIENTO (90%) del volumen declarado, en caso contrario emitirá un mensaje informando sobre la anormalidad del hecho (…) impidiéndole su cancelación.”.
Que dicha norma ha sido abrogada mediante la Resolución General N° 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021), la cual dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente,…”.
Que, asimismo, la resolución aduanera –además de encuadrar la infracción imputada en la normativa antes referida- alude a la Resolución ONCCA N° 543/2008, particularmente a lo establecido en el art. 8. Que el art. 1 de la Resolución Conjunta General 2606 y 4122/2009, sustituye el art. 8º de la referida Resolución ONCCA Nº 543 del 28/05/08 y sus modificatorias, en los siguientes términos: “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del "ROE VERDE" para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez del "ROE VERDE" comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), la que será comunicada mediante el sitio "web"
"www.oncca.gob.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de dicha Oficina Nacional, a solicitud del interesado y siempre que se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de su validez. Se entenderá por fuerza mayor la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida. …”.
VI. Que, sentado lo expuesto, corresponde entonces dirimir si la multa aplicada a la firma AGROPRIMUS S.A., mediante la resolución aquí apelada, se encuentra ajustada a derecho o no.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE Nro. 13 001 DJVE 006302N, oficializada en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 131 TONELADAS de la mercadería clasificada en la P.A. 1005.90.10.219X la cual reza “Los demás Pisingallo Más del 15%% de embolsado (Ley 21.453) En grano –Los demás MAÍZ.”, a un valor FOB unitario de U$S 833 por TN. (ver copia de la DJVE aportada por la firma a fs. 4 de las act. adm. y print de pantalla del SIM agregada por el servicio aduanero, obrante a fs. 17 de las act. adm.). No obstante, con anterioridad al vencimiento de la DJVE (28/08/2013) la aquí recurrente solicitó ante la autoridad de aplicación (UCESCI) la prórroga de dicho plazo (ver presentación de fecha 30/07/13, obrante a fs. 1 de las act. adm.) y, con posterioridad al vencimiento, solicitó nuevamente la prórroga ante dicho organismo (ver presentación de fecha 29/08/13 obrante a fs. 1 del SIGEA N° 13289-33920-2013), alegando en ambas oportunidades problemas con la licencia de importación por parte del comprador del exterior.
Que, ante dicha solicitud, la UCESCI intimó a la firma exportadora a presentar diversa documentación respaldatoria “…que avale la causal aducida como generadora del incumplimiento conforme el Artículo 8 de la Resolución Ex ONCCA N° 543/08, modificatorias y complementarias …”.
Que mediante Nota N° 823, de fecha 10/09/13, finalmente la autoridad de aplicación (UCESCI) se expidió respecto de la solicitud efectuada por la firma exportadora alegando un falseamiento de datos “…en tanto la fecha de cierre de venta declarada en la solicitud de Roe Verde (10/07/2013), difiere de la fecha de contrato de venta (15/05/2013). …”. En virtud de ello, ordenó proceder con la denuncia del trámite ante la Aduana. Que, de este modo, la firma exportadora alega haber solicitado una prórroga ante la autoridad de aplicación por una cuestión -a su criterio- de fuerza mayor prevista en el art. 731 del C.A., consistente en la imposibilidad del importador de obtener la licencia correspondiente por parte de las autoridades ecuatorianas. Sin embargo, el servicio aduanero considera configurada la infracción de autos, en tanto entiende que el organismo de control denegó la prórroga solicitada por la firma y que, por ende, la DJVE fue incumplida.
VII. Que, conforme lo expuesto precedentemente y la documentación obrante en autos, la DJVE aquí involucrada no fue cumplida y tampoco se han acreditado con suficiente fuerza probatoria los extremos aludidos por la firma como constitutivos de caso fortuito o de fuerza mayor que haya impedido su cumplimiento, incumpliéndose –de este modo- la normativa vigente. Limitándose a acompañar –ante la intimación de la UCESCI de agregar documentación que avale el pedido de prorroga- mails alusivos al supuesto problema con la licencia que estaba teniendo el importador (ver fs. 7/27 del EXP-S01:0186333/2013).
Que el acogimiento al régimen de la ley N° 21.453 fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de venta).
