Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 29.721-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la defensa de nulidad introducida por los recurrentes. Con costas.
2Confirmar las resoluciones apeladas. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-35841514-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 12 de Abril de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Ruben A. Marchevsky (Vocal Titular de la Tercera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 29.721-I caratulado “Agrupación Empresarial Matadero 17 de Octubre” y su acumulado N° 29.722-I caratulado: “Lami Hernandez, María Clotilde y otros”.
La Dra. Guzman dijo:
I. Que a fs. 69/117 se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI, de fecha 30 de abril de 2007, mediante la cual se determina la obligación tributaria de la firma “Agrupación empresarial matadero 17 de octubre” frente al impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 10/2001 a 10/2003, con más los intereses resarcitorios respectivos y a fs. 608/656 vta. se interpone recurso de apelación contra cinco resoluciones de la AFIP-DGI, de fecha 30 de abril de 2007, mediante las cuales se determina la obligación de sus integrantes: Lami Hernandez Francisco José, Lami Hernandez José María, Lami Hernandez Juan José, Lami Hernandez María Clotilde y Lami Hernandez Ramón Cayetano, en virtud de las cuales se determinaron de oficio sus obligaciones tributarias frente al impuesto a las ganancias, por los períodos 2001 a 2003, con más intereses resarcitorios y se aplicó multas con sustento en los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley 11.683. En primer lugar, sostienen que debe declararse la nulidad de las resoluciones apeladas, al entender que el Fisco omitió llevar adelante el procedimiento de determinación de oficio contra el deudor principal, requisito que entienden, es necesario como presupuesto de validez de las resoluciones que se impugnan. Por su parte, aducen que el organismo fiscal emitió los actos cuestionados, sin producir ningún medio de prueba relativo a los hechos que conducen a dictarlas, por lo que se trata de resoluciones inválidas por defecto absoluto de motivación.
Al respecto, agregan que se trata de actos inválidos por ausencia de sustento fáctico, encontrándose afectadas las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, frente a la manifiesta arbitrariedad en que incurre el Fisco en la valoración de la prueba y en el tratamiento de aquella ofrecida. Dicen que se encuentra lesionado el principio de congruencia, al no haberse analizado los hechos invocados por los aquí recurrentes como base de su oposición a las pretensiones fiscales.
En cuanto a la cuestión de fondo, sostienen que, en el presente caso, se verifica una actuación externa de una persona jurídica regularmente constituida distinta a la empresa actora y sin vinculación probada con esta, que explotaba el frigorífico en las condiciones exigidas por la normativa específica, cumpliendo con todas las obligaciones formales exigidas por la regulación vigente para el comercio de carnes. Sobre esta cuestión, agregan que los elementos de juicio agregados al expediente y/o relevados por el propio Fisco resultan concluyentes respecto a la efectiva existencia de la firma “El Limousine SRL” en el mercado de carnes por lo que las pretensiones fiscales se sustentan en meras presunciones.
Plantean que el organismo fiscal no ha producido la actividad probatoria necesaria en el marco del procedimiento que desembocó en las resoluciones apeladas, para acreditar la responsabilidad que le imputa a la empresa actora, por la explotación de la planta frigorífica durante los períodos involucrados. Afirman que no se verificó una situación fáctica que torne procedente la aplicación de la teoría de la penetración, a fin de atribuir la propiedad y la explotación de la planta frigorífica a la Agrupación empresaria aquí actora.
Sostienen que el Fisco no sólo se sustrajo de su deber básico y elemental de profundizar la investigación y el análisis de la cuestión de fondo que motiva su reclamo, sino que en las distintas oportunidades en que fue llamado a hacerlo, desestimó la prueba agregada u ofrecida en el procedimiento en sede administrativa, en base a argumentos dogmáticos, lo que en esencia traduce un arbitrario cercenamiento del derecho de defensa en juicio.
Concluyen que las resoluciones se basan en elementos que adolecen de entidad para asumir la condición de indicios suficientes para permitir arribar a la conclusión que las operaciones no corresponden a quien las hizo sino a una persona distinta.
Alegan que, en materia tributaria, la aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica societaria tiene alcances definidos y concretos, que no se dan en el caso de autos; habiéndose extralimitado en su actuación el ente fiscal al extender una responsabilidad tributaria a quienes no resultan responsables por eventuales obligaciones ajenas.
Sostienen que resulta indispensable que, a través de la utilización de la sociedad se genere algún beneficio directo sobre la persona “oculta” y una intención defraudatoria en perjuicio del Fisco, requisitos que no se verifican en el presente expediente.
Por su parte, se agravian de la falta de consideración de las defensas expuestas en sede administrativa. Advierten que la secuencia temporal en que se llevaron a cabo los actos relativos a la explotación del frigorífico despeja toda duda acerca de la posible utilización de una personalidad jurídica inexistente. Si la venta del establecimiento se hubiera producido con un fin elusivo -sostienen- la entrega del bien a la explotadora de “cartón” debió haberse dispuesto de manera concomitante con dicha operación, al entender que sólo haciendo coincidir ambas fechas, sin solución de continuidad, se estaría frente a una concatenación de actos jurídicos predispuestos en torno a un objetivo defraudatorio.
Alegan que la inscripción de la firma “El Limousine SRL” en el registro referido implica que en su momento resultó oportunamente evaluada por la autoridad de aplicación en la materia a fin de proceder a su inscripción como operador, razón que acredita -a su criterio- la existencia probada de un juicio de certeza emitido por la autoridad pública competente, en cuanto a su responsabilidad y solvencia patrimonial para desenvolverse en la actividad, y que se mantuvo en el tiempo, siendo objeto de fiscalización permanente por esa misma autoridad.
Afirman que los conflictos societarios producidos en El Limousine SRL permiten demostrar que no existió una estructura funcional con un fin ajeno al social, como así también demuestra la inexistencia total de control o relación alguna de sujeción de la voluntad societaria de la contribuyente a favor de un tercero, considerando que resulta evidente que tales reclamos entre los socios se enmarcan dentro de típicos conflictos societarios entre el gobierno y administración del ente, lo que predica un funcionamiento autónomo de los órganos societarios, y, asimismo, el ejercicio de los derechos políticos de los socios en función de sus intereses personales y no, como subyace en la Resolución apelada, al servicio de un controlante externo. A su vez, entiende que no puede considerarse a El Limousine S.R.L. como una “contribuyente apócrifa” puesto que tal sociedad ha recibido por parte del mismo organismo fiscal, en una determinación de deuda que abarca los mismos períodos que ahora se atribuyen a la actora, el trato indefectible de contribuyente impositivo real frente a aquél.
