Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2536/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a PE701601-2022 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a PE668396-2022 estableciendo que, al monto que resulte de la condena dictada en autos, deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
2Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2536/20-TSJ Sentencia Nº: 762 Actor: AGUERRE JUAN LUIS Y OTRA Demandada: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 14-10-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 762 FOLIO Nº 4687/4695 PROT. ELECT. TSS1 020 S.241
Río Gallegos, 14 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “AGUERRE JUAN LUIS Y OTRA c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° A-15.867/13 (A-2536/22-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por el Estado de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. María Daniela Vazquez (cfr. PE701601-2022), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a PE668396-2022, la cual rechazó la apelación de la demandada y confirmó la sentencia de Primera Instancia.-
Esta última había hecho lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Juan Luis Aguerre y la Sra. Silvina Alejandra Zunino, por sus propios derechos y en representación de su hijo, entonces menor de edad, Matías Juan Aguerre, contra el Consejo Provincial de Educación, el Estado de la Provincia de Santa Cruz y el Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz (ISPRO); condenándolos a abonar a los actores la suma de pesos dos millones trescientos catorce mil setecientos veinte mil con veintiocho centavos ($2.314.720,28); distribuidos de la siguiente manera: a) pesos dos millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veinte con veintiocho centavos ($2.284.720,28) en concepto de incapacidad sobreviniente; b) pesos ochocientos noventa y un mil cuarenta y tres con cincuenta centavos ($891.043,50) en concepto de daño moral, todo ello con más los intereses calculados a una tasa del 6% anual desde la configuración del hecho dañoso (03/12/2011) y hasta la fecha de la sentencia (10/05/2019), y conforme la tasa activa del fuero desde la sentencia hasta su cumplimiento; c) pesos cuarenta y cinco mil ($45.000) por daño psicológico y gastos de tratamiento, con más los intereses conforme la tasa activa promedio mensual que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento, a partir de la fecha del hecho y hasta el cumplimiento de la condena, con costas a las demandadas (cfr. foja 519 vta.).-
II. En su recurso de casación, la parte demandada plantea que en la sentencia que se ataca existe violación y aplicación errónea de la ley (art. 1117 del CC); manifiesta arbitrariedad y violación de la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia (cfr. PE701601-2022, pág. 2).-
En atención a ello, afirma sentirse agraviada: “...ante la desatención de la cámara de los argumentos expuestos por esta parte, donde se plantea que el accidente no fue consecuencia de un deficiente cumplimiento del deber u obligación de vigilancia del establecimiento educativo, sino que fue provocado por la inconducta del alumno, el que no pudo preverse ni evitarse, configurándose un caso fortuito. De tal modo, la equivocación en que incurre la Cámara tiene causa en tres razones, a saber: a) el juzgador no ahondo lo suficiente en el análisis de la prueba, en el que se puede concluir que el accidente se produjo por un hecho imprevisible e inevitable, atento a que se tomaron todas las medidas de seguridad para que los niños no sufran ningún tipo de daño; b) no ha evaluado tampoco, en su justa dimensión, la plataforma fáctica que debe sustentar su pronunciamiento; y c) esas circunstancias lo han llevado a ubicarse en el lugar de observación incorrecto.” (cfr.
PE y pág. cits.).- Continua diciendo que: “...el juzgador solamente se limitó a atribuir la responsabilidad a nuestro mandante, sin considerar las medidas de prevención para salvaguardar la integridad física de los alumnos, docentes y personal en general que se instrumentaron tanto por la institución, como también por la gestión del patrimonio del uso de las (sic) cueva de las manos, quien tiene desde el 1995 un plan de manejo a cargo de diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales...”, e insiste en: “...la falta de análisis de los planteos expuestos por nuestra parte sobre la responsabilidad de la víctima, cuestión que no escapa de análisis por el hecho de que resulte ser menor de edad.” (cfr.
PE cit., pág. 2/3).- Expresa que debe analizarse el concepto de capacidad haciendo la distinción entre menores impúberes y menores adultos, conforme lo determina el artículo 127 del Código Civil y el artículo 921 del mismo cuerpo legal, lo que conducirá a determinar que Matías Juan Aguerre era un menor adulto de 15 años relativamente capaz para discernir sobre sus acciones aspecto que, según sostiene, nunca se cuestionó. Amén de ello, afirma que para estimar si la conducta del menor configura caso fortuito, esta debe ser imprevisible, inevitable, e ineludible para el dañador. Y agrega que: “...se debió valorar la conducta de la víctima del daño para catalogarla en esa categoría y en tal caso minorar la responsabilidad de mi mandante, cuestión que no fue tenida ni siquiera en cuenta al momento de resolver.” (cfr.
