Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la caducidad de instancia en el presente recurso de casación, planteada por la parte actora.
2Costas a la parte recurrente.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Treinta y tres.
San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de octubre de 2026.
Estos autos Corte Nº 027/26, “AGÜERO, Norma Anahí c/ JABIF, Marcela Ruth s/ Beneficios Laborales s/ RECURSO DE CASACION”; y,- -
Que llegan las presentes actuaciones a este Tribunal en virtud del incidente de caducidad de instancia deducido a fs. 25/37 por la parte actora de los autos principales en contra del recurso de casación intentado a fs. 01/23vta.
Solicita la caducidad referida en los términos del art. 310, inc. 2, del C.P.C.C., por haber transcurrido las circunstancias y el plazo señalado.
Afirma que la casación fue presentada el 02/03/2026 a horas 07:00 y se ha proveído el 03/03/2026 y el 06/03/2026, sin que a la fecha se hayan observado movimientos, ni se ha corrido traslado a su parte. Por lo que ha operado la caducidad peticionada, atento haber transcurrido con creces el plazo de perención estatuido en la norma precitada.
Agrega que su parte no consiente actuación procesal alguna del casacionista realizada con posterioridad a la providencia de fecha 06/03/2026.- -
Asimismo, sostiene que no habiendo cumplido la contraria con la intimación dispuesta en el providencia del 06 de marzo de 2026, se haga efectivo los apercibimientos del art. 120, segundo párrafo, del C.P.C.C. y se tenga por no presentado el recurso de casación interpuesto por la demandada, ordenando la restitución del escrito a la contraria.
Que para el hipotético caso que no se hiciera lugar a la caducidad y/o a la aplicación del art. 120 citado, en forma subsidiaria contesta el recurso de casación, en los términos que expone.
Corrido el traslado de ley, luce a fs. 43/50vta. la contestación respectiva. La parte demandada señala que la pretensión deducida intenta hacer recaer sobre su parte las consecuencias de actuaciones cuya prosecución dependía exclusivamente del órgano jurisdiccional, atribuyéndole una supuesta inactividad procesal inexistente y prescindiendo del estado real del trámite recursivo, de las particularidades introducidas por la Acordada de Corte N° 4746/2025 y del funcionamiento del sistema de gestión judicial implementado por el propio Poder Judicial.
Que el incidente constituye un intento de obtener la extinción de un recurso extraordinario mediante una interpretación formalista del instituto de la caducidad, desconociendo que ésta constituye una sanción procesal de aplicación excepcional, cuya procedencia exige una conducta omisiva concreta, jurídicamente relevante e imputable a la parte interesada.
A continuación, efectúa una reseña de los antecedentes. Señala que con fecha 02 de marzo de 2026 su parte interpuso, en legal tiempo y forma, recurso de casación en contra de la resolución dictada en estos autos, cumpliendo íntegramente todas las cargas procesales impuestas por la legislación vigente y por las Acordadas dictadas por este Tribunal.
Posteriormente, por providencia de fecha 03 de marzo de 2026, la Cámara dicta un decreto, que transcribe, el cual afirma no impuso carga procesal alguna a su parte. Que, muy por el contrario, la Alzada impartió una orden dirigida exclusivamente a la Secretaria para que procediera a conformar el expediente físico, conforme el nuevo régimen establecido por la Corte de Justicia.- -
Que, en cumplimiento de dicha providencia, con fecha 06 de marzo de 2026 se formó el expediente N° 23/26, “Agüero, Norma Anahí c/ Jabif, Marcela Ruth s/ Recurso de Casación”; ordenándose correr traslado del recurso interpuesto. Ese fue el último acto procesal dictado en la causa, la cual recién fue notificado por medio de la cédula de notificación de fecha 25/06/2026. Recalca que tampoco en dicha oportunidad se requirió actuación alguna a su parte y que el Tribunal simplemente ordenó sustanciar el recurso mediante el traslado legal correspondiente, actuación cuya materialización dependía exclusivamente de la Secretaría.