Debido a ello, sostiene que la misma entidad que fue considerada “contribuyente apócrifo” a los fines de extender indebidamente la responsabilidad fiscal, es a la vez, tratado como “contribuyente verdadero” por otro impuesto, pero por iguales períodos.
Expone que, si la intención era ocultar la verdadera intervención de la familia LAMI HERNANDEZ en la actividad del matadero, seguramente habría recurrido a interpósitas personas que obraran en forma personal, bajo la estructura de una sociedad de hecho o colectiva a fin de que, no solo se lograra el objeto de ocultar a los verdaderos operadores de la actividad comercial, sino que, además, el efecto impositivo no fuera mayor, sino idéntico al que hubiera correspondido por la intervención directa del Sr. Lami Hernandez y sus hermanos. En cuanto a las sanciones aplicadas, exponen, en primer lugar, que en el ámbito infraccional tributario siempre se debe acreditar el elemento subjetivo, no bastando la demostración de una conducta objetivamente considerada por la norma sancionatoria.
Dicen que la existencia de formas aparentes no alcanza para la punición, sino que es preciso que se verifique un fin defraudatorio, la intención de perjudicar al Fisco mediante la interposición de formas discordantes con la realidad. Entiende que, lo expuesto, no fue acreditado en estos actuados, en tanto que los sancionados son socios de una sociedad sin intervención ni directa ni indirecta en la explotación, ni control alguno sobre el contribuyente.
Por su parte, entienden que, en este caso, se habría configurado un supuesto de error excusable ante la existencia de cuestiones interpretativas de normas dudosas o yuxtapuestas.
Citan doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.
II. Que a fs. 252/268 y 668/685 contesta el Fisco Nacional, quien por las razones que expone solicita se confirmen los actos apelados, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos de la causa.
III. Que a fs. 729 se abre la causa a prueba. A fs. 1586 se clausura el período probatorio. A fs. 1590 se elevan los presentes autos a consideración de la Sala “A” y se ponen a disposición de las partes a fin de que produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 1592/1601 el alegato del Fisco Nacional y a fs. 1602/1611 vta. el correspondiente a los actores.
Finalmente, a fs. 1615 se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que por una razón de lógica precedencia, corresponde expedirse en primer término en relación con el planteo de nulidad de los actos apelados.
En este sentido, preciso es recordar que la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso.
Así definido, el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. Sentado ello, los agravios dirigidos a obtener la declaración de nulidad de los actos venidos en recurso no pueden prosperar, pues se advierte claramente que el ente fiscal cumplió con los requisitos exigidos por la ley, advirtiéndose que, tanto en las resoluciones que ante esta instancia se apelan, como así también en las vistas corridas en sede administrativa, se exponen en forma pormenorizada los hechos y antecedentes en virtud de los cuales se sustentaron las determinaciones recurridas.
Por su parte, y en cuanto a los agravios referidos a la falta de producción de la prueba ofrecida, como así también de la debida consideración de aquella que fuera acompañada, cabe destacar que el Juez Administrativo explicitó las razones por las cuales consideró que los elementos arrimados resultaban inhábiles para conmover el criterio fiscal y detalló los motivos por los cuales rechazó la producción de la prueba ofrecida, por lo que no se evidencia un accionar arbitrario por parte del organismo fiscal.
Por lo demás, es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente. Por último, y en cuanto al planteo referido a la omisión por parte del Fisco de llevar adelante, con carácter previo, el procedimiento de determinación de oficio a la firma El Limousine S.R.L., en su carácter de contribuyente principal, no le asiste la razón a los actores, toda vez que, no se trata de un supuesto de atribución de responsabilidad por deuda ajena, sino que se determinó que la agrupación empresarial aquí recurrente era quien en la realidad de los hechos explotaba el frigorífico, por lo tanto los procedimientos resultaron debidamente efectuados en cabeza de la agrupación empresaria 17 de octubre y sus integrantes. La procedencia o no de este criterio será materia de debate de fondo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad introducida por las apelantes. Con costas.
V. Que sentado lo que antecede, corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Conforme surge de los antecedentes administrativos acompañados y de las resoluciones que ante esta instancia se apelan, el organismo fiscal inició una fiscalización a la firma “El Limousine S.R.L.”, al haber verificado que tres contribuyentes del rubro carnicería, que le compraban carne a dicho proveedor, habían recibido mercadería sin la documentación respaldatoria correspondiente.
En virtud de ello, si bien los funcionarios fiscales se constituyeron en el domicilio declarado por dicha empresa, en donde se localizaba un frigorífico, a efectos de realizar un control de existencias de medias reses en cámara y control de faena diaria, no se les permitió el ingreso.
Asimismo, se solicitó mediante requerimiento la documentación necesaria para realizar una verificación, no obteniendo respuesta alguna por parte de la empresa. Como consecuencia de ello se labró la pertinente acta de constatación e informe, poniéndose en conocimiento del Juez Federal de Santiago del Estero a fin de solicitar orden de allanamiento.
Posteriormente, con fecha 13/01/2004 se remitieron antecedentes de una denuncia recibida de Jefatura de Región, efectuada por el apoderado de un socio de la firma, quien denunció irregularidades en su manejo por parte de su socio gerente, Sr. Burkhard, Jorge Luis.
Con fecha 17 de octubre de 2003 se llevó a cabo el allanamiento ordenado en el domicilio donde funcionaba el establecimiento del Frigorífico, participando personal de Gendarmería Nacional, constatándose que el día del allanamiento la firma había cambiado de razón social, pasando a denominarse “Frigoríficos Santiagueños SRL”. Se procedió a secuestrar la siguiente documentación: cuadernos con detalle de faena diaria de los períodos 2001, 2002 hasta 10-2003, remitos de romaneo de salidas de Cámaras, cuadernos de ingreso de hacienda al establecimiento, remitos de entrega de carne, facturas de compras de hacienda varias, anotaciones varias de faena diaria (lavado de jaula, etc.).
