Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2473/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 640/642 vta., por quebrantamiento de formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 625/632, en cuanto confirmó la responsabilidad del Sr. Angel Mario Paynemil, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
2Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2473/21-TSJ Sentencia Nº: 759 Actor: AGUILAR CRISTINA SANDRA Demandada: ZAMBRANO PEREZ MARCELO ALFONSO Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 14-08-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 759 FOLIO Nº 4668/4674 PROT. ELECT. TSS1 017 S.241
Río Gallegos, 14 de agosto de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILAR CRISTINA SANDRA c/ ZAMBRANO PEREZ MARCELO ALFONSO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº A-9209/07 (A-2473/21-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, Sres. Angel Mario Paynemil y Héctor Julio Paynemil, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Carlos G. Toledo Vargas (cfr. fs. 640/642 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 625/632 que, en lo que aquí interesa, confirma el fallo de Primera Instancia que hizo lugar a la demanda promovida contra Angel en su carácter de progenitor de Héctor Julio Paynemil, menor de edad al momento del siniestro (cfr. foja 557 vta./559 y vta.).-
II. La parte accionada recurre el fallo de Segunda Instancia en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. fs. 640).-
Sostiene con relación a ello que el fallo no constituye una derivación razonada y correcta de las normas aplicables al caso, fundamentalmente las contenidas en el Código Civil en orden a la responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos (cfr. foja 640 vta.).-
Puntualmente se agravia de que la anterior instancia haya considerado que la defensa referida a que “…'no tenía la tenencia'…”, como así también “…'la no citación al juicio de la madre'…” no fueron cuestiones oportunamente planteadas en la instancia de grado (cfr. fs. 640 vta./641).-
Califica de equivocado el razonamiento y, por ende, la conclusión a la que arriba el ad quem, solicitando su revocación y el dictado de una sentencia conforme a derecho (cfr. foja 641).-
Para fundar su embate señala que: “…en el memorial de contestación de demanda, en el Punto 3º) titulado 'Falta de responsabilidad de Angel Mario Paynemil'…mi parte esgrimió los argumentos en orden a la responsabilidad del progenitor. También lo hice en oportunidad de alegar…específicamente en el Punto IV) de dicho escrito, luego de haberse producido toda la prueba. Por último, también en el memorial expreso agravios, en el punto IV) volví a insistir nuevamente con esta cuestión. De modo que la cuestión ha sido introducida y debatida por esta parte demandada, y sin embargo se ha omitido por esta Excma. Cámara expedirse sobre el caso concreto y ello amerita la procedencia de este Recurso de Casación.” (cfr. fs. 641 y vta.).- Agrega que: “Se ha fundamentado la postura en la disposición del art. 1114 del C.C.,…cuestión que se ha omitido resolver en autos. La solidaridad que contiene la norma, se diluye ante la falta de intervención de (sic) madre y si se pretende atribuirle al padre, ha quedado demostrado con claridad meridiana que Angel Mario Paynemil no ejerce la tenencia de su hijo Héctor Julio Paynemil, cuestiones éstas, que esta Excma. Cámara de Apelaciones no le ha dado el tratamiento que correspondía, omitiendo expedirse al respecto y utilizó el sólo argumento de la educación de los hijos.” (cfr. foja 641 vta.).- Añade que: “La circunstancia que no se haya citado a juicio a la madre de Héctor Julio Paynemil, corresponde a una carga de la parte actora… cesando así la responsabilidad solidaria de los padres, en el claro contenido de la primera parte del art. 1114 del C.C. y en virtud de ello, la que se le atribuye a Angel Mario Paynemil.” (cfr. foja 641 vta.).-
Esboza que: “Ha quedado claramente demostrado en autos, con las pruebas agregadas a esta causa y las que surgen del expediente penal, que Héctor Julio Paynemil se encontraba totalmente independizado de sus padres, teniendo incluso domicilio diferente al de su progenitor.” (cfr. foja 641 vta.).-
Concluye en cuanto a este agravio que: “Ambas disposiciones que emanan del art. 1114 del C.C. no han sido resueltas por esta Excma. Cámara…” (cfr. foja 642).-
