Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala Ii) de Mar del Plata · Causa 165.539
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI)
Hacer lugar parcialmente recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía a fs. 923, modificando la sentencia recurrida únicamente en lo que respecta al modo de calcular los intereses moratorios sobre los rubros “daño moral” y “viajes y traslados” (los que serán liquidados conforme la modalidad establecida en el considerado «III.2.» de la presente sentencia), confirmándola en lo restante que hubiera sido motivo de agravio; II) Imponer las costas de Alzada en un 50% a la aseguradora recurrente y el 50% restante a la parte actora (art. 68 y 71 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967); IV)
REGISTRADA BAJO EL Nº 199-S Fo. 762/9 Expte. Nº 165539 Juzgado Civil y Comercial N°12 En la ciudad de Mar del Plata, a los 4 días del mes de septiembre de 2018 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “AGÜERO, MARTA BEATRIZ Y OT. C/ TRANSPORTES 25 DE MAYO S.R.L. Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es justa la sentencia de fs. 879/905?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia dictada el 19 de febrero de 2018 -y que obra glosada a fs. 879/905- viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la citada en garantía a fs. 923.
En lo que aquí interesa, el juez hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por Marta Beatriz Agüero y Luisa Fernanda Agüero contra la firma contra Alejo Daniel Cis y la firma Transportes 25 de Mayo S.R.L. condenando a éstos últimos, conjuntamente con la citada en garantía “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” a abonar a la actora la suma de $846.743 más intereses dentro de los diez días de quedar firme la sentencia. Impuso las costas a los accionados y difirió la regulación de honorarios. Asimismo, desestimó la demanda incoada por las accionantes contra Hugo Sebastián Pérez, con costas.
Para así decidirlo, luego de efectuar diversas consideraciones en torno al derecho aplicable y al encuadre normativo que el caso merece, explicó que no fue controvertida la mecánica general que tuvo el suceso que da origen al pleito: el 31 de diciembre de 2012 a las 10:33 horas un camión autobomba del Cuartel de bomberos local circulaba hacia una convocatoria de emergencia por avenida Colón en dirección a la costa, y al arribar a la intersección semaforizada con calle Santiago del Estero embistió con su frente al lateral trasero derecho del colectivo de la empresa demandada Transportes 25 de Mayo S.R.L. Como consecuencia del impacto, el camión de bomberos colisionó contra el semáforo ubicado en la ochava en tanto que el codemandado Alejo Daniel Cis -conductor del colectivo de línea 571- perdió el control del vehículo y subió a la vereda ubicada frente a la estación de servicio, culminando su trayectoria en unos comercios y atropellando en su trayecto a la Sra. Carmen Rosa Ruiz Guerrero, madre de las actoras.
Seguidamente detalló en clave crítica la actitud del chofer del colectivo, quien escuchó la sirena y bocina de la autobomba -y observó también al resto de los vehículos que circulaban por calle Santiago del Estero detenidos a raíz de tales alertas- y, aun así, inexplicablemente, se lanzó al cruce acelerando el rodado y provocando el choque fatal.
Con base en las constancias obrantes en la Investigación Penal Preparatoria instruida como consecuencia del hecho, concluyó que la responsabilidad por los daños ocasionados debía recaer exclusivamente en Alejo Daniel Cis, la firma dueña del colectivo (Transportes 25 de Mayo S.R.L.) y la citada en garantía, en la medida del seguro contratado. La demanda dirigida contra Pérez -chofer de la autobomba, sobreseído en sede penal- fue desestimada.
En cuanto a los daños, el magistrado reconoció los siguientes rubros: (a) $46.743 en concepto de daño emergente por los costos del vuelo realizado por la Sra. Marta Beatriz Agüero desde Wisconsin (Estados Unidos) a Mar del Plata; (b) $400.000 en concepto de daño moral para cada una de las actoras. Con relación a los intereses moratorios, resolvió que se liquiden desde la fecha del accidente (fs. 902) y a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, conforme lo resuelto por la Suprema Corte bonaerense en el fallo “Cabrera...” (c. 119176, del 15/06/2016).
