Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2438/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 5513/5520 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 5522 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2438/21-TSJ Interlocutorio N°: 3687 Actor: AGUILANTE BAIGORRIA EMIRCE DEL CARMEN Y OTROS Demandada: EMPRESA EMPASA S.A. Y OTROS Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 21/06/2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3687 FOLIO Nº 6497/6500 PROT. ELECT. TSS1 036 I.221
Río Gallegos, 21 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILANTE BAIGORRIA EMIRCE DEL CARMEN Y OTROS c/ EMPRESA EMPASA S.A. Y OTROS s/ LABORAL - COBRO DE PESOS Y SUS ACUMULADOS”, Expte. Nº A-10.312/06 (A-2438/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de sus letrados apoderados, los Dres. Carlos A. Prades y Jorge F. Puig (cfr. fs. 5513/5520), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 5487/5500 vta., que confirmó el pronuncia-miento de Primera Instancia en cuanto fue motivo de agravios. Éste, a su vez, había rechazado la demanda (cfr. fs. 5299/5307 vta.).-
II. En la especie, un grupo de trabajadores interpuso demanda laboral contra Empasa S.A., a los fines de procurarse el cobro de diferencias salariales, derivadas de un erróneo encuadramiento legal y convencional. Precisaron que se encontraban encuadrados bajo el Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley Nº 22.248) y un Convenio de Trabajo celebrado entre su empleadora y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y que, en realidad, prestaban tareas atinentes a la remediación ambiental, consistentes en la recolección de residuos contaminantes y replantación de flora autóctona en áreas petroleras, por lo que debían ser encuadrados bajo la LCT y el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 396/04 que agrupa a los trabajadores petroleros privados. Imputaron, asimismo, responsabilidad solidaria a Vintage OIL INC -actualmente denominada Sinopec Exploration and Production, INC, Sucursal Argentina-, Pan American Energy LLC e YPF S.A., en los términos del artículo 30 de la LCT (cfr. fs. 166/175).- Su reclamo fue rechazado en las instancias de grado (cfr. fs. 5299/5307 vta. y 5487/5500 vta.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones, en primer lugar, examinó una cuestión preliminar introducida por los accionantes en su memorial, a tenor de la cual expusieron que el juez de la instancia de origen había ordenado la acumulación de dos procesos a la presente causa pero sin expresar nada en punto a otras dos causas que se encontraban transitando la etapa probatoria. Esta cuestión fue considerada inatendible por los Juzgadores, al entender que no se había esgrimido ninguna nulidad ni tampoco un agravio concreto. En adición a ello, sostuvieron que los apelantes no habían detallado las pruebas que faltaban producir en aquellos litigios o si eran distintas a las concretadas en el presente trámite, clausurando este debate al resaltar que el planteo debió formularse en Primera Instancia antes del llamamiento de autos (cfr. fs. 5487 vta./5488).- Superado ese punto inicial, el Tribunal de mérito analizó el fondo de la cuestión, con base en los agravios trazados por los actores.-
Desestimó la crítica relativa a la omisión de aplicar el apercibimiento legal correspondiente, ante la falta de comparecencia de la demandada Empasa S.A. a la audiencia confesional. Tuvo en cuenta que esta circunstancia ocurrió en dos de los expedientes acumulados, mientras que en el tercero el representante de la empresa sí asistió, aunque la contraparte no adjuntó el pliego pertinente. Destacó que, de conformidad con el antiguo artículo 395 del CPCyC, el apercibimiento consistía en tener a la incompareciente por confesa, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas y agregando que la confesión ficta crea una presunción ‘iuris tantum’ que puede ser desvirtuada por prueba en contrario.
Además, resaltó que los actores no manifestaron qué hechos debían quedar reconocidos ni tampoco peticionaron la apertura del sobre de posiciones (cfr. fs. 5494 y vta.).- Por otra parte, indicó que los partes de trabajos diarios glosados a la causa no referían a la limpieza de tierras afectadas por derrames de petróleo o por productos químicos, sino que más bien describían trabajos de limpieza, zanjeo y surcos para replantar especies nativas, forestación, etc.. Igualmente, recordó que las tareas se concretaron en la zona aledaña a las localidades de Caleta Olivia y Cañadón Seco, es decir, en zonas geográficas que no corresponden a áreas petroleras. Y sostuvo, asimismo, que las codemandadas habían acreditado la contratación de otras empresas para el tratamiento y remediación de residuos peligrosos (cfr. fs. 5495 vta./5496).- En atención a las características específicas de la industria petrolera, señaló que las empresas deben recurrir a otras compañías especializadas inscriptas en el Registro Provincial de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos, regulados por la Ley Provincial Nº 2567 y los Decretos Nº 712/02 y 3316/04.
