Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 115.939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la defensa de los acusados, sin costas en esta instancia.
II. Casar la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca (causa 84 de su registro, orden int. 3285).
III. Absolver a Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino Quel, en orden a la imputación que se les formuló por el delito de asociación ilícita.
IV. Absolver a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hechos identificados en el fallo con los números 2, 3 y 6).
V. Absolver a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de portación ilegítima de arma de uso civil atenuada.
VI. Absolver a Mario Raúl Aguiar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hecho 3).
VII. MANTENER en todo lo demás la sentencia condenatoria dictado respecto de los acusados Mariano Martín Llafar, Carlos Rodrigo Ciucci, Mario Raúl Aguiar y Pablo Andrés Halberg.
VIII. REENVIAR las actuaciones a la instancia anterior para que un Tribunal hábil, previa audiencia de cesura, establezca el monto de la pena a imponer a los nombrados en función de los delitos por los cuales se mantuvo la sentencia condenatoria dictada (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP.; 15, 168 y 171, Const. …
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 115939 caratulada “AGUIAR, MARIO RAUL; LLAFAR, MARIANO MARTIN; HALBERG, PABLO ANDRES;
CIUCCI, CARLOS RODRIGO; QUEL, SALVADOR FLORENTINO S/ RECURSO DE CASACION”, CARRAL – MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 3 del departamento judicial de Bahía Blanca (integración unipersonal), mediante el pronunciamiento dictado el 17 de diciembre de 2021 (expte. n° 84, orden interno 3285 de su registro), condenó a Mariano Martín LLAFAR a la pena de seis (6) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, coautor de coacción cometida en seis oportunidades, coautor de daño en grado de tentativa, coautor de daño cometido en dos ocasiones, y autor de portación de arma atenuada sin la debida autorización legal, todos ellos en concurso material entre sí (arts. 42, 45, 55, 149 bis – párr. segundo-, 183, 184 inc. 4, 189 bis - párr. segundo- y 210 “in fine”, Cód. Penal); a Mario Raul AGUIAR, a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de asociación ilícita, coautor y autor de coacción cometida en cinco oportunidades; coautor de daño, y autor de tenencia ilegítima de arma de uso civil, todos en concurso material entre sí (arts. 45, 55, 149 bis – párr. segundo-, 183, 189 – párr. cuarto- y 210, Cód. Penal); a Carlos Rodrigo CIUCCI a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de asociación ilícita, coautor de daño en grado de tentativa, coautor de coacción cometida en dos ocasiones, coautor de daño cometido en dos ocasiones, coautor de daño agravado cometido en dos ocasiones, todos en concurso material entre sí (arts. 42, 45, 55, 149 bis párr. segundo, 183, 184 inc. 4, 189 párr. cuarto, y 210, Cód. penal); a Pablo Andrés HALBERG a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, por resultar coautor del delito de asociación ilícita, coautor de coacción cometida en dos ocasiones, coautor de daño, coautor de daño agravado cometido en dos ocasiones, todos en concurso material entre sí (arts. 45, 55, 149 bis párr.. segundo, 183, 184 inc. 4, y 210, Cód. Penal); y a Salvador Florentino QUEL, a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, por resultar coautor del delito de asociación ilícita (arts. 45 y 210, Cód. Penal).
II. La defensa de los cinco acusados interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento aludido.
En el inicio de su presentación, en el apartado titulado “antecedentes”, relató las circunstancias vinculadas con el conflicto que derivó en el inicio de la causa, que tenían que ver con una disputa entre transportistas y empresarios de la ciudad de Bahía Blanca, y la afiliación de aproximadamente noventa personas (entre ellos los cinco acusados), al Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina.
Expresó que la afiliación a la entidad sindical aludida, de un numeroso grupo de personas “provocó que varios interesados que venían sosteniendo distintos arreglos entre transportistas foráneos, y empresas locales, comenzaran a denunciar la presencia del Sindicato en las inmediaciones de una de las empresas locales, denominada ´Sea White´, ubicada en la zona denominada Loma Paraguaya – Facundo Zuviría 401 de esta ciudad- (a unos 5 km de ´Profertil´ y a unos 20 km de ´Bunge Argentina S.A.´)”.
Indicó que, en el contexto anteriormente descripto, se radicó la primera denuncia con la que se formó la causa, en el mes de mayo del año 2019, momento en el que Cristian Alejandro Verkuyl señaló que algunos de los acusados y otras personas que no identificó, le habrían impedido a su chofer (Juan Manuel Rodas) el ingreso a la planta “Sea White S.A.”.
Seguidamente describió el contenido de las distintas denuncias que se radicaron, vinculadas con el mismo conflicto entre empresarios y trabajadores.
Una vez descripta las características de la disputa en el marco de la cual se habrían producido los hechos atribuidos a los acusados, la parte recurrente criticó el veredicto condenatorio por haber valorado la prueba en forma parcial y arbitraria.
En ese orden de ideas, sostuvo que la magistrada de la instancia, “luego de mencionar los hechos que el Sr. Agente Fiscal da por acreditados, comienza a relatar de manera solapada, alternada, y de alguna forma incluso, antojadiza, las declaraciones de los testigos acontecidas durante el debate oral”.
En este punto, y luego de señalar las falencias que detectó en el análisis de los testimonios rendidos en el juicio, invocó el fallo “Stancanelli” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que hace a la crítica sobre la aplicación del delito contemplado en el art. 210 del ordenamiento adjetivo.
En la misma línea de análisis, señaló que la arbitraria valoración de la prueba llevó a que se pasara por alto que algunos de los conflictos relatados en el juicio por choferes o dueños de camiones no tenían que ver con el Sindicato que integraban los acusados, sino con una problemática distinta, pese a lo cual se les adjudicó a estos últimos la responsabilidad por tales acontecimientos (identificando en este punto los dichos del señor Balzano y de Juan Pablo González, este último empleado de la empresa ´Sea White´).
Por otro lado, sostuvo que la cantidad de hechos descriptos en el veredicto (daños a neumáticos y discusiones con choferes o titulares de camiones), no guarda relación alguna con la extensión del período de tiempo en el que – según el fallo- habría funcionado la organización delictiva, reiterando la defensa que en las consideraciones del pronunciamiento condenatorio se pasó por alto el análisis de la problemática “de fondo” subyacente en los acontecimientos en trato.
En ese sentido expuso lo siguiente: “En la sentencia atacada, incluso con el esfuerzo de continuar sosteniendo una organización delictiva por parte de los afiliados al sindicato, se destaca que en el lapso de casi dos años, distintas personas que podrían estar relacionadas con el Sindicato que represento, habrían dañado cinco neumáticos, y habrían discutido con choferes/propietarios o titulares, de unas seis empresas.- Esto es, desde el mes de noviembre de 2018 y hasta el mes de junio de 2020, en que por lo menos, y en un promedio reducido, podríamos decir que cargan cien camiones diarios, en 500 días, estaríamos hablando de 50.000 camiones que circularon frente a la casilla del Sindicato de Fleteros que se encontraba en las inmediaciones de Sea White, siendo que Profertil solo cuenta con 21 proveedores que trasladan fertilizante en 176 bateas; aquí se intenta imponer la calificación más gravosa, cuando habrían tenido inconvenientes con 6 camiones.- De la misma sentencia se desprende el error en la interpretación y el esfuerzo que se realiza por dar curso a la petición fiscal, sin analizar el fondo de la cuestión, sin partir de la base que estas personas ya se encontraban organizadas desde antes de ahora, pero claramente con otros objetivos. Que no resultan ser cinco trabajadores que salieron a ´amenazar gente y a romper camiones´”. Una crítica similar esbozó respecto de la valoración de la información que surgió de las comunicaciones telefónicas. En ese sentido, expresó que la acusación presentó esa prueba “dándole el carácter de incesantes, de algo rutinario, de un problema de todos los días”, cuando en rigor de verdad, al momento de analizarlas con detalle, se observa que el contenido de las mismas no revela actividad ilícita alguna, además de advertirse que no existió tal habitualidad, puesto que se producían con una diferencia de mes a mes.
En punto a la evidencia mencionada en el párrafo anterior, agregó lo siguiente: “Es tan endeble la investigación que, al analizar los celulares, y encontrar un grupo de noventa personas del Sindicato de Fleteros, y otro de cinco personas (los delegados), determinan imputar a esos cinco, mis asistidos. Esa fue a la conclusión que arribaron, de allí que deslizaran en debate y en sentencia, que podría haber más personas involucradas, las que evidentemente no fueron imputadas ´gracias´ a no pertenecer a dicho grupo de la mencionada red social”.
A continuación, expuso que la arbitraria valoración de la prueba por parte de la señora jueza de la instancia, llevó a la magistrada a sostener que los acusados utilizaron la “violencia física sobre los choferes y sus camiones”, cuando en rigor de verdad “ningún testigo ni antes ni ahora, habló de violencia física; en efecto, jamás se imputó nada relacionado con esa situación”.
Una falencia similar en la ponderación probatoria advirtió, respecto de los hechos que en el fallo se identificaron con los números 6 y 7, vinculados con los dichos del testigo Diego Darío Díaz. Otro ejemplo que la defensa cita como demostración de la falencia que le adjudica al fallo en crisis, tiene que ver con un mensaje enviado por el acusado Mariano Llafar, cuya transcripción – en la visión de la defensa.- permite apreciar que el nombrado sólo estaba comunicando los problemas laborales que enfrentaba, y la necesidad que tenía de salir a trabajar, sin que sea razonable inferir de esa comunicación una organización delictiva ni nada por el estilo: “Compañeros les comento que así como voy me estoy fundiendo x lo pronto el lunes salgo a sacar camiones y que me den carga si alguno quiere venir bienvenido sino todo bien yo voy a ir solo igual los quería poner en conocimiento”.
En los párrafos subsiguientes desarrolló las críticas en torno a la valoración de la prueba sobre los hechos considerados constitutivos de los delitos de amenazas, daño y portación ilegítima de arma de fuego; como así también volvió sobre la cuestión vinculada con la asociación ilícita cuya integración se les adjudicó a los acusados, reiterando que no existió una organización con tales objetivos, sino una organización sindical con fines lícitos.
La defensa concluyó su presentación de la siguiente manera: “La sentencia atacada deviene irrazonable y arbitraria, carece de fundamentación al momento de analizar individualmente cada hecho, abarcando todos ellos con la figura de una organización delictiva inexistente, cuando el acuerdo de voluntades existió, pero no con el afán de perpetrar hechos ilícitos en forma indeterminada; se desprende claramente que se ha dado situaciones en las que algunas personas pueden haber cometido errores, que pueden configurar un ilícito penal, pero no un reparto funcional, no a través de un plan criminal, desconociendo por completo una lo que podría estar haciendo o padeciendo la otra, no existió acuerdo. Además de ello, en la sentencia se hace referencia a la aplicación de atenuantes, que luego al momento de imponer la pena a cada uno de mis asistidos, es dejada de lado, deja de considerarse, y dicha atenuante debe ser considerada sin más”.
En función de todo lo expuesto, solicitó que se haga lugar a la impugnación deducida, y se absuelva a los acusados de todos aquellos delitos en los que no se demostró su intervención, imponiéndosele el mínimo legal contemplado en los casos en los que se considera probada su participación.
III. Con la adjudicación por sorteo de los recursos en la Sala, se notificó a las partes.
El señor fiscal ante esta instancia solicitó el rechazo de la impugnación deducida por la defensa, por las razones que desarrolló en la presentación electrónica de fecha 16 de marzo del corriente año.
Con posterioridad, se llevó a cabo la audiencia de informes realizada en los términos del art. 458 del ritual, cuyo registro audiovisual se encuentra reservado en el sistema “Augusta”.
El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. La señora jueza de la instancia, luego de celebrado el debate, tuvo por comprobadas las siguientes materialidades infraccionarias:
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, desde principios del mes de noviembre de 2018 y – al menos- hasta el día 22 de junio de 2020, cinco sujetos, bajo el liderazgo y coordinación de uno de ellos, contando con la colaboración de otras personas aún no identificadas y valiéndose de la representación del SINDICATO ÚNICO DE FLETEROS (Seccional Bahía Blanca), conformaron una organización delictiva destinada a amenazar y/o coaccionar a los choferes de camiones, a los propietarios de éstos y/o a los representantes de empresas con sede en distintas ciudades del país – excluida la ciudad de Bahía Blanca-, dedicadas a la producción y/o transporte de cereales y fertilizantes. Ello con el propósito de obligar a los tomadores de carga, ya sea a los dueños de la mercadería transportada o a las empresas dedicadas al transporte, a contratar los servicios de transporte ofrecidos por los miembros de la organización – o de terceros vinculados a ellos- para el traslado de productos que adquieren a empresas locales o bien, para el traslado de cereales desde sus localidades de origen hasta las terminales portuarias de esta ciudad.
Para alcanzar tales fines, cuatro de estas personas se instalaron en las puertas de acceso al depósito de la empresa Sea White S.A., sita en calle Facundo Zuviría 401 de esta ciudad (concretamente en la zona aledaña al ingreso de camiones, ubicada en una calle sin número paralela a la calle 18 de julio de Bahía Blanca; o bien recorrían el sector aledaño al depósito de la firma Bunge Argentina S.A., sito en Ruta Nacional 3 Km. 673 (en el sector conocido como playa de camiones), desde donde controlaban el acceso y salida de camiones a las plantas mencionadas. A su vez, se valieron de distintos métodos de intimidación dirigidos a los representantes de las empresas tomadoras de carga – de otras zonas del país-, con el objeto que accedan a sus exigencias, entre ellas: mensajes de texto y llamados telefónicos persistentes, realizados a los dueños de las empresas imponiéndoles la obligación de compartir viajes, al tiempo que – en caso de no acceder- les hacían saber que no permitirían el acceso de sus camiones a retirar productos de los depósitos señalados; o bien les comunicaban que sus camiones se volvían vacíos.
A su vez, intimidaban a los choferes que arribaban a las zonas de acceso de las plantas de Sea White S.A. y/o Bunge Argentina S.A. utilizando distintos métodos, como ser: recorrían y vigilaban los camiones interrogando a los choferes sobre su origen, giraban alrededor de ellos – observándolos-, intencional y sugestivamente; y estacionaban sus vehículos (identificados con el logo del Sindicato Único de Fleteros) muy cerca de los camiones y les manifestaban frases como: ´hoy no cargas´, ´¿para quién trabajas?´, u otras intimidaciones tales como: ´aténganse a las consecuencias´, ´las consecuencias van a ser otras´, ´les vamos a prender fuego los camiones´ o expresiones similares. Por su parte, el restante individuo, valiéndose de su puesto laboral en la casilla de acceso a la planta de la empresa Profértil S.A.
(tercerizado) brindaba información a los demás integrantes de la organización o banda, respecto de los camiones que salían cargados de dicha planta, mediante mensajes de texto que remitía a través de la aplicación WhatsApp al grupo integrado por los miembros de la organización delictiva. Finalmente, en caso de que los representantes de las empresas indicadas se negaran a acceder a sus requerimientos, los integrantes de la organización delictiva atentaban y/o dañaban sus camiones, arrojándoles hierros torsionados y soldados con las puntas afiladas, conocidos como clavos ´miguelitos´, a las ruedas de los vehículos, con el propósito que no regresen a la ciudad. En el marco de la citada asociación ilícita, sus integrantes cometieron – al menos- los hechos que se describen como el número 2 al 6” (en el fallo se identificó con el número “1” a la material infraccionaria transcripta).