Que la actora pretende computar un supuesto periodo de inactividad imputándola a su representación, omitiendo considerar que, desde el dictado de las dichas providencias, el impulso del procedimiento había quedado íntegramente sometido al cumplimiento de actos propios del órgano jurisdiccional.-
Refiere en relación al instituto de la caducidad de instancia, a cuya lectura nos remitimos, en honor a la brevedad.
Destaca que el presente se trata de un proceso laboral y que la sustanciación del recurso de casación cuya tramitación fue expresamente reglamentada por la Corte de Justicia mediante un régimen especial modificó el modo de formación y gestión del expediente.
Adiciona que en el caso no existe inactividad procesal imputable a su parte, y que la paralización del trámite obedeció exclusivamente a actos pendientes del órgano jurisdiccional, según desarrolla.
Además, sostiene que el expediente de casación nunca fue adecuadamente incorporado al circuito informático institucional de manera que permitiera a las partes conocer razonablemente su existencia, ubicación y estado del trámite. Que el expediente de casación no aparece vinculado al expediente principal dentro del Sistema Iurix, conforme la documental que adjunta, lo que no constituye una mera irregularidad administrativa, sino que incide sobre el ejercicio del derecho de defensa y las posibilidades reales de las partes de controlar el desarrollo del proceso.
Apunta que si bien la Acordada N° 4746/2025 estableció que la sustanciación del recurso de casación continuaría exclusivamente en soporte papel, esta disposición reglamentaria no puede interpretarse aisladamente, ni en contradicción con los principios constitucionales que gobiernan al proceso judicial. Que el expediente tramite en formato papel no significa que pueda permanecer desvinculado del sistema institucional de consulta o privado de toda publicidad informática. Que una cosa es el soporte físico del expediente y muy distinta es la obligación del órgano jurisdiccional de garantizar la identificación, trazabilidad y accesibilidad de dicho trámite mediante los sistemas oficiales de gestión judicial.- -
Que ambas cuestiones responden a finalidades distintas y perfectamente compatibles. La Acordada regula el soporte documental y no autoriza la supresión de mecanismos mínimos de publicidad procesal, ni libera al órgano jurisdiccional del deber de asegurar condiciones razonables para que las partes puedan conocer el estado del proceso.
Que interpretar lo contrario implicaría admitir que un expediente judicial pueda permanecer prácticamente invisible para quienes intervienen en él, circunstancia incompatible con los principios de transparencia, publicidad de los actos procesales y tutela judicial efectiva.
Expone sobre el principio de confianza legítima y tutela judicial efectiva en lo que respecta al sistema de gestión electrónica y afirma que en el caso aun cuando hipotéticamente pudiera sostenerse la existencia de un periodo de inactividad, lo cierto es que dicha circunstancia jamás podría reputarse imputable a su parte cuando el propio órgano judicial no aseguró la adecuada publicidad, identificación y vinculación del expediente de casación mediante los sistemas oficiales implementados para tal finalidad.
Peticiona la certificación por Secretaría de los extremos que individualiza en su presentación bajo el acápite IX), puntos a) y b).
Finaliza señalando que la contestación subsidiaria del recurso de casación importa un reconocimiento expreso de la vigencia del trámite recursivo y desvirtúa la premisa fáctica sobre la que se sustenta el planteo de caducidad, por los fundamentos que despliega.
Formula reserva de ocurrir antes las instancias superiores que pudieran corresponder.
A fs. 51 se dispone elevar los autos a este Tribunal, quedando la causa en estado de resolver (fs. 54).
De conformidad con lo sostenido por esta Corte de Justicia en los respectivos procesos sometidos a su consideración, la caducidad de instancia es una institución procesal aplicable a los procesos dispositivos, en virtud de la cual, ante la inactividad de la parte sobre quien pesa la carga de impulsar el procedimiento, durante determinado lapso, de oficio o a pedido de parte, el Tribunal puede declarar el cese del curso de la instancia (cfr. Falcón, Enrique M., Caducidad o perención de instancia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 11).