II. Síntesis del recurso.
La citada en garantía presentó sus agravios a fs. 938/946, mereciendo la réplica de los restantes litigantes a fs. 950 (codemandado Pérez), 952/6 (coactora Marta Beatriz Agüero) y 958/962 (coactora Luisa Fernanda Agüero). Sus puntos de disconformidad pueden sintetizarse de la siguiente manera:
(i) Que el juez ha reconocido una indemnización de daño moral por un total de $800.000 en violación al principio de congruencia, sin reparar en que las propias accionantes reclamaron la suma global de $611.000. Critica además que las actoras no produjeron prueba suficiente para demostrar los fundamentos de su pretensión (en particular, la afectación física y psicológica derivada del fatal suceso en el que falleciera su madre).
Subsidiariamente, alega que el monto concedido por el juez a quo es improcedente, abusiva y anti funcional.
(ii) Que el juez incurre en una doble actualización de los rubros daño moral y viajes y traslados en la medida en que fueron estimados a valores actuales (es decir, al momento del dictado del fallo) y se hace correr los intereses desde el día del accidente a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Con cita de jurisprudencia de la Corte Federal y de la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca argumenta que la modalidad escogida por el juez genera un resultado injusto y un enriquecimiento sin causa.
III. Tratamiento de los agravios.
Analizaré las críticas que la compañía aseguradora formula siguiendo el orden en que han sido desarrolladas en su expresión de agravios.
III.1. Sobre el daño moral.
Tal como fuera reseñado en párrafos precedentes, las quejas que la citada en garantía formula sobre el rubro daño moral se dividen en tres tópicos: la violación a la regla de la congruencia (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA), la ausencia de evidencia que acredite el perjuicio (art. 375 del CPCCBA) y la abusividad y desmesura de la suma reconocida en la sentencia.
Adelanto que ninguna de las críticas esbozadas permite advertir un error en el fallo.
i. En primer lugar, no es tal el problema de congruencia que la recurrente dice advertir en la sentencia apelada.
En numerosos pronunciamientos de esta misma Sala he seguido el criterio -reconocido por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria- conforme el cual el daño debe ser cuantificado a la fecha de la sentencia, en tanto resulta ser el momento más cercano al que se hará efectiva la reparación. Ello es así en la inteligencia de que, en principio, los reclamos resarcitorios versan sobre deudas de valor, por lo que aquella estimación jurisprudencial -realizada en un momento posterior al hecho dañoso- no implica actualizar o repotenciar obligaciones pecuniarias sino determinar el contenido monetario de una cierta utilidad o valor que es objeto de controversia (Trigo Represas, F.A. - Cazeaux, Pedro N., "Derecho de las obligaciones. 3ra ed." La Plata, 1996, t. V, pág. 964 y sus cit.; Cám.Civ.Com. de Azul, Sala Primera, autos "Iglesias, Graciela M., Telleria, V.A. y Telleria, B. D. c/ Márquez, Alfredo A. s/ Daños y perjuicios", causa 1-57741-13, del 07/11/2013, Cám. Ap. de Trelew, sala A, "Morra, A. M. y otro c. Enríquez, C. y otro", del 27/05/2009, en voto del Dr. López Mesa, La Ley Online, AR/JUR/76491/2009, entre muchos otros). Esta modalidad de cuantificación, en principio, no genera problemas de congruencia en la medida en que no se busca dar más de lo pedido sino encontrar el valor actual del crédito originalmente reclamado y sometido a controversia (art. 34.4. y 163.6 del CPCCBA).
Solo podría advertirse un supuesto de resolución ultra petita en el caso en el que -mediando una coyuntura inflacionaria ínterin tramita el pleito- el crédito cuantificado mediante este mecanismo no solo arroje una suma nominalmente mayor a la peticionada en la demanda sino que sea también superior desde el punto de vista de su poder adquisitivo. Es decir, cuando el valor del crédito que el magistrado reconoce como indemnización sea mayor en términos reales (considerando su poder adquisitivo actual) y no solo en términos meramente nominales (considerando únicamente la cantidad de unidades monetarias implicadas).
Siguiendo este razonamiento, entiendo que es carga del litigante que invoca un vicio de congruencia demostrar que el crédito cuantificado mediante este mecanismo posee un valor real que es superior al valor real histórico del monto que fue dado a debate y sobre el cual ejerció su derecho de defensa. En el caso en estudio, el juez explicó en el considerando «4.d» de su sentencia que la suma global de $800.000 obedecía a una estimación a valores actuales de los $611.000 reclamados originalmente en el mes de agosto de 2013. Ahora bien, más allá de la diferencia nominal entre la cantidad de unidades monetarias reclamadas y las que fueron reconocidas en sentencia: ¿Es correcto afirmar que el juez reconoció un crédito mayor que aquel que fuera peticionado?