Bajo ese marco, ponderó los diversos informes producidos en la causa, haciendo hincapié en las sucesivas contradicciones que emanaban de ellos. Puntualizó también que los actores no alegaron haber realizado tareas en repositorios o de modificación de características físicas o de composición química de residuos petroleros (cfr. fs. 5496 vta./5498).- Por último, puntualizó que Pan American Energy LLC acreditó que el personal de Empasa S.A. prestó servicios en el vaciadero y en un barrio de la localidad de Caleta Olivia, sin que esas tareas se asimilen con las propias del rubro petrolero (cfr. foja 5498 vta.).-
III. Contra esa decisión, los actores dedujeron recurso de casación, motivado en las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley, en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a), del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 5514).- Al sustentar la primera de las causales invocadas, esto es, el quebrantamiento de forma, la recurrente argumenta que la sentencia en crisis no analizó ni consideró dos causas agregadas por cuerda, incurriendo en infracción del artículo 164, inciso 2° del CPCyC, por cuanto omitió el nombre y apellido de cincuenta y cuatro actores (cfr. fs. 5516 y vta.).- También acusa la falta de valoración de las probanzas de manera integral, completa y comparativa (cfr. foja 5516 vta.).-
Dice que se adoptó una visión simplista de la documental, al realizarse una ligera compulsa de los partes diarios y que, de este modo, se vulneró el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (cfr. foja cit.).-
Objeta el mérito asignado a los informes de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. Afirma que no existe contradicción entre ellos y que, en todo caso, esa discordancia debió acogerse a su favor, conforme al principio ‘in dubio pro operario’. Precisa, además, que las respuestas de la autoridad administrativa dieron cuenta de que Empasa S.A. se encontraba inscripta en el registro de las empresas autorizadas para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, lo que resulta demostrativo de las actividades de remediación ambiental que efectuaban (cfr. fs. 5517 y vta.).- Cuestiona las consideraciones efectuadas por la Excma. Cámara de Apelaciones respecto de la ausencia de la demandada a la audiencia confesional y asevera, en tal sentido, que se han desconocido abiertamente las disposiciones del régimen ritual y que la apertura del pliego de posiciones debió realizarse de oficio (cfr. foja 5517 vta.).- En suma, entiende que se han quebrantado las formas sustanciales predispuestas por los artículos 34, inciso 4°, y 164, incisos 5° y 6°, del CPCyC (cfr. foja 5518).-
En cuanto a la violación de la ley, sostiene que se han meritado incorrectamente las pruebas, al inobservarse las reglas de la sana crítica racional y los principios protectorios propios del derecho laboral (cfr. foja cit). Enuncia la vulneración de los artículos 7º, 8º, 9º, 11, 14, 21, 52, 54 y 55 de la LCT (cfr. fs. 5518/ 5519).- Hace reserva de la cuestión federal (cfr. fs. 5519 vta./5520).-
A fs. 5522 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
En PE123604-2021 se ordena el pase al Acuerdo.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.- Ingresando en el análisis del recurso extraordinario provincial interpuesto, corresponde señalar que carece de idoneidad para habilitar la vía elegida.-
En primer término, la recurrente ataca el fallo de la anterior instancia, con base en la causal de quebrantamiento de forma.-
Este motivo casatorio se encuentra previsto en nuestro ordenamiento ritual para aquellos casos en que se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).- Este Tribunal Superior de Justicia ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3123, Folio 5114/5118, entre otros).- En lo que se refiere a la supuesta fundamentación insuficiente del fallo atacado, cabe tener presente que este Alto Cuerpo ha señalado que: “...‘…debe ser condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa…’…Es un modo de asegurar el adecuado control sobre la actividad decisoria de los jueces y evitar posibles arbitrariedades…La importancia de las formas judiciales adquiere vital importancia a la hora de estructurar una correcta resolución judicial, justa y debidamente motivada. Su incumplimiento lleva a error, en detrimento de la correcta administración de justicia.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2624, Folio 3928/3932).- Por este medio se procura, entonces, un análisis de la legitimidad del proceso de construcción del fallo.-