De ello se desprende que para que proceda la declaración de la caducidad de una instancia debe existir: a) una instancia, que es la que va a perimir; b) inactividad procesal en esa instancia; y, c) cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad procesal.
Es de señalar que las instancias recursivas se inician con el escrito de interposición de un recurso contra una determinada resolución judicial. Además, la carga del impulso procesal corresponde a la parte que interpone el recurso, por cuanto es ella quien tiene interés legítimo en su prosecución y revisión del fallo dictado. Esta regla resulta aplicable a la segunda instancia, así como para las ulteriores instancias ordinarias o extraordinarias (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea – Julio C. Ovejero López, Caducidad de la instancia, ed. Astrea, Buenos Aires, 2014, p. 37 y sgtes.), rigiendo lo normado por el art. 310, inc. 2, del C.P.C.C., en cuanto a los plazos respectivos; lapso que se computa desde la última actuación del Tribunal o de la parte que tenga por efecto impulsar el procedimiento, según lo prescribe el art. 311 del mismo cuerpo normativo.
También cabe mencionar que la regla dispuesta por el art. 310, inc. 2, del C.P.C.C. resulta aplicable en la instancia extraordinaria de la casación aun cuando se trate de un pleito laboral; dicho criterio fue sentado por la CSJN en diversos fallos en los que señaló: “que la caducidad de instancia es aplicable a los recursos de queja originados en el fuero laboral en virtud que no varía en razón de las particularidades de dicho fuero (Fallos CSJN 236:17; 302:1492; 303:893 y 1236; 311:813 y 2021; 312:1613; 314:569: 316:63 y 624, entre otros).
Ello responde a la circunstancia que planteado el recurso extraordinario de la casación finaliza la intervención de los jueces laborales en las instancias ordinarias, creándose una jurisdicción de excepción regida por su propia normativa (cfr. S.I. N° 07/2019, autos Corte N° 05/18, “Ludueña, Miguel Jorge c/ Autogas S.R.L. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación”; S.I. N° 10/2025, autos Corte N° 027/24, “Martínez, Leonardo David c/ Aragón, Héctor Alejandro s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación”; entre otras).
Por lo cual, al presente caso son de aplicación las consideraciones antes vertidas en cuanto a los requisitos de procedencia del instituto examinado y lo precisado respecto a la carga del impulso procesal, lo que, a continuación, corresponde verificar en orden a la declaración pretendida.
En esta tarea, ingresados a analizar las constancias de autos, se advierte que el respectivo memorial de agravios del recurso de casación fue presentado por la parte demandada con fecha 02/03/2026, conforme A.D. N° 181142/2026 (fs. 01/23vta.), habiéndose dictado la providencia de fecha 06/03/2026 (fs. 24), mediante la cual se ordenó correr traslado a la contraria del recurso deducido, disponiendo dos recaudos: la presentación de las copias simples exigidas en el art. 120 del C.P.C.C. y la notificación personal o por cédula, sin que desde dicha fecha exista acto procesal alguno hasta el pedido de caducidad de instancia formulado por la parte actora con fecha 11/06/2026 (fs. 25/37).
Teniendo en cuenta lo expuesto, en estos autos se advierte que la única actuación de la recurrente consistió en la presentación del memorial de agravios del recurso de casación, decretado el 06/03/2026 (fs. 24), comprobando, luego, inactividad procesal absoluta, por la ausencia de actos de impulso del procedimiento recursivo, habiendo transcurrido, a la fecha del planteo que formula la parte actora (11/06/2026, fs. 25/37), el plazo de tres meses previsto por la norma citada (art. 310, inc. 2, del C.P.C.C.).