De la documentación secuestrada por el Fisco, surge que el frigorífico faenaba a nombre de la firma EL LIMOUSINE SRL y de NAIEF Jorge, ya que ambos poseían licencia del SENASA.
De los elementos obtenidos se verificó que la firma “El Limousine SRL” alquilaba el establecimiento Frigorífico al Sr. Antonio Mateo Susjnar.
Por su parte, de visitas realizadas en anteriores fiscalizaciones, se tenía conocimiento que la firma que explotaba anteriormente el mismo era la Agrupación Empresarial Matadero 17 de octubre, razón por la cual los actuantes se constituyeron en el domicilio de uno de sus titulares, el Sr. Francisco José Lami Hernández, quien manifestó que la citada Agrupación había adquirido el frigorífico al gobierno de la provincia de Santiago del Estero en el año 1994, y procedió a su explotación hasta que fue vendido al Sr. Susjnar, aportando copia de la escritura rectificativa N° 577 de fecha 02/08/2001 que respalda dicha operación.
En virtud de lo expuesto, los actuantes procedieron a visitar al Sr. Susjnar, quien informó que trabajaba en relación de dependencia en la firma JOSE LAMI HERNANDEZ Y CIA. S.C., desde el año 1996 hasta la actualidad y que también realizaba dirección de obras y alquiler de propiedades; consultado sobre la compra del frigorífico, respondió que efectivamente lo había adquirido con un préstamo de su hermana, la Sra. Emilia Susjnar de Lami Hernández en el año 2001, en la suma de $ 250.000.-.
A efectos de determinar la veracidad del préstamo en cuestión, el Fisco analizó las declaraciones juradas presentadas por la Sra. Emilia Susjnar de Lami Hernández, en virtud de lo cual detectó que no declaró créditos, con lo cual no habría declarado el supuesto préstamo que le habría otorgado a su hermano.
A su vez, de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por el Sr. Antonio Mateo Susjnar correspondiente a los períodos 1999 y 2000, surge que no declaró deudas, con lo cual no incluyó en sus declaraciones juradas el préstamo recibido de su hermana.
Por lo demás, debe tenerse en cuenta que, de las bases del organismo fiscal se desprende que, el Sr. Susjnar se encuentra registrado como empleado en relación de dependencia por la firma José María Lami Hernandez y Cia. S.C., con un sueldo promedio de $ 867.-, con lo cual no tendría fondos propios para comprar el frigorífico en cuestión.
Por su parte, la fiscalización procedió a analizar los antecedentes de la firma Agrupación Empresarial Matadero 17 de octubre, verificando que la citada Agrupación de Colaboración Empresarial se constituyó el 21/09/1994 para la “compra y explotación de la Unidad Industrial Matadero 17 de Octubre”, conforme surge del contrato de cesión que tuvieron a la vista. En dicho contrato se expuso que aquella Agrupación quedó en manos de: Francisco José Lami Hernández, en un 33,33% y José María Ramón Lami Hernandez, Juan José Lami Hernandez, Maria Clotilde Josefina Lami Hernandez de Mansilla y Ramón Cayetano Lami Hernandez en un 16,66% cada uno, quedando a cargo de sus integrantes su Dirección y Administración.
Asimismo, se tuvieron a la vista las escrituras (original y rectificativa) por medio de las cuales se habría instrumentado la venta del frigorífico. De la escritura original surge que se efectuó la venta por parte de la Agrupación Empresarial “Matadero 17 de octubre” a favor del Sr. Susnjar, Antonio Mateo, mediante escritura número trescientos noventa y seis, de fecha 07/07/1999. Respecto de la forma de pago, se especificó que la venta se realizó por el precio total y convenido de $250.000.-, pagadero de la siguiente manera: con anterioridad la suma de $ 200.000.- y el saldo de $ 50.000.- en este acto, importes por los cuales los vendedores otorgan suficiente recibo y carta de pago en forma, por medio de la escritura.
Por medio de la escritura rectificativa, de fecha 22/08/2001, se rectifica la forma de pago, aclarándose que se ratifica en la suma de $ 250.000.-, pero a abonarse de la siguiente manera: la suma de $ 20.000 el día 30/11/01, la suma de $ 40.000.- el día 30/11/02, la suma de $ 40.000.- el dia 30/11/03, la suma de $ 40.000.- el día 30/11/04; la suma de $ 40.000.- el día 30/11/05, la suma de $ 40.000.- el día 30/11/06 y la suma de $ 30.000.- el día 30/11/07.
Con base en la documentación y anotaciones periódicas contenidas en distintos cuadernos con los registros de las faenas diarias, obtenidas en el allanamiento, que tuvo a la vista la fiscalización, se confeccionaron papeles de trabajo con detalle de la faena diaria por matarife y por cliente, de animales y kilogramos en gancho. Se confeccionó también un papel de trabajo con detalle de la faena diaria, con cantidad de animales y kilos en gancho, con base en la documentación obrante en otro cuaderno que se encontraba entre la documentación secuestrada.
Asimismo, se aclaró que para el período octubre a diciembre/2001 y mayo a diciembre/2002 se obtuvieron planillas de Romaneo de la Faena diaria, con las cantidades reales de cabezas y kilos de carne faenada, obteniéndose promedio real por cabeza.
En base a la información registrada en otro cuaderno secuestrado, que contenía el detalle de la faena diaria de todo el período analizado, se pudo tener conocimiento de la cantidad de animales faenados, obteniéndose el total de kilos de carne faenada, empleando un promedio por cabeza de 190 kilos (promedio tomado en general considerando que la media res oscila entre 90 y 100 kilos), salvo en el período citado anteriormente (10-2001 a 12-2001 y 02-2002 a 12-200) en el cual se aplicó el promedio real obtenido según lo descripto en el párrafo anterior.
Tomando precios de plaza y de la misma firma, se determinaron las ventas y débitos ajustados por los períodos 10/2001 a 10/2003, multiplicando por los kilos de carne obtenidos de la faena, determinados con sustento en la documentación secuestrada. Con esa base, se confeccionaron papeles de trabajo con detalle de las liquidaciones practicadas, aclarando que la firma nunca aportó documentación alguna, solicitada vía requerimiento, relativa a las operaciones de compras y gastos. No obstante, entre la documentación secuestrada se encontraron algunas facturas que se utilizaron para la circularización a proveedores de hacienda de la firma, obteniendo respuestas positivas de los mismos.