Algunas cuentas sencillas permiten arribar a una respuesta negativa. Los actores reclamaron el 28 de agosto de 2013 una suma global de $611.000. En aquella época el dólar estadounidense se vendía a $5.65 (fuente: bna.com.ar), el Salario Mínimo Vital y Móvil era de $3.600 (Res. 4/13 CNEPySMVyM) y la Canasta Básica Total publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tenía un valor de $552,94.-
(https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_10_13.pdf, último día de visita 28/08/2018). Ello significa que el crédito originalmente reclamado en agosto de 2013 tenía un valor de U$D108.141 y equivalía a 169,7 Salarios Mínimos Vitales y Móviles y a un total de 1105 Canastas Básicas Totales.
Si se utilizase esas mismas referencias para calcular a valores actuales el crédito originalmente reclamado el resultado sería sustancialmente mayor al que fijó el colega de primera instancia en su sentencia. Hoy 108141 dólares equivalen a más de 3.3 millones de pesos; los 169,7 salarios mínimos equivalen hoy a $1.697.000 y un total de 1105 cantas básicas totales (que a la fecha de la sentencia de primera instancia ascendían a $5675,69 -v.
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_03_18.pdf último día de visita 28/08/2018) equivalen a más de 6.2 millones de pesos.
Fácil es advertir que el juez, en términos reales y no meramente nominales, reconoció un crédito mucho más bajo a aquél que fuera peticionado en la demanda y sobre el cual la aseguradora tuvo oportunidad de defenderse. Si considero que la referencia más adecuada para calcular -al menos aproximadamente- el poder adquisitivo del dinero que integra la indemnización de las actoras es la informada por el INDEC (esto es, el costo de la Canasta Básica Total), debo concluir que el juez reconoció un crédito cuyo contenido económico equivale solo al 12,9% del que fue originalmente reclamado. O sea, los 800.000 pesos de febrero de 2018 que aparentan ser “más” que el monto reclamado en realidad configuran una reducción del 87,1% del valor real de la indemnización peticionada en la demanda.
La inflación que aqueja a nuestra economía desde hace muchos años no solo dificulta la tarea de cuantificar rubros indemnizatorios sino que además distorsiona nuestras percepciones sobre el contenido económico real de los créditos que son objeto de reclamo y debate. La depreciación de la moneda en la que se expresan las indemnizaciones también obliga a guardar especial cautela al analizar la congruencia del fallo y estudiar la adecuación y corrección de los montos que finalmente se reconocen en las sentencias luego de meses o años de trámite judicial.
El problema de congruencia que la recurrente dice advertir en el fallo apelado es producto de lo que los economistas denominan la "ilusión monetaria": pensar y analizar los créditos dinerarios por su valor nominal (la cantidad de dinero que el deudor debe entregar al acreedor) y no por su valor real (el poder adquisitivo de las sumas de dinero que componen la deuda). Ello explica el error de creer que $611.000 en 2013 "es más" que $800.000 en 2018, cuando ello solo es así en términos estrictamente nominales. A poco que se consideran otras variables (sobre todo aquellas que impactan y determinan el poder adquisitivo del dinero), se advierte que esta última suma tiene un valor real mucho más bajo que el monto primigeniamente reclamado por las actoras. No cabe perder de vista que para avaluar el daño moral debe tenerse en cuenta que el monto indemnizatorio por daño no patrimonial “deba fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas” (arg art. 1741 del Cód. Civil y Comercial) y que “la plenitud indemnizatoria descarta sumas depreciadas, inservibles para obtener satisfacciones. Ello supone cuantías con poder adquisitivo real, sin cristalización al momento del daño o de la demanda, cuando ha disminuido a la fecha de la sentencia o la de su cumplimiento” (Matilde Zavala de González, RCyS, 2013-XI, portada; esta Sala, causas n°161169 -"Ruiz Díaz..."- del 18/10/2016, n°157719 -"Chuliber..." del 03/09/2015, n° 123295 -"Almeida..." del 11/08/2015, n° 156139 -"Correa..."- del 28/10/2014, n° 154320 -"Carelli..." del 03/12/2013).