PE cit., pág. 4).- Argumenta en relación al absurdo en la valoración de las pruebas, que de las traídas a la causa surge que: “...el daño sufrido por la victima (sic) fueron (sic) un mero caso fortuito imprevisible e inevitable, atribuido a su exclusiva culpa, en mérito a que el hecho productor del daño ha sido ocasionado por su propio accionar, lo cual, exime de toda responsabilidad al establecimiento educativo.” Y agrega que: “...se ha demostrado que no ha existido razonabilidad en el decisorio, que resulta por ende arbitrario ante la falta de apreciación de la prueba, y que constituye motivo para el acogimiento de la pretensión casatoria.” (cfr. PE cit., págs. 6/ 7).- Sostiene respecto de la arbitrariedad que denuncia, que del fallo ha de señalarse que: “…el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o de razonamiento, que llevaron al a quem a conclusiones contradictorias o incongruentes, cayendo así en la teoría del absurdo, violentando las reglas de la sana critica (sic)...”, y que la interpretación efectuada en el resolutorio “…no constituye una derivación razonada con arreglo a las circunstancias del caso, es por ello que el resolutorio incurre en arbitrariedad.” (cfr.
PE cit., pág. 7).-
Sigue diciendo que: “...la sentencia es casada (sic) por absurdo notorio, y el motivo que abre el recurso es por carecer el fallo en recurso, del debido sustento para mensurar los rubros y cuantías del daño moral y psicológico, incurriendo en un desvío palmario y notorio de las reglas del razonamiento, escapando y transgrediendo las leyes lógicas formales, por encontrarse el fallo cargado de un subjetivismo arbitrario.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Continua la recurrente, afirmando que: “La apreciación y/o valoración de las cuestiones de hecho por el a quo presenta…errores palmarios, fundamentales...desvíos notables y patentes de las leyes del raciocinio que evidencian una contradicción entre las circunstancias de la causa y la sentencia.” (cfr. PE cit., pág. 8).-
En cuanto a la cuantificación de las indemnizaciones, si bien reconoce que esta materia se encuentra, en principio, fuera del ámbito del recurso de casación, entiende que éste sería procedente en cuanto se advierta que la cuantificación se presenta notoriamente injustificada o arbitraria. En sustento de aquella afirmación expresa que: “...la aplicación de fórmulas aritméticas puede ser tenida en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo constituyen (sic) una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única, por lo que deberá ponderar una multiplicidad de factores particulares a cada caso atento a que las mismas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.” (cfr. PE cit., pág. 9).- Sobre ello, argumenta que: “...al tratar la indemnización por incapacidad sobreviniente concluyo que debe aplicarse un criterio elástico de valoración, pero sin apartarnos de las circunstancias personales del damnificado...y la sana crítica, y de conformidad a la normativa imperante al momento de la interposición de la demanda.” (cfr. PE cit., pág. 10).-
Agrega que a los fines de un abordaje integral de este punto, se debe distinguir dos aristas del daño, por un lado la valoración o estimación y, por el otro, la cuantificación. Sostiene que: “…Ambas son las dos caras de una moneda, pero se presentan en momentos diferentes, puesto que solo podemos cuantificar aquel daño cuya estructura está determinada. Más concretamente, a partir del conocimiento del contenido del daño, podemos otorgarle un valor pecuniario...” (cfr. PE y pág. cits.).-
Concluye sobre este punto diciendo que: “...al abordar cada rubro resarcitorio se debe analizar la entidad cualitativa (existencia) y la cuantía del daño, cuestión que arbitrariamente no fue tenida en cuenta al momento de resolver.” (cfr. PE cit., pág. 11).-
Por último, invoca la existencia de otro elemento que, a juicio de su parte, debe conducir a la revocación del fallo y consiguiente rechazo de la demanda, esto es, el tipo de tasa de interés a aplicarse. Sobre ello sostiene que: “...de corresponder algún importe a favor de la actora, sobre el mismo deberán adicionarse intereses a la Tasa Pasiva de la Nación (sic), por encontrarse comprometido el interés económico del Erario Provincial...”, invocando y transcribiendo jurisprudencia de esta Tribunal en relación a ello (cfr. PE cit., págs. 11/12).-
A PE737607-2022 la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y a PE1109538-2023 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de esta facultad (cfr. certificación de PE1137969-2023).-
El Sr. Agente Fiscal ante esta Alto Cuerpo dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…debe hacerse lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicable…” (cfr. PE1231392-2024).-
En PE759083-2024 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1247982-2024 pasan a estudio.-
III. Conforme ha quedado planteada la cuestión, el recurso articulado por la parte demandada se encarrila por la vía impugnativa del artículo 3 inciso a) del Libro I, Titulo IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N° 3453/15 -Decreto N° 2228/15-, al afirmarse que la Cámara de Apelaciones, al dictar su pronunciamiento, ha incurrido en violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad (cfr. PE701601-2022, pág. 2).-
Si bien a merced de un estudio preliminar fue declarada la viabilidad del recurso de casación planteada por la demandada, venidos a estudio los fundamentos que conforman los agravios de la casacionista, podemos adelantar que se advierte que los mismos se remiten a cuestiones de hecho y valoración de la prueba recabada en estas actuaciones, y que fueron propiamente analizadas y entendidas por los órganos de grado, en sus respectivos fallos (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos X, Reg. 362, Folio 1951/1954, XV, Reg. 508, Folio 2845/2850, XXIII, Reg. 744, Folio 4512/4518).-
En efecto la recurrente, no obstante expresa fundar sus agravios en la violación de la ley o en la aplicación incorrecta de la misma, lo que en realidad presenta a estudio es el cuestionamiento de la valoración que los jueces de grado han realizado respecto de los hechos y pruebas aportadas en la causa, cuestión cuya revisión se encuentra vedada en esta instancia extraordinaria, salvo absurdo o arbitrariedad.-
Como bien surge de lo expresado por la recurrente al decir que su agravio se centra en: “... la desatención de la cámara (sic) de los argumentos expuestos por esta parte...”, cuestión que desarrolla al traer nuevamente a estudio los elementos que llevaron a determinar la responsabilidad del Estado de la Provincia de Santa Cruz por los daños sufridos por el adolescente Martin Juan Aguerre, en el accidente acaecido en ocasión del viaje de estudios a la Cueva de las Manos con su escuela (cfr. PE701601-2022, pág. 2).-
Y es que en el escrito portador de su recurso no surge evidente el debido análisis de la violación y errónea aplicación del artículo 1117 del Código Civil, que invoca, o cómo éste ha debido ser interpretado o aplicado al caso en específico.-
En su lugar, realiza una enumeración de las medidas de plan de manejo de seguridad del Parque Provincial Cuevas de las Manos, adjunta al escrito dos imágenes de la misma y acusa la falta de análisis de los planteos realizados por su parte respecto de la responsabilidad de la víctima, desarrollando la cuestión relacionada a la capacidad y el límite de la minoridad a los 21 años establecida en los artículos 126 y 127 del Código Civil (cfr. PE cit., págs. 2/4).-
Respecto de ello, debemos decir que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, con relación a la atribución de responsabilidad en una demanda resarcitoria de daños y perjuicios, que: “...'…las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho, cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba…'...” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio: 2431/2439).- Asimismo, sobre la materia que estamos tratando, también se ha postulado que: “…'…Es de la competencia de la justicia de mérito determinar el grado de culpa que, de hecho, cada protagonista ha tenido en el acaecimiento del siniestro' (confr.
SCBA, Ac 35095 S 22-10-1985. 'García, Julio César c/ Cantarella, José y otro s/ Indemnización daños y perjuicios')…'…la apreciación de la prueba, a los fines de la determinación de la culpa, es cuestión reservada a los jueces de los hechos y exenta de casación, salvo que se acredite que tal apreciación se ha efectuado con infracción a las reglas de la sana crítica, o con violación de las leyes de la prueba o en forma manifiestamente absurda' (confr. SCBA, Ac 33386 S 21-8-1984, 'Ronchetti, Oscar Alberto c/ Fulvio, Fazio Lidio Hugo s/ Daños y perjuicios'; Ac 34916 S 24-9-1985 , 'Vitola, Juan o Juan Francisco (sucesión) c/ Simonetta, Rafael y otro s/ Resolución de boleto de compraventa'; Ac 44510 S 28-12-1993, 'Moreschi de Gómez, Iris Violeta y otros c/ Modulfer Berisso S.R.L. y otra s/ Daños y perjuicios').” (cfr.
TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2834, Folio 4440/4443).- Respecto de ello, la Cámara sostuvo que: “...lo cierto es que la atribución de responsabilidad a las recurrentes ha sido resuelta por el a quo luego de un extenso análisis de la normativa de fondo y de la prueba colectada, sin que la crítica que aquí se esgrime contenga una sola referencia a los aparentes elementos de convicción no ponderados.” Y sigue afirmando que: “...la subsunción de los hechos a las previsiones del art. 1117 del C.C. derivó: 1) de la circunstancia no controvertida de que, al momento del siniestro, Matías Aguerre se hallaba bajo la esfera de control de la autoridad educativa; 2) de que la actividad organizada por la institución suponía -además- un riesgo por la geografía del lugar y por encontrarse involucrado un grupo de adolescentes; y 3) de que la única causa de eximición -el caso fortuito- no fue probado por quien tenía la carga de hacerlo.” Para concluir expresando que: “Todas estas consideraciones que, vale decir, sirvieron de sólida base para la atribución de responsabilidad objetiva a las demandadas, permanecen irrefutadas y muy difícilmente podrían ser desvirtuadas tan solo por efecto de la insistencia en la culpa de la víctima, concepto que además de no ser semejable al hecho de la víctima, llevaron a las recurrentes a exponer, sin ninguna necesidad, teorías sobre la posibilidad de ser o no predicada respecto de un mayor de 10 años”.
(cfr. PE668396-2022, págs. 10/11).- Entendemos que ello nos introduce en un tema de índole fáctico y así, en relación al postulado del hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, se ha sostenido que: “…establecer la atribución de responsabilidad ante un hecho determinado o acreditar la situación prevista en el segundo apartado in fine, del art. 1113, Código Civil, constituye...una típica cuestión de hecho ajena en principio a la casación (conf. Ac. 70386, sent. del 16-11-2000), salvo ante la configuración del absurdo...” (cfr. SCBA, “Aguilar María del Carmen y otro c/ Gutiérrez Hugo y otro s/ Daños y perjuicios”, causa: C 87931, del 02/07/2010) y que: “...determinar si la conducta de la víctima ha excluido totalmente la responsabilidad objetiva que el art. 1113 del Código Civil, impone al dueño o guardián de una cosa riesgosa, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada en casación en caso de que se demuestre que la decisión ha sido el producto de un razonamiento absurdo...” (cfr.
SCBA, “Salas Jorge Omar c/ Pera Rodrigo Luciano y otros s/ Daños y perjuicios”, causa: 118.220, del 08/04/2015). (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3231, Folio 5343/5346).- De la misma forma, este Tribunal ha sostenido que: “...las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho, cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba (confr. Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1462, Folio 2044/2045; Tomo XIII, Sentencia, Reg. 446, Folio 2431/2439)…Entiende este Alto Cuerpo que el mencionado vicio se produce cuando nos encontramos ante '…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial...' (confr.
Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; Torno VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2903, Folio 4602/4606). Lo que no acontece en las presentes actuaciones.- En sentido concordante, sobre el absurdo en la valoración de la prueba se ha expresado que: “Sabido es que por tal se entiende el error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos, con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica…” (cfr.
SCBA, “Salas Jorge Omar c/ Pera Rodrigo Luciano y otros s/ Daños y perjuicios”, causa: 118.220, del 08/04/2015). (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3231, Folio 5343/5346).- De lo que surge que los argumentos esbozados por la recurrente no logran acreditar la falta de razonabilidad en el decisorio, ni la arbitrariedad ante la falta de apreciación de la prueba que denuncia.-
La doctrina de este Tribunal Superior de Justicia, establece que: “...las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba, monto de las condenas, en cuanto a su cálculo aritmético y quantum...son, en principio, ajenas al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2836, Folio 4447/4450).-
Tampoco puede prosperar la denuncia de arbitrariedad interpuesta, toda vez que no se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran.-
Y es que la recurrente, no obstante agraviarse de la arbitrariedad de la sentencia, no realiza una crítica concreta y racional de los supuestos arbitrarios, limitándose a presentar jurisprudencia y doctrina, sin lograr demostrar acabadamente, qué parcela y de qué forma el fallo de Cámara de Apelaciones resulta arbitrario.-
Sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión: “...'tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación'. Por lo tanto 'debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas'…” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, 'Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios', del 21-111-978, DJBA, v. 114, n° 8325. Idem, Ac. 24.985, 'Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 19-VIII-78; Ac. 25.048, 'Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente', del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XXI, Reg. 2727, Folio 4195/4197; XXVII, Reg. 3231, Folio 5343/5346).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal Superior de Justicia: “…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomo III, Reg. 282, Folio 457/458); circunstancias, estas últimas, que no acontecen en autos, por el contrario y más allá de que se comparta o no el criterio de la Cámara, no surge de su pronunciamiento una valoración parcializada irracional o absurda del material probatorio de autos.- Este Tribunal ya ha señalado, en reiteradas oportunidades, que al meritar la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomos XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984 y XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218).-
Así, constituye una cuestión fáctica evaluar la conducta desplegada por las partes en el suceso, para establecer sobre quien recae la responsabilidad. Materia reservada a las instancias ordinarias que sólo podrían abrir la puerta de la casación en la hipótesis que se alegara y fundara adecuadamente el absurdo en la valoración de la prueba, lo cual no ha ocurrido en el presente.-
En síntesis, al ser la cuestión planteada ajena al ámbito de la casación, el medio recursivo en estudio deviene improcedente, más aún cuando los fundamentos de los agravios traídos a estudio no resultan ser suficientes para habilitar la vía extraordinaria intentada.-
De lo expuesto surge que no se evidencia, tal como lo adelantáramos más arriba, un desvío lógico en la sentencia de la anterior instancia que autorice a éste Tribunal Superior de Justicia a declararla arbitraria. Por tal motivo, el agravio en tratamiento debe ser rechazado.-
IV. Sostiene la recurrente, en cuanto al agravio relacionado a la cuantificación de las indemnizaciones, que: “…No obstante, y puesto que pesa sobre todo juzgador la obligación de motivar lógica y legalmente sus decisiones, la casación por las causales formales será procedente en tanto se advierta que la cuantificación se presente notoriamente injustificada o arbitraria”. Afirma luego que: “...la aplicación de fórmulas aritméticas puede ser tenida en cuenta para la determinación de la indemnización, pero de ningún modo constituyen una pauta matemática o financiera a la que deba atarse el Magistrado de forma obligatoria y única, por lo que deberá ponderar una multiplicidad de factores particulares a cada caso atento a que las mismas no están exentas de generar arbitrariedades por su nivel de abstracción.” Y sostiene que: “… debe aplicarse un criterio elástico de valoración, pero sin apartarnos de las circunstancias particulares de la víctima de autos…y la sana crítica, y de conformidad a la normativa imperante al momento de la interposición de la demanda.” (cfr. PE701601-2022, págs. 9/10).- En relación a ello, la Cámara sostuvo que: “...las pautas del art. 1746 del C.C. y C.N., delimitadas por los conceptos capital y renta, lejos de impedir el control a que aluden las recurrentes, favorecen a la mayor claridad del sistema de reparación civil en dos órdenes fundamentales, a saber: respecto de quienes ejercemos la judicatura, imponiendo parámetros objetivos para proveer una decisión fundada, cierta y transparente y, en relación a los justiciables, brindando la posibilidad de fiscalizar tanto los datos como el resultado a que se arriba.” (cfr. PE668396-2022, pág. 17).-
Continúa su desarrollo pronunciándose en el sentido de: “...confirmar la sentencia de grado, en cuanto declaró el derecho de la víctima a obtener una indemnización por incapacidad sobreviniente, determinó su cuantía en base al criterio objetivo propuesto por esta Cámara de Apelaciones y utilizó parámetros obtenidos en la etapa probatoria, ninguno de los cuales puede considerarse eficazmente rebatidos.” (cfr. PE cit., pág. 20).-
Y agrega que: “Ello se compadece también con el principio de reparación plena pues no podría admitirse que, merced del transcurso del tiempo que irroga la tramitación de los procesos, la suma originariamente estimada se vea licuada por las distintas variables y circunstancias económicas de nuestro país. En este orden de ideas, no altera el principio de congruencia ni existe riesgo de arbitrariedad cuando el Magistrado -en la operación de selección de las variables- acude a los hechos acreditados y a la probabilidad de que ellos puedan mantenerse en el futuro. Por lo demás, debe tenerse en cuenta que estamos en presencia de una deuda de valor y que el daño debe estimarse al momento de la decisión, aunque siempre con el fin de restituir a la víctima al estado anterior al acaecimiento del hecho que lo origina.” (cfr.
PE cit., pág. 21).- A la luz de lo expuesto debemos indicar que las afirmaciones del recurrente no logran demostrar la arbitrariedad alegada, pues la cuantificación del daño lejos está de ser notoriamente injustificada o arbitraria, tal como sostiene, y a ello debe sumársele que los argumentos utilizados por la Cámara de Apelaciones no presentan un desvío lógico que configure la circunstancia de excepción antes señalada. Y es que la solución propuesta por la Cámara de Apelaciones de intentar lograr una reparación plena o integral es correcta y encuentra también sustento en el criterio postulado por este Tribunal Superior de Justicia.- Sobre la cuestión hemos dicho que: “…El art. 19 de la Constitución nacional (sic) establece el principio general que prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, el alterum non laedere.
Ese arraigo constitucional ha sido reconocido por la Corte Suprema de la Nación (Fallos: 308:1118, 1144, 1109; ED, 120.. 649). La violación de este principio naturalmente depara como consecuencia una reparación que debe ser plena o integral, vale decir justa, porque no sería acabada indemnización si el daño quedara subsistente en todo o en parte (Fallos: 283:213, 223). Pero con independencia de ese sustento constitucional y paralelamente, esta garantía se encuentra consagrada por los tratados. Por la vía de lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, con fuerza y jerarquía superior a las leyes, contamos por de pronto con lo que estatuye el art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 'Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa'.
Paralelamente, el art. 5 del mismo cuerpo supralegal ampara el derecho a la integridad personal al expresar que 'Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral'...” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767).- Por lo que el agravio de la recurrente en este sentido, no puede prosperar.-
V. Por último, corresponde abordar el agravio relativo a la violación de la doctrina legal del Tribunal Superior de Justicia en relación a la tasa de interés confirmada y aplicada por la Cámara de Apelaciones en su sentencia.-
Previo a ingresar en el tratamiento de dicho agravio debe señalarse lo resuelto por la Alzada en relación a la tasa de interés que ha de aplicarse desde que se ha determinado el valor de la prestación y hasta que su pago sea efectivo, que reza: “...aun cuando la conveniencia del uso de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina viene siendo promovida por nuestro más Alto Tribunal Provincial, este criterio no puede ser aplicado de forma mecánica, máxime cuando la variable cuya utilización propicia la apelante ha sufrido fluctuaciones que la han llevado -durante varios períodos- a superar las tasas bancarias de uso ordinario.” Sigue diciendo en este aspecto, que la recurrente no apoya su pedido en evidencia concreta, ni le permite verificar la existencia del aparente perjuicio al erario público pues sólo se limita a disentir con la decisión del a quo. Lo que la lleva a confirmar la tasa de interés activa fijada en la sentencia de Primera Instancia (cfr. PE668396-2022, págs. 27/28).- La recurrente se agravia de esta parcela del pronunciamiento sosteniendo que: “...de corresponder algún importe a favor de la actora, sobre el mismo deberán adicionarse intereses a la Tasa Pasiva de la Nación (sic) por encontrarse comprometido el interés económico del Erario Provincial...” (cfr. PE701601-2022, pág. 11), citando luego, jurisprudencia de este Tribunal Superior de Justicia en la que se aplicó la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
Consideramos que el recurso debe prosperar en este punto, pues la Alzada al confirmar la decisión de Primera Instancia de aplicar a los intereses la tasa activa promedio mensual del Banco de la Nación Argentina, se apartó de la doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia sin dar razones valederas para ello.-
Debemos recordar, en tal sentido, que los fallos dictados por este Alto Cuerpo, constituyen doctrina legal en los términos del artículo 3°, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6°, Parágrafo 2° -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley N' 3453/15 -Decreto N° 2228/15, a la cual los jueces deben conformar sus decisiones (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677; Torno XV, Reg. 529 Folio 2969/2974). La finalidad de la doctrina legal no es sólo uniformar la jurisprudencia, sino también contribuir a la previsibilidad que las sentencias deben brindar a los litigantes y, en definitiva, procura afianzar la seguridad jurídica que la sociedad toda demanda (cfr. SCBA, “Ferreyra de Zeppa Petrona y otro c/ Hospital Lucio Meléndez y otros s/ Daños y perjuicios”, causa C. 100.228, S, del 16/12/2009, entre otros) (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 717, Folio 4312/4319).- Este Alto Cuerpo ha dicho en sus precedentes que: “…este Tribunal Superior de Justicia ha concluido, antes de ahora y en otras causas por daños y perjuicios, que se debía aplicar a los intereses moratorios la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina (cfr. Sentencia, Tomos XIV, Reg. 485, Folio 2635/2645, XV, Reg. 531, Folio 2979/2985, entre otros)” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 669, Folio 2635/2645).
Es la aplicación de ésta doctrina de este Alto Cuerpo la que el recurrente reclama para el caso y que, además, individualiza en su recurso de casación (cfr. PE701601-2022, pág. 11/12).-
También ha expresado este Tribunal que: “Si bien lo antedicho sería suficiente a efectos de declarar procedente el recurso de casación por violación de la doctrina legal y casar el pronunciamiento atacado; éste Tribunal Superior de Justicia juzga necesario -teniendo en cuenta el contexto económico actual- analizar nuevamente dicha doctrina legal en el presente caso, con la finalidad de discernir si ella resguarda el principio de equidad y brinda una respuesta adecuada a los derechos de las partes en pugna o, caso contrario, plantear una modificación de la misma.” (cfr. Sentencia cit.)
Y que: “La viabilidad de fijar una tasa judicial por parte de este Alto Cuerpo responde a razones de alta política judicial, ya que se halla en juego una de las piezas claves de las relaciones patrimoniales.” (cfr. Sentencia cit. de los fundamentos de la Dra. Fernández).-
Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “En efecto, es necesario precisar que cuando se habla de intereses no se hace referencia a un rubro resarcitorio proveniente del daño. Una cosa es el daño que el ilícito provoca -cuya valoración y cuantificación deben efectuar los jueces de grado-, y otra es el menoscabo que el acreedor experimenta a raíz del retardo imputable al deudor en repararlo. Es que los intereses moratorios tienen una fuente distinta del resto de la reparación, ya que mientras que los rubros indemnizatorios se integran por causa del daño derivado del hecho, la obligación de pago de los intereses responde a otro hecho perjudicial: la no asunción en tiempo y forma de las consecuencias jurídicas de la reparación.
Por lo tanto, los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado (cfr. SCBA, 'Ponce, Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios', causa C. 101.774, del 21/10/2009. v. voto del Dr. Luis Esteban Genoud). Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad (cfr. SCBA, 'Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido', causa L. 94.446, del 21/10/2009; 'Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios', C. 105.756, del 29/06/2011, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani, entre otras). Esto último ocurriría, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado. En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades financieras cobran por los préstamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA, 'Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, Ac. 49.439, del 31/08/1993; y 'Jotafi Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa', causa B. 58.903, del 18/06/2014, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de 'escorias' (cfr. Molinario Alberto D. 'Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas', ED, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell María E., 'Tratado de Derecho Bancario', Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para rechazar su aplicación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (cfr. 'Ginossi' cit.). Por lo demás, la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina también es observada de modo uniforme por las Salas que componen la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Así pues, la Sala II de dicha Cámara sostuvo en la causa: 'R., G.H. c/ G.C.B.A. y otros s/ daños y perjuicios' que la aplicación de dicha tasa es un criterio: '...aceptado y de uso generalizado en el Fuero (conf. a título ejemplificativo, Sala I, en autos n° 5.562/2007 caratulados: 'Diego, Vanesa Susana c/ E.N.
M° Interior -P.F.A. y otros s/ daños y perjuicios', del 12/10/2017; Sala III en autos N° 5.962/2009 caratulados: 'Wilson, Guillermo Benjamín c/ E.N. - A.F.I.P. s/ daños y perjuicios', del 17/12/2015; Sala IV en autos n° 17.460/2007 caratulados: 'Desch, Patricia Liliana c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios', del 11/7/2017; y Sala V, en autos n° 1.452/2007 caratulados: 'Rossi, María Luján c/ E.N. - M° Interior - P.F.A. y otros s/ daños y perjuicios', del 6/9/2017; más recientemente, véase: Sala IV, en autos 'V., E. C. y otro e/ E.N. - M° Interior - PFA - Superintendencia de Bomberos y otros s/ daños y perjuicios', expte. 7001/2007, sent. del 19/06/2018; Sala 1, en autos 'B., V. y otro c/ GCBA y otros s/ daños y perjuicios', causa n° 46.733/2007, sent. del 31/07/2018, entre otras).' (cfr.
Sala y autos citados, sentencia del 30/08/2018). En dicho pronunciamiento también se recordó que debía tenerse especialmente en cuenta que la aplicación de la tasa pasiva mencionada, coincidía con el sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes de Fallos 316:2894; 321:1117; 325:1156; 326:820 y 847; 329:4826; 330:563; 331:2210; 334:376. En efecto, observamos que el Alto Tribunal Federal, en la causa: 'Bedino' (cfr. Fallos: 340:141), se pronunció una vez más por la aplicación de la citada tasa pasiva. Para así decidir remitió a los fundamentos que en su momento había vertido en la causa 'Gargano', en donde a su vez había remitido al dictamen de la Procuradora Fiscal quien había sostenido que: '...el interés moratorio encuentra justificación en la mora del deudor, que retiene en forma indebida una suma de dinero que corresponde al acreedor.
Es decir, no tiene como función compensar la depreciación económica, la inflación ni la devaluación de la moneda...sino fundamentalmente sancionar la actitud del deudor, funcionando como indemnización a favor del acreedor a causa de tal comportamiento. Con tal comprensión, considero que la tasa pasiva resulta suficiente para cumplir tal recaudo respecto de los intereses de ese tipo aplicables a deudas de honorarios en mora.'; y recordó, a renglón seguido, que actualmente se mantiene la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (cfr. CSJN, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/35645/2011).
En la citada causa 'Bedino' la Dra. Elena Highton de Nolasco, sostuvo en su voto que no podía perderse de vista que la tasa pasiva era la que había adoptado la Corte Suprema: '...para las causas que tramitan en su instancia originaria (cf. CSJ 457/1998 (34-S) ICS1 'Serenar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios', del 19 de agosto de 2004), a la que se consideró adecuadamente satisfactoria del menoscabo patrimonial sufrido por el acreedor de créditos previsionales de naturaleza alimentaria (Fallos: 327:3721; 328:2824, 3041, 4044, 329:6064, 6076; 330:4862 y 331:1329, 2538), habiéndose aplicado también para las deudas en concepto de retención de cuota sindical (Fallos: 329:5157).'.” (cfr.
Sentencia cit.).- En otro orden de ideas, la materia objeto de decisión desborda lo estrictamente jurídico, lo que hace necesario adoptar enfoques multidisciplinarios y abrevar en otras ciencias, como la economía. Desde este cuadrante, Augusto M. Morello sostiene que: “…'La existencia de vasos comunicantes que estrechan fluidos puentes entre el derecho (desde el vértice de la regulación legal de los aspectos patrimoniales de la interacción humana) y la economía (que queda gobernada por leyes no escritas), aflora -como en tantos otros- en el tema de la tasa de interés, como irrefutable demostración de la inescindible interrelación que existe entre ambas ramas del saber. El acaecimiento de súbitas oscilaciones que emergen de crónicas crisis y estados de emergencia producen ese conocido corrimiento entre la realidad económica y su espejo jurídico, que en tales ocasiones refleja al Derecho persiguiendo a aquella ciencia en desesperado intento por gobernarla y contenerla...' (cfr. aut. cit.: 'Los jueces y la tasa de interés', www.informaciónlegal.com.ar.
Cita Online: AR/DOC/1446/2004)”. (cfr. Sentencia cit. de los fundamentos de la Dra. Fernández).- Y teniendo en cuenta, y de conformidad con lo expuesto en los precedentes de éste Alto Cuerpo “Avilez”, “Santana”, “Bilbao”, “Barrientos”, “Anes” e “Igor” (cfr. Sentencia, Tomos XIX, Reg. 654, Folio 3759/3767, XX, Reg. 667, Folio 3859/3864 y Reg. 669, Folio 3870/3879, XXI, Reg. 704, Folio 4188/4196, XXII, Reg. 725, Folio 4368/4383, XXIII, Reg. 745, Folio 4519/4531), no observarnos que existan razones válidas para apartarse de la doctrina de este Alto Cuerpo que aplica a los intereses moratorios la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
En consecuencia, los precedentes jurisprudenciales tanto provinciales como de orden federal ut supra citados, resultan una referencia sólida que nos persuade a no abandonar la tradicional doctrina legal de este Tribunal Superior de Justicia.-
En definitiva, entendemos que resulta ajustado a derecho casar la sentencia de la Cámara de Apelaciones en este punto y fijar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, ya que es la que más se ajusta a las pautas señaladas precedentemente.-
VI. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a PE701601-2022, únicamente en lo referido a la tasa de interés aplicable, rechazando los demás agravios y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a PE668396-2022 estableciendo que, al monto que resulte de la condena dictada en autos, deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (cfr. artículo 68, segundo párrafo del CPCyC).-
Por todo ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a PE701601-2022 y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a PE668396-2022 estableciendo que, al monto que resulte de la condena dictada en autos, deberá adicionársele intereses en base a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina.-
2. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1020S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 762 Folio N°: 4687/4695 Secretaría: 1
Fin de la sentencia