De la misma forma y de acuerdo con la cantidad de animales faenados obtenidos de los cuadernos secuestrados en el allanamiento, utilizándose un promedio de kilos de cuero y de menudencias por animal, que se multiplicó por un precio promedio de los mismos según precios de plaza, se estimaron las ventas netas de cueros y menudencias y los débitos fiscales resultantes.
Respecto del impuesto a las ganancias, los funcionarios fiscales manifestaron que los ajustes se efectuaron aplicando márgenes de rentabilidad establecidos en el manual N° 10 de la DAFE, sobre la base de las ventas determinadas para el IVA, más el devengamiento de algunos gastos como alquiler, luz e ingresos brutos provincial.
Por su parte, la fiscalización procedió a consultar en su base de datos los antecedentes de la firma “El Limousine SRL”, como así también de sus socios, concluyendo de los elementos analizados que tanto la firma como sus socios serían insolventes, teniendo en cuenta los ajustes practicados, como así también la magnitud del movimiento comercial determinado por la capacidad real del establecimiento, la cual se habría utilizado en su totalidad.
En efecto, el Juez Administrativo detalla en las resoluciones apeladas que los socios originales vendieron rápidamente sus participaciones sociales en “El Limousine S.R.L.” a Burkhard Jorge Luis y Caiazzo Orlando y especifica, respecto del Sr. Caiazzo que sólo posee CUIL, por lo tanto, no se encuentra inscripto ante la AFIP-DGI por ninguna actividad. Agrega que fue declarado en el período 10/2001 como empleado en relación de dependencia de la firma Bayton S.A., con una remuneración imponible de $ 20,50.
En cuanto al Sr. Burkhard, Jorge Luis, se dejó constancia en las resoluciones apeladas que se encontraba inscripto ante la AFIP-DGI desde el 03/1999 en la actividad de venta al por menor de carnes, pero nunca presentó declaraciones juradas ni efectuó pago alguno en concepto de impuesto. Se agrega que el movimiento bancario que presenta es posterior a la supuesta participación de “El Limousine SRL” en las actividades del frigorífico, en tanto los vehículos a su nombre de mayor valuación aparecen en el año 2004, es decir con posterioridad al inicio de la fiscalización y allanamiento del frigorífico. De allí que se concluye que en los períodos en los cuales se habría hecho cargo del frigorífico no presentó ningún indicador que denote capacidad económica para desarrollar tal actividad.
Por su parte, surge que el Sr. Walter Rene cedió su parte al Sr. Caiazzo, Orlando el 15/07/2002. El Sr. Caiazzo no registra propiedades ni automotores a su nombre según consultas a la base de este organismo, no obstante, se informó que el Sr. Cura, Walter Rene solo registra la propiedad de un inmueble.
El juez administrativo concluye que “El Limousine SRL”, no tenía capacidad económica para afrontar las reformas que se habrían realizado. Según la documentación que tuvo a la vista, agrega, que aquella firma se constituyó con fecha 24/05/2001, según contrato social, con un capital inicial de $ 10.000.- y tanto los originales socios como los que posteriormente adquirieron las cuotas partes, no poseían capacidad económica para afrontar dichas inversiones, más aún, surge de sus declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias; que en el ejercicio 2001 declaró resultado cero, y pérdida para el período fiscal 2002, en tanto no presentó declaración jurada de dicho impuesto por el período fiscal 2003.
En razón de todos los elementos colectados y analizados durante la fiscalización, el organismo fiscal concluyó que el verdadero dueño del frigorífico era la Agrupación Empresarial Matadero 17 de Octubre, a pesar de la simulación de venta realizada. Sustenta esa argumentación en el análisis de la documentación y testimonios de los participantes de la operación descriptos precedentemente, advirtiendo que la firma “El Limousine SRL” sería una sociedad de “cartón”, toda vez que a su criterio quedó acreditado que los socios son insolventes, debiéndose por lo tanto correr el velo jurídico que rodea la situación en trato y practicar el ajuste a la referida Agrupación Empresarial.
En efecto, se tuvieron en consideración las contradicciones existentes entre las escrituras de venta del Frigorífico al Sr. Susjnar, como así también que el supuesto comprador, quien es cuñado de uno de los integrantes de la Agrupación que habría vendido el frigorífico, se encuentra declarado como empleado de una de las empresas del grupo LAMI HERNANDEZ y al no haber aportado documentación fehaciente que respalde el origen de los fondos con los cuales dice haber comprado el Frigorífico, como así tampoco de los supuestos alquileres cobrados por su posterior arrendamiento, se concluyó que el Sr. Susjnar no posee capacidad operativa para justificar la propiedad del Frigorífico que se le pretende atribuir.
Debido a lo expuesto, con fecha 26/10/2006 se le inició el procedimiento de determinación de oficio y de conformidad a lo dispuesto por el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal, se le corrió vista de las actuaciones administrativas por los cargos formulados en los períodos verificados, que culminó con la determinación de oficio correspondiente al impuesto al valor agregado por los períodos 10/2001 a 10/2003 que ante esta instancia se apela.
VI. Que en cuanto al ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias, que reposa en las ventas omitidas calculadas durante la fiscalización, el Fisco procedió a iniciar el procedimiento de determinación de oficio a cada uno de los socios, prorrateando la ganancia neta omitida en función del porcentajes de participación de cada socio, y se dictaron las determinaciones de oficio a los socios Lami Hernandez Francisco José, Lami Hernandez José María, Lami Hernandez María Clotilde, Lami Hernandez Juan José, Lami Hernandez María Clotilde y Lami Hernandez Ramón Cayetano.
Al respecto, cabe precisar que, a partir de las ventas netas determinadas para el IVA, se confeccionó un papel de trabajo con el detalle de las DDJJ de Ganancias Informativas de la Agrupación Empresarial Matadero 17 de octubre por los períodos 2001 a 2003.
