Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2020-57560457-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener al recurrente por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por ley 27.653 en cuanto a los montos incluidos en el plan de facilidades en concepto de capital y accesorios en la medida establecida en el art. 6 inciso b) de la norma citada en tanto éstos se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo del actor.
2Declarar condonados de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y la multa aplicada en la determinación de oficio apelada. Costas en el orden causado.
3Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $419.766 (pesos cuatrocientos diecinueve mil setecientos setenta y seis) equivalente a 46,64 (cuarenta y seis con 64/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.049.416 (pesos un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciseis) equivalente a 116,59 (cientodieciseis con 59/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art.13 de la RG 4816/2020.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-52100191-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Mayo de 2022 (VOCX)
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) para resolver el EX-2020-57560457-APN-SGAI#TFN, caratulado “AGROTÉCNICA FUEGUINA S A C I F s/apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Mediante RE-2020-57550483-APN-SGAI#TFN, la recurrente interpone recurso de apelación, contra la Resolución dictada el 28 de mayo de 2020 por la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la AFIP-DGI (vide RE-2020-57550777-APN-SGAI#TFN), por la que se dispuso determinar de oficio la obligación impositiva de la contribuyente frente al Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas, con relación a los periodos fiscales 2014 a 2017 más accesorios, aplicándose una multa equivalente a dos tantos del impuesto evadido por el periodo fiscal 2014, conforme el artículo 46 de la ley de rito fiscal. Finalmente, se difirió el juzgamiento de la conducta por los períodos fiscales 2015, 2016 y 2017 de acuerdo a lo señalado en el último párrafo del artículo 20 de la Ley 24769 (ley vigente al momento de los hechos).
La actora plantea la prescripción de determinar Salidas no documentadas por el período 2014, siendo que según el cómputo que exterioriza, ello ocurrió el 1° de enero de 2020. Asimismo, invoca a nulidad de la resolución apelada, por cuanto, a su entender, resultaría manifiestamente ilegítima, irrazonable, arbitraria y por violar el derecho de defensa en juicio. En tal sentido, expone que la AFIP-DGI no debió solicitarle el aporte de documentación porque existía una expresa prohibición cursada por la Fiscalía que tramitaba la denuncia penal en tal sentido y a su vez, el pedido vulneró la garantía que impide la autoincriminación forzada del imputado (artículos 18, 33 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 8 de la C.A.D.H.). Indica que la inspección y todo lo actuado en consecuencia debe ser anulado por falta de orden de intervención ampliatoria. Además, puntualiza que, en estas actuaciones transcurrió ampliamente el plazo de caducidad previsto en el artículo 18 “in fine” de la ley de Régimen Penal Tributario (texto según ley 27.430), sin que el organismo recaudador dictara el acto administrativo determinativo y sin que haya solicitado prórrogas para hacerlo.
Respecto a la impugnación de los proveedores y de las facturas por ellos emitidas, señala que el ajuste del organismo carece de justificación, en tanto las operaciones cuestionadas resultan verdaderas. En esta línea, afirma que el circuito de pagos se encuentra acreditado y reconocido. Además, considera que no tendría la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de sus proveedores. Por su parte, solicita se aplique la teoría de las correcciones simétricas respecto de las retenciones practicadas.
Impugna la procedencia de los intereses resarcitorios. Por último, se agravia de la multa aplicada, alegando su prescripción y expresando que no se habría explicó ni acreditó cuál fue la conducta fraudulenta imputada a la empresa ni el soporte fáctico que permite la aplicación de las presunciones de dolo. Solicita el reencuadre en el artículo 45 de la ley de rito fiscal.
Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado. Con costas.