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, en fecha no precisada con exactitud, pero con posterioridad al mes de noviembre de 2018, uno de los sujetos mantuvo distintas conversaciones telefónicas con Cristian Alejandro Verkuyl, productor agropecuario y dueño de un camión NSW-172 y tolva NOC-409, en las que le exigió que, para poder retirar fertilizante de la planta de la empresa Sea White S.A., debía contratar los servicios de logística y transporte a los miembros de la organización que él decía liderar – Sindicato Único de Fleteros- o bien compartir viajes con ellos. Ante la negativa de Verkuyl a sus exigencias, el día 18 de mayo de 2019, por la tarde, esta persona y otros sujetos no identificados aún, impidieron el acceso a la planta de la firma Sea White S.A. a Juan Manuel Rodas, chofer que manejaba el camión de Verkuyl, cuando se disponía a retirar fertilizante.
Posteriormente, el día 23 de mayo de 2019, con posterioridad a las 11:00 horas, cuando el señor Cristian Alejandro Verkuyl concurrió a la sede de la firma Sea White S.A. – sita en calle Facundo Zuviría 401 de la ciudad de Bahía Blanca- en compañía del funcionario policial sargento Ismael Cabral, cuando fue interceptado en la zona de acceso de camiones – situada sobre una calle sin nombre que corre paralela a la calle 18 de julio de esta ciudad, por un grupo de personas entre las que se encontraba el sujeto referido en primer término y tres sujetos no identificados, quienes, con intimidación, le exigieron a Verkuyl que, para poder retirar la mercadería adquirida y transportarla con su propio vehículo, debía compartir viajes con los miembros de la organización liderada por uno de ellos, es decir contratarlos para el transporte de parte de su producción.
En dicho contexto, mientras quien lideraba aparentaba mantener una negociación con Verkuyl, de acuerdo a los roles asumidos en la organización delictiva, uno de los acompañantes le dijo: ´Sabes cuál es el problema ruso, hoy venís vos, pero mañana va a venir el muchacho y va a venir al pedo. Ese va a ser el problema, porque vos desde tu casa lo manejas, ´anda a cargar´… y no lo vamos a dejar cargar amigo… y si tenemos que atravesar los camiones ahí para que no cargue, lo vamos a hacer…´. Seguidamente, ante el interrogante de Verkuyl respecto a si dicho accionar lo repetirían con todos los camiones que ellos decidan: ´No con los que decida no, con los que no nos quiera dar trabajo…´” (materialidad infraccionaria identificada en el número “2” en el fallo impugnado).
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, en fecha no precisada con exactitud, pero a partir del mes de noviembre de 2018 y hasta el 24 de mayo de 2019, dos de los sujetos integrantes de la asociación, actuando de consuno y previo reparto funcional de roles, desarrollaron distintas acciones dirigidas a intimidar a Francisco Mario Díaz – encargado de logística de la firma Agropecuaria Catriló S.A. y Lartirigoyen S.A.-, con el propósito de obligarlo a contratar los servicios de transporte ofrecidos por miembros de la organización que decían liderar – Sindicato Único de Fleteros Seccional Bahía Blanca-, para el transporte de fertilizante que la firma Agropecuaria Catriló debía retirar del depósito de Sea White S.A., sita en calle Facundo Zuviría 401 de esta ciudad, o bien para que los contraten para el traslado de cereales desde otras ciudades hasta el puerto local.
Con este propósito, uno de los sujetos – líder- mantuvo distintas conversaciones telefónicas y a través de mensajería instantánea con Francisco Mario Díaz en las que, aparentando mantener una negociación, le exigió que, para poder seguir retirando fertilizantes del depósito de Sea White S.A., debía compartir viajes con los miembros de la agrupación. En dicho contexto, como forma de intimidar a Díaz para que acceda a sus pretensiones, el 28 de enero de 2019, siendo aproximadamente las 11.00 horas este mismo sujeto impidió el acceso a la planta mencionada a los choferes de camiones de las empresas representadas por Díaz y le hizo saber al nombrado que lo hacía como consecuencia de no haber accedido a sus pretensiones, accionar que repitió en viajes sucesivos.
Continuando con la misma modalidad y persiguiendo idénticos fines, el día 24 de mayo de 2019, siendo aproximadamente las 8.00 horas en circunstancias que Raúl Sebastián Gallardo y Eduardo José María Pullola se disponían a ingresar a la planta de la firma Sea White S.A., con el objeto de retirar mercadería adquirida por la empresa Agropecuaria Catriló S.A., conduciendo los camiones de la empresa: dominio AB-842-FC con batea dominio AB-962-ZG y dominio AB-773-GB con batea dominio AB-962-ZK; fueron interceptados por dos de los individuos, quienes, de modo intimidatorio, impidieron el acceso de los camiones a la planta. Para ello se valieron de afirmaciones tales como: ´vos no cargas´, ´acá no carga nadie´ o similares, arrogándose en forma ilegítima el derecho a decidir o permitir – o no hacerlo el acceso a la planta, valiéndose para ello del temor que genera en los choferes su presencia en el lugar y el conocimiento de hechos precedentes transmitidos por otros choferes.
Con posterioridad a este episodio, en fecha no precisada con exactitud, pero entre el 31 de mayo de 2019 y el 15 de junio del mismo año, en circunstancias que Cristian Raúl Gallardo circulaba por la Ruta Nac. Nro. 33, a la altura del kilómetro 40 a 50 aproximadamente, conduciendo el camión dominio AB-773-GB con batea dominio AB-962-ZK, propiedad de la firma Agropecuaria Catriló S.A., fue alcanzado por dos de los sujetos, quienes circulaban a bordo de una camioneta, desde la cual le arrojaron al vehículo conducido por Gallardo hierros torsionados y soldados, denominados clavos ´miguelitos´, con el objeto de causar daños a los neumáticos de la unidad, no logrando su objetivo por circunstancias ajenas a su voluntad, toda vez que, por razones fortuitas, los clavos no se incrustaron en las cubiertas del vehículo” (materialidad infraccionaria identificada en el fallo con el número “3”).
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, entre el día 31 de julio y el 18 de septiembre de 219, cuatro de los sujetos integrantes de la Asociación, actuando de consuno y previo reparto funcional de roles, desarrollaron distintas acciones dirigidas a intimidar a Pablo Cittadini y Adalberto Omar Barrueco, responsables de la empresa Tierras de Henderson S.A., dedicada al transporte de productos e insumos agropecuarios, con el propósito de obligarlos a que contraten los servicios de transporte de los propios imputados o de terceros vinculados a ellos para el transporte de fertilizante que adquieren a empresas locales y retiran de la planta de la empresa Sea White S.A. – sita en calle Facundo Zuviría 401 de esta ciudad-; o bien que los contraten para el traslado de cereales desde otras ciudades hasta el puerto local.
Así, el 31 de julio de 2019, en circunstancias que Alejandro José Montrubianesi – empleado de la empresa Tierras de Henderson S.A.- se disponía a ingresar al depósito de Sea White S.A., conduciendo el camión Mercedes Benz modelo 1624 L, dominio IDH-A95 y acoplado Helvética dominio LUU-525, fue interceptado por uno de los individuos, quien de acuerdo al reparto previo de roles realizados en la organización, se acercó a Montrubianesi y le manifestó, de forma intimidante, que no podía cargar, al tiempo que lo interrogó respecto a los titulares de la carta y el número telefónico de la empresa. Finalmente, otro de los sujetos autorizó el ingreso de Gallardo pero le advirtió que no regresara a la ciudad, porque ´las consecuencias iban a ser otras o mayores´ y que ´le iban a prender fuego a los camiones´.
Posteriormente, otro de ellos remitió distintos mensajes a través de la aplicación WhatsApp a Pablo Cittadiini, en los que – ante la negativa de aquel a contestarle los llamados y acceder a sus exigencias- le comunicaba que sus camiones se volvían vacíos. Posteriormente, el 6 de agosto de 2019, en circunstancias que Leandro José Frabiani – empleado de la empresa Tierras de Henderson S.A.- se disponía a ingresar a la planta de la firma Sea White S.A. conduciendo el camión Mercedes Benz modelo 1620 dominio GMW-502, con acoplado Helvética dominio MUJ-031, a retirar fertilizante adquirido por su empleadora, fue abordado por uno de los individuos quien se movilizaba a bordo de la camioneta Volkswagen Amarok negra dominio OFU-255 y, de acuerdo al reparto previo de roles realizado en la organización, se acercó a Frabiani y le manifestó, de forma intimidante y con el propósito de que no ingrese a la planta: ´no cargués, nosotros sabemos que sos empleado, que vos obedeces órdenes, pero la van a pasar mal´.
Dichos episodios se repitieron respecto de Frabiani en las mismas circunstancias de modo y lugar los días 9, 24 y 31 de agosto de 2019. Ante la negativa de los representantes de la empresa Tierras de Henderson S.A. y de sus choferes de acceder a las exigencias de los imputados y como forma de intimidación para que no regresen a retirar fertilizantes a la ciudad de Bahía Blanca, los días 10 y 18 de septiembre de 2019, tres de los individuos integrantes de la asociación, previo reparto funcional de roles, dañaron dos camiones de la empresa Tierra de Henderson S.A. Para ello, el 10 de septiembre de 2019, a partir de las 8.12 horas, un cuarto individuo quien se encontraba en la zona de acceso a la planta de Sea White S.A. informó al líder a través de mensajes de Whatsapp la presencia de un camión de la empresa Tierras de Henderson S.A., esperando para acceder al depósito de Sea White S.A., las características del vehículo, el momento de su salida de la planta y el rumbo tomado por el chofer, siguiendo de cerca el recorrido del vehículo transmitiéndole la ubicación.
Ello posibilitó que, siendo aproximadamente las 11.30 horas, dos de ellos, quienes circulaban en la camioneta Volkswagen Saveiro dominio NDK 853, propiedad de uno de ellos, alcanzara al camión Mercedes Benz modelo 1620 S dominio GMW-502 con acoplado dominio MUJ-031, que era conducido por Leandro Frabiani, a la altura del km. 30 a 35 de la Ruta Nacional nro. 33, donde le arrojaron a las ruedas del camión en movimiento hierros torsionados y soldados al medio, con puntas afiladas, conocidos como clavos miguelitos, los que se incrustaron en una rueda trasera del camión y una rueda del acoplado, generando orificios de pinchadura y rajaduras en las cubiertas. Seguidamente, le arrojaron otros objetos que impactaron y astillaron el parabrisas del camión.
A su vez, el 18 de septiembre de 2019, a partir de las 11:10 horas, otro sujeto, quien se encontraba en la zona de acceso a la planta de Sea White S.A. en la casilla instalada por los miembros de la organización denominada ´Sindicato Único de Fleteros´, informó al líder a través de mensajes de Whatsapp la presencia de un camión de la empresa Tierras de Henderson S.A., el momento de su salida de la planta y el rumbo tomado por el chofer, siguiendo de cerca el recorrido del vehículo. Ello posibilitó que éste junto a otro de los individuos, quienes circulaban a bordo de otro vehículo no identificado alcancen el referido camión – marca Mercedes Benz modelo 1624 L, dominio IDH-A95 con el acoplado Helvética dominio LUU-525, conducido por Alejandro José Montrubianesi- entre las 12.35 y las 13.30 horas, a la altura del km. 634, aproximadamente, de la Ruta Nacional nro. 3, próximo al Paraje denominado Las Oscuras, donde le arrojaron a las ruedas del camión en movimiento hierros torsionados y solados, conocidos como clavos ´miguelitos´, generando orificios y rajaduras en una cubierta trasera del camión del lado del conductor – interna- y una cubierta delantera del acoplado del mismo lado – interna-“ (materialidad infraccionaría identificada en el fallo con el número “4”).
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, en fecha no precisada con exactitud pero con posterioridad al mes de noviembre de 2018 y hasta el 1 de octubre de 2019, cuatro de los sujetos integrantes de la asociación, actuando de consuno y previo reparto funcional de roles, desarrollaron distintas acciones dirigidas a intimidar a Juan Carlos González, titular de la empresa Don Simón, dedicada al transporte de productos e insumos agropecuarios, con el propósito de obligarlo a que contrate los servicios de los imputados o de terceros vinculados a ellos para el transporte de la mercadería (concretamente fertilizante), que adquiere a empresas locales y retira del depósito de Sea White S.A. – sita en calle Facundo Zuviría 401 de esta ciudad-, o bien que los contrate para el traslado de cereales desde otras ciudades hasta el puerto local.
Para ello, durante el período indicado uno de los sujetos mantuvo distintas conversaciones telefónicas con González, titular de la empresa de logística DON SIMÓN, en las que, aparentando mantener una negociación, le hizo saber sus exigencias. En dicho contexto y ante la negativa de González de acceder a sus requerimientos, este individuo lo abordó, en reiteradas ocasiones a: Luis Gabriel Pagano, Roberto Miguel Pereyra y Gastón Milla, choferes de los camiones de la empresa Don Simón, en circunstancias que éstos se disponían a ingresar a la firma Sea White S.A., a quienes les manifestó que no podían ingresar a la planta, los interrogó respecto a los titulares de la carga y sobre el número telefónico de su empleadora.
Dicho accionar fue realizado por éste con el objeto de intimidar a los choferes para que no ingresen a retirar los productos y a Juan Carlos González para que acceda a sus exigencias. Continuando con la misma modalidad, y persiguiendo idénticos fines, en la ciudad de Bahía Blanca, el día 1 de octubre de 2019, siendo aproximadamente las 7.30 horas, en circunstancias que Luis Gabriel Pagano se disponían a ingresar a la planta de la firma Sea White S.A. a retirar fertilizantes a bordo del camión Volkswagen 19320, dominio MOA-885 con batea marca Herman dominio AB-089-XR, propiedad de la empresa Don Simón, fue interceptado por el recientemente señalado, quien de modo intimidatorio le exigió que no ingresara a cargar al tiempo que agregó que si lo hacía debía ´atenerse a las consecuencias´.
Ante la negativa de González y de sus choferes de acceder a sus exigencias y como forma de intimidación para que no regresen a retirar fertilizantes a esta ciudad, el día 1 de octubre de 2019, los cuatro sujetos, previo reparto funcional de roles, atentaron y dañaron tres camiones de la empresa Don Simón arrojándoles clavos miguelitos a las ruedas de los vehículos. Concretamente, siendo las 9.13 horas, otro de los integrantes, de acuerdo a los roles asignados se encontraba en la zona de acceso a la planta de Sea White S.A., informó a su líder (a través de mensajes de Whatsapp), el momento de la salida del vehículo conducido por Luis Gabriel Pagano de la planta de Sea White S.A. Ello posibilitó que éste junto a otro sujeto, en forma mancomunada, organizaran el ataque al camión conducido por Pagano.