Seguidamente se agravia porque -a su entender- tampoco se ha dado tratamiento al argumento legal invocado por su parte -contenido en el artículo 1116 del Código Civil- referido a que los padres no serán responsables por los daños causados por sus hijos cuando haya sido imposible para ellos impedirlo (cfr. foja 642).-
Alega que: “Surge de autos y de las pruebas, como asimismo del expediente penal, que Héctor Julio Peynemil se encontraba habilitado para conducir rodados, más cuando en ésa época se encontraba cercano a cumplir la mayoría de edad…bajo tales circunstancias, para los progenitores…resultaba imposible impedir que pudiera causar algún daño circulando en su motocicleta. […] Tampoco fueron los padres quienes le facilitaron la moto a su hijo para que ésta (sic) la conduzca, ni tampoco se la adquirieron para que ésta (sic) la condujera, sino que ha sido adquirida por él mismo, obviamente, fruto de su propio trabajo y de su propio peculio, sin que los padres tuvieran alguna participación en la compra de la misma." (cfr. foja cit.).- Concluye que: “Ambas disposiciones legales (art. 1114 y 1116 del C.C.), en sus prescripciones, vienen a determinar claramente, la falta de responsabilidad por parte de Angel Mario Paynemil en el hecho dañoso que nos ocupa…tampoco fueron objeto de tratamiento y resolución, en su aplicación en la presente causa, y por ello, reitero, su omisión habilita la procedencia de este recurso de casación.” (cfr. fs. 642 y vta.).-
A fs. 644 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y a fs. 671 y vta. obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho la parte actora en PE748767-2022 y la demandada en PE747803-2022.- El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad, afirmando que: “…el recurso de casación interpuesto por el recurrente no debe prosperar.” (cfr. PE807526-2023.).-
En PE821819-2023 se llaman autos para dictar sentencia y en PE836247-2023 pasan los presentes a estudio.-
III. Que realizada la descripción de los agravios expuestos resulta menester precisar que si bien se hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3 inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 640), a los efectos de encauzar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se adscriba en el marco previsto en el artículo 2º de la citada ley (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).- Vale recordar que reiteradamente este Tribunal Superior de Justicia ha tratado la violación del principio de congruencia procesal (lo que constituye uno de los agravios de los casacionistas) en el andarivel de artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas…precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (cfr. Sentencias, Tomos IX, Reg. 313, Folio 1685/1694, XXII, Reg. 706, Folio 4214/4217).- Así las cosas, por una cuestión de método se tratará en primer término el recurso desde el prisma del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir quebrantamiento de las formas, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios esgrimidos.-
De acuerdo al programa recursivo planteado por los casacionistas, resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronunciamiento en crisis a efectos de verificar si la anterior instancia omitió el tratamiento de los agravios sometidos a su consideración.-
Primeramente debemos recordar que el derecho es un sistema que contiene reglas internas que deben respetarse para que sea posible predicar la juridicidad de una decisión (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Teoría de la Decisión Judicial Fundamentos de Derecho”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 209) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 662, Folio 3822/3825).-
Precisamente, una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4º y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6º, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomos I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Este último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de Segunda Instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo.- Desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la: “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. Enderle, Guillermo Jorge: “La congruencia procesal”, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 57).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641).- En la especie -tal como se anticipó anteriormente- los recurrentes aducen que el pronunciamiento en crisis no trató el agravio referido a que no ejercía el cuidado personal de su hijo al momento del infortunio y que se omitió la citación al proceso de la progenitora de Héctor Julio Paynemil (cfr. foja 641 vta.).-