La jurisprudencia tiene señalado que el fundamento de la perención de la instancia es la presunción de abandono del juicio y tiene como correlato o analogía el instituto del desistimiento del proceso, que es expreso (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea – Julio C. Ovejero López, ob. cit., ed. Astrea, Buenos Aires, 2014, p. 5).
Ahora bien, en atención a lo expresado por la parte demandada al momento de contestar el incidente de caducidad de instancia objeto de resolución, es necesario efectuar las siguientes precisiones.
La CSJN tiene establecido que: “A partir de la fecha en que se concede el recurso extraordinario es obligación del apelante realizar todas las diligencias procesales a fin de elevar el juicio a la Corte” (Fallos: 300:205). Así, la Corte ha declarado la caducidad de la instancia cuando se excede el plazo establecido en el artículo 310, inciso 2° del CPCCN, sin que durante dicho período se haya realizado actividad procesal impulsora por parte de la recurrente (Fallos: 307:1029). En este sentido, dijo que: “la obligación de remitir la causa al tribunal superior correspondiente no exime a las partes de llevar a cabo los actos necesarios para impulsar su cumplimiento, especialmente frente a la omisión del órgano judicial correspondiente” (Fallos: 340:516, 126; 332:1074; 330:3020; 330:1854; 329:3616; 327:5194, 314:1438; 295:485; “Motores”, 16/04/2019; “JM Y J Construcciones”, 26/11/2019; “Administración Federal de Ingresos Públicos”, 08/04/2008).
Esta Corte de Justicia, así como la Sala de Recursos Ordinarios y Extraordinarios de este Tribunal, en pronunciamientos judiciales dictados, ha reiterado el criterio en relación a que las notificaciones pertinentes -redacción de la cédula correspondiente- pesan sobre la parte interesada en mantener vivo el recurso, quien si deja transcurrir el plazo corre el riesgo de que se declare la caducidad de la instancia respectiva. Así se ha remarcado que: “La carga de instar el proceso pesa sobre quien promovió la vía recursiva (…), no pudiendo desentenderse de la marcha del recurso, por lo que dicha carga sólo cesa cuando el planteo impugnaticio se encuentra en condiciones de ser resuelto (Art. 311 del C.P.C.C.)” (cfr. S.D. Nº 10/2023, autos Corte Nº 036/21, “Ferreyra, Lourdes Emilia y Ferreyra, Renzo Gabriel c/ Segovia, Luis Néstor s/ Filiación s/ Casación”; S.D. N° 13/2024, autos Corte Nº 033/23, “B.L.M.E. C/ P.E.A. s/ Daño Moral s/ Recurso de Casación”; S.I. N° 28/2025, autos Corte N° 041/25, “Lucanera, Alberto Enrique c/ Espeche, Miguel Ángel s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación”; entre otras).
Aplicado lo señalado al caso de autos, resulta indudable que la notificación establecida en el proveído de fecha 06/03/2026 (fs. 24) recaída sobre la parte recurrente y no en el órgano judicial, pues el art. 290 del C.P.C.C. no establece que ella deba efectuarse de oficio por el Tribunal. Por el contrario, se trataba de una actividad concerniente a la recurrente, en tanto la carga del impulso procesal corresponde a la parte que interpone el recurso, por cuanto es ella quien tiene interés legítimo en la prosecución y revisión del fallo dictado por la Cámara de Apelaciones, no habiendo efectuado ningún acto procesal a dichos fines.
Además, cobra especial relevancia los recaudos establecidos en el proveído analizado a los efectos de la sustanciación del recurso de casación (fs. 24), esto es, la presentación de las copias simples exigidas en el art. 120 del C.P.C.C. y la notificación personal o por cédula, sin que ninguno de aquellos actos procesales fueron cumplidos por la parte recurrente.
Se adiciona el periodo de tiempo transcurrido (desde marzo de 2026 hasta junio de 2026), sin que la parte interesada observara alguna conducta procesal tendiente a la tramitación del recurso interpuesto y la oportuna elevación de los autos a este Tribunal para su resolución, siendo aquella la principal interesada y sobre quien pesaba la carga de instar el curso de la instancia recursiva que se abrió con la presentación del recurso de casación en el mes de marzo de 2026.