Así, siendo aproximadamente las 9.30 horas, en la intersección de calles Vieytes y Camino Parque Sesquicentenario de esta ciudad, de acuerdo al reparto de roles, uno de ellos arrojó hierros torsionados y soldados al medio con sus puntas afiladas – conocidos como clavos miguelitos- debajo del camión en movimiento, para inmediatamente darse a la fuga a bordo de una motocicleta, mientras el otro circulaba por las inmediaciones dando apoyo y procurando asegurar el éxito del ataque y/o la impunidad. Dichos elementos se incrustaron en los neumáticos de tracción (trasera) del camión Volkswagen 19320, dominio MOA-855 con batea marca Herman dominio AB-089-XR propiedad de la empresa Don Simón, generando orificios de pinchadura en los neumáticos.
A su vez, siendo aproximadamente las 14.20 horas del 1 de octubre de 2019, a la altura del km. 35 a 50 de la Ruta Nac. 33, tres de los integrantes, quienes circulaban a bordo de la camioneta Chevrolet Tracker dominio OOB-382, propiedad de uno de ellos, arrojaron desde la camioneta en movimiento, hierros torsionados, solados y unidos en sus mitades, con las puntas afiladas, conocidos como clavos miguelitos, debajo del camión marca Volkswagen dominio OHM-478, de la empresa Don Simón, que era conducido por Gastón Milla, quien logró esquivarlos tirándose a la banquina. Dichos elementos, no obstante, se incrustaron en el neumático derecho del segundo eje trasero de la tolva AB-650-QV, la cual era traccionada por el camión Volkswagen modelo 19320, dominio OWN-688, de la firma Don Simón, propiedad de Juan Carlos González, conducido por Roberto Miguel Pereyra; asimismo en el neumático de tracción derecha del camión Volkswagen 19320 dominio AD-824-NM, enganchado a la batea dominio AB-751-ZH, propiedad de la empresa de transporte “MARTIN MOSCONI”, que era conducido por José Antonio Orozco; en la rueda delantera derecha del camión conducido por Leandro Fabián Videgain, de su propiedad y en la rueda delantera derecha del camión marca Volkswagen 17220, dominio HAI-807, enganchado al acoplado dominio HKQ-729 propiedad de la empresa Don Benigno SRL, conducido por Juan Cruz Lagardua, generando orificios por pinchaduras y rajaduras en las cubiertas mencionadas” (materialidad infraccionaría identificada en el fallo con el número “5”).
“(…) en la ciudad de Bahía Blanca, en fecha no precisada pero con posterioridad al mes de noviembre de 2018 y hasta el 18 de junio de 2020, uno de los sujetos llevó a cabo distintas acciones dirigidas a intimidar a María Juliana Milla, responsable de la firma Agropecuaria Milagro S.A., con el propósito de obligarla a que contrate los servicios de transporte de los miembros de la organización por él liderada – la que identifica como SINDICATO UNICO DE FLETEROS SECCIONAL BAHIA BLANCA- para el transporte de la mercadería (concretamente fertilizante), que adquiere a empresas locales, o bien que los contraten para el traslado de cereales desde otras ciudades hasta el puerto local. Para ello, durante el período indicado el mencionado remitió distintos mensajes a Milla a través de la aplicación Whatsapp, en los que, insistentemente, le imponía que contrate los servicios de transporte de los miembros del Sindicato por él liderado. A su vez, como forma de intimidar a Milla, cada vez que concurrían a cargar sus camiones – los que eran observados y controlados por éste o los miembros de la organización- le remitía un mensaje recordándole sus pretensiones y que no había compartido carga con ellos. Así, entre otros, el 5 de junio de 2019 le remitió un mensaje que decía: ´Hola buen esta esta es la última hasta que no nos compartas algún viaje está acá en loma gracias´. Finalmente, y también como forma de intimidar a Milla para que acceda a sus exigencias, el 18 de junio de 2020, en horas de la mañana, esta misma persona abordó a Sebastián Albagnac y Diego Darío Díaz – choferes de la empresa Agropecuaria Milagro S.A.-, en circunstancias que éstos esperaban el turno de ingreso en el sector aledaño a la planta de la forma Bunge S.A. sita en Ruta Nac. 3 km. 672/673 del partido de Bahía Blanca, a quienes les manifestó que no podían ingresar a cargar. Dicho episodio motivó la intervención del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Tercera de esta ciudad, que concurrió al lugar del hecho con motivo de las agresiones realizadas por María Juliana Milla” (materialidad infraccionaria identificada en el fallo con el número “6”).
“(…) el 18 de junio del 2020, siendo aproximadamente las 10:15 horas, en la vía pública, en el kilómetro 673 de la Ruta Nacional N° 3, más concretamente en la playa de camiones aledaña a la planta de la empresa Bunge Argentina S.A., se portó sin la debida autorización legal un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm. marca Thunder 9 pro, número de serie C85117, catalogada como arma de fuego de uso civil condicional, que se encontraba guardada, junto con quince proyectiles del mismo calibre marca CBC, en el compartimento de apoya brazos entre ambos asientos delanteros de la camioneta marca Volkswagen modelo Amarok dominio AA166WD en la que circulaba el nombrado, sin el cargador colocado, el cual se encontraba en la gaveta del mencionado rodado. Que ello fue constatado por personal policial del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tercera, en la misma fecha, quienes fueron convocados para constituirse en el lugar por un presunto conflicto, procediendo los efectivos al secuestro del arma y proyectiles mencionados y a la aprehensión del sujeto, contando con la credencial del legítimo usuario de arma de fuego de uso civil condicional y la tarjeta de tenencia del arma descripta” (materialidad infraccionaria identificada en el fallo con el número “7”).
“(…) el 23 de diciembre de 2019, siendo aproximadamente las 6.00 horas, en circunstancias en que el oficial principal Miguel Angel Vaca y personal a su cargo dependiente de la Delegación Departamental de Investigaciones Bahía Blanca, se constituyeron en el domicilio sito en la calle Thompson 736 de la ciudad de Bahía Blanca, con el fin de diligenciar la orden de allanamiento y secuestro librada por la Dra. Susana Calcinelli, a cargo del Juzgado de Garantías nro. 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en relación a la IPP nro. 02-00-011047-19/00 y sus acumuladas, de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 18 Departamental, procedieron al secuestro de una carabina calibre .22, marca Savage Model 64 CAL. .22, Serie Nro. L260533, cuya tenencia ejercía un sujeto, la que se encontraba en uno de los dormitorios de la vivienda, identificado en el acta de allanamiento como número tres, concretamente en un mueble de madera donde se hallaron otras pertenencias de esta persona; arma ésta que se encontraba catalogada por la Reglamentación de Armas y Explosivos nro. 20429/73 y Decreto 395/75 y sus modificatorias como arma de uso civil y sin contar con la debida autorización toda vez que había expirado el día 1 de agosto de 2005” (materialidad infraccionaria identificada en el fallo con el número “9”).
II.
Luego de enumerar la prueba rendida en el juicio, y la incorporada por lectura al debate, la magistrada de la instancia comenzó su análisis por la primera de las materialidades infraccionarias planteadas por la acusación, que consideró constitutiva del delito de asociación ilícita. En ese sentido, expuso lo siguiente: “Por un lado, los testigos de la fiscalía se han referido a los hechos traídos a juicio, algunos de los cuales detallaron lo que sufrieron en carne propia. Por el otro, los aportados por la defensa, argumentaron sobre el reclamo del sindicato, a través de sus delegados, para compartir los viajes con los fleteros de la zona, llevando la carga a tarifa plena, y no reducida como dicen que aceptan los foráneos, por considerarla injusta y poco competitiva”.
“Esto ha quedado muy claro, y tampoco fue punto de discusión entre las partes”.
“Pero lo que entiendo ha quedado probado, es que algunas de estas personas, en ejercicio de su rol gremial, de militancia – como dijeron varios testigos- llevaron adelante conductas reprochables, que lejos están de la actividad que debe perseguir, éste y cualquier sindicato que se ocupe de la defensa de sus afiliados, pero debe enmarcarse en la legalidad”.
“Nadie pone en dudas que es necesaria la actividad sindical para reclamar y mejorar los derechos de un sector, pero siempre que su ejercicio sea pacífico y en el marco de la ley, de lo contrario configura delito penal. Y aquí es lo que ocurrió”.
“No se puso en tela de juicio en el debate, la escasez de viajes en algunas épocas del año, que algunos fleteros de la zona regresaran a sus localidades con los productos a tarifas reducidas, tampoco que la carga de fertilizante saliera con remito, o la falta de regulación de tarifa. Lo que está en crisis es que frente al pedido de compartir el viaje, quizás para paliar esta situación y frente a la negativa de los transportistas a dar, lo que no tenían obligación de ceder, algunas personas, entre ellos los imputados, intimidaban para lograr ese objetivo, y cuando ello tampoco era logrado y se cargaba mercadería igual, se acudió a la violencia física sobre los choferes y sus camiones, con los ataques que ya relataron algunos de los testigos, y que componen también la plataforma fáctica”.
El razonamiento probatorio continuó, refiriéndose en términos generales a las manifestaciones de los testigos presentados por la acusación como víctimas de las intimidaciones atribuidas a los acusados: “(…) Que las personas que los abordaban, ya sea en Sea White o en Bunge, les decían que no podían cargar, les pedía(n) a los choferes el número de los dueños con quienes conversaban, y que cuando no se obtenía el resultado esperado, esto es compartir o retirarse vacíos, se los intimidaba refiriendo que las consecuencias iban a ser peores, que les iban a prender fuego los camiones, y en otras, más graves, se ejerció violencia directa sobre las unidades mientras transitaban en las rutas, logrando romper neumáticos y parabrisas”.
“Y esta modalidad no se puede tolerar”.
“Compartir las cargas en la medida que haya acuerdo de las partes, no resulta ilegal. El problema lo tuvieron aquellos que decidieron no aceptar la propuesta. Aquellos que hicieron caso omiso a las advertencias y cargaron igual, sufrieron represalias. En otros casos, simplemente se retiraron sin carga, ya sea por el temor que le infundieron las amenazas sufridas de manera personal, o en otros casos fueron disciplinados sólo con ver lo que a otros les había sucedido”.
“Muchos fueron obligados a dejar la ciudad con su camión vacío. Otros decidieron no regresar más. Así lo manifestaron algunos choferes como Albagnac y Díaz, también lo manifestaron Juliana Milla y Verkuyl, que en numerosas oportunidades sus choferes regresaron sin carga. Incluso Díaz relató que, en la última ocasión, donde intervino la policía intermediando en esta cuestión, a uno de los imputados se le encontró un arma de fuego en la camioneta, elemento que por lo que representa, refuerza la intimidación”.
III.
De los párrafos transcriptos en el apartado anterior interesan destacar las siguientes afirmaciones, por cuanto resultan relevantes para el análisis sobre la comprobación de la materialidad ilícita que se entendió constitutiva del delito de asociación ilícita.
En primer término, la magistrada de la instancia expresó que no tenía dudas sobre la necesidad de la actividad sindical para reclamar y mejorar los derechos de sus afiliados (como no podía ser de otra manera).
Seguidamente afirmó, que esa actividad sindical sólo podía realizarse en forma pacífica “y en el marco de la ley”, puesto que “de lo contrario configura delito penal”, afirmándose que esto último – la comisión de delitos- fue lo que ocurrió en el caso bajo examen. Sin embargo, el examen de las constancias probatorias detalladas en el veredicto, permite apreciar que aquel “reconocimiento” sobre la necesidad y legalidad de la actividad sindical fue dejado de lado, valorándose la información que surgía de las evidencias, exclusivamente a la luz de la hipótesis presentada por la acusación sobre la existencia de una asociación ilícita integrada por los acusados, y dejando de lado – arbitrariamente- la hipótesis presentada por la defensa que se apoyaba en la actividad sindical realizada por los acusados, carente de los presupuestos que componen una organización delictiva como la contemplada en el art. 210 del código sustantivo.
Una primera muestra del vicio advertido en el razonamiento probatorio, se encuentra en el último de los párrafos del veredicto transcriptos precedentemente, donde se menciona el secuestro de un arma de fuego en poder de uno de los acusados, afirmándose en el fallo que, la incautación de un elemento de esas características, “reforzaba la intimidación” que desplegaba la organización delictiva descripta en la imputación.
Sobre este punto cabe señalar en primer lugar, que en ninguno de los testimonios relevados en el fallo se hizo mención a amenaza o intimidación alguna en la que se haya hecho alusión – expresa o tácitamente- a la posibilidad del uso de un elemento de esas características. Menos aún surgieron referencias a la exhibición de armas de fuego. En ese marco, y más allá de lo que se dirá en párrafos subsiguientes cuando se analice el tipo penal en el que se enmarcó la conducta endilgada a Mariano Llafar (portación ilegítima de arma de fuego de uso civil), la verificación de las circunstancias en las que se produjo el secuestro del arma, el 18 de junio del año 2020 (conforme IPP 010345-200/00 que se tiene a la vista), permite descartar el uso de ese elemento como “refuerzo” de la intimidación que se les adjudicó a los acusados.
En concreto, la lectura de las declaraciones de los testigos presentes en el lugar en la fecha indicada (Sebastián Albagnac y Diego Díaz, choferes de camiones de la empresa Agropecuaria Milagro S.A.), indica que nunca supieron de la existencia del arma de fuego secuestrada en el interior de la camioneta de uno de los acusados, hasta el momento en el que fue incautada por el personal policial que llevó adelante la requisa del rodado.
No se explica en el fallo cómo pudo considerarse al arma como “refuerzo” de una intimidación, si en ningún momento fue exhibida, revelada o insinuada su existencia a las personas que habrían sido víctimas de tales amenazas.
Por esas razones, cabe concluir que fue injusta la estimación que se hizo en el fallo sobre el secuestro del arma, y en cambio, su inclusión como prueba de cargo demostrativa de la asociación ilícita endilgada a los acusados, constituye la primera falencia detectada en el veredicto condenatorio examinado.
IV.
En segundo lugar, el examen de las constancias probatorias en las que se apoyó el pronunciamiento en crisis, continuará con los testimonios que se mencionaron en el último de los párrafos transcriptos del veredicto (apartado II de la presente).
Sebastián Albagnac dijo en el juicio: “(…) que en junio de 2020 estaban esperando en Bunge para cargar fertilizante y vinieron tres personas en una camioneta, uno de ellos era Mariano y le dijeron que no iba a cargar, porque la empresa no le daba carga. Que vino la policía y encontraron un arma de fuego arriba del vehículo de estas personas. Que muchas veces no los dejaron cargar, cuando sucedía esto avisaban a la empresa y se volvían vacíos, habrá ocurrido unas diez veces. Que desconoce quien llamó a la policía. Que ese día regresó vacío. Refirió que cuando viene con cereal, vuelve con fertilizante, pero no es todo el año, unos cuatro o cinco meses en el año. Que nunca se fue sin cargar por una cuestión de papeles.
Que se encuentra bajo convenio colectivo de trabajo y que la tarifa que rige es la de Afip. Que la vuelta se paga un poco menos, y que como tiene que volver de igual manera, a él le sirve volver cargado. Reiteró que ese día le dijeron que no iban a cargar y luego, tampoco lo hizo porque se pasó el horario de carga._”. En el mismo sentido declaró Diego Darío Díaz en el debate: “(…) que el día 18 de junio del año pasado, mientras esperaba para cargar fertilizante, llegó una camioneta, con una persona que le dijo que no podía hacerlo. Estaba con otro chofer, en camiones distintos, en la planta de Bunge. Que vino la policía, les encontraron un arma de fuego en una camioneta Amarok de color claro, después fueron a declarar.