El planteamiento recursivo bajo estudio torna necesario, entonces, confrontar los cuestionamientos vertidos por el demandado en la oportunidad de expresar agravios contra la sentencia de Primera Instancia, a efectos de corroborar si efectivamente el mencionado Tribunal incurrió en el vicio denunciado.-
En dicha oportunidad procesal -cuya pieza recursiva luce a fs. 573/575- la parte esbozó tres agravios: el primero de ellos, vinculado con la condena a abonar el daño material y la reducción de porcentaje por culpa de la víctima; el segundo, relativo a la condena solidaria impuesta a Angel en carácter de progenitor de Héctor, ambos de apellido Paynemil y, el último, referido al decreto de costas.-
Concretamente en lo que respecta al segundo de los agravios dicha parte sostuvo que: “…se agravia mi parte en orden a la condena impuesta a Angel Mario Paynemil por el solo hecho de ser progenitor de Héctor Paynemil, apartándose la señora juez a-quo de las normas que regulan la responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos pero además que Héctor contaba ya con 19 años de edad […] adviértase que no se ha citado a juicio a la madre de Paynemil, con lo cual la actora pretende atribuirle la responsabilidad exclusivamente al padre Angel Mario Paynemil, dando pauta que padre y madre se encuentra separados…la actora tampoco ha acreditado en autos que…Angel Mario Paynemil, tuviera la tenencia de Héctor Julio Paynemil […] como asimismo que resultó para él imposible impedir el accidente… ” (cfr. fs. 574 y vta.).- De un análisis de la estructura argumental del fallo en crisis y de su parte dispositiva surge que los magistrados de la anterior instancia se limitaron a evaluar y resolver exclusivamente el primero y tercer agravio (cfr. fs. 627 vta./629 vta.) manifestando, con relación al segundo, que: “Se agravia…por haberse responsabilizado a Angel Paynemil por ser padre del conductor de la moto. Debo señalar que las circunstancias introducidas en agravios en cuanto que no tenía la tenencia, como así también la no citación de la madre al juicio, no fueron cuestiones oportunamente planteadas en la instancia de grado, razón por la cual no corresponde su análisis en este estadio…” (cfr. foja 629).- Ahora bien, de una atenta lectura de las constancias de autos, y en particular del escrito de contestación de demanda obrante a fs. 123/126 vta., podemos adelantar que asiste razón a la Alzada en cuanto a que la defensa atinente a la falta de citación a juicio a la progenitora de Héctor Julio no fue propuesta a decisión del Juez de grado y, por tanto, no ha sido materia de debate y solución en aquella instancia.-
El argumento relativo a que se omitió citar al juicio a la madre del entonces menor de edad fue introducido para su consideración recién en la oportunidad de recurrir el fallo de Primera Instancia, por lo que su tratamiento se encontraba vedado a la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Si bien es cierto que esta defensa fue mencionada en oportunidad de presentar los alegatos (cfr. fs. 546 y vta.) ello no implica que se haya propuesto a decisión de la magistrada de grado.-
Ello es así toda vez que, según Levitan: “…no basta que las cuestiones hayan sido propuestas en primera instancia; tienen que haber sido propuestas a la decisión del juez de primera instancia. Si fueron propuestas al alegar, por ejemplo, no pudo resolverlas el juez de primera instancia. Las propuestas tenían que ser litigiosas...Toda presentación del actor después de entablada la demanda, o por el demandado, después de la reconvención, o de haberse corrido traslado a una u otra para su réplica por la contraria, no constituyen capítulos sometidos a la decisión del juez de primera instancia. Y el tribunal de alzada no puede pronunciarse sobre ellos. De lo contrario se violaría el principio general prescripto por la norma”. (cfr. autor citado en Elena I Highton - Beatriz A. Areán, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado con los Códigos Provinciales. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial”, 1º ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2006, Tomo 5, pág. 344, nota al pie Nº 7 del comentario al Art. 277 CPCyCN).- Lo que, en principio, no es admitido es que se intente utilizar el alegato como vehículo de introducción de nuevas o distintas pretensiones, o medios de ataque y de defensa que no fueron expuestos en la debida oportunidad procesal -ya preclusa- de la demanda o del responde. De ocurrir tal indebida invasión, el juez no la computará ni estimará para la formación de su fallo (cfr. Guillermo Jorge Enderle, ob. cit., pág. 193).-