Asimismo, cabe destacar que la determinación de la utilidad neta se realizó aplicando márgenes de rentabilidad obtenidos de estudios realizados por áreas especializadas de la administración fiscal, sobre la base de las ventas determinadas para el IVA, al no contar con ningún otro elemento razonable, resultando una ganancia neta sujeta a impuesto de $ 417.532,24 para el ejercicio 2001, $ 3.328.111,43 para el 2002 y $ 3.293.995,07 para el 2003, según planilla que se adjunta, la cual fue distribuida entre los socios integrantes en función del porcentaje de participación de cada uno.
Ello así, a efectos de estimar el impuesto de los períodos 2001 a 2003, se consideró la ganancia neta declarada por los responsables en cada período, y se agregó el resultado proveniente de la participación en el resultado de la citada Agrupación, en los respectivos períodos, según los cargos formulados, computándose el impuesto declarado en los períodos 2001 a 2003 y la diferencia de anticipos efectivamente ingresados, según bases de datos de AFIP.
Se observó que dichos contribuyentes computaron en los períodos 2001 a 2003 montos de retenciones que no se encuentran informadas por ningún agente de retención en bases de datos de esta AFIP y también anticipos que no se encuentran totalmente ingresados.
Se aclara que no se computaron deducciones del art. 23 de la ley del gravamen, por cuanto el resultado neto determinado supera el monto máximo previsto para su cómputo.
En razón de lo expuesto, se inició el procedimiento de determinación de oficio previsto en el art. 16 de la ley 11.683 y se confirió vista de las actuaciones administrativas por los cargos formulados en los períodos verificados, que culminó con las determinaciones de oficio practicadas en el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2001 a 2003 a los contribuyentes Francisco José Lami Hernández, José María Ramón Lami Hernández, Juan José Lami Hernández, Maria Clotilde Josefina Lami Hernández de Mansilla y Ramón Cayetano Lami Hernández, que fueron apeladas ante esta instancia.
VII. Que sentado lo expuesto, corresponde precisar el tema sobre el que este Tribunal está llamado a decidir, toda vez que surge de los recursos de apelación, que los recurrentes centran su defensa en la incorrecta aplicación, por parte del Fisco Nacional, del principio de la realidad económica, por el cual se concluyó que la planta frigorífica había sido explotada por la Agrupación empresarial 17 de octubre y no por la empresa El Limousine S.A. Merece destacarse que no expresaron agravios sobre los fundamentos de los ajustes efectuados.
VIII. Que a efectos de resolver la cuestión planteada corresponde, con carácter previo, referirse acerca del “principio de la realidad económica” previsto en el art. 2 de la ley de procedimiento fiscal y que fuera utilizado por el Fisco para sustentar las determinaciones aquí apeladas.
Dicha regla de interpretación prescribe que "para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes…" y exige captar su intención real si con motivo de tales "…actos, situaciones y relaciones económicas ellos acudiesen a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica", autorizando en ese caso a prescindir de "las formas y estructuras jurídicas inadecuadas" y encuadrar la situación económica real en "las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos". Es decir que la norma está destinada a la calificación de los hechos ante divergencias entre el tipo de negocio elegido y la finalidad económica que las partes quieren alcanzar.
Como explicara el Dr. Celdeiro al votar en la causa “Ferioli” “La norma precitada es una ejemplificación de la doctrina del abuso del derecho consagrada por el artículo 1071 del CC. En efecto, cuando un negocio jurídico se formaliza de manera que resulte manifiestamente inapropiado a la impronta o negocio jurídico que de acuerdo a su causa (finalidad o contraprestaciones patrimoniales buscadas auténticamente por las partes), y de ello resultare que, por estar gravado el negocio jurídico que auténticamente correspondiera, el Fisco pudiera resultar perjudicado, el acto resultaría abusivo en los propios términos del artículo 1070 del CC y, obviamente, del art. 2 de la ley de rito”.
“El dogma de la realidad económica es un principio para indagar los hechos y su relación con las figuras jurídicas empleadas por las partes, consagrándose la prevalencia del sustrato económico subyacente en el hecho generador por sobre el ropaje jurídico utilizado por las partes intervinientes en el negocio; es en definitiva otorgar preeminencia a la intención empírica (situación de hecho) por sobre la intención jurídica (situación de derecho)”.
“En derecho tributario, cuando el contribuyente comete un abuso de las figuras jurídicas, el intérprete está autorizado a desarrollar consideraciones económicas para la exégesis de la ley tributaria y para el encuadramiento del caso concreto frente al mandato resultante no sólo de la literalidad del texto legislativo, sino también de su espíritu”.
“Sin embargo, para admitir el empleo del principio de la realidad económica, es menester hallarse en presencia de una evasión tributaria en sentido estricto, o sea, de la adoptación de una forma jurídica anormal, atípica, o inadecuada, aunque permitida por el derecho privado, para la obtención del resultado económico que se tenga en miras concretar”.
“En tal sentido, se ha sostenido que la interpretación que prescinda de las formas jurídicas establecidas entre las partes sólo se admitirá en cada caso concreto, para corregir situaciones anormales creadas artificiosamente por el contribuyente (Araujo Falco, A.: “El hecho generador de la obligación tributaria” - de. Depalma – Bs. As. - 1964 – págs. 44,48 y 49)”.
“No basta, pues, cualquier ventaja fiscal cuya concreción es posible y lícita: es indispensable la atipicidad o anormalidad de la forma cuya utilización sólo se explique por la intención de evadir el tributo. Resulta pues, que la prevalencia de la realidad económica adquiere plena relevancia cuando la misma está inserta en formas y estructuras jurídicamente inadecuadas (conf. TFN – Sala D - “Phillips Argentina SA” - 28/7/1977). “ “VI. Que en consecuencia el principio de la realidad económica debe ser utilzado por el Fisco Nacional con el máximo cuidado para no caer por vía interpretativa en la creación de hechos imponibles que niega el contribuyente haber realizado. Concretamente, se debe determinar si en el caso concreto las formas jurídicas utilizadas “no son manifiestamente” las que el derecho privado ofrezca o autorice para asegurar adecuadamente la intención económica y efectiva del contribuyente, para lo cual debe tenerse presente no sólo el texto de la norma sino las circunstancias fácticas del hecho”.
