Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2438/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE559804-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2438/21-TSJ Interlocutorio N°: 475 Actor: AGUILANTE BAIGORRIA EMIRCE DEL CARMEN Y OTROS Demandada: EMPRESA EMPASA S.A. Y OTROS Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Y SUS ACUMULADOS Fecha: 13-03-2024 Texto: TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 475 FOLIO Nº 1796/1799 PROT. ELECT. TSS1 001 O.241
Río Gallegos, 13 de marzo de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILANTE BAIGORRIA EMIRCE DEL CARMEN Y OTROS c/ EMPRESA EMPASA S.A. Y OTROS s/ LABORAL - COBRO DE PESOS Y SUS ACUMULADOS-”, Expte. Nº A-10.312/06 (A-2438/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte actora, por intermedio de sus letrados apoderados, Dres. Carlos A. Padres y Jorge F. Puig en PE559804-2022 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo obrante en PE535265-2022, por cuanto declara mal concedido el recurso de casación que interpusiera a fs. 5513/5520.-
Al fundar su recurso, manifiesta que el pronunciamiento emitido por este Alto Cuerpo incurre en arbitrariedad, quedando “…directa e inmediatamente involucrada la vigencia y validez de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional en cuanto consagran el Derecho de Propiedad y las garantías de Defensa en Juicio y Debido Proceso…Se concreta en el fallo recurrido una solución negatoria de los principios garantizados por la Carta Magna, mediante la prescindencia de una prueba decisiva y una incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica racional del Código Procesal que rige en la materia (arts. 34 inc. 4° y 164 inc. 5°)…” (cfr. PE559804-2022, pág. 2).- Sostiene que: “Sin perjuicio de que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz dictado en autos resuelve la inadmisión del Recurso de Casación impetrado por nuestra parte, el mismo, en sus fundamentos desconoce la misma omisión de los tribunales de primera y segunda instancia, al no considerar la grave falta en la que incurrieron, ambos, al no merituar (sic) ni considerar las medidas de pruebas (abundante) incorporadas a dos causas que se encontraban acumuladas por expresa orden del juez de grado…Consecuentemente omitió, entonces, merituar (sic) prueba decisiva, relevante, esencial y conducente para la adecuada solución del litigio, siendo errática y por demás arbitraria ya que se apartó de las constancias documentales que obraban en las mismas.” (cfr.
PE cit., pág. 7).- Expresa que: “El fallo dictado por el Máximo Tribunal de nuestra Provincia, es también arbitrario en cuanto convalidó la violación de los Derechos de Defensa y Debido Proceso, consagrados expresamente por el art. 18 de nuestra Ley fundamental…que cometió en (sic) Tribunal de Segunda Instancia Provincial al dictar una sentencia fundada exclusivamente por uno solo de sus miembros, circunstancia ésta, que desnaturaliza la función revisora de un Tribunal Colegiado y consecuentemente priva al justiciable (nuestra poderdante) de la garantía constitucional del Debido Proceso y de la Defensa en Juicio…” (cfr. PE y pág. cits.).- Concluye que: “…el fallo del Tribunal Superior de Justicia debe ser revocado por arbitrario, al haber prescindido de prueba decisiva y no constituir derivación razonada del derecho con particular adecuación a las circunstancias comprobadas en la causa, de las que se prescinde irrazonablemente, sustentándose en normas erróneamente aplicadas que provocan a nuestra conferente una flagrante conculcación de sus Derechos Constitucionales de Propiedad, Defensa y Debido Proceso.” (cfr.
PE cit., págs. 7/8).-
Luego se ordena correr traslado a las contrarias del recurso extraordinario, siendo contestado únicamente por Empasa S.A. (cfr. PE612603-2022), por Pan American Energy LLC Suc. Arg. (cfr. PE619763-2022), y por YPF S.A. (cfr. PE624407-2022).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dicho funcionario dictamina, respecto del recurso impetrado, que: “…no basta refutar una a una las cuestiones…deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo…las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal- tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado…el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia, cuando deciden como en el caso, recursos extraordinarios de orden local…la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso…por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1154008-2023, págs. 2/3).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE712790-2023).-
II. Analizando la presentación de la parte actora y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la CSJN Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Alto Cuerpo verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente incumple con lo dispuesto en el artículo 2° de la Acordada Nº 38/2011, dado que su presentación digital no ha sido deducida en hoja formato A4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo primero y parcialmente los requisitos del artículo segundo de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. Si bien, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas y ha sido escrita con letra claramente legible, excede los veintiséis (26) renglones permitidos por la normativa citada (art. 1 del Reglamento).-
Asimismo, incumple con las exigencias establecidas en el artículo 2°, pues no cuenta con una carátula, en hoja aparte, con las exigencias establecidas en ese mismo artículo.-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia, fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que no indicó el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal, y omitió precisar, además, la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º, inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. autor y ob. cits., págs. 108/109) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos: 148:62; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doc-trina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr. autos: “Reynoso, Edgardo R. c/ Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126-170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La recurrente funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la Ley Nº 48 (cfr. PE559804-2022, pág. 8) sin especificar en cuál de sus incisos. En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora (cfr.PE535265-2022).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada, podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que, el interlocutorio impugnado verifica los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario provincial y el litigio se resolvió en base a normas provinciales y de derecho común por tratarse de típicas cuestiones de hecho y prueba respecto de la extensión de la jornada laboral y la aplicación de un convenio colectivo de trabajo, en relación al cual se cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada.- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75, inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extra-ordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual el Máximo Tribunal ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda. Ello, por cuanto el verdadero agravio del recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.-
En efecto, este Alto Cuerpo ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).-
En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por el Máximo Tribunal en materia de recurso extraordinario federal, ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo que el recurrente debe rebatir los argumentos en que se apoya el Tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:761 y 2421; 310:722; 311:499). No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces, que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en PE559804-2022.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal A/C de presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1001O.241 Tomo: IX Interlocutorio: 475 Folio N°: 1796/1799 Secretaría: 1
Fin de la sentencia