En esta misma línea de pensamiento se ha sostenido que: “La cuestión no se planteó en el responde -sino sólo al alegar-, de modo que a su consideración se opone el principio de congruencia, que entronca con la garantía constitucional de la defensa en juicio…Y es que no podría admitirse la incorporación de una nueva defensa cuando el litigio ha entrado en su fase conclusiva, sin agravio de la garantía constitucional del debido proceso…Y no hay en ello ningún ritualismo excesivo sino el respeto por el ordenamiento que la ley ha establecido para hacer valer los derechos, los cuales deben ser planteados en la forma y dentro del plazo legal, no pudiendo invocarse la doctrina del exceso ritual en perjuicio del buen orden de los procesos, en cuya observancia está directamente interesada la seguridad jurídica y, en la hipótesis, el derecho de defensa en juicio de la parte contraria…” (cfr. aut. y ob. cit. pág. 73).- El Código de rito, en cuanto a las facultades de la Alzada, dispone que el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión de Primera Instancia (cfr. art. 276 del CPCyC).-
Elena I. Highton y Beatriz A. Areán, nos ilustran que los poderes del Tribunal de Alzada encuentran dos límites bien demarcados, el primero de ellos proviene de la relación procesal de primera instancia y el segundo de la interposición del recurrente toda vez que la Alzada constituye un área de revisión que, por tal razón, carece de poderes para decidir sobre temas no sometidos al juez inferior, pues su función prístina no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de jerarquía inferior (cfr. auts. y ob. cit., Tomo 5, págs. 343/345).- Si bien el recurso contra el pronunciamiento abre la jurisdicción de la Alzada a los efectos de resolver sobre la justicia de dicha resolución, de manera alguna posibilita fallar sobre las peticiones formuladas en segunda instancia con prescindencia de las cuestiones planteadas ante el juez de primer grado, pues el tribunal ad quem carece de atribución para resolver sobre capítulo alguno que no hubiese sido propuesto a decisión del inferior (cfr.
SCBA, “Vrcic Ninfa Nora del Valle c/ Corbelli Eduardo Omar y otros s/ Nulidad Acto Jurídico”, Causa LP 123499. S, del 21/08/2018).- En concordancia con ello se ha resuelto que: “Los límites de la jurisdicción abierta por los recursos están dados por los capítulos litigiosos propuestos al inferior (cfr. SCBA Ac. y Sent. v. VI p. 262 cit. por Morello y otros 'Códigos.' t.III pag. 400; esta Sala causa 1399 RSD-8-98). En tal sentido, las cuestiones que esgrime el apelante en sus agravios recién se introducen en oportunidad de deducirse el recurso, lo cual las torna inaudibles, ya que esta Alzada se encuentra impedida de resolver sobre capítulos no propuestos a la previa consideración del Juez de la instancia anterior (art. 272 del C.P.C.C, esta Sala 16429, 18/05/2015), por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto.” (cfr. sum.
SCBA “Ramirez Patricia Haide y otro/a s/ Beneficio de litigar sin gastos”, Causa QL 24893 del 06/09/2022).- Es criterio jurisprudencial que: “Los Jueces deben resolver las cuestiones que le han sido sometidas a su decisión con arreglo a la traba de la relación procesal, sin omisiones ni demasías decisorias so pena de lesionar el principio de congruencia de rango constitucional y afectar de nulidad el fallo, sanción ésta que debe decretarse aun de oficio, por la que corresponde examinar previamente si el fallo recurrido no adolece de tales defectos por quebrantamiento del precepto de marras. En efecto, el aludido principio de congruencia se resuelve en una comparación entre dos extremos: las pretensiones de las partes y la resolución del juzgador.” (cfr.