“Y ello en virtud de que conforme se señalara en el comentario oficial al decreto 14341/1946 la finalidad otorgada al actual artículo 2 de la ley de rito reconoce como principio dar prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares, siendo su impugnación un temperamento subsidiario, lo que implica la excepcionalidad del apartamiento de tales estructuras cuando las formas jurídicas adoptadas sean “radicalmente inapropiadas” (ver al respecto voto del Dr. Porta, Sala B - “in re” “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe” - 9/2/1999, confirmado por la CSJN – 22/2/2005).
IX. Que sentado lo expuesto, corresponde señalar que se advierte un accionar diligente del ente fiscal que sustentó debidamente su conclusión respecto a que la empresa “Agrupación Empresarial Matadero 17 de octubre” era quien desarrollaba la actividad en el frigorífico, resultando la firma “El Limousine” una sociedad de cartón, interpuesta al solo efecto de mantener oculto al verdadero titular de la explotación.
En este sentido, el organismo fiscal tuvo en consideración que la venta se habría realizado al cuñado de uno de los socios de la Agrupación, quien si bien informó que los fondos los habría recibido de un préstamo de su hermana, no acreditó que el préstamo se habría realizado.
Sobre el particular, y si bien los recurrentes plantean que el Sr. Susjnar no tiene constancias del préstamo recibido en razón de tratarse de un préstamo entre parientes, le asiste razón al organismo fiscal en tanto es conteste la jurisprudencia respecto a que si bien “resulta pausible considerar que no se observen ciertos requisitos formales en su documentación –que en otros casos se exigirían- ello es así cuando aquellos no tienen más consecuencias que las limitadas al ámbito familiar, más no, por ejemplo, en las tributarias como las que aquí se analizan, en donde el cumplimiento de esas formalidades para acreditar la realidad de los hechos es indispensable o, por lo menos, suplir las mismas con pruebas que demuestren esa realidad” (Vid. por todos, CNACAF, “Maluf, Antonio”, 3/7/67). Así, debió acreditarse la secuencia completa de la operatoria, en cuyos pasos deben intervenir al menos respecto de uno, la documental o instrumentos que acrediten su realización, fechas, depósitos, origen de los fondos, etc; circunstancias que no ha ocurrido en la especie. Con respecto a la existencia de dos escrituras de ventas del frigorífico no implica -como sostiene la recurrente- que en ellas se volcó una simple modificación de la forma de pago. Por el contrario, del análisis de dichos documentos se desprende que originalmente se expusieron datos falsos, puntualmente, que los vendedores habían recibido $ 200.000.- con anterioridad y $ 50.000.- en el acto de escrituración, datos que luego son modificados mediante la rectificativa, en la que se expuso que el pago se efectuaría en cuotas pagaderas desde el 30-11-01 al 30-11-07, circunstancia que evidencia que los firmantes faltaron a la verdad en la escritura original y que el escribano interviniente participó en dicha maniobra, en tanto no se dan razones que expliquen que los llevó a confeccionar una escritura que no se correspondía con la realidad. Esta circunstancia no hace más que dar apoyo a la tesis fiscal.
Asimismo, corresponde señalar que los actores no aportaron ante esta instancia prueba alguna apta para acreditar los pagos que habría realizado el Sr. Susjnar por la compra del establecimiento en cuestión. Y como contrapartida, el organismo fiscal detectó numerosas inconsistencias que lo llevaron a concluir que la venta del frigorífico resultó simulada.
También lucen huérfanas de probanzas las manifestaciones del Sr. Susjnar sobre el arrendamiento del establecimiento a la firma “El Limousine SRL”.
Debido a todo lo expuesto, es dable concluir que los elementos colectados y analizados por el organismo fiscal permiten, en su conjunto, concluir, tal como se hizo en las resoluciones aquí apeladas, que quedó acreditada la utilización de una sociedad inexistente a los efectos de mantener ocultos a quienes, en realidad, continuaban explotando el frigorífico. En esa dirección cabe destacar que: existían contradicciones en las escrituras de venta del Frigorífico al Sr. Susjnar, la calidad de empleado en relación de dependencia del supuesto comprador con una de las empresas del grupo que habría vendido el frigorífico, la ausencia de documentación u otro medio probatorio que respalde el origen de los fondos utilizados para la adquisición y la falta de comprobantes del cobro de alquileres.
Por lo demás, tampoco se aportaron constancias que permitan acreditar la veracidad del arrendamiento del frigorífico, como así tampoco de la firma “El Limousine SRL”.
Finalmente, corresponde señalar que la existencia de una determinación de oficio a la empresa “El Limousine SRL” incluyendo períodos que también fueron determinados en cabeza de la actora, no implica una contradicción en el actuar del organismo fiscal, ni impide que con posterioridad, como ocurrió en este caso, en función de las tareas de fiscalización y verificación llevadas a cabo en un nuevo procedimiento, se determine que se trataba de una sociedad ficticia.
X. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde concluir que, encontrándose debidamente sustentada la pretensión fiscal, correspondía que la recurrente, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la veracidad de sus dichos, respecto a que no tuvo injerencia en la explotación del frigorífico en los períodos cuestionados por lo que debe entonces esta juzgadora, examinar las probanzas ofrecidas y producidas en esta instancia jurisdiccional.
Ello así, corresponde señalar que la prueba producida dirigida a acreditar que la sociedad “El Limousine SRL” se encontraba debidamente inscripta en todos aquellos registros obligatorios por el ejercicio de su actividad, solo permite verificar el cumplimiento de las formalidades requeridas para operar, no así que efectivamente haya realizado la actividad y mucho menos que haya explotado el frigorífico respectivo (vid. Contestación de oficio a fs. 917).
En igual sentido, debe concluirse respecto a la existencia de una cuenta corriente en el Banco Nación (vid. fs. 912) a nombre del Sr. Jorge Luis Burkhard, como socio gerente de “El Limousine SRL”, en tanto ello tampoco es un elemento corroborante de los hechos alegados por la actora.
Por lo demás, tampoco se encuentra en discusión quienes eran los socios y representantes de la firma referida, resultando inconducente la probanza dirigida a tal fin (1111 y 1126).
Por su parte, es dable advertir que: la Dirección de Control Técnico Registral – ONCCA (vid. fs. 820/821) informó que la firma “El Limousine S.R.L.” estuvo inscripta como matadero frigorífico, Cámara Frigorífica (Uso Terceros), Fabrica de Chacinados y Despostaderos hasta su baja el 29/11/2001, por disposición 2325/01, la Dirección General de Rentas (vid. fs. 916) informó que no se registran antecedentes de posesión de hacienda a nombre de “El Limousine SRL” o del Sr. Jorge Omar Naief en el período 10/2001 a 10/2003 y la Coordinación Temática de Fiscalización Agroalimentaria informó que la firma “El Limousine SRL” no se encuentra registrada y menos aún habilitada en la órbita de su competencia, por ej. Matadero, Frigorífico, Elaboradora o procesadora de alimentos, etc. (vid. fs. 815). Prueba que tampoco permite reconocer la correcta registración de la empresa señalada en los organismos correspondientes.
Entiendo que no son hábiles para destruir las conclusiones fiscales las ejecuciones llevadas adelante por el organismo fiscal a la firma “El Limousine SRL” (vid. fs. 829/872), en tanto se efectuaron a quien figura formalmente como explotando el Frigorífico, ni los juicios laborales iniciados contra dicha firma. En efecto, ello acredita que los empleados han iniciado los juicios contra la sociedad que formalmente explota el frigorífico. El informe pericial contable que luce a fs. 948/965 no aporta elementos conducentes para la resolución de la causa toda vez que los profesionales no pudieron compulsar los libros de la sociedad “El Limousine”, por encontrarse en poder del organismo fiscal, en virtud del allanamiento efectuado, y respecto de la copia del balance del período fiscal 2001 que tuvieron a la vista, se comparte lo dispuesto por el perito del Fisco (vid. Rta. I.1.1.) sobre que no se pudo comprobar si la copia acompañada se condice con el balance correspondiente al ejercicio económico 2001 que debería figurar en el libro inventario y balance respectivo, en tanto que, como se expuso, no se tuvo a la vista. Cabe destacar que ni los expertos ni los recurrentes exigieron la exhibición de los libros para la realización de la tarea encomendada.
En cuanto al informe pericial técnico (vid. fs. 788/791) resulta atinado señalar que se expide sobre cuestiones no controvertidas, toda vez que el Fisco Nacional no cuestiona la existencia de mejoras en el Frigorífico, sino su efectiva realización por parte de El Limousine SRL, cuestión sobre la cual nada agrega el informe presentado.
Finalmente, resta efectuar la valoración de la declaración testimonial del Sr. Jorge Luis Burkhard (vid. fs. 1147/1148), quien se desempeñó como socio gerente de la firma “El Limousine S.R.L.” durante los períodos involucrados. Sobre el particular, cabe señalar que en atención a comprenderle las generales de la ley, su testimonio merece un escrutinio más exigente. Así, debe recordarse que es condición de credibilidad conforme a elementales reglas de la sana crítica, la extraneidad del testigo con la parte que lo propone y cuando no se cumple ese requisito, es preciso que ese testimonio sea tomado en relación con otras probanzas que den certeza a la versión o relato, ya que por sí solo no puede constituir prueba idónea (CNCiv., Sala M, 10/2/89, LL, Tº 1988-C, pág. 85). A ello, cabe agregar que si el testigo es la persona responsable del correcto funcionamiento del sistema que se enjuicia, ello lo coloca en la situación extrema de parcialidad, resultando sus dichos insuficientes por sí solos para tener por acreditada la versión de la recurrente.
En ese contexto, el análisis de la probanza en su conjunto, dejan incólume las conclusiones del órgano fiscal.
Por su parte, corresponde señalar que lo decidido por el Juez interviniente en el juicio de ejecución fiscal caratulado “Superintendencia de Riesgo del trabajo y Agrupación Empresaria Matadero 17 de octubre”, al hacer lugar a la tercería de dominio promovida por el Sr. Susnjar, respecto de determinados bienes que invocó como de su propiedad, que se encontraban en el frigorífico en cuestión, y por ende ordenó levantar el embargo trabado sobre los bienes objeto de dicha tercería, tampoco resulta hábil para tener por acreditada la titularidad del frigorífico en cabeza de aquél, toda vez que ello no resulta vinculante a efectos de decidir la cuestión ventilada en estos actuados. Destáquese que de la copia de la sentencia acompañada (vid. fs. 1514/1516 vta.), la cuestión allí se sustentó en ciertos elementos acompañados a dicho proceso, resultando a todas luces evidente que las tareas desarrolladas por el organismo fiscal que sustentaron las determinaciones aquí apeladas son más amplias e incluyen otros elementos no tenidos en cuenta en aquel proceso judicial.
XI. Que corresponde referirse ahora sobre la sentencia penal cuya copia se acompaña en autos (vid. fs. 1559/1576), solicitando los actores que se la considere como hecho nuevo y que, en virtud de lo resuelto por el Juez penal, quien resolvió desestimar la denuncia interpuesta por la AFIP contra el Sr. Francisco Lami Hernandez y en consecuencia, hacer lugar al sobreseimiento total y definitivo, se desestime la pretensión fiscal y por ende se revoquen los actos apelados, conforme lo dispuesto por el art. 1777 del Código Civil y Comercial de la Nación, y lo que surge del art. 20 de la Ley 24.769.
En este sentido, resulta necesario precisar que el art. 20 de la ley 24.769 dispone que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad social, ni de los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquellos.
La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al organismo fiscal. En este caso, no será de aplicación lo previsto en el art. 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales.
Asimismo, una vez firma la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y esta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial”.
Al respecto, es conteste la doctrina y la jurisprudencia en sostener que de una correcta interpretación de dicho precepto se concluye que establece un claro deslinde entre las atribuciones de la justicia penal, la administrativa y la contencioso administrativa. En efecto, es competencia exclusiva de la justicia penal decidir si hubo o no delito en orden a las figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que viene a significar que en dicha sede sólo se indaga sobre la posible comisión de un ilícito dentro de ese marco represivo, ya que sólo es competencia del organismo fiscal, el Tribunal fiscal de la Nación y en su caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, delimitar el encuadre fiscal (cfr. Entre otros, C.N.A.C.A.F., Sala I, “MASCARDI, Carlos Gustavo”, 30/11/04”). Es clara la norma, en el sentido de permitir que aun cuando se radique una denuncia penal por la presunta comisión de un delito previsto en la ley 24.769, se sustancien los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y cobro de la obligación tributaria o previsional.
Mas establece un límite, cual es el de impedir que se dicte un acto administrativo sancionatorio hasta tanto haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos. Límite que tiene el claro objeto de evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que por otro lado, la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho (cfr. C.N.A.P.C.A.F., Sala V, “Almeida, Nora Mabel”, 18/3/06, entre otros).
En idéntica dirección, la norma establece la limitación a la causa administrativa, cual es la de no alterar las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal.
En esa dirección, este Tribunal no debe prescindir de las valoraciones jurídicas contenidas en la sentencia penal sino que es obvio y razonable que las tenga en cuenta. Debe considerar, pues, los hechos materialmente probados en sede penal.
Ahora bien, analizada la sentencia penal acompañada se advierte que allí se juzgó la conducta de uno de los actores, pero en períodos posteriores a los aquí involucrados, en los cuales, según aquella denuncia, se habría interpuesto a la empresa “Frigoríficos Santiagueños” como una sociedad ficticia, que aparecía formalmente como explotadora del frigorífico. Ello así, cabe concluir que lo decidido en sede penal, no resulta vinculante con los hechos analizados en esta causa, en tanto puntualmente difieren los períodos involucrados y la empresa que habría gerenciado el frigorífico, no correspondiendo hacer lugar a lo solicitado por los recurrentes. En base a lo expuesto, yerran los recurrentes al sostener (vid. Alegato a fs. 1602/1611 vta.) que tanto el proceso penal como el que se sustancia ante este Tribunal, versan sobre las mismas cuestiones fácticas y jurídicas, toda vez que, como se expuso, no existe identidad entre las cuestiones fácticas relativas a ambos expedientes. En función de lo expuesto, no resultando hábil la probanza producida para conmover el criterio fiscal, corresponde confirmar la determinación del impuesto al valor agregado por los períodos 10/2001 a 10/2003.
XII. Que en igual sentido, corresponde expedirse respecto de las determinaciones del impuesto a las ganancias correspondientes a los integrantes de la Agrupación empresarial 17 de octubre, por los períodos 2001 a 2003, no habiendo presentado los actores elementos que permitan conmover el criterio fiscal, en tanto que sus defensas se centran en objetar la aplicación del principio de la realidad económica, respecto del cual, como se expuso, no se acompañaron elementos probatorios conducentes.
XIII. Que en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, conforme las resoluciones apeladas, corresponde puntualizar que la falta de pago en término o en su justa medida de las obligaciones tributarias origina el nacimiento de una obligación accesoria, ingreso de intereses, que se devengan desde la fecha de vencimiento de las mismas y hasta el momento de su efectivo pago y cuyo fundamento es indemnizar al acreedor -en este caso, el Estado- por el atraso del deudor en cumplir con su obligación, que le ocasiona un perjuicio al no poder hacer uso de su derecho de crédito.
Es menester tener presente que la doctrina y la jurisprudencia es conteste en exigir, para su procedencia, la presencia de mora culpable. Ello así, el retardo en el cumplimiento de la obligación debe ser imputable al deudor, razón por la cual quedará excluido el incumplimiento derivado de caso fortuito o fuerza mayor. De tal forma, si el deudor considera estar liberado de toda responsabilidad debe probarlo, lo que implica que para la constitución en mora, deben coexistir los elementos formal y subjetivo.
El elemento formal está configurado por el mero acaecimiento del plazo, concepto que deriva de la obligación contenida en el art. 37 de la ley de rito que obliga al pago de los intereses sin necesidad de interpelación alguna. En tanto, el elemento subjetivo refiere a la inimputabilidad del deudor, cuya presencia en el derecho tributario procede de la aplicación supletoria de las normas del derecho privado, conforme la autorización expresa otorgada por el artículo 1 de la ley 11.683 (t. o. en 1998 y sus modificaciones). Así, resulta en la especie de aplicación el art. 509 del CC, vigente a la sazón, que dispensa de responsabilidad a quien acredite que la mora no le es imputable. Criterio este convalidado por la C.S.J.N. in re “Citibank NA”, del 1/6/00. Ello así, corresponde confirmar los intereses liquidados, toda vez que no se verifica en la especie una cuestión que revista una complejidad tal que habilite eximirla de responsabilidad.
XIV. Que corresponde tratar ahora las sanciones aplicadas con sustento en los arts. 46 y 47 inc. d) de la ley de procedimiento fiscal, que surgen de las determinaciones practicadas a los integrantes de la agrupación y que se aplicaron solo respecto del periodo 2001 en virtud de que para el resto de los períodos fiscales, como así también para la determinación correspondiente al impuesto al valor agregado determinado a la Agrupación empresaria, se dejó constancia que se suspendió la sustanciación del sumario en virtud de la denuncia penal efectuada.
Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y de acuerdo a lo expuesto en los Considerandos precedentes entiendo que se encuentra acreditado en la litis el elemento material de la infracción achacada. Ahora bien, en cuanto al elemento subjetivo, cabe señalar que el Juez Administrativo procede a citar lo dispuesto en el Dictamen jurídico acerca del encuadre de la conducta, para luego limitarse a señalar que en el caso, resulta aplicable el art. 47 inc d) de la ley 11.683, graduando las sanciones en 3 veces el impuesto dejado de ingresar.
En este sentido, es dable acotar que a través del inciso en cuestión, se habilita a presumir -salvo prueba en contrario- la intencionalidad defraudatoria “...en caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación”.
Ello así, teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47, inciso d) de la 11.683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de los ajustes enunciados en los Considerandos precedentes, por lo cual omitió el pago del impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, los que surgen palmariamente de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario. En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se les enrostra, corresponde confirmar las sanciones aplicadas a los contribuyentes, las que –por otra parte- se advierte han sido correctamente cuantificadas.
El Dr. Marchevsky dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la defensa de nulidad introducida por los recurrentes. Con costas.
2. Confirmar las resoluciones apeladas. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1° Nominación (art. 184 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.04.12 12:45:05 -03:00 Date: 2022.04.12 19:44:55 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.12 19:44:56 -03:00
Fin de la sentencia