Que esa persona se llamaba Mariano, estaba con otro chico más, del que no recuerda el nombre. Que le dijeron que no podía cargar y llamó a la empleadora. Varias veces le había pasado lo mismo, unas ocho o nueve veces se volvieron sin cargar, ellos querían que compartieran viajes. Que tenía miedo. Que siempre venía a puerto con cereal y a la vuelta regresaba con fertilizante, y que el día que fue la policía no cargaron. Consultado las razones por las que esas ocho o nueve veces no cargó, dijo que no era por un problema de papeles, que fue por el sindicato. Que se encuentra registrado como corresponde, con todos los papeles. Que el viaje de ida se paga un poco menos. Que el cereal va con carta de porte y el fertilizante con remito, que autoriza para regresar, y lo entrega Bunge o donde se cargue la mercadería.
Que muchas veces compartía con Mariano algún almuerzo o conversación. La tarifa que rige es la de Afip, que él está de acuerdo con volver de esa manera, y que le resulta redituable volver con fertilizante porque "volver, tengo que volver igual". Repitió que ese día volvió sin carga”.
Los dos nombrados conducían camiones pertenecientes a la empresa Agropecuaria Milagro S.A., mientras que Juan Carlos Rodas, quien se desempeñaba como chofer de un vehículo perteneciente a Cristian Verkuyl, expresó en el juicio lo siguiente: “(…) En relación a los hechos, dijo que siempre le hablaron muy bien, que lo único que le dijeron era que no podía cargar y que su patrón les diera algún viaje a ellos. Que si no le daba, no podía entrar a cargar. Que un día fue su patrón a hablar con ellos. Otro día Mariano -Llafar- le pasó un teléfono para que su patrón hablara con ellos, para que le diera un viaje. Que se fue unas cuatro o cinco veces sin cargar, que se ha ido sin cargar y al regresar a la semana tampoco lo dejaron, que se tenía que volver vacío. Que le pagaban lo mismo el viaje de ida que de vuelta. Preguntado por la defensa, dijo que todas las veces que no pudo cargar fue porque no lo dejaron, nunca por otro problema distinto. Que al momento de ingresar a la empresa a cargar, te pedían toda la documentación, la del camión y la propia, la cual tenía al día con todo. Que siempre lo trataron bien, nunca escuchó que pidieran retorno. Que esta gente le decía que los disculpara porque no podía entrar a cargar, y se quedaba sentado en el camión esperando las indicaciones de su patrón”.
Los testimonios de los tres choferes aludidos en este pasaje del fallo no reflejan el accionar de una organización delictiva conformada para amenazar o coaccionar en forma indiscriminada, sino la actuación de dos de los acusados, Mariano Llafar y Mario Aguiar, como delegados del sindicato de fleteros.
En efecto, es importante recordar que en el pronunciamiento en crisis se afirmó que no estaba discutida la existencia de un “reclamo del sindicato, a través de sus delegados (los acusados), para compartir los viajes con los fleteros de la zona, llevando la carga a tarifa plena, y no reducida como dicen que aceptan los foráneos, por considerarla injusta y poco competitiva”.
Es decir, se tuvo por demostrado que existía un reclamo para compartir los viajes con los transportes correspondientes a personas o empresas de la ciudad de Bahía Blanca, por la afectación de la fuente de trabajo que se presentaba ante la desventaja económica descripta, y se trataba de un reclamo que no provenía exclusivamente de cinco personas (los acusados), sino de un importante número de individuos que se veían perjudicados por la misma situación (afiliados al sindicato), extremo del que dieron cuenta los veinticinco testigos presentados por la defensa en el debate.
Así, a modo de ejemplo, Nicolás Eduardo Colmegna expresó: “(…) que pertenecía al Sindicato de Fleteros porque siempre hubo inconvenientes, que la propuesta era defender a los camioneros de Bahía Blanca. Que de la zona se llevaban el fertilizante a menor precio, que eso no era competitivo. Que la idea era que que en primer lugar salieran los camiones de nuestra ciudad o bien que compartieran los viajes…”.
Mario Alberto Pereyra: “(…) que los camiones que salen con fertilizante viajan por debajo de la tarifa, que no se respeta la localía Que cuando los camiones ingresan a puerto con mercadería del campo, quedan vacíos y se llevan fertilizante…”.
Juan Matías Ballester: “(…) Que junto a su hermano tiene una pequeña empresa de camiones, y es afiliado al sindicato. Que se peleaba para tener una mejor tarifa porque era muy baja y el sindicato trataba de tener una tarifa más digna…”.
Ricardo José Bostal: “(…) Que se usan los camiones de afuera y se les paga menos de lo que corresponde, un 50% menos. Que so los dueños de la mercadería los que abonan menos, que no pueden competir y por esa razón actúa el sindicato. Que esta situación ocurre en otros puertos”.
Rubén Ricardo Geist: “(…) Que particularmente consiguió viajes que le han dado y a las tarifas correspondientes. (…) Que la tarifa que manejan los camioneros que llevaban mercadería a la zona siempre era menor (…)”.
Carlos Alberto Freije: “(…) Que cuando trabajaba con fertilizantes pagaban más barato a los camiones que venían de afuera, que tienen prioridad de carga…”.
En el mismo sentido se expresaron, de acuerdo a lo que surge de las constancias del veredicto, Emanuel Ernesto Corinti, Adrián Alberto Montero, Cristian Adrián González, Jonatan Gabriel Power, Walter, Suarez, Sergio Alfredo López, José Guillermo Climent, Gonzalo Nicolás Manino, Angel Ceferino Romero, Mario Demetrio Sagoff, Diego Ganga, Edicio Guillermo Fritz, Marcelo Gustavo Gurruchaga, Jorge Alberto Salazar, Raúl Alejandro Magara, Fernando Daniel Curvelo, Sebastián López, Rubén Oscar Ceballos, y Juan Manuel Aguiar.
La importancia de destacar el contenido de los testimonios mencionados en los párrafos precedentes se encuentra en que tales elementos permiten apreciar que la problemática que describieron es la misma que la narrada por los tres choferes anteriormente mencionados (Sebastián Albagnac, Diego Díaz y Juan Carlos Rodas), coincidente con los reclamos que Mariano Llafar les hizo vía telefónica a los dueños de los vehículos conducidos por los nombrados (conforme se desprende de los testimonios de Cristian Verkuyl y Juliana Milla en el juicio, y las constancias de comunicaciones telefónicas de fs. 726/27 y 844vta/845 de la causa principal), e incluso se corresponde con el planteo que mediante nota hicieron Mariano Llafar y Mario Raúl Aguiar en el mes de abril del año 2019 ante la empresa “Sea White” (ver fs. 1412Vta. de la causa principal), y personalmente en el mes de noviembre del año 2018 ante Jorge Balzano, presidente del directorio de la mencionada compañía, conforme lo relatara este último en el juicio.
Nótese en este punto la coincidencia entre las fechas indicadas en el párrafo anterior, y las consignadas en la descripción de la imputación formulada respecto del delito de asociación ilícita: se tuvo por demostrada la existencia de esta última “desde principios del mes de noviembre de 2018 y –al menos- hasta el día 22 de junio de 2020”, siendo que estas dos fechas se corresponden con sendas actuaciones de los acusados en las que quedó plasmado el reclamo que llevaron adelante como delegados sindicales.
Así se lo transmitieron a Jorge Balzano en la reunión que mantuvieron en el mes de noviembre del año 2018: “Que en aquella época vinieron Llafar y Aguiar con la propuesta de que se les pida a los camiones de la zona, que compartieran las cargas con los de Bahía Blanca. Que se les dijo que ello no era posible, tampoco estaba de acuerdo con la propuesta, y se retiraron. Que primero se instalaron con reposeras, luego con camionetas y después colocaron una casilla…”.
Ese planteo formulado en el mes de noviembre del año 2018, es el mismo que se le transmitió a Cristian Verkuyl y al chofer de su camión, Juan Carlos Rodas, en las comunicaciones telefónicas del mes de enero del año 2019, y en los encuentros que mantuvieron con los acusados en mayo de ese año.
Es el mismo reclamo que se vio plasmado en los diálogos narrados por Sebastián Albagnac y Diego Díaz, ocurridos el día 18 de junio del año 2020.
En este punto, no parece lógico sostener que una organización delictiva como la descripta en el fallo, haya comenzado su actuación presentándose ante el director de la empresa “Sea White” para anunciarle sus intenciones.
V.
Existen, contrariamente a lo afirmado en el veredicto, diversos elementos que avalan la razonabilidad de la argumentación presentada por la defensa de los acusados, conforme con la cual la valoración conjunta de la prueba sobre los hechos que se desarrollaron a lo largo del período de tiempo señalado, reveladora de una problemática económica-laboral que afectaba a los afiliados del sindicato, resulta indicativa de una conducta ajena al delito endilgado.
En este punto, resulta importante destacar que aquel planteo sobre las dificultades del sector, fue el que se les transmitió a la mayoría de los propietarios de camiones o representantes de las empresas que fueron identificados en la plataforma infraccionaria como víctimas de las intimidaciones.
Así se le hizo saber a Cristian Verkuyl, puesto que si bien el nombrado no se explayó en su declaración sobre los motivos del llamado de Mariano Llafar, sí lo hizo su chofer cuando compareció en el juicio, oportunidad en la que contó sobre el pedido del nombrado para compartir la carga.
También a Francisco Díaz, de Agropecuaria Catriló, en el intercambio de mensajes por whatsapp del 28 de enero del año 2019 (fs. 845 de la causa principal); y a Juliana Milla de la empresa “Milagro Agropecuaria S.A.”, en los mensajes de mayo, junio y julio de 2019 (fs. 726/27 y 844vta./845).
En el caso de los representantes de las empresas “Tierras de Henderson S.A.” y “Don Simón”, sus declaraciones testificales incorporadas por lectura al juicio no contienen referencias concretas sobre el punto en trato, más allá de la negativa que dijeron haber expresado ante el pedido de compartir los viajes.
La nota esencialmente característica que se desprende de las probanzas reseñadas, se encuentra en que en ellas se ve reflejada la problemática canalizada por uno de los acusados (Mariano Llafar), como delegado del sindicato.
La última referencia indicada en el párrafo anterior también resulta importante aval de la argumentación presentada por la defensa: nunca hubo dudas sobre la identidad de las personas que reclamaban, porque se identificaron públicamente como representantes de la entidad gremial, con banderas, vestimenta y calcomanías en sus vehículos, y el nombrado Llafar también lo hizo al comunicarse con los dueños o representantes de las empresas en las comunicaciones telefónicas aludidas en el fallo (intercambio de mensajes con “Tito Orondo” de fecha 19 de octubre de 2019; comunicaciones del 6 de noviembre de 2019 obrantes a fs. 437/438 y 438vta/439 de la causa principal).
No se advierte entonces la actuación solapada de un grupo de individuos asociados con fines ilícitos, sino la de una persona (Mariano Llafar), como delegado del sindicato, que planteó ante diversos propietarios de camiones, la problemática que afectaba a los afiliados de dicha entidad gremial, identificándose públicamente como representante del sindicato, de la misma manera en la que se colocó una bandera de la entidad gremial en la casilla que instalaron frente a la empresa “Sea White”, como así también en sus vehículos, y en redes sociales (ver fs. 131/3: publicación en el perfil público de facebook de Mariano Llafar, de fecha 15 de noviembre de 2018: “Sindicato único de fleteros ya está instalado en Bahía Blanca ruta 3 km 696 en el cholo compañeros vamos a luchar para lograr las tarifas y el trabajo llegó el momento de no arrastrarnos más”. (ver fs. 133).
De allí que, cuando en el veredicto se tuvo por comprobado que los acusados se asociaron para “amenazar y/o coaccionar a los choferes de camiones, a los propietarios de éstos y/o a los representantes de empresas (…) con el propósito de obligar a los tomadores de carga (…) a contratar los servicios de transporte ofrecidos por los miembros de la organización…”, se dejó a un lado – arbitrariamente- toda la prueba presentada en el legajo que daba cuenta de que la oposición de los acusados a la carga de la mercadería en camiones de empresas que no eran de Bahía Blanca, obedecía a la existencia de un reclamo sindical válido, por cuanto afectaba a un numeroso grupo de personas, esencialmente mayor a los cinco que fueron acusados en este legajo.
VI.
La siguiente evidencia destacada en el veredicto en crisis, en el marco del análisis probatorio vinculado con la demostración de la asociación ilícita integrada por los acusados, consistió en un mensaje de whatsapp enviado por Mariano Llafar al grupo de esa aplicación (denominado “SINDICATO UNICO DE FLETERO”), al que se encontraban unidos los integrantes del sindicato (más de cincuenta personas, ver fs. 848vta. de la causa principal)
En este punto, el veredicto dice lo siguiente:
“(…) Como lo ha apuntado el Fiscal, respaldado con probanzas agregadas a la causa (816/854), surge del examen del teléfono de Llafar, que el día 1 de noviembre de 2018, el procesado Aguiar creó un grupo de WhatsApp denominado “SINDICATO UNICO DE FLETERO”, del cual eran los administradores Llafar, Aguiar y Quel”. “Puede leerse que el día 23 de noviembre (de 2018), Llafar les envía un mensaje al resto diciendo que: ´Compañeros les comento que así como voy me estoy fundiendo x lo pronto el lunes salgo a sacar camiones y que me den carga si alguno quiere venir bienvenido sino todo bien yo voy a ir solo igual los quería poner en conocimiento de todos para que después ni se ande hablando al pedo disculpa si a alguno no está de acuerdo?”.
El mismo mensaje fue valorado como prueba que demostraba el rol de “jefe” que se le adjudicó a Mariano Llafar, aspecto respecto del cual la magistrada de la instancia transcribió el contenido de la comunicación y seguidamente expuso lo siguiente: “Claramente luego logró el consenso del resto, pues las pruebas están a la vista”.
La defensa criticó el valor que se le dio en el fallo al mensaje de whatsapp mencionado, alegando que la lectura de esa comunicación permite apreciar que Mariano Llafar estaba informando a los demás integrantes del grupo (más de 50 afiliados del sindicato unidos mediante la aplicación whatsapp) los problemas económicos que tenía y su necesidad de trabajar.
La lectura que propone la defensa resulta lógica y no necesita de mayores esfuerzos interpretativos para otorgarles a ese mensaje un sentido que nada tiene que ver con una propuesta de organizarse para cometer delitos.
En cambio, para seguir la interpretación que se le dio al mensaje en el pronunciamiento en crisis, las palabras de Mariano Llafar deberían entenderse de esta manera: la referencia a “sacar camiones y que me den carga” sería una indicación de la forma en que se prepararon los acusados “para abordar a los transportistas que los desafiaban”. Esa interpretación necesitaba de otros elementos de prueba y una explicación razonada que permitiera otorgarle al mensaje del mes de noviembre del año 2018, aquel sentido de inicio o propuesta de llevar adelante la actividad delictiva sostenida por la acusación; esa explicación era necesaria puesto que, a primera vista, las palabras de la comunicación no lo revelaban.
Sin embargo, en el fallo no se desarrolló ningún fundamento válido que lo explicara, y en cambio se continuó con la enumeración y descripción de distintas comunicaciones telefónicas, sin indicarse cuál era la información que surgía de esas pruebas que permitía otorgarle al mensaje cuestionado (el enviado por Mariano Llafar el 23 de noviembre de 2018) el sentido que se le dio.