II. A través del IF-2020-72214662-APN-DTD#JGM contestó traslado el Fisco Nacional.
Rechaza el planteo de prescripción formulado tanto en materia de impuesto como de sanciones, resaltando que la recurrente computó erróneamente el plazo previsto en el Art. 65.1, siendo que se trata de días hábiles y no corridos. Además, puntualiza en cuanto a la nulidad articulada que debe ser desestimada, toda vez que la contribuyente tuvo la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, solicitó prórroga, la cual le fue concedida y presentó escrito de defensa, formulando las objeciones y ofreciendo las pruebas que consideró pertinente; con todo, no existió afectación a su derecho de defensa según el organismo.
Con relación al planteo de caducidad aducido, por haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 18 de la ley 27.430, la representación fiscal señala que yerra la contribuyente, pues los plazos no se encontraban vencidos, ya que la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 1, que instruye en la causa caratulada “N.N. S/INFRACCIÓN LEY 24.769”, concedió al organismo prórrogas sucesivas para el cumplimiento de la manda judicial.
En cuanto al fondo, remarca que no pueden considerarse las impugnaciones en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerlas o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial con proveedores, que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas y que han sido detalladas suficientemente y apoyadas en una consistente tarea de fiscalización. Expone que no se intenta responsabilizar a la contribuyente por los incumplimientos formales y materiales verificados sobre terceros, ni de efectuar el traslado de la carga tributaria de los mismos, sino que las objeciones se proyectaron sobre aspectos sustantivos que pusieron seriamente en duda que las supuestas firmas proveedoras hayan sido las realizadoras de las operaciones allí descriptas, a la luz de la falta de capacidad operativa, económica y financiera para la realización de las supuestas transacciones, las que ante la insuficiencia de prueba conducente se reputaron de inexistentes. Por último, respecto a las correcciones simétricas solicitadas, el organismo subraya que el sujeto que goza de legitimación para solicitar el referido ajuste es el contribuyente, y no el agente de retención, como sucede en este caso.
Respecto a los intereses resarcitorios manifiesta que si la conducta de la apelante fue o no producto de un actuar negligente no interesa a la luz del art. 37 de la ley de rito fiscal. Sostiene que la multa fue correctamente aplicada, no correspondiendo dispensa o reencuadre, dado que los hechos resultaron los portadores de las intenciones y dan cuenta de la concreción del elemento subjetivo imputado, destacando además el perjuicio a la hacienda pública.
Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el acto apelado. Con costas.
III. Que obra en el IF-2020-75104063-APN-VOCX#TFN elevatoria al Tribunal en Pleno para tratar la posible acumulación al EX- 57572595-APNSGAI#TFN caratulado Agrotécnica Fueguina SACIF, el cual tramitara ante la Vocalía de la 9na Nominación de la Sala “C” de este Tribunal.
Que mediante IF-2022-35591396-APN-DTD#JGM, la actora invoca el acogimiento al Plan N° N988837 conforme Ley 27.562, consolidado el 27 de octubre de 2020, de la deuda determinada de Impuesto a las Salidas No Documentadas correspondiente a los períodos 2014 a 2017. En tal sentido, señala que “se allana al ajuste propuesto en lo que hace a la deuda regularizada”. Ello así, en el RE-2022-35590015-APN-DTD#JGM, obra F.1003 y detalle de las obligaciones regularizadas.
Mediante PV-2022-36245889-APN-SGAI#TFN, Secretaría General de Asuntos Impositivos remitió los autos a Vocalía en virtud de la citada presentación de la recurrente.
Conferido traslado al organismo recaudador, éste contestó a través del IF-2022-51719984-APN- DTD#JGM. Allí expresó que el área técnica consultada informó que la contribuyente incluyó en el plan N988837 la totalidad de la deuda por Salidas no documentadas períodos 2014 a 2017. En otro orden de cosas, el Fisco no objeta que la actora se encuentre dentro del universo de contribuyentes previstos por el art. 8 de la ley 27.541 y modificatorias y el art. 4 de la RG 4816/2020 y tampoco se la señala como incursa en alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27.541 (texto según ley 27.562).
Mediante PV-2022-51918000-APN-VOCX#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”.