CCCom. de Mar del Plata, “Di Battista Domingo c/ Municipalidad de Moreno s/ Amparo”, del 29/06/04, citado por Guillermo Jorge Enderle, ob. cit., págs. 312/313).- Vinculado con lo antedicho, este Alto Tribunal ha señalado que: “…'…El proceso tiene límites objetivos (objeto y causa) y subjetivos (partes), el tribunal debe fallar dentro de esos límites, los cuales, en el proceso dispositivo que nos rige, son los que derivan de las pretensiones de las partes. Es éste el principio de congruencia al que deberá ajustarse la sentencia. El objeto del proceso en la segunda instancia es el mismo de la primera…No existe en nuestro sistema el novum iudicium, por lo que debe enunciarse el siguiente principio negativo: el objeto del proceso de segunda instancia no puede ser distinto al de la primera; es decir, el tribunal a quem no puede conocer sobre cuestiones no propuestas a la decisión del juez a quo…' (confr.
BACRE, Aldo, 'Recursos ordinarios y extraordinarios', Ed. La Rocca, Bs. As., 1999, págs. 262/263; TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2673; Folio 4054/4058).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497).- A la luz de los antecedentes trascriptos y de las constancias de la causa, se puede apreciar que el contenido de la protesta en estudio no logra desvirtuar totalmente la estructura del fallo impugnado.-
En definitiva, el agravio referido a la omisión de citar a la progenitora de Héctor Julio al proceso, constituía un argumento novedoso desde que no formó parte las defensas esgrimidas en el inicio del proceso ni fue sometida a estudio y consideración de la jueza de primera instancia, de modo que su análisis -como bien afirma la Excma. Cámara- resultaba ajeno al recurso de apelación y, en consecuencia, el recurso de casación -en los términos aquí planteados- no debe recibir favorable acogida.- En lo tocante a que la Excma. Cámara de Apelaciones omitió el tratamiento del argumento referido a que el Sr. Paynemil no ejercía el cuidado personal (antes llamado tenencia) del adolescente al momento del hecho, se debe adelantar que asiste razón al casacionista, toda vez que esta defensa fue efectivamente planteada ante la magistrada de grado en la oportunidad procesal correspondiente.-
Así las cosas, la parte recurrente al evacuar el traslado de la acción sostuvo: “3º) Falta de Responsabilidad de Angel Mario Paynemil […] Sostenemos que en el hecho que nos ocupa, ninguna responsabilidad del (sic) cabe a Angel Mario Paynemil, aún cuando Héctor Julio resultara menor de edad al momento del accidente, en virtud de las disposiciones e interpretación jurisprudencial de los arts. 1114 y 1116 del C.C. […] El art. 1114 del C.C. establece la responsabilidad de los padres por los daños producidos por los hijos que habiten con ellos, y en caso de estar separados, por quien ejerza la tenencia del menor. En el caso de autos, estamos en presencia no solamente de un menor -al límite de la mayoría de edad- que no habita con el padre, sino además tampoco éste tiene la tenencia del mismo, razón por la cual nada debe responder.” (cfr. fs. 124 vta./125).- En los presentes, la sentencia de la Alzada debería haber contenido una decisión expresa y precisa acerca de la procedencia o no del agravio referido a que el demandado no ostentaba el cuidado personal de su hijo adolescente al momento de los hechos, toda vez que dicha cuestión no sólo se encuentra íntimamente vinculada con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso sino que, además, se había puesto expresamente en su conocimiento y, por ello, debió haberla resuelto al momento de dictar el fallo impugnado.- Esta forma de decidir quebranta el artículo 164, inciso 6º del CPCyC que requiere: “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…”. Mandato que, por imperio del artículo 165 del CPCyC, se torna aplicable a los pronunciamientos que se dicten en segunda o ulterior instancia.-
Es sabido que el límite del poder de decisión del Tribunal de Alzada para dictar su sentencia está determinado por los agravios y/o fundamentación del recurso. (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de Casación, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, Editorial Advocatus, Córdoba, 2016, pág. 64).-
Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, es decir, sólo deben analizar y decidir los capítulos y cuestiones que resultan pertinentes para la correcta solución del litigio, lo cierto es que debe reputarse como nula la sentencia si omite tratar temas conducentes que componen el litigio (cfr. Loutayf Ranea, Roberto: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2009, Tomo 2, págs. 310 y 311).-
En este sentido, se ha entendido -adoptando un concepto amplio y flexible- que son esenciales aquellas cuestiones que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y están constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y el alcance del pronunciamiento. Entre ellas se adjetivarán entonces como esenciales cuestiones que -según la modalidad del caso- resultan necesarias para la correcta solución del pleito, incluso procesales, por la incidencia que podrían tener en el resultado del litigio (cfr. Quadri, Gabriel Hernán, Rosales Cuello, Ramiro, Sosa, Toribio Enrique: “ Tratado de los Recursos”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2019, Tomo 2, pág. 68/69).- Este Tribunal Superior de Justicia -con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- ha expuesto que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).-
Con sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del apelante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa. (Fallos: 317:1583 y 327:5668).-
En definitiva, la sentencia no sólo debe resolver la cuestión sometida a la decisión del juez, sino que también debe llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos los aspectos de la misma y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones. (cfr. Alsina, Hugo: “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da edición, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1957, Tomo II, págs. 255 y 257) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 662, Folio 3822/3825).- En este caso -reiteramos-, la ausencia de tratamiento y resolución por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones sobre el agravio referido a que el demandado no tenía a su cargo el cuidado personal de Héctor Julio al momento de los hechos, provoca el incumplimiento con un cometido que la ley manda, tornando nulo parcialmente dicho pronunciamiento (cfr. artículo 2º, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).- La calidad del vicio imputado en esta parcela del decisorio -violación del principio de congruencia- hace viable limitar la extensión de los efectos anulatorios exclusivamente con relación al segmento indicado, en tanto resultaría ocioso el dictado de una nueva decisión sobre los restantes puntos que son separables de éste.-
Resultan extensibles a la presente causa las razones ya delineadas por este Tribunal Superior de Justicia, según las cuales: “…es innecesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos de la decisión que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-… Además, no resulta conducente la nulidad total, pues si no corresponde perjudicar a quien planteó el recurso de casación, tampoco resulta posible hacerlo con su contraparte, y esta última secuela se configuraría si, ante aquella prescindencia, se le derrumba íntegramente el fallo sobre los aspectos (pretensiones) ajenos a toda razón de nulidad.” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).- La antedicha solución es concordante con precedentes de este Alto Cuerpo que ya han declarado la nulidad parcial de sentencias (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 212, Folio 1142/1144; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XV, Reg. 518, Folio 2901/2904).-
Que en virtud del resultado al que se arriba, resulta innecesario pronunciarse sobre el agravio restante, en tanto debe dejarse sin efecto el decisorio recurrido en cuanto a la responsabilidad del Sr. Angel Mario Paynemil y reenviarse el expediente para el dictado de un nuevo pronunciamiento, no correspondiendo a este Tribunal Superior de Justicia expedirse sobre el fondo de la cuestión.-
IV. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los demandados Héctor Julio Paynemil y Angel Mario Paynemil a fs. 640/642 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 625/632, en cuanto confirmó la responsabilidad del Sr. Angel Mario Paynemil, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda, con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (cfr. artículo 68, segundo párrafo del CPCyC).- Como consecuencia de lo aquí expuesto, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en definitiva merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 640/642 vta., por quebrantamiento de formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 625/632, en cuanto confirmó la responsabilidad del Sr. Angel Mario Paynemil, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
2. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1017S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 759 Folio N°: 4668/4674 Secretaría: 1
Fin de la sentencia