La importancia de esta falencia en el desarrollo del razonamiento probatorio, se encuentra en que la prueba en cuestión (el mensaje del 23 de noviembre de 2018) no contiene ninguna referencia que de manera lógica pueda ser interpretada como una alusión expresa o tácita a una organización delictiva como la que se tuvo por comprobada. Obsérvese que en el veredicto, luego de transcribir el mensaje en cuestión, la magistrada afirmó que la información obtenida de los teléfonos celulares secuestrados a los acusados permitió recabar “copiosa prueba que acredita la modalidad empleada por el grupo”. Sin embargo, las tres primeras comunicaciones que enumeró en ese pasaje del veredicto, que deberían avalar la interpretación sostenida en el fallo sobre el inicio y conformación de la organización delictiva, fueron realizadas el 26 de noviembre de 2019 (ver fs. 484/5, entre Pablo Halberg y Mario Aguiar), el 19 de octubre de 2019 (ver fs. 1894vta), y el 22 de octubre de 2019 (ver fs. 1896), es decir que fueron realizadas más de un año después de aquélla que había constituido – según el veredicto- el punto de inicio de la organización delictiva.
Ese extenso período de tiempo transcurrido entre el primer mensaje destacado en el fallo (enviado como se dijera a un grupo de whatsapp constituido por más de cincuenta personas), y los tres mencionados a continuación, constituye el primer obstáculo para otorgarles el valor que se les asignó como prueba demostrativa de “la modalidad empleada por el grupo”.
Más importante aún que lo anterior resulta ser el contenido de uno de los tres mensajes de audio destacados en ese pasaje del fallo.
Se trata de un intercambio de mensajes, de fecha 19 de octubre de 2019, entre Mariano Llafar y una persona identificada como “Tito Orondo”, y su lectura permite apreciar por un lado, que no contiene “intimidación” ni “amenaza” alguna por parte del acusado; y, por otro lado, que su planteo giraba alrededor de la situación económica que enfrentaban los propietarios de camiones de la ciudad de Bahía Blanca, problemática que, como se indicara anteriormente, fue descripta de la misma manera por los numerosos testigos de la defensa que concurrieron al debate, además de haber sido plasmada en el acta de asamblea del sindicato de fecha 13 de marzo de 2020, en la que intervinieron los nombrados Llafar y Halberg como delegados (fs. 1474/75 de la causa principal).
En lo sustancial, las palabras de Llafar en la comunicación destacada en el fallo fueron las siguientes: “(…) nosotros lo que queremos es que nos compartan la carga viste, no hay problema que nos den algún viaje para poder salir nosotros también de acá, yo no tengo drama de que vos vengas con el camión que vos tenés allá, te llevas un viaje, llevátelo pero después que nos den algún viaje para poder salir nosotros de acá, porque si no, no podemos salir viste, el cereal viene todo para acá para Bahía, y nosotros?…”.
Esa misma problemática es la que describieron, con palabras más o menos similares, los testigos de la defensa (veinticinco) que concurrieron al debate, a los que ya se hizo mención en el apartado anterior.
VII.
El análisis desarrollado en los apartados precedentes controvierte los fundamentos esbozados en torno a la comprobación de una buena parte de las circunstancias fácticas descriptas en la materialidad infraccionaria.
Es decir, la prueba rendida y presentada en el juicio no permite afirmar, con el grado de certeza exigido para el dictado de un veredicto condenatorio, que los acusados hayan conformado una organización delictiva “destinada a amenazar y/o coaccionar a los choferes de camiones, a los propietarios de éstos y/o a los representantes de empresas con sede en distintas ciudades del país (…)”, puesto que el mismo conjunto probatorio contiene información que revela la actuación de los acusados como delegados sindicales, en el marco de una problemática económico-laboral, alejada de la presupuestos que configuran el tipo penal contemplado en el art. 210 del código sustantivo.
En esa línea de ideas, se advierte que en la descripción de la organización delictiva se afirmó que los sujetos activos “se valieron de distintos métodos de intimidación dirigidos a (…) con el objeto de que accedan a sus exigencias, entre ellas: mensajes de texto y llamados telefónicos persistentes, realizados a los dueños de las empresas imponiéndoles la obligación de compartir viajes, al tiempo que – en caso de no acceder- les hacían saber que no permitirían el acceso de sus camiones a retirar productos de los depósitos señalados; o bien les comunicaban que sus camiones se volvían vacíos. A su vez, intimidaban a los choferes que arribaban a las zonas de acceso de las plantas de Sea White S.A. y/o Bunge Argentina S.A. utilizando distintos métodos, como ser: recorrían y vigilaban los camiones interrogando a los choferes sobre su origen, giraban alrededor de ellos – observándolos-, intencional y sugestivamente; y estacionaban sus vehículos (identificados con el logo del Sindicato Único de Fleteros) muy cerca de los camiones y les manifestaban frases como: ´hoy no cargas´, ´¿para quién trabajas?´, u otras intimidaciones tales como: ´aténganse a las consecuencias´, ´las consecuencias van a ser otras´, ´les vamos a prender fuego los camiones´ o frases similares (…)”.
Sobre este pasaje de la descripción de la plataforma infraccionaria debe decirse en primer término, que las comunicaciones que se entablaron con los propietarios de los camiones que cargaban la mercadería, o los representantes de las empresas dueñas de esos vehículos, constituyeron la forma en la que el acusado Llafar les comunicó a los nombrados la problemática económico laboral que afectaba a los afiliados al sindicato, con lo cual, desde ese punto de vista, no aparece ninguna circunstancia diferente de la analizada anteriormente.
Lo mismo sucede con la instalación de una casilla (identificada con una bandera con la inscripción del sindicato) en el frente de la empresa Sea White y el relevamiento que hacían de los propietarios de los camiones que concurrían a cargar la mercadería, puesto que fue explicado por uno de los testigos de la defensa (Ricardo José Bostal) que era la única forma de obtener la información que revelaba la existencia de la problemática, en tanto esos datos no podían ser exigidos a los restantes actores del conflicto por tratarse de empresas privadas, y tampoco podía obtenerse de la documentación que se utilizaba en las operaciones de carga (cartas de porte o remitos).
En igual sentido, las manifestaciones de los acusados, fundamentalmente de Mariano Llafar, expresando a los dueños de las empresas que “no permitirían el acceso de sus camiones a retirar productos” se encuentran directamente relacionadas con la actuación del nombrado como delegado gremial, defendiendo la posición de los afiliados al sindicato, sin que se advierta allí ninguna circunstancia indicativa de un accionar que pueda ser catalogado como proveniente de una organización delictiva, en los términos del art. 210 del código sustantivo.
VIII.
En la misma línea de ideas que se viene desarrollando, se advierte que en el veredicto se detallaron una serie de mensajes, a partir de los cuales se consideró demostrado “el pase de información de los integrantes del grupo, para proceder como luego lo hicieron, es decir atentando contra las unidades, como represalia por haber cargado y con el objetivo de que no lo vuelvan a hacer”.
Sin embargo, sólo uno de los mensajes invocados en el fallo revela ese pase de información con la connotación que se le adjudicó en la conclusión a la que se arribó, que es aquel enviado el 1 de octubre de 2019 vinculado con los daños provocados a los camiones de la empresa “Don Simón”, es decir, se trata de un hecho concreto descripto en la materialidad infraccionaria identificada con el número 5, quedando entonces carente de apoyo probatorio, la afirmación que pretendió extender esa modalidad de actuación a todo el período de tiempo identificado en la imputación formulada por el delito de asociación ilícita (más de un año y medio).
La falencia señalada en el razonamiento probatorio del veredicto se advierte con suma claridad en el siguiente pasaje del veredicto, cuando se afirmó la existencia de otros mensajes que pondrían de manifiesto “el aporte del imputado Quel al grupo, quien trabajaba en el ingreso de la firma Profértil y desde donde avisaba al resto, los camiones que se dirigían vacíos a cargar fertilizante…”.
Los mensajes señalados en apoyo de esa conclusión fueron dos, uno vinculado al episodio ocurrido el 1 de octubre de 2019 al que ya se hizo mención anteriormente (vehículos de la empresa Don Simón, hecho 5), mientras que el otro mensaje (de fecha 9 de diciembre de 2019) no fue relacionado con suceso alguno de las características descriptas en la imputación.
De lo anterior se desprende, en mi opinión, que no resulta lógico ni razonable inferir de los dos mensajes de whatsapp señalados, un accionar perdurable en el tiempo de parte del acusado Quel para afirmar que durante un año y medio “formó parte” de la asociación ilícita que se le atribuyó, en los términos requeridos por el tipo penal en trato.
Una deficiencia similar en la estimación de la prueba se advierte en el siguiente pasaje del veredicto, cuando se analiza el “aporte” que habría realizado el acusado Halberg como integrante de la asociación ilícita que se le adjudicó.
Allí se indica la coincidencia entre el vehículo Peugeot 207 (que se encontraba en el domicilio del acusado al momento del allanamiento), y la mención de un rodado de esas características por parte de una de las víctimas, Luis Gabriel Pagano.
Si se compulsa el contenido del testimonio del mencionado Pagano que fue relevado en el veredicto (fs. 1876vta/78), e incluso la totalidad de la declaración del nombrado obrante a fs. 412/16 de la causa principal, se verifica que el testigo no hizo mención a rodado alguno de aquellas características.
La única alusión en el veredicto, a un vehículo de la marca señalada (Peugeot), se encuentra en el pasaje en el que se relevó el testimonio de otro chofer, Leandro José Frabiani, pero sus manifestaciones en este punto no contienen información relevante que sirva como apoyo de la conclusión sostenida en el fallo, esto es, de un aporte del acusado Halberg como integrante de una asociación ilícita. En ese sentido, el nombrado Frabiani expresó, en lo que aquí interesa destacar: “(…) Que en la playa de Bunge andaba un Peugeot de color negro. En Bunge, una vez le hablaron bien, ya había cargado y pretendían que no volviera más” (fs. 1872vta.).
“(…) Que con posterioridad a este episodio volvió a Bahía a cargar a Bunge y se encontró en la playa de camiones con dos personas a bordo de un Peugeot 206. Que eso fue el 5 de noviembre de 2019. Le dijeron que no cargara más, que tratara de no venir más, porque no se podía cargar. En este caso le hablaron con respeto, se comentaba que eran del mismo sindicato, porque hacían lo mismo que los otros” (fs. 1873).
El siguiente elemento de prueba señalado como demostrativo de la conducta que se le adjudicó al acusado Halberg, es un mensaje del mismo 5 de noviembre de 2019, es decir, en la misma fecha relatada por el mencionado testigo Frabiani, chofer de un camión de “Tierras de Henderson”, con lo cual la valoración de ambas constancias probatorias no conduce razonablemente a la conclusión que se sostuvo en el fallo para condenar al nombrado como autor del delito previsto en el art. 210 del código sustantivo.
IX.
A esta altura del análisis del veredicto en trato, es posible detectar de qué manera el análisis arbitrario de la prueba incidió de manera determinante en la consideración de las conductas descriptas por la acusación como constitutivas del delito de asociación ilícita.
En efecto, como ya se indicara en párrafos precedentes, la fecha de inicio de la organización delictiva según la imputación (noviembre de 2018), resultó coincidente con la primera presentación de los acusados Llafar y Aguiar ante el representante de la empresa "Sea White", poniéndolo en conocimiento de la problemática que afectaba a los afiliados al sindicato. El testimonio de Jorge Balzano no dejó lugar a dudas en cuanto a que en esa reunión, el planteo de los nombrados no fue acompañado de conducta alguna que tuviera que ver con los "mecanismos de intimidación" aludidos por la acusación (ver fs. 1864vta/65 del legajo principal).
Lo mismo sucedió con los planteos que hizo Mariano Llafar ante los representantes de las empresas o dueños de los camiones. Está claro que eran pedidos de compartir los viajes, que el nombrado se identificaba como delegado del sindicato, y que fundamentaba sus pedidos en la comprobada afectación a la situación económica y laboral de los afiliados.
Sin embargo, en la imputación formulada por la fiscalía, que luego la sentencia convalidó, aquel reclamo legítimo fundado en el interés de un número importante de personas (superior a cincuenta), se convirtió en una actividad delictiva bajo el paraguas de una figura como la contemplada en el art. 210 del Código Penal.
En esos términos, entonces, es posible identificar en el caso bajo análisis, uno de los aspectos con base en los cuales se ha criticado la aplicación del tipo penal aludido:
"(...) a las limitaciones de derechos y libertades apuntadas, debe sumarse el poder comunicacional de la que esta imputación está dotada".
"No es lo mismo decir que alguien en particular cometió un delito determinado que signar todo su proceder a la luz de un designio delictivo. Como si fuera un delito de autor, se tiende a concluir que el solo hecho de integrar una organización de este tipo tiñe y determina todos los actos de la vida de sus integrantes. Así, nada de lo que haya hecho esa persona o grupo puede ser analizado si no es a partir de la pretensión de cumplir con una finalidad perversa. La decisión judicial, la más de las veces provisoria, sirve de legitimador de esta estigmatización y habilita la descalificación e inhabilitación del receptor de la imputación" (Asociación ilícita. Sus inconsistencias a lo largo de la historia y a lo ancho de la legislación comprada. Fabián Eduardo Musso, en "La Justicia Acusada". Alberto Fernández. Mauro Benente y Federico G. Thea compiladores. ed. sudamericana, pág. 150).
De allí entonces que, por ejemplo, un hecho como la instalación de una casilla enfrente del lugar de acceso a la empresa "Sea White", con la identificación de la bandera de sindicato al que representaban los acusados, que razonablemente se explica por las características y la ubicación de la empresa vinculada al reclamo que llevaban adelante en favor de los intereses de los afiliados, haya sido considerada exclusiva y arbitrariamente como parte del accionar delictivo que se les atribuyó a los integrantes de la asociación.
Las consideraciones expuestas permiten descartar una buena parte de la materialidad ilícita que se tuvo por comprobada.
Sólo queda en pie el tramo final de esa descripción, en la que se hizo alusión a algunas frases amenazantes que se les habrían dirigido a los choferes de los camiones, las que se consideraron como uno de los métodos de intimidación utilizados por los integrantes de la asociación ilícita en contra de los representantes de las empresas tomadoras de carga, y los daños provocados a los neumáticos de los camiones de las empresas que -de acuerdo a los términos de la imputación – no accedían a los requerimientos de los acusados.
Más allá de lo que se dirá en apartados subsiguientes, sobre la entidad de los injustos descriptos en cada uno de los hechos identificados con los números 2 a 6, y el encuadre legal que se les asignó, lo cierto es que la prueba valorada en el legajo no revela nada distinto de un caso de reiteración de delitos, con pluralidad de intervinientes en algunos de ellos.
En ese camino argumental, el trabajo de Patricia Ziffer sobre el tipo penal en trato contiene, un análisis claro del punto medular que corresponde desentrañar en función de las circunstancias concretas de la causa: "En principio, sería posible distinguir la amenaza derivada de la asociación ilícita de la de otros casos de preparación de delitos entre varios intervinientes ("conspiración"), o de delitos especialmente graves (casos de "tentativa de participación") recurriendo sólo a un criterio cuantitativo: se presume que el peligro que deriva de la creación de un aparato organizado y permanente es considerablemente mayor que el representan aquellos otros supuestos".