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos “Medefin S.A.”, sentencia del 01/10/91)
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE involucrada sin que se haya cumplido –como lo reconoce la actoracon la referida exportación del tonelaje mínimo del 90 %, y siendo que fuera rechazada la prórroga solicitada por la autoridad de aplicación, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero. Ahora bien, y en virtud de la redacción del artículo 1 de la parte resolutiva de la resolución aduanera aquí apelada, corresponde determinar si la multa que debe aplicarse es la establecida en el art. 969 del C.A. o bien la dispuesta en el art. 9 de la ley 21.453. Ello así también en tanto ha sido materia de agravio por parte de la apelante.
VIII. Que en consonancia con lo resuelto en recientes causas que tramitaran ante esta misma Vocalía (Causa Nº 32.411-A “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 05/05/2023; Causa N° 32.441-A. “GEOALLIANZ S.R.L. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 29/08/2023), y a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero.…”, (el subrayado me pertenece) cabe señalar que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que, si bien la norma en comentario entró en vigencia el 28/04/21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, considero que la misma debe ser aplicada al caso de autos. Ello, con fundamento en los principios de derecho penal aplicables al ámbito del derecho aduanero. Así lo ha entendido prestigiosa doctrina al citar jurisprudencia de la CSJN la cual “… ha destacado la naturaleza penal de las sanciones aduaneras y la aplicación a la materia de los principios generales de derecho penal. Ha señalado que, visto que la multa aduanera no tiene carácter retributivo del daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de normas legales, debe considerársela de tipo represivo. También se ha señalado que la existencia de un interés de tipo fiscal no obsta a su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios generales del derecho penal.”. Continúa diciendo el autor citado que “En relación a la validez temporal de la ley penal, el principio general es que resulta aplicable la ley vigente al momento de la comisión de la infracción. Es un derivado natural del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales. (…) El principio de aplicación de la ley penal más benigna, constituye una excepción a este principio general que se encuentra tutelado en el art. 18 de la CN (…) La excepción resulta plenamente justificada (…) la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas (…) La ley más benigna es la que produce, en el caso concreto, el resultado más favorable para el autor. Y a ese efecto, corresponderá al juez resolver en el caso concreto, a partir de ambos marcos normativos para determinar cuál arroja el resultado más favorable para el imputado. …” (Juan Patricio Cotter, Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot)
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. …”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que en base a dichos fundamentos, y teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé una multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
IX. Que, sentado el marco normativo a aplicar, debe considerarse la graduación de la sanción aplicada (15%, conforme liquidación obrante a fs. 21 de las act. adm.).
Que, en efecto, el acta de denuncia data del 24/09/2013 (ver fs. 19 de las act. adm.), es decir, resulta a todas luces posterior a la presentación efectuada por la firma –en fecha 30/07/2013- solicitando la prórroga del plazo de vencimiento de la DJVE N° 13 001 DJVE 006302N ante la autoridad de aplicación, y en virtud de cuyo rechazo –en fecha 10/09/2013- se ordenara la denuncia ante la DGA, pudiendo recién en dicha oportunidad tomar conocimiento de la situación el servicio aduanero.
Que, por ende, y teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando precedente en torno a lo dispuesto por el artículo 3 de la RG AFIP 4977/2021, considero propicio que se fije la multa en el mínimo del 10% establecido en el artículo 969 del C.A., lo que da por resultado una multa de $ 53.420,30. Sin corresponder, en este caso, la reducción por debajo del mínimo legal prevista en el art. 916 del C.A.
X. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos, los cuales quedan estipulados en un 67% a cargo de la actora y un 33% a cargo del fisco (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 4686/2014, en cuanto condena a AGROPRIMUS S.A. al pago de una multa –la que se reduce al mínimo dispuesto en el art. 969 del C.A.- equivalente a pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte con 30/00 ($ 53.420,30.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a cargo de la actora y 33 % a cargo del fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud de la votación que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 4686/2014, en cuanto condena a AGROPRIMUS S.A. al pago de una multa –la que se reduce al mínimo dispuesto en el art. 969 del C.A.- equivalente a pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos veinte con 30/00 ($ 53.420,30.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a cargo de la actora y 33 % a cargo del fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.- Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura y Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Miguel N. Licht (Art. 1162 del C.A.)
Date: 2025.04.14 15:58:26 ART Date: 2025.04.15 15:59:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.15 15:59:32 -03:00
Fin de la sentencia