En el presente caso, no se observa falta de motivación de la sentencia, toda vez que el primer voto, al que adhiere el segundo, claramente brinda razones suficientes para resolver como lo hizo, pues ofrece la exposición de los hechos, la ponderación y meritación de la prueba producida, apoyando en derecho la solución que propugna.- Tampoco surge que en el desarrollo del presente proceso judicial se hubieran violado las formas y/o solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia. El desarrollo argumental sobre el cual la parte pretende endilgar una supuesta omisión con base en el artículo 164, inciso 2°, del CPCyC se desentiende notoriamente de los fundamentos vertidos por el Tribunal de Alzada, los cuales advertían que el recurso de apelación no contenía agravio alguno ni tampoco un pedido puntual de nulidad y que, en todo caso, cualquier planteo debió esgrimirse en la instancia de origen antes del llamamiento de autos.- Consiguientemente, la articulación así deducida por la recurrente no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objetivo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego, encontrándose debidamente motivada. Ello así, porque el mero disentimiento de la parte con lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones, no habilita la vía del recurso extraordinario provincial puesto que, como en el caso de autos, los motivos dados en la instancia de grado son coherentes y lógicos, logrando una equilibrada interpretación legal.- En relación a la denuncia de violación de la ley, es dable advertir que los argumentos desplegados en la impugnación remiten a típicas cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a esta instancia extraordinaria, salvo demostración de absurdo o arbitrariedad, lo que no se vislumbra en el caso de autos.-
Este Alto Cuerpo ha sostenido, sucesivamente, que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (cfr. Interlocutorios, Tomos X, Reg. 1383, Folio 1924/1926; XXII, Reg. 2786, Folio 4347/4350; XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497; XXIV, Reg. 2954, Folio 4747/4750; XXV, Reg. 3043, Folio 4931/4934; XXXII, Reg. 3623, Folio 6306/6311, entre otros), circunstancias que -como se adelantó- no aparecen plenamente demostradas en el recurso bajo análisis.- En la misma senda, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expone que: “…el encuadramiento convencional de una relación de trabajo constituye una cuestión que -en tanto requiere de debate y análisis de los escritos postulatorios y las pruebas arrimadas por las partes- resulta privativa de los jueces de mérito, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo…” (cfr.
“Domínguez Ma. de los Ángeles c/ Sindicato Obrero Industria del Pescado y otro/a. Materia a categorizar”, causa LP L 117.955 S, del 10/06/2015). De su lado, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro ha indicado que “…determinar el encuadramiento de un trabajador en el ámbito convencional colectivo es una cuestión reservada, en principio, a la instancia de grado, y por lo tanto ajena a la casación…” (cfr. “Tobio Carlos Adrián y otro c/ Arelauquen Golf & Country Club S.A.”, del 14/10/2008, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/16106/2008).- Por otro lado, este Alto Tribunal también se ha encargado de precisar que: “...el discernimiento de un reclamo por diferencias salariales constituye una cuestión de hecho y prueba -materia propia de los jueces de grado- que es, en principio, irrevisable en casación, salvo el caso de absurdo en la valoración de la prueba...” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3440, Folio 5819/ 5823).- Desde este prisma, se advierte que la impugnante circunscribe su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar certeramente la incorrección y evaluación del pormenorizado escrutinio llevado a cabo por la Alzada y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado.- Más allá de la cita tangencial que la recurrente efectúa de diversas disposiciones de la LCT, lo cierto es que omite suministrar argumentos jurídicos que patenticen yerro alguno, pretendiendo discurrir libremente sobre su particular interpretación del caso y la forma en que debió fallarse.-
Siendo así, huelga señalar que la crítica es palmariamente insuficiente para modificar lo resuelto, desde que no ha logrado conmover en lo más mínimo el examen plasmado por la Excma. Cámara de Apelaciones sobre una temática que resulta de su incumbencia privativa.-
No es baladí recordar que es insuficiente el recurso de casación que denota un desencuentro con los argumentos del fallo cuestionado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del decisorio y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, acordaron a aquél debido sustento y que, sin embargo, no fueron rebatidos.-
V. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 5513/5520 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 5522 y vta., de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 5513/5520 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 5522 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1036I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3687 Folio N°: 6497/6500 Secretaría: 1
Fin de la sentencia