"Sin embargo, esto, con ser necesario, no parece suficiente como para describir adecuadamente en qué consistiría ese mayor disvalor. En los casos "generales" de preparación entre varios, o de delitos especialmente graves, se parte de la base de que, o bien existe un plan común que define concretamente el aporte de cada interviniente en un hecho delictivo determinado - y correspondientemente, rigen las reglas del exceso-, o bien el autor todavía conserva el control sobre su propio plan de acción. En cambio, en la asociación ilícita, ello no ocurre, y quien colabora con la agrupación, dadas sus características típicas - en especial, la permanencia y la indeterminación de los planes delictivos futuros-, no puede controlar el alcance de su aporte. En un grupo estable de personas se producen fenómenos de ´dinámica de grupo´ que hacen que cada uno de sus integrantes no pueda medir las consecuencias de su intervención personal. En otras palabras, no puede dominar la influencia de su propio aporte con relación a la actividad y participación permanente de los demás miembros, que puede verse incitada y reforzada en su decisión delictiva por el respaldo que significa el saberse amparado por un grupo no destinado a desintegrarse después de cada delito. Desde esta perspectiva, es posible hablar ya de una arrogación definitiva, en tanto con su aporte el miembro de la banda pierde el control de las consecuencias de su conducta: los riesgos ya no pueden ser dominados, pues pasan a depender de las reacciones de los demás integrantes, por definición, incalculables. El disvalor de la asociación ilícita, por lo tanto, se fundamenta en la prestación de un aporte a una agrupación con fines delictivos, cuyas consecuencias quedan fuera del control del autor" ("El delito de asociación ilícita, ed. Ad-hoc, pág. 65/66).
El fundamento del disvalor del tipo penal en trato, de acuerdo al análisis desarrollado precedentemente, no es posible detectarlo en las conductas endilgadas a los acusados, dadas las características de tales acontecimientos que se indicarán a continuación. Por un lado, la lectura de las plataformas fácticas que se estimaron constitutivas del delito de coacción, revela que allí no hubo planificación alguna que pueda ser indicativa de la existencia de una organización delictiva.
Ello es así puesto que, en el contexto del conflicto laboral antes indicado, algunos de los acusados (como se verá en párrafos subsiguientes), pronunciaron frases intimidantes en los términos del art. 149 bis del Código Penal. Por fuera de la realización del verbo típico contemplado en esa norma, no hubo ninguna otra circunstancia que pueda ser considerada como un "aporte" de un sujeto activo de una organización como la descripta en el art. 210 del código sustantivo.
Por otro lado, la prueba vinculada con los hechos en el marco de los cuales se produjeron los daños a los neumáticos, tampoco contiene información que revele la existencia de aquellos aportes sustancialmente distintos a los que se verifican en el concierto de voluntades presente en la comisión de un delito concreto con pluralidad de intervinientes.
Nótese en este punto, que los hechos mencionados en el párrafo anterior ocurrieron el 10 de septiembre, el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2019.
A primera vista se trata de un lapso de tiempo que nada tiene que ver con el extenso año y medio que se describió en la plataforma de imputación.
Pero más allá de ello, interesa destacar que los mensajes entre los acusados, que han sido detallados en el veredicto en trato (ver fs. 1899vta/1900 y vta.. de la causa principal), revelan la forma en la que obtuvieron los clavos "miguelitos" que luego arrojaron a los neumáticos.
Dichas constancias probatorias también revelan de qué manera, en las fechas indicadas, los acusados se comunicaron entre sí para emprender el seguimiento de los camiones a los que arrojaron los clavos (fs. 1897/98, 1907/1910).
Vale decir que se trata de elementos indicativos de la intervención que les cupo a los acusados en delitos determinados, concretamente aquellos que ocurrieron en las fechas indicadas, sin ninguna otra circunstancia que revele la existencia de una dinámica de grupo en la que los aportes de los sujetos activos haya salido del control de cada uno de ellos.
En función de lo expuesto, y a la luz de las consideraciones que se realizaron en torno a la valoración parcial y arbitraria que se hizo en el veredicto, es dable concluir en la ausencia de elementos suficientes para sostener la efectiva existencia de un accionar organizado y perdurable en el tiempo, que pueda ser enmarcado en el tipo penal contemplado en el art. 210 del código sustantivo.
X.
En este apartado se analizará la prueba reunida respecto de la materialidad infraccionaria que se identificó en el fallo con el número 2, en la que se identificó como víctimas del delito de coacción a Cristian Verkuyl y Juan Carlos Rodas, con base en la cual se dictó veredicto condenatorio de Mariano Llafar, en orden al delito de coacción en carácter de autor (arts. 45 y 149 bis del Código Penal).
El contenido de la declaración de Juan Carlos Rodas ya ha sido descripto en este pronunciamiento (apartado IV), y su lectura permite constatar la ausencia de frases amenazantes o conductas intimidatorias de parte del acusado, que puedan ser enmarcadas en la figura legal mencionada.
En el caso de Verkuyl, su testimonio en el juicio de acuerdo al relevamiento que se hizo en el veredicto, fue el siguiente: “Dijo que es productor agropecuario, trabaja en el campo de su familia, y tiene un camión con el que trae cereal y lleva fertilizante que necesita para su producción o bien insumos. En el año 2018 recibió un llamado de su chofer que le decía que debía dar la carga a un tercero, del fertilizante que había adquirido. Que nunca accedió a eso, algunas veces su chofer pudo cargar y otras regresó vacío porque no lo dejaron. Que fue a la fiscalía a pedir protección, en el 2019. Que por esta situación estaba imposibilitado de retirar mercadería de su propiedad que había comprado para él, o bien para terceros. Que decidió ir al lugar, y se encontró "con estos señores", que tuvo intercambio de palabras que grabó, que ellos sabían donde vivía y que aún hoy sigue muy angustiado. Recibió llamadas de Llafar quien le dijo que le diera viajes a él, y el testigo le respondió que no, no se pusieron de acuerdo. Que su chofer -Rodas- se volvió varias veces sin la mercadería, por esa razón hizo la denuncia. Que él compraba fertilizante a los importadores y debía ir a buscarlo donde le indicaba la empresa, pero sucedía que si iba y retiraba, lo amenazaban, intimidaban diciendo que le iba a prender fuego el camión, tiraban miguelitos, ponían barrera física, por ello prefería que se volviera vacíos. Dijo que su chofer no quería venir a retirar la mercadería, aunque a veces "zafaban" porque este grupo de personas no estaba. Que nunca llegó a un acuerdo con ellos, reiteró el pedido de protección. Consultado por la defensa en relación a la tarifa del viaje, dijo que es la que indica la Afip, y que no se encuentra en el área de liquidación de fletes por lo cual no sabe si paga lo mismo la ida que la vuelta. Que la carta de porte es solamente para el cereal y que para el fertilizante se usa remito. En cuanto a los hechos, dijo que su chofer Rodas se fue varias veces sin cargar por la intimidación que generaban, unas seis u ocho veces. Que a veces ni intentaba ir, era un riesgo contra la propiedad, mencionando el caso de la empresa Lartirigoyen. Que el 18 de mayo no pudo cargar, que vino el 23 y tuvo un fuerte intercambio de palabras, cargó igual, bajo intimidación. Que Rodas vino varias veces con la documentación en orden pero no podía cargar debido a los aprietes. Que en el único lugar donde tuvo problemas fue en Bahía Blanca”.
A primera vista, se advierte la contradicción que surgió entre las manifestaciones del testigo Verkuyl, y las del chofer que conducía su camión, Juan Carlos Rodas, puesto que el primero de los nombrados dijo que Rodas se volvió en varias oportunidades sin cargar fertilizante por las “intimidaciones” que sufría, situación que se encuentra ausente en la respuesta que brindó el chofer del camión cuando fue preguntado sobre los sucesos en cuestión: “siempre le hablaron muy bien, que lo único que le dijeron era que no podía cargar y que su patrón les diera algún viaje a ellos. Que si no le daba, no podía entrar a cargar”. Ahora bien, Cristian Verkuyl también afirmó que él fue víctima del delito en trato, cuando concurrió el día 23 de mayo de 2019 y se entrevistó con los acusados (concretamente con Mariano Llafar), en la zona de acceso a la empresa “Sea White”.
Sin embargo, existen constancias probatorias mencionadas en el veredicto en trato, que impiden arribar a la conclusión allí sostenida, en punto a la efectiva ocurrencia de una conducta ilícita de las características que se tuvo por comprobada.
En ese sentido, el relato de Verkuyl complementado con las constancias de la causa principal que se tienen a la vista, permite apreciar que el nombrado, aquel día 23 de mayo de 2019, con anterioridad al episodio ocurrido en el acceso a la empresa “Sea White”, se presentó en la fiscalía preventora, anunció que concurriría a ese lugar, y solicitó “custodia”, a raíz de lo cual fue acompañado por un funcionario policial – vestido de civil-, tratándose del sargento Ismael Cabral. El funcionario Cabral testificó en el juicio y dijo que fue él “quien acompañó a Cristian Verkuyl a Sea White, porque esta persona temía por su integridad física, lo hizo de civil y con su arma reglamentaria. Que a su chofer, quien tenía mucho miedo, no le permitían cargar y Verkuyl quería saber las razones por las cuales este grupo de personas que se encontraba allí, se lo impedía. Que en el lugar había cuatro personas, se presentó Llafar diciendo que era delegado, y dirigiéndose a Verkuylle le manifestaba que ya había hablado con él, que ya sabía como era. Refería "vos no la entendés ruso", aludiendo Llafar a que lo había llamado varias veces. También decía que al chofer no le iba a pasar nada, pero que él ya sabía como era el tema. Por último agregó el funcionario policial que intervino en el análisis de las cámaras apostadas en Sea White”. El diálogo entonces, entre Verkuyl y Mariano Llafar se desarrolló en presencia del sargento Ismael Cabral, circunstancia a la que cabe agregar que el primero de los nombrados grabó la conversación, la que fue incorporada como prueba al debate, y de la cual en el veredicto se destacaron los siguientes pasajes:
“Verkuyl: No, no yo lo voy a cargar al camión … pero yo no quiero que tenga problema el muchacho ni nada …”.
“Llafar: Vos querés cargar el camión tuyo y no vas a compartir las cargas?”.
“Verkuyl: Yo por ahora no voy a prometer nada (se escucha una voz que se aleja y no se comprende)”.
“Verkuyl: pero … le digo la verdad…”.
“Llafar: no, no hacé lo que quieras, no hay problema, manejate a tu gusto”.
“Verkuyl: Si, yo no quiero mentir, por eso vine”.
“Luego participa en la conversación una persona no identificada: NN: Sabés cuál es el problema ruso, hoy venís vos, pero mañana va a venir el muchacho y va a venir al pedo. Ese va a ser el problema porque vos desde tu casa lo manejas, ´andá a cargar´, y no lo vamos a dejar cargar amigo,… y si tenemos que atravesar los camiones ahí para que no cargue, lo vamos a hacer…”.
“Verkuyl: pero y qué, lo van a hacer con cada uno de los que ustedes decidan?”.
“NN: No, con los que decida no, con los que no nos quieran dar trabajo…”.
De la lectura de esa conversación grabada por Cristian Verkuyl no surge frase alguna que pueda adjudicarse a Mariano Llafar, con el carácter intimidatorio necesario para tener por corroborado el delito de coacción.
Está clara la posición del acusado Llafar, y del otro individuo no identificado que intervino en el diálogo, en cuanto a la necesidad planteada a Cristian Verkuyl de compartir los viajes, pero frente a la negativa expresada por este último de comprometerse a hacerlo, el único anuncio expresado por el sujeto desconocido fue que protestarían ante todos aquellos que no les dieran trabajo, y que lo harían “atravesando” sus camiones para impedirles el paso hacia el lugar de carga.
En el debate, de acuerdo a los términos de la declaración relevada en el veredicto, Cristian Verkuyl expresó que aquel día 23 de mayo de 2019 cargó la mercadería pese a las “intimidaciones” que sufrió, haciendo alusión a dos frases que habrían sido pronunciadas por el acusado Llafar, o una de las personas que acompañaban a este último, esto es que “sabían dónde vivía” y que “le iban a prender fuego el camión”. Sin embargo, la presencia en el lugar del sargento Ismael Cabral, y la grabación oculta que realizó el nombrado del diálogo con Llafar, constituyen elementos de peso suficiente como para controvertir la efectiva ocurrencia de la conducta intimidatoria que se le adjudicó al acusado.
En efecto, por un lado, en ninguno de los pasajes de la grabación que se transcribieron en el veredicto, surge frase alguna que pueda ser asemejada a aquellas que se le adjudican a Llafar o su acompañante.
Por otro lado, la presencia en el lugar del sargento Ismael Cabral escuchando el diálogo entre Verkuyl y Llafar, lleva a pensar que si alguien hubiera pronunciado una frase intimidatoria constitutiva de un delito de acción pública, habría intervenido inmediatamente o, en el peor de los casos, puesto en conocimiento del hecho a la autoridad competente en el menor tiempo posible.
Pero nada de eso ocurrió. Las constancias de la causa principal que se tienen a la vista permiten apreciar que Cristian Verkuyl se presentó en la fiscalía preventora el 23 de mayo de 2019, y solicitó custodia policial para concurrir a la empresa “Sea White”, lo que así fue ordenado por el fiscal, que dispuso el acompañamiento del nombrado “para obtener información útil para la pesquisa” (fs. 12 del legajo principal). Desde ese día pasaron más de cuatro meses sin que se realizara actuación alguna que reflejara lo ocurrido en aquella fecha 23 de mayo.
Recién el 1 de octubre (fecha en la que ocurrieron los hechos que afectaron a camiones de otra empresa, Don Simón), se incorporó un informe del Departamento de Casos Especiales de la Policía, en el que el Subcomisario Irigoyen hizo alusión a los sucesos del 23 de mayo, pero tampoco incluyó la existencia de frases o conductas intimidantes realizadas por el acusado Llafar en el marco de aquel encuentro con Cristian Verkuyl.
En resumidas cuentas, cabe señalar que frente a la prueba de cargo presentada por la acusación, consistente en el testimonio de Cristian Verkuyl, complementado en parte por la declaración del subcomisario Irigoyen, se alzan otras evidencias que ponen en duda la ocurrencia de los hechos en la forma que se tuvieron por comprobados en el veredicto, tal como se explicó al analizar la información que surgió de la presencia en el lugar del sargento Ismael Cabral, más las constancias relevadas en el veredicto sobre el contenido de la grabación que realizó el nombrado Verkuyl del encuentro que mantuvo el 23 de mayo de 2019 con Mariano Llafar.
En ese estado de cosas, la duda lógica que se plantea impide arribar al estado de certeza necesario para el dictado de un veredicto condenatorio, e impone la absolución del acusado, de conformidad con el principio establecido en el art. 3 del ordenamiento adjetivo.
XI.
Corresponde examinar, seguidamente, las evidencias vinculadas con el hecho en el que se identificó como víctima del delito de coacción a María Juliana Milla, y el razonamiento probatorio desarrollado en el veredicto para tener por comprobada la intervención de Mariano Llafar en carácter de autor (suceso descripto en el fallo con el número 6).