En suma, reitero, el problema de congruencia que la aseguradora invocó es inexistente y el agravio que en tal sentido ha formulado debe ser desestimado (arts. 18 CN, 15 CPBA, 34.4, 163.6 y cctes. del CPCCBA).
ii. La crítica que la recurrente postula sobre el sustento probatorio del rubro bajo análisis se encuentra desierta (art. 260 del CPCCBA).
El juez de primera instancia ha juzgado que el daño moral reclamado por las actoras emerge “in re ipsa” de los hechos que dan origen a este pleito, motivo por el cual la súbita e imprevista muerte de la madre de las actoras en un accidente de tránsito configura un suceso lo suficientemente relevante como para presumir en juicio la existencia de un daño extrapatrimonial (art. 163.5 in fine del CPCCBA).
La citada en garantía ha hecho foco en su recurso en la falta de evidencia vinculada al daño moral y en la deficitaria actividad probatoria de las actoras con relación a este rubro en particular, pero no ha dedicado párrafo alguno a derrotar la premisa central en la que se sostiene la decisión que lo agravia: esto es, que a criterio del juez esa evidencia no era siquiera necesaria para juzgar la procedencia del reclamo.
El recurso aquí ostenta una deficiencia de fundamentación que motiva su deserción parcial en tanto no resulta útil criticar la falta de prueba sobre un perjuicio en particular si no se ha criticado previamente el criterio conforme el cual el juez anticipó que la prueba que produjeron -u omitieron producir- las actoras ninguna relevancia ha tenido a la hora de juzgar la procedencia y cuantía del rubro.
Esta Sala ha resuelto que la crítica concreta y razonada “presupone un ataque a los pilares sobre los que el juez de grado edifico´ su decisión, y si alguno de los que sostienen -en forma independiente- la construcción del juzgador no fuera socavado, no hay posibilidad alguna de conseguir la revocación de la resolución apelada; por ello, no cumple con la obligación legal el apelante que deja incólume por falta de crítica un aspecto de la resolución que tiene andamiento suficiente para constituirse en su soporte jurídico o lógico” (causa n° 114.866, en autos “Consorcio Edificio Maral 22 c/ Santos Alicia María y otro s/ Ejecución de expensas”, del 4-5-2001; más recientemente, c.122680 "Conti, Ana María c/Pacheco, Walter s/Daños y Perjuicios...", del 17/08/2010). En igual sentido la Casación tiene dicho que «[n]o cumple acabadamente con la exigencia contenida en el art. 260 del Código adjetivo, que alude a una "crítica concreta y razonada" de las partes del fallo que el apelante estime equivocadas, la impugnación que soslaya hacer alusión al fundamento principal de la resolución cuestionada, el que resulta -entoncesvirtualmente firme» (SCBA, C.116953, in re "Perazo Construcciones S.A...", del 14/08/2013).
Por todo lo expuesto, entiendo que el agravio -en este punto en particular- carece de una crítica concreta y razonada que permita juzgarlo admisible, motivo por el cual corresponde su desestimación (arg. arts. 260 y 261 del CPCCBA).
iii. Idéntica solución cabe adoptar con relación al planteo subsidiario que esboza la recurrente a fs. 941/vta, vinculado a la improcedencia del monto fijado por el juez.
Reiteradamente ha dicho esta Sala que la expresión de agravios debe contener un mínimo de técnica recursiva por debajo de la cual las simples consideraciones o quejas carecen de entidad jurídica como agravios, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez, sin hacerse cargo de los fundamentos de la resolución apelada (mi voto en causas n° 162163 -“Pereira...” del 22/09/2016, n° 162083 -“HSBC Bank Argentina S.A...” del 22/12/2016, n° 162403 -“Etcheverry...”- del 07/02/2017, n° 162247 -“Di Sabatto...”- del 06/04/2017, n° 162837 -“Musoni...”- del 15/05/2017, n°162854 -“Argaña...”- del 22/06/2017, n° 163775 -“Reyes...”- del 09/08/2017, entre otros).
Más allá de exponer un conjunto de citas doctrinarias y jurisprudenciales vinculadas a la definición técnica de daño moral y a la forma en que debe ser cuantificado, no advierto que la citada en garantía exponga razones serias y fundadas para considerar que la indemnización que le fue reconocida a las actoras por la súbita muerte de su madre resulta “desmesurada, abusiva y antifuncional”, como se afirma a fs. 941/vta. La falta de crítica se hace aún más evidente si considero que en el caso, a la luz de lo dicho en párrafos precedentes, el monto fijado por el juez terminó siendo equivalente a una porción ínfima del valor real del crédito reclamado en la demanda (v. supra, punto III.1.ii).
Frente a la notoria carencia de crítica, cabe tener por no fundada esta parte del recurso, debiendo soportar el apelante las consecuencias previstas en el art. 261 del CPCCBA (esta Sala, causas 100.439, RSI 259-97 del 15/4/97; 138.858, RSD 197-08 del 15/5/08; entre muchos otros).
III.2. Sobre el modo de liquidar los intereses moratorios.
Distinta es la suerte que debe correr el agravio vinculado al modo en que deben ser calculados los intereses moratorios sobre el crédito de las reclamantes. En este punto la compañía aseguradora tiene razón.
i. He dicho en otra oportunidad (mi voto en la sentencia única dictada en causas 165.213 y 165.214 del 04/06/2018, autos "Taddey..." y "Cerizola...") que la Casación provincial se ha inclinado desde hace mucho tiempo por la aplicación de tasas bancarias pasivas para liquidar intereses moratorios. Subyace en esa decisión una muy particular (y discutible) concepción del daño moratorio que sufre el acreedor insatisfecho: bajo esta mirada, el pago tardío le ocasionaría la pérdida de la renta de un capital destinado al ahorro -que se repara con un interés liquidado mediante una tasa bancaria pasiva-, cuando en la generalidad de los casos puede estimarse (con mayor sustento en la realidad) que aquel perjuicio se identifica con el costo de tener que acudir al crédito para suplir la ausencia de un dinero que estaba destinado al consumo de bienes y servicios (financiación para la cual el acreedor debió abonar una tasa bancaria activa). La Suprema Corte fijó su posición sobre la utilización de tasas pasivas sobre depósitos a treinta días a inicios de la década del noventa en “Zgonc…” (C.43.858 del 21/05/1991), y lo reiteró en recientemente en las causas “Ponce...” y “Ginossi” (causas 101.774 y 94.446, ambas del 21/10/2009). El hecho de que no se haya especificado el sistema de captación de los fondos permitió a los tribunales inferiores encontrar una salida algo más justa para el acreedor: utilizar las tasas que paga el Banco Provincia en sus captaciones realizadas por homebanking (tasas también pasivas, por supuesto, pero sustancialmente más altas que las que paga por depósitos en ventanilla; v. esta misma Sala, causa n°155954 -"Rojas....-" del 04/09/2014, voto del Dr. Loustaunau). Esta modalidad con el tiempo fue admitida en el fallo "Zócaro" (L.118.615, del 11/03/2015) y luego incorporada a una nueva doctrina legal conforme la cual los jueces debían utilizar la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (Ac. 119176, “Cabrera...”, del 15/06/2016).
Es claro que el debate entre aquellos que han defendido la aplicación de tasas activas (un gran número de tribunales de Alzada de la provincia) y los que sostienen la aplicación de alícuotas pasivas (nuestra Corte) no solo tiene una raíz conceptual (sobre cuál es la función a que está destinado a cumplir este accesorio) sino también práctica. Los tribunales han acudido a las tasas activas porque resultaban útiles para compensar -en parte, al menos- la depreciación monetaria que afectaba el contenido económico del capital de condena. El interés moratorio judicial, quiérase o no, ha venido a cumplir una doble función: la que le es propia (reparar el daño moratorio) y una, si se quiere, que es impropia: repotenciar indirectamente un crédito que se ve depreciado por el proceso inflacionario y sobre el cual la ley impide utilizar sistemas de repotenciación explícitos (art. 7 de la Ley 23.928).
Ahora bien, ha sido la Suprema Corte bonaerense la que ha resuelto en reiteradas oportunidades que los rubros resarcitorios pueden ser cuantificados a valores más cercanos a la fecha de la sentencia o incluso en la etapa de ejecución (entre muchos otros, véase c. 101.107 -“Arbizu...”- del 23/03/2010 c. 117735 -"Bi Launek"- del 24/09/2014, c. 117501 -"Martinez"- del 04/03/2015, c. 119449 -"Córdoba..."- del 15/07/2015, c. 102963 -"Sabalete..."- del 07/09/2016, c. 120192 -"Scandizzo de Prieto"- del 07/09/2016, entre muchos otros). Esta pauta permitía y aun permite, de alguna manera, superar el valladar impuesto por la prohibición de indexación que contiene la Ley de Convertibilidad y expresar en valores actuales o cercanos a la sentencia el contenido económico del crédito reconocido al actor (caso contrario, la utilización de valores históricos conlleva el previsible resultado de una acreencia licuada por el envilecimiento del signo monetario). El reconocimiento legal de la noción de deuda de valor en el artículo 772 del nuevo Código Civil y Comercial brindó un mayor sustento normativo a esta modalidad de cuantificación.
Sin embargo, el problema aparece cuando -en contextos de aguda inflación, como el actual- la utilización de tasas bancarias para liquidar la totalidad de los accesorios por mora termina por superponer dos formas más o menos explícitas de actualización: la utilizada para el capital y la generada por el cálculo de intereses mediante alícuotas que ya internalizan la depreciación de la moneda.
La cuestión lejos está de ser novedosa. Como bien señala Casiello -y coincide en ello Trigo Represas-, la jurisprudencia ha enfrentado este problema desde por lo menos finales de la década del 50, época en la que los tribunales comenzaron a diseñar soluciones variopintas para evitar la desproporción entre el capital actualizado y los intereses moratorios calculados con tasas vigentes en épocas inflacionarias. Algunos optaron por escalonar el capital y el interés para acomodarlo a las oscilaciones inflacionarias en tanto que otros escogían tasas promedios y las aplicaban en forma rígida; finalmente, otro sector de la jurisprudencia prefirió utilizar tasas puras propias de épocas de estabilidad económica desde la mora y hasta la fecha de la sentencia y de allí en adelante acudir a tasas bancarias regulares (Casiello, Juan J. en “Los intereses y la deuda de valor (Doctrinas encontradas y saludable evolución de la jurisprudencia)”, Publicado en La Ley 151, 864, Obligaciones y Contratos Doctrinas Esenciales Tomo III, 219; Trigo Represas, Félix A. "Intereses", La Ley, 28/07/2008).
Esta última es la modalidad que fue convalidada por la Corte Federal en fallos que se remontan hasta los inicios de la década del setenta. Así lo resolvió en "Nación Argentina c. Rodríguez de Moldes" (Fallos: 283:235, del 16/08/1972), en "S A. La Razón E.E.F. y C. c/ Nación Argentina" (Fallos: 283:267, del 30-08-1972) y en “Tawil, Ricardo S. y otro c. Teisaire, Arturo” (Fallos: 288:164, del 11-03-1974) por solo mencionar algunos. Recientemente en el caso "Fontana, Mariana A. c/ Brink´s Argentina S.A. y ot." (del 03/10/2017) la Corte reiteró su posición -o al menos lo hizo implícitamente- al resolver que la utilización de tasas bancarias para liquidar intereses sobre un capital estimado a valores actuales es una modalidad "que exhibe una evidente orfandad de sustento" (fallo cit., considerando 8°).
En mi voto en las causas “Pellizi...” (c. 161257, sentencia del 06/10/2016) y “Larrea...” (c. 163205, sentencia del 06/09/2017) afirmé que «[l]a utilización de tasas puras desde la fecha del hecho hasta la de la sentencia es una razonable herramienta que pretende evitar resultados que pueden ser calificados de injustos, cual es el caso del damnificado que recibe el capital aumentado (representado aquí por la cuantificación actual del valor reclamado), y a la vez, sobre dicho capital percibiría el accesorio de los intereses a una tasa (activa o pasiva) solo justificable en épocas de aguda inflación. La concurrencia de dos correctivos encaminados al mismo fin, produciría, a favor del damnificado, un enriquecimiento sin causa».
Ahora bien, no era esa la posición que -hasta hace muy poco- había sostenido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
En efecto, mientras que en otras jurisdicciones ya se habían adoptado soluciones para evitar dobles repotenciaciones (v. a modo de ejemplo, plenario por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en autos “Samudio de Martínez, L. c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y Perjuicios” del 20/04/2009) en nuestro ámbito la Suprema Corte resolvió que al liquidar intereses moratorios no cabía efectuar distingos entre rubros estimados a valores vigente a la fecha del reclamo y aquellos que se cuantifican al momento más cercano a la sentencia, estableciendo -en cambio- un único punto de partida para todo el cálculo: el día en que se produce el daño (SCBA, in re “Cabrera”, Ac. 119176, del 15/06/2016, in re “Padin”, C. 116.930, sent. del 10/08/2016- considerando "3.e" del voto del Dr. Pettigiani-).