IV. Que el artículo 8° de ley N° 27541 (B.O. 23/12/2019) según texto reformado por la ley N° 27.562 establece que los contribuyentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, agregándose que la ley 27.562 extendió ese plazo al 31 de julio de 2020, o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el Titulo IV Capítulo I de esa ley. En tal sentido, entre los contribuyentes comprendidos en este régimen de regularización se encuentran quienes posean el “Certificado MiPyME” (vide art. 4 RG 4816/2020), no resultando controvertido que la recurrente cuenta con el mismo.
Asimismo, en el art. 9 se dispone que quedan incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley bajo análisis, en tanto el recurrente se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, indicando que el allanamiento y/o desistimiento puede ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial según corresponda, quedando incluidas aquellas obligaciones sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables.
A su vez, el art. 9° de la Resolución General N° 4816, reglamentaria de la ley 27.562, establece que cuando la deuda se encuentre en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formula el acogimiento, el que deberá ser presentado ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial donde tramite la causa junto con el detalle de las obligaciones regularizadas.
V. Que cabe traer a colación: el acogimiento formulado por la actora en los términos de la ley 27.562 y lo ya expuesto en relación a la cancelación de los montos objeto de ajuste; que no existe objeción respecto a que la recurrente se encuentra entre quienes puede gozar de los beneficios de establecidos por la ley 27.541, texto según ley 27.562, ello en virtud de que no se cuestiona que este habilitada por el art. 8 de la ley 27.541 y modificatorias y el art. 4 de la RG 4816/2020 y tampoco se la señala como incursa en alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 16 de la ley 27.541 (texto según ley 27.562), no surgiendo ninguna circunstancia en contrario de estas actuaciones.
Por lo expuesto, corresponde tener a Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F. por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al Impuesto a las Ganancias- Salidas no documentadas que fuera determinado en autos y sus intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la citada apelante.
Que por otro lado, en lo que hace a la porción restante de intereses resarcitorios y la multa aplicada por el período 2014, la propia normativa establece su condonación de pleno derecho como beneficio a partir del desistimiento formulado, en tanto les otorga un tratamiento diferenciado.
De los términos de la ley 27.541 (texto según ley 27.562), surge que ello será procedente con alcance general –en lo que aquí interesa- cuando respecto del capital se adhiera al régimen de regularización excepcional previsto en el Capítulo I del Título IV de esa norma y mientras se cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior (art. 11° primer párrafo); entendiendo ello como incluidas las obligaciones en discusión administrativa contencioso administrativa o judicial; supuesto en el que debe cumplirse con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 27.541.
Debo señalar, que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en la ley 27.562, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado anteriormente como también de la multa aplicada por el período 2014. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Tener al recurrente por desistido de la acción y del derecho incluso del de repetición, en los términos previstos por ley 27.653 en cuanto a los montos incluidos en el plan de facilidades en concepto de capital y accesorios en la medida establecida en el art. 6 inciso b) de la norma citada en tanto éstos se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo del actor.
2. Declarar condonados de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en el punto anterior y la multa aplicada en la determinación de oficio apelada. Costas en el orden causado.
3. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $419.766 (pesos cuatrocientos diecinueve mil setecientos setenta y seis) equivalente a 46,64 (cuarenta y seis con 64/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $1.049.416 (pesos un millón cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciseis) equivalente a 116,59 (cientodieciseis con 59/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por Ley 27.423, Acordada N°12/2022 (23/05/2022) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017, ello sin perjuicio de la reducción dispuesta por el art.13 de la RG 4816/2020. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Se hace constar que este pronunciamiento se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “D” por encontrarse de licencia el Vocal de la 12a. Nominación (conf. art. 184 de la ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones- Regístrese y notifíquese.-
Date: 2022.05.24 17:11:23 -03:00 Date: 2022.05.24 18:45:38 -03:00 Agustina O'Donnell Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.24 18:45:39 -03:00
Fin de la sentencia