Sobre ello, se tiene en cuenta que la carga procesal “es un imperativo del propio interés”, es decir, que se establece en beneficio del propio sujeto sobre quien se impone la carga, y cuyo incumplimiento implica la pérdida de ese beneficio o ventaja para él (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea – Julio C. Ovejero López, ob. cit., ed. Astrea, Buenos Aires, 2014, p. 102).
Respecto de los argumentos desarrollados por la parte demandada incidentada en orden al sistema informático IURIX, los mismos no tendrán acogida favorable.
Al respecto, se señala que la Acordada N° 4565, del 27/05/2022, dispuso la implementación progresiva del Sistema de Expediente Digital (SED) – IURIX, iniciando en la Primera Instancia según lo reglamentado por Acordada N° 4575, del 03/08/2022.
Luego, por Acordada N° 4613, de fecha 17/05/2023, se implementó dicho sistema en las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas desde el 29/05/2023, respecto de los expedientes digitales y/o mixtos elevados por los juzgados de primera instancia digitalizados a partir de esa fecha.
Por su parte, por Acordada N° 4623, de fecha 03/08/2023, se estableció que el recurso de casación debe ser presentado en formato papel, con independencia que el expediente correspondiente ya se encuentre digitalizado, y su tramitación se realizará en formato papel (Punto II, apartado c).
A ello se adiciona, la Acordada N° 4746, de fecha 28/07/2025, que modificó el inc. c del Punto II de la Acordada N° 4623, consignando que el recurso de casación podrá ser presentado por los profesionales en formato PAPEL y/o DIGITAL, por ante la Cámara de Apelaciones respectivas; sin perjuicio de ello, la tramitación del recurso se realizará exclusivamente en formato PAPEL, debiendo elevarse en tal formato (PAPEL) a la Corte de Justicia.- -
Estas reglamentaciones han sido dictadas por la Corte de Justicia en uso de sus facultades de superintendencia, para regular las actividades propias de los órganos judiciales. Las mismas delimitan el contenido y alcance del sistema informático mencionado en relación a los recursos de casación interpuestos y tramitados por ante los Tribunales de Alzada y de ninguna manera privaban a la parte recurrente interesada de la posibilidad de impulsar el procedimiento recursivo, desplegando su actividad mediante actos procesales útiles e idóneos.
Sin perjuicio, se destaca que los autos Corte N° 027/06 (Expte. Cámara N° 23/2026), “Agüero, Norma Anahí c/ Jabif, Marcela Ruth s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación” se encuentran publicitados en el sistema de consulta de expedientes oficial “Lex Doctor”, en el que se visualizan los decretos dictados en dicha causa, entre ellos, la providencia de fecha 06/03/2026 (fs. 24), que ordenaba la sustanciación del recurso de casación deducido por la parte demandada, con los recaudos allí establecidos (https://juscatamarca.gob.ar/consulta-de-expedientes-lex-doctor/), sin que la parte recurrente, como remarcamos, haya efectuado actividad procesal alguna tendiente a su cumplimiento y a instar el avance de la instancia recursiva.
Asimismo, se comprueba idéntica inactividad procesal absoluta en el sistema digital referido, conforme cotejo del Portal de Causas Judiciales (https://juscatamarca.gob.ar/) y de las actuaciones digitales remitidas por la Alzada (fs. 53). Precisamente, de la compulsa del expediente digital se corrobora que la parte recurrente interpuso recurso de casación a través de dicho sistema (A.D. N° 181142, de fecha 02/03/2026, 07:00 horas), habiendo ordenado el Tribunal de Alzada la impresión de la presentación y la formación del expediente en formato papel (A.D. N° 17566/2026), que se verifica con estos autos (Expte. Cámara N° 23/2026) y el dictado de la providencia de fs. 24. Además, la Cámara oportunamente consignó que la sola interposición del recurso de casación podía ser realizada en formato digital, debiendo continuar su tramitación exclusivamente en formato papel, por lo que las sucesivas presentaciones y notificaciones debían realizarse en formato papel (A.D. N° 17566/2026, de fecha 03/03/2026).