A menos de dos años de aquellas decisiones, la Corte con sede en La Plata ha decidido cambiar radicalmente su posición en los recientes fallos "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018). Conforme esta nueva doctrina, en los casos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.). De allí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (en este punto se mantiene vigente lo resuelto en “Cabrera...” -c. 119176, del 15-6-2016).
Los Ministros afirmaron que "la aplicación de una tasa pasiva bancaria al capital de condena determinado en el caso a valores actuales conduce a un resultado desproporcionado que sobrestima la incidencia de ciertos componentes sin causa justificada y arroja un resultado que excede de la expectativa razonable de conservación patrimonial" (fallo cit., considerando II.3.e.iii).
El criterio, tal lo dicho en párrafos precedentes, es enteramente compartible. Si se utilizan tasas bancarias [pasivas o activas] que han sido determinadas en función del fenómeno inflacionario y se las aplica en forma retroactiva sobre un capital que ya fue cuantificado teniendo en cuenta el envilecimiento del signo monetario (sea por vía de indexación, o representación actual de un cierto valor), se produce una previsible distorsión que altera el significado económico de la condena y que encierra -en este punto- un enriquecimiento del acreedor que carece de causa.
Adviértase que no se trata de modificar el interés que percibe el actor como complemento que se devenga ex lege y que tiene como función indemnizar el daño moratorio (esto es, aquel que sufre el acreedor por el retraso del deudor en el cumplimiento de la obligación). Por el contrario, el sistema de liquidación que ahora propone la Suprema Corte local lo que permite es evitar que los intereses moratorios terminen cumpliendo una función que -en principiono le es propia: mantener el contenido económico de un capital que, en este caso en particular, ya se encuentra expresado en valores actuales (art. 622 del Cód.Civ. -Ley 340- y 768 y sig. del Cód.Civ.Com. -Ley 26.994-; mi voto en causas n° 165.213 y 165.214 -autos "Taddey..." y "Cerizola..."- del 04/06/2018). El juez de la instancia previa cuantificó la indemnización de $400.000 en concepto de daño moral para cada una de las reclamantes aclarando expresamente que ello suponía una estimación a valores actuales del monto originalmente reclamado en agosto de 2013. Lo mismo hizo con relación al rubro “viajes y traslados” (v. fallo, cons. «4.a.2» y «4.d»)
Por ello, y a la luz de la ya referenciada doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires sentada en los fallos “Vera” y “Nidera S.A.” (c.120.536 del 18-IV-2018 y c.121.134, del 03-V-2018), corresponde que los intereses moratorios sobre el capital correspondiente a los rubros “daño moral” y “viajes y traslados” (v. fallo de primera instancia, considerandos «4.a.2» y «4.d») sean calculados desde la fecha del hecho y hasta el momento en que se determinó el valor del capital controvertido (el 19/02/2018, fecha de la sentencia de primera instancia), a una tasa pura del 6%. De allí en más, resultará aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (“Cabrera...” -c. 119176, del 15-6-2016). Con tales alcances corresponde hacer lugar al recurso de la compañía aseguradora, modificando la sentencia de primera instancia (art. 622 del Cód.Civ. -Ley 340- y 768 y sig. del Cód.Civ.Com. -Ley 26.994-).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: 1. Hacer lugar parcialmente recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía a fs.923, modificando la sentencia recurrida únicamente en lo que respecta al modo de calcular los intereses moratorios sobre los rubros “daño moral” y “viajes y traslados” (los que serán liquidados conforme la modalidad establecida en el considerado «III.2.» de la presente sentencia); confirmándola en lo restante que hubiera sido motivo de agravio 2. Imponer las costas de Alzada en un 50% a la aseguradora recurrente y el 50% restante a la parte actora (art. 68 y 71 del CPCCBA); 3. Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I)
Hacer lugar parcialmente recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía a fs. 923, modificando la sentencia recurrida únicamente en lo que respecta al modo de calcular los intereses moratorios sobre los rubros “daño moral” y “viajes y traslados” (los que serán liquidados conforme la modalidad establecida en el considerado «III.2.» de la presente sentencia), confirmándola en lo restante que hubiera sido motivo de agravio; II) Imponer las costas de Alzada en un 50% a la aseguradora recurrente y el 50% restante a la parte actora (art. 68 y 71 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967); IV) Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC). Devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU SECRETARIO
Fin de la sentencia