En este punto, no pueden dejar de considerarse los dichos de la persona señalada como víctima del suceso. María Juliana Milla, quien expresó en el debate que era “representante de una empresa acopiadora de cereal, siendo común que el camión vaya con cereal al puerto, y luego regrese con fertilizante para vender. Que los camiones fueron a descargar a Bunge y al momento de cargar el fertilizante vino una persona a decirle que iban a cargar ellos. La llamaron para decirle que no lo iban a dejar cargar. Que junto a un abogado fueron porque los camiones estaban parados. Que también fue la policía y al revisar la camioneta de una de estas personas, encontraron un arma de fuego. Sus choferes eran Albagnac y Díaz, en unidades distintas.
Que cuando le decían que no podían cargar regresaban vacíos, que sus choferes viven de su trabajo y no quería que les pasara nada. Que ella recibía mensajes, la amenazaban para que comparta cargas, decían una a ellos y la otra para su empresa. Se le exhibieron capturas de pantallas que reconoció. Dijo que volverse vacíos ocurrió unas quince veces, que algunas veces intentaron regresar al día siguiente. Que esta situación era habitual en Bahía Blanca, antes había otras personas, pero desde el año 2019, están los imputados. Que quien se comunicaba con ella siempre fue Llafar, que en la playa de camiones le han pedido el teléfono a su chofer para comunicarse con ella. Preguntada por el fiscal si recibían amenazas dijo que por supuesto que sí, que sus choferes no querían viajar a Bahía.
Que su empresa se maneja con el puerto desde hace unos veinte años, y si bien esto pasaba desde antes, las amenazas las comenzó a recibir en el año 2019. Que sus camiones llegaban a cargar y la camioneta de uno de ellos no los dejaba entrar, se volvían sin cargar, que los han seguido por kilómetros. En su caso no les dañaron ningún camión. También dijo que la tarifa que se paga es la que fija la Afip, que la vuelta se paga un poco menos que la ida, es un arreglo que tiene con el chofer. Que sus camiones vienen con carta de porte que se utiliza para transportar cereal y regresan con remito de fertilizante.Que sus choferes están bajo convenio colectivo de trabajo. Reiteró que las amenazas comenzaron en el año 2019”.
La situación que se presenta en este caso es similar a la analizada en el apartado anterior, puesto que frente a la prueba de cargo constituida esencialmente por el testimonio transcripto, se alzan otros elementos que ponen en duda la efectiva ocurrencia de los hechos que se tuvieron por comprobados.
En ese orden de ideas, se advierte que entre la prueba disponible se encontraban los mensajes recibidos por María Juliana Milla, que identificó y reconoció cuando se les exhibieron en el debate. Tales mensajes resultaron ser los siguientes:
“Buen día, acordate de compartir viajes estás cargando en Bunge”; “no te entiendo … disculpa quién sos?”; “Mariano Llafar, delegado sindicato de Fleteros Bahía Blanca”; “Estamos pidiendo compartir las cargas de fertilizante 1 carga el de afuera 1 cargamos nosotros” (22 de mayo de 2019).
“Hola buenas tardes acordate de compartir xq todavía no nos diste ningún viaje” (24 de junio de 2019).
"Buen dia tenes 2 camiones cargando en bunge y todavia no nos diste ningun viaje" (3 de julio de 2019).
"Hola buen dia esta es la ultima (h)asta que no nos compartas algún viaje esta aca en loma gracias" (5 de julio de 2019). "Buen día como estas acordate de compartir viajes siempre estamos pidiendo eso que podamos trabajar todos gracias" (27 de febrero de 2020).
En ninguno de esos mensajes se consignó frase alguna cuyo contenido pueda ser considerado constitutivo de la intimidación contemplada en el delito previsto en el art. 149 bis del Código Penal. En el mismo sentido, los testimonios en el juicio de los choferes de los camiones pertenecientes a la empresa de la nombrada, Sebastián Albagnac y Diego Díaz (transcriptos en el apartado IV de la presente) tampoco contienen referencias a frases amenazantes o conductas intimidatorias atribuibles al acusado en los términos de la figura señalada en el párrafo anterior.
A mayor abundamiento, corresponde destacar que el propio Albagnac, al prestar declaración en la causa que se formó por la portación del arma de fuego que se le atribuyó a Mariano Llafar (fs. 15 de la IPP 010345-20/00 que se tiene a la vista), había descartado expresamente la existencia de intimidaciones en el episodio del 18 de junio de 2020, y en los anteriores: “(…) No es la primera vez que estos dos masculinos no nos dejan cargar si no que antes y en varias oportunidades los mismos masculinos no nos dejaron cargar y casi siempre hablaban con la empresa y nunca llegaron a un acuerdo, nunca supe de qué hablaban no sé si les prometían viajes o que, nunca nos apretaron ni nos amenazaron así como tampoco fueron violentos, siempre nos decían lo mismo que no podíamos cargar y después se iban…”.
Las pruebas reseñadas llevan a considerar que no se demostró en este caso concreto la existencia de una conducta intimidatoria de parte de Mariano Llafar, al menos con el grado de certeza necesario para el dictado de un veredicto condenatorio, y en consecuencia, principio “in dubio pro reo” mediante, se impone la absolución del nombrado por el hecho que se le atribuyó.
XII.
En el caso de los hechos identificados con el número “3” en la plataforma infraccionaria descripta por la acusación, que se vinculan con los vehículos de la empresa “Agropecuaria Catriló S.A.” y “Lartirigoyen S.A.”, se presenta una situación similar a las dos anteriores, en lo que respecta a la insuficiencia probatoria de las conductas “intimidatorias” que se les atribuyeron a los acusados Mariano Llafar y Mario Aguiar. En efecto, el relevamiento que se hizo en el veredicto de las declaraciones testificales incorporadas por lectura al debate, de Francisco Mario Díaz (encargado de la empresa mencionada), Raúl Sebastián Gallardo y Eduardo José María Pullola (choferes de camiones pertenecientes a dicha firma), permite apreciar que en las tres narraciones se encuentra presente la oposición que plantearon los acusados, como delegados del sindicato, a que continuaran cargando mercadería sin compartir los viajes con los afiliados de la ciudad de Bahía Blanca. En el caso de Francisco Mario Díaz, dejó en claro que como no iba personalmente a la empresa “Sea White” a cargar el fertilizante, no podía ser objeto de amenaza alguna.
Esa manifestación se vio complementada con las constancias de la conversación por whatsapp que mantuvo el nombrado con Mariano Llafar (ver fs. 845 de la causa principal), de las que surge la ausencia de manifestaciones que puedan ser consideradas constitutivas del delito en trato (coacción), y que, por el contrario, resultan demostrativas del planteo realizado al nombrado por el conflicto económico-laboral que afectaba a los afiliados del sindicato, tal como se describiera precedentemente en este pronunciamiento.
Por otra parte, los choferes Gallardo y Pullola no coincidieron en su percepción sobre la forma en la que los imputados llevaron adelante la oposición a la carga de los camiones.
El primero de los nombrados expresó que se sintió intimidado “por la forma de hablar que tienen (“vos para quién cargas”, “qué hacés acá?” o cosas similares), de poner los vehículos cruzados frente a nuestros camiones, nos ponen el vehículo cerca”, y también por el número de personas que se reunía en la casilla colocada enfrente de la empresa “Sea White”.
Esa percepción no fue la misma que la narrada por José María Pullola, quien expresó en su declaración que no recibió amenazas de parte de los acusados para obligarlo a no cargar, sino que sólo le dijeron que no podían hacerlo, personas que se identificaban como pertenecientes al sindicato.
El acta labrada por una escribana el día 24 de mayo de 2019 tampoco contiene información relevante que permita inclinar la balanza en favor de la hipótesis planteada por la acusación, como se verá a continuación en la transcripción de las partes pertinentes de ese documento (fs. 15/18 de la IPP iniciada por denuncia de Balzano): “(…) Ambos (Pullola y Gallardo) me indicaron ser choferes de camiones propiedad de la empresa ´Agropecuaria Catriló S.A.´ (…). El señor Gallardo me manifestó que ´a las ocho de la mañana llegaron ambos camiones a la planta de Sea White S.A., se presentaron para cargar y no los dejaron, personas del ´Sindicato Único de Fleteros´, en razón de no compartir carga con ellos. Y los hicieron quedar afuera. Me indicaron que las personas del ´Sindicato Único de Fleteros´ que no los dejaron pasar eran dos hombres, que se encontraban presentes con gorras con la leyenda ´Sindicato Único de Fleteros´. Tras discutir sobre lo ocurrido en el día de la fecha, los dos hombres con gorra manifestaron ´si quieren cargar, que carguen´ y me solicitaron que deje constancia de la inexistencia de amenazas en los sucesos ocurridos. Ambos acordaron que ´pueden venir a cargar Lartirigoyen´. A continuación me acerqué a los hombres con gorras, me volví a presentar como notaria, y les pregunté si podían darme sus datos personales para identificarlos, además de volver a indicarles la posibilidad de firmar el acta. Me manifestaron ´que no van a firmar ni darme sus datos personales, puesto que no trabajan solos (…) Los señores Pullola y Gallardo me indicaron que no cargarían los camiones, en razón de tener orden de retirarse del lugar por parte de su superior, y volver a Catriló”. Frente a este cuadro probatorio, no resulta posible tener por demostrados los hechos narrados en la plataforma infraccionaria (identificados con el número 3), con el grado de certeza que se requiere para el dictado de un veredicto condenatorio, y esos términos entonces, corresponde absolver a los acusados por estos acontecimientos.
XIII.
No sucede lo mismo con la prueba reunida respecto de la intervención que se les adjudicó a Carlos Ciucci y Mariano Llafar en el intento de dañar los neumáticos del camión que conducía Raúl Sebastián Gallardo (perteneciente a la empresa “Lartirigoyen”), episodio ocurrido entre el 31 de mayo y el 15 de junio del año 2019. En ese sentido, el testimonio del mencionado Gallardo permitió conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se produjo el suceso mencionado:
“(…) a los pocos días de labrada el acta, no más de 10 días, yo había cargado fertilizante en Loma Paraguaya cuando iba por la ruta, a la altura del km 50 de la ruta 33, se me puso al lado del camión una camioneta gris oscura, una Saveiro, con patente vieja, que no pude observar ni la volví a ver nunca más. El conductor de este vehículo se puso al lado y el acompañante sacó medio cuerpo afuera del vehículo y yo vi que me tiró algo abajo del camión, a la altura del eje neumático, fueron como clavos o fierros, porque sentí el ruido y el rechinar del asfalto. No me dio tiempo a mirar la patente, porque siguió en dirección a Torquinst”.
“Yo no hice ninguna maniobra, pero por suerte no alcancé a agarrar nada. En esa zona no hay señal de teléfono por lo que llamé unos minutos después al 911, como 5 o 6 km más delante de donde me ocurrió el hecho. Sé que la gente de la policía caminera salió pero no la pudo divisar a la camioneta. Yo no sé si vincularlo o no a lo que pasa con esta gente, pero lo cuento porque nosotros lo asociamos al episodio con la gente del sindicato. Sobre todo porque en los años que llevo trabajando nunca había tenido altercados con nadie que pueda dar lugar a algún tipo de represalias”.
Del testimonio mencionado se desprenden las circunstancias témporo espaciales en las que se produjo el intento de daño a los neumáticos del camión conducido por Gallardo, como así también la relación que estableció el nombrado, entre ese suceso y el ocurrido diez días antes en las puertas de la empresa “Sea White”.
A esa cercanía temporal entre un episodio y el otro se le suman otras dos constancias probatorias que autorizan a tener por comprobada la intervención de Mariano Llafar y Carlos Ciucci en el evento en trato.
Por un lado, el intercambio de mensajes entre los dos nombrados el día 31 de mayo de 2019: “(…) Mariano Llafar: Cabeza…!!! Tenés algún autito por ahí? Tenés algún autito por ahí para pegar una vueltita; Carlos Ciucci: Mariano, yo ahora después del mediodía voy para allá. Auto ahora en este momento no tengo, lo único que tengo la camioneta mía pero la prendo fuego, eh … déjame, déjame a ver si consigo algún autito o una moto; “Mariano Llafar: Listo… dale cabeza (10.22 hs.)…”.
Por otro lado, la comprobación de que Carlos Ciucci era propietario de una camioneta Volkswagen Saveiro (fotografía de fs. 830 de la causa principal), es decir, de un vehículo de igual marca a la que describió la víctima Gallardo, coincidente con la “camioneta” a la que se hizo mención en los mensajes que intercambiaron los dos acusados, en el período de tiempo en el que ocurrió el evento relatado por el nombrado. Los elementos reseñados constituyen un aval probatorio suficiente de la conclusión a la que se arribó en el veredicto en trato, en tanto su valoración a la luz de las reglas de la sana crítica racional permiten tener por demostrada la intervención que se les adjudicó a Mariano Llafar y Carlos Ciucci.
XIV.
El pronunciamiento en crisis también cuenta con aval probatorio suficiente respecto de los hechos descriptos en la plataforma infraccionaria, que se identificaron con los números 4 y 5.
En ese sentido, Leandro José Frabiani, quien se desempeñaba como chofer de un camión de la empresa “Tierras de Henderson S.A.”, dio cuenta de los sucesos que vivió al concurrir a cargar fertilizante en la empresa “Sea White”.
El nombrado Frabiani fue preguntado si había sufrido episodios de similares características al ocurrido el 10 de septiembre de 2019 (oportunidad en la que fueron dañados los neumáticos de su camión), a lo que respondió de la siguiente manera: “Sí, como sabía que hoy tenía que declarar estuve haciendo memoria y anoté los viajes que realicé a Bahía Blanca en función de las planillas de viajes que tengo registradas”. “Recuerdo que tuve otros episodios en los que podría decir que me amenazaron para que no cargara, fueron dos o tres veces en la puerta de acceso a la empresa Sea White S.A, y una vez en la playa de camiones de Bunge, donde se espera el turno de carga”. “Recuerdo uno de los primeros viajes del año pasado, que fue el 6 de agosto de 2019, en el acceso a la firma Sea White fue la primera vez que me amenazaron, y desde ahí cada vez que iba pasaba lo mismo. Ese día se me acercó una persona en una camioneta Amarok negra, que fue la misma persona con la que discutí el día que después me agredieron en la ruta. No sé el nombre de esta persona, era de aproximadamente 40 años, medio gordo, con algo de barba, de verlo lo podría reconocer, andaban con gorra. Este sujeto andaba siempre con otros, pero no los pude ver bien porque me hablaban desde arriba de la camioneta”.
“Este primer día, se me acercó la camioneta y la estacionaron al costado de mi camión, y el conductor – que es el sujeto que describí- me dijo “no cargues, no cargues, tu patrón no nos quiere dar viajes, la vas a pasar mal”, no recuerdo la frase exacta, pero sí que me amenazaban para que no cargara. Sé que lo que ellos exigían era algo así como que le den viajes o que colaboren con ellos con una oblea. Me decían ´mira no cargues, nosotros sabemos que sos empleado, que vos obedeces órdenes, pero la van a pasar mal´”.
“Creo que mi patrón habló algunas veces con esta persona y le dijo que él era propietario de los camiones y que no iba a salir a pagar fletero para transportar la mercadería propia, siendo que tenía camiones propios. Ese día yo entré a cargar igual, pero sé que hubo compañeros míos que tuvieron que volverse vacíos en varias ocasiones. Yo entraba a cargar porque mi patrón me daba la orden de que cargue igual”.