Por consiguiente, no puede alegarse válidamente la vulneración de los principios que la parte recurrente postula –confianza legítima y tutela judicial efectiva, fs. 47/vta.-, en tanto resultaba suficientemente claro que el trámite sucesivo indefectiblemente debía observar igual formato (PAPEL), lo que imponía la obligación a cargo de las partes y de sus letrados de comparecer por ante el Tribunal de Alzada para anoticiarse del expediente, revisar las resoluciones dictadas y, en el caso, cumplir con la notificación ordenada.
Por último, la certificación peticionada en el punto IX de la presentación de fs. 47vta./48 deviene innecesaria conforme las actuaciones detalladas precedentemente y lo analizado en esta sentencia.
Igualmente, se tiene en cuenta que el planteo acusando la caducidad de la instancia fue formulado por la actora en su primera presentación, destacando que su parte no consiente actuación procesal alguna del casacionista realizada con posterioridad a la providencia de fecha 06/03/2026 (fs. 25, punto 1, in fine). A continuación, en el mismo escrito luce contestación del recurso de casación efectuado en forma subsidiaria (fs. 25/37), es decir, a la resultas del planteo primigenio. De allí que no pueda entenderse saneada la perención de la instancia operada (art. 315 del C.P.C.C.). En supuestos análogos, se ha dicho que si el demandado, juntamente con el acuse de caducidad de instancia, activa el procedimiento (p.ej., contesta la demanda), ello no importa consentimiento de acto posterior al vencimiento de la perención sino la aplicación del principio de eventualidad (cfr. Roberto G. Loutayf Ranea – Julio C. Ovejero López, ob. cit., ed. Astrea, Buenos Aires, 2014, p. 647).
La CSJN ha sostenido que la caducidad de instancia es un modo anormal de terminación del proceso, por lo que es de interpretación restrictiva y la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá de su propio ámbito (“Aguirre” Fallos: 345:251”; 342:1367; 335:1709; 310:663; 308:2219; 297:389), lo que conduce a descartar su procedencia en casos de duda (Fallos: 315:1549; 320:1676; 323:3204), lo cual no se comprueba en el presente caso, por la innegable falta de realización de los actos procesales necesarios para impulsar el procedimiento recursivo, a través de una diligente actuación, de conformidad con las consideraciones antes explicitadas.
En consecuencia, en atención a las constancias de autos examinadas y lo prescripto por el art. 310, inc. 2), del C.P.C.C., corresponde hacer lugar a la caducidad de la instancia planteada por la parte actora respecto del recurso de casación interpuesto por la demandada, con costas a la parte recurrente.-
Por todo ello, y de conformidad con lo preceptuado por los arts. 68, 69, 1er. párrafo, 310, inc. 2; art. 311 y conc. del C.P.C.C.,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Hacer lugar a la caducidad de instancia en el presente recurso de casación, planteada por la parte actora.
2. Costas a la parte recurrente.
3. Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas, Familia, Menores y del Trabajo de Tercera Nominación que deberá transferir el depósito judicial obrante a fs. 03 de autos, a la cuenta “Ley N° 4347 de Casación”, que gira bajo el folio N° 23037 del Banco de la Nación Argentina –Suc. Ctca.
4. Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, bajen los autos a la Cámara de Apelaciones de origen.
Presidente: Dra. Fabiana Edith GOMEZ.-
Ministros: Dr. José Ricardo CÁCERES.-
Dr. Carlos Miguel FIGUEROA VICARIO.-
Secretaria: Dra. Delia Isabel ARIAS. -
Fin de la sentencia