“Después de ese primer viaje fui a Bahía Blanca a cargar fertilizante en Sea White S.A. los días 9/8/2019, 24/8/2019, 31/8/2019 y siempre tuve el mismo tipo de amenazas por parte de la persona que andaba en la camioneta Amarok negra, que tiene una calcomanía en la puerta, es un logo, pero no sé bien qué dice el logo”. A diferencia de lo ocurrido en los casos anteriores, no se agregaron pruebas en contrario que pongan en duda la efectiva ocurrencia de los hechos narrados por Frabiani, y en estos términos entonces, la oposición planteada por los acusados fue más allá de una postura válida como delegados sindicales, acudiendo a frases con un claro contenido intimidatorio.
Una situación similar se presenta en el caso de la declaración de Alejandro José Montrubianesi, en tanto dio cuenta de las frases intimidatorias que le dirigieron los acusados para obligarlo a que desistiera de cargar la mercadería: “Me dijeron que por esa vez cargara y que me fuera y tratara de no volver más porque sino ´las consecuencias iban a ser otras´ o ´iban a ser mayores´, ´que le iban a prender fuego los camiones´. Ese día el dicente cargó y se retiró”. Los dos testigos mencionados, Leandro José Frabiani y Alejandro José Montrubianesi también narraron las circunstancias en las fueron dañados los neumáticos de los camiones que conducían, los días 10 y 18 de septiembre de 2019.
Las narraciones aludidas se vieron complementadas por las fotografías agregadas a las IPP que se formaron a raíz de tales acontecimientos, que dan cuenta de los daños y de los elementos que se utilizaron para provocarlos (clavos “miguelitos”). Sentado lo anterior, se sostuvo en el fallo que quienes arrojaron los clavos y dañaron los neumáticos fueron los acusados Llafar, Aguiar, Cucci y Halberg, conclusión a la que se arribó a partir de la información que surgió de los mensajes que intercambiaron en las dos fechas indicadas, en los que hicieron expresa referencia a los camiones de la empresa “Tierras de Henderson”, y al trayecto que siguieron en las circunstancias témporo-espaciales en las que les provocaron los daños (ver fs. 1905vta/1909).
También fue analizado el descargo ensayado oportunamente por Mariano Llafar, al afirmar que el hecho de haber sido visto en las cercanías del lugar del ataque no constituía un elemento de cargo dirimente, puesto que en esa zona se encontraba su domicilio. En este punto, la magistrada expresó que los mensajes aludidos autorizaban a descartar la versión exculpatoria, conclusión que luce razonable, en tanto dichas comunicaciones daban cuenta de que el nombrado había pasado primero por su casa, y luego se dirigió al camino Sesquicentenario, en cuyos alrededores se produjeron los episodios en trato.
Se agregó a lo anterior, la información que suministraron las empresas de telefonía celular (fs. 39/54, 80/84, 85/88, 102/110 y 121/124), sosteniéndose en el fallo que estos elementos acreditaban que los acusados “se encontraban en las cercanías del lugar”, estimación que no ha sido controvertida de manera suficiente por la defensa para demostrar que en este punto el veredicto haya sido absurdo o contrario a las constancias de la causa.
XV.
En el caso de los hechos narrados en la materialidad infraccionaria identificada con el número “5”, que se vinculan con los daños provocados a los neumáticos de la empresa “Don Simón”, ocurridos el día 1 de octubre de 2019, la estimación que se hizo en el fallo de la prueba reunida para tener por comprobado los sucesos, y la intervención que se les adjudicó a los acusados Llafar, Aguiar, Ciucci y Halberg, luce ajustada a derecho y a las constancias de la causa. En ese sentido, se destacó en el veredicto que los daños a los neumáticos del camión conducido por Luis Gabriel Pagano se produjeron cuando el vehículo transitaba a la altura del Camino Sequicentenario y Ruta 3; mientras que los daños ocasionados a los rodados que conducían Roberto Miguel Pereyra y Gastón Milla ocurrieron cuando se desplazaban por la ruta nacional 33 a la altura del kilómetro 49.
En el fallo se relevaron los mensajes que se encontraban en los teléfonos celulares de los acusados, correspondientes a la fecha indicada, que daban cuenta del conocimiento que tuvieron del trayecto emprendido por los conductores de los camiones de la empresa mencionada (ver fs. 1909Vta/1911), conocimiento que les permitió arrojarles los clavos “miguelitos” que provocaron los daños a los neumáticos.
También se tuvo en consideración la información suministrada por las compañías telefónicas, que daba cuenta de “los movimientos de las antenas activadas por los celulares de los imputados el día y en horarios próximos a la comisión de este hecho”.
En la misma línea de ideas, se comprobó que los clavos que provocaron los daños a los neumáticos fueron arrojados desde una camioneta cuyas características resultaron compatibles con la camioneta Chevrolet Tracker de color blanca con vidrios polarizados, de propiedad del acusado Pablo Andrés Halberg (fs. 1911 del legajo principal).
Por otro lado, el testimonio de Luis Gabriel Pagano contiene la información necesaria que avala la comprobación de la frase intimidatoria que recibió de parte del acusado cuando se disponía a cargar su camión, en la fecha indicada (1 de octubre de 2019): “(…) Que bajó del camión para ir a presentar los papeles en la firma, cuando esta persona le dijo que no cargara, ´que si lo cargábamos que nos atengamos a las consecuencias´. (…) Consultado qué entendió con dicha frase, refirió que ´iba a hacer algo, porque ya venía este hombre comportándose así, amenazando´” (fs. 1877 de la causa principal).
XVI.
Seguidamente, corresponde examinar el veredicto impugnado, en lo que respecta a la conducta atribuida a Mariano Llafar, que en el fallo se identificó con el número “7”, con base en la cual se lo condenó en orden al delito de portación de arma de fuego atenuada sin la debida autorización legal (art. 189 bis párr. segundo, Cód. Penal). La materialidad ilícita que se tuvo por demostrada fue descripta en el apartado I de la presente, respecto de la cual interesan destacar las siguientes circunstancias fácticas sobre las que no hubo discusión entre las partes: en la camioneta en la que se encontraba Mariano Llafar, más precisamente en el compartimento de apoya brazos ubicado entre ambos asientos delanteros, fue hallada un arma de fuego que no tenía proyectiles ni cargador. En ese mismo compartimento había quince proyectiles sueltos, mientras que el cargador se encontraba en la guantera del vehículo.
No está discutido tampoco que Mariano Llafar tenía consigo la documentación que lo acreditaba como legítimo usuario del arma incautada.
En el alegato de cierre del juicio, la defensa argumentó respecto del suceso en trato, de la siguiente manera: “(…) el arma se encontraba separada entre la gaveta de la camioneta y el apoya brazos interno, que se trata de una pick up y que el cargador no tenía ´balas´, indicando que éstas estaban separadas y guardadas en otro lugar. Cita las declaraciones de los testigos incorporados por lectura. Destaca que estaba ´todo´ absolutamente separado, que no hay una portación, que no hay otra manera de transportar un arma…”.
La señora jueza de la instancia consideró que la conducta infraccionaria descripta constituyóel delito postulado por la acusación, “pues el arma se encontraba en el habitáculo del vehículo de Llafar, y en condiciones de inmediato uso, ya que los proyectiles estaban al alcance del imputado, dentro de la gaveta de la camioneta, todo en un reducido espacio, como lo es el interior de un vehículo”.
“En ese sentido la jurisprudencia dispone ´La acción que requiere el tipo penal de la tenencia de armas – art. 189 bis, inc. 2 del C.P. - es ´tener el arma´, en el sentido que el agente puede disponer físicamente del arma en cualquier momento, llevándola en su poder o dejándola guardada en algún lugar a su disposición, por ejemplo escondida´ (TC1 LP 38715 RSD – 627 – 11 S 05/07/2011)”.
Sentado lo anterior, se advierte a primera vista que el antecedente jurisprudencial citado no se corresponde con el caso concreto, puesto que está claro que la tenencia ilegítima de un arma de fuego constituye un tipo penal distinto que el de portación, con diferentes elementos requeridos para la comprobación de cada uno de ellos (art. 189 bis, inc. 2).
El error en este punto adquiere relevancia, por cuanto la conducta atribuida a Mariano Llafar no podía enmarcarse en el delito sobre el que versa la jurisprudencia invocada, en tanto el nombrado tenía la documentación que lo acreditaba como legítimo usuario del arma. El delito de portación ilegítima se verifica cuando el arma es hallada en poder del sujeto activo, en un sitio de acceso público, y en condiciones inmediatas de uso, circunstancias que revelan la mayor peligrosidad de esta conducta en comparación con la mencionada en el párrafo anterior.
En el caso bajo análisis, se advierte que tal como lo plantea la defensa, el arma se encontraba desarmada, y aun cuando para su traslado existen modalidades más seguras que las que se verificaron en este caso (como por ejemplo su ubicación en el baúl del vehículo), lo cierto es que los lugares en los que se encontraban los distintos componentes del arma (los proyectiles sueltos en una gaveta, y el cargador en la guantera) impiden considerar que haya estado en “condiciones de uso inmediato”, como lo requiere el tipo penal en trato. Ello es así puesto que la ubicación del cargador en un compartimento distinto, alejado de aquel en el que se encontraba la pistola y los proyectiles sueltos, importaba la necesidad de realizar determinadas maniobras para colocarla en condiciones de disparar, que alejan la posibilidad del uso inmediato como condición indispensable para la comprobación del ilícito en trato.
Por estas razones, se impone la absolución del acusado en orden a la conducta aquí analizada.
XVII.
Finalmente, en lo que respecta a la conducta infraccionaria identificada en el fallo con el número “9”, por la que se condenó a Mario Aguiar en orden al delito de tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, corresponde señalar que los argumentos desarrollados en la presentación recursiva en trato (similares a los que se esbozaron en el cierre del debate) no resultan eficaces para demostrar el error que en este punto se le adjudica al fallo.
En ese orden de ideas, es dable señalar que el arma en cuestión (una carabina calibre .22 marca Savage Model 64, con treinta y un (31) municiones del mismo calibre, fue secuestrada en uno de los dormitorios de la vivienda del acusado.
También se incautaron las credenciales que autorizaban al nombrado a la tenencia del arma, no obstante se encontraban vencidas desde el 1 de agosto del año 2005.
En este punto, la señora jueza de la instancia descartó el testimonio de la esposa de Mario Aguiar, quien manifestó que se había olvidado de renovar el trámite del arma, por las siguientes razones: “En primer lugar no era ella la responsable del trámite, pues la misma estuvo registrada a nombre de su marido. Y tampoco puede admitirse como excusa, o error como refirió la defensa, teniendo en cuenta que transcurrieron dieciséis años desde el vencimiento de la autorización hasta la fecha”.
Por otro lado, se destacó en el fallo el informe técnico pericial por medio del cual se corroboró que el arma era apta para el disparo y de funcionamiento normal.
De allí que corresponda en este caso, confirmar el veredicto y la sentencia condenatoria en orden al delito que se le atribuyó al acusado (art. 189 bis párr. cuarto, Cód. Penal). En función de todo lo expuesto, entiendo que corresponde y así lo propondré al Acuerdo: Hacer lugar parcialmente a la impugnación deducida por la defensa; Absolver a Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino Quel, en orden a la imputación que se les formuló por el delito de asociación ilícita; Absolver a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hechos identificados en el fallo con los números 2, 3 y 6); Absolver a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de portación ilegítima de arma de uso civil atenuada; Absolver a Mario Raúl Aguiar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hecho 3); Mantener en todo lo demás el veredicto condenatorio dictado respecto de los acusados Mariano Martín Llafar, Carlos Rodrigo Ciucci, Mario Raúl Aguiar y Pablo Andrés Halberg; y Reenviar las actuaciones a la instancia anterior para que un Tribunal hábil, previa audiencia de cesura, establezca el monto de la pena a imponer a los nombrados en función de los delitos por los cuales se mantuvo la sentencia condenatoria dictada (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP.; 15, 168 y 171, Const. Pcia.; 45, 55, 149 bis, 183, 184 y 189 bis, Cód. Penal; 1, 3, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 461, 530 y 531, CPP.).
Con el alcance señalado, a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del Dr. Carral en igual sentido y por los mismos fundamentos. VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. HACER LUGAR parcialmente al recurso deducido por la defensa de los acusados, sin costas en esta instancia. II. CASAR la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca (causa 84 de su registro, orden int. 3285). III. ABSOLVER a Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino Quel, en orden a la imputación que se les formuló por el delito de asociación ilícita. IV. ABSOLVER a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hechos identificados en el fallo con los números 2, 3 y 6). V. ABSOLVER a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de portación ilegítima de arma de uso civil atenuada. VI. ABSOLVER a Mario Raúl Aguiar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hecho 3). VII. MANTENER en todo lo demás la sentencia condenatoria dictado respecto de los acusados Mariano Martín Llafar, Carlos Rodrigo Ciucci, Mario Raúl Aguiar y Pablo Andrés Halberg. VIII. REENVIAR las actuaciones a la instancia anterior para que un Tribunal hábil, previa audiencia de cesura, establezca el monto de la pena a imponer a los nombrados en función de los delitos por los cuales se mantuvo la sentencia condenatoria dictada (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP.; 15, 168 y 171, Const. Pcia.; 45, 55, 149 bis, 183, 184 y 189 bis, Cód. Penal; 1, 3, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 461, 530 y 531, CPP.).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, y me pronuncio en igual sentido. ASÍ LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR parcialmente al recurso deducido por la defensa de los acusados, sin costas en esta instancia.
II. CASAR la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca (causa 84 de su registro, orden int. 3285).
III. ABSOLVER a Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg y Salvador Florentino Quel, en orden a la imputación que se les formuló por el delito de asociación ilícita.
IV. ABSOLVER a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hechos identificados en el fallo con los números 2, 3 y 6).
V. ABSOLVER a Mariano Martín Llafar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de portación ilegítima de arma de uso civil atenuada.
VI. ABSOLVER a Mario Raúl Aguiar en orden a la imputación que se le formuló por el delito de coacción (hecho 3).
VII. MANTENER en todo lo demás la sentencia condenatoria dictado respecto de los acusados Mariano Martín Llafar, Carlos Rodrigo Ciucci, Mario Raúl Aguiar y Pablo Andrés Halberg.
VIII. REENVIAR las actuaciones a la instancia anterior para que un Tribunal hábil, previa audiencia de cesura, establezca el monto de la pena a imponer a los nombrados en función de los delitos por los cuales se mantuvo la sentencia condenatoria dictada (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP.; 15, 168 y 171, Const. Pcia.; 45, 55, 149 bis, 183, 184 y 189 bis, Cód. Penal; 1, 3, 209, 210, 371, 373, 448, 450, 454, 459, 461, 530 y 531, CPP.).
IX. REGULAR los honorarios profesionales de la doctora María Laura Bentivegna, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 35% de la suma fijada en origen.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h., de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 40, 41, 45, 55, 168, 183, 210 y 238 inc. 2, Cód. Penal; 209, 210, 371, 373, 395, 450, 454, 459, 460, 462 y 464, CPP.; 14, de la ley 48; y ley 14967.
Regístrese electrónicamente, notifìquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia