Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2166/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 145/153 vta. y en consecuencia, casar la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 121/123 vta..-
2Componer positivamente la litis, rechazando la excepción de prescripción interpuesta por la codemandada SEAVE S.A. a fs. 53/58 vta., de- biendo devolverse las presentes actuaciones a Primera Instancia a fines de que conti- núen los autos según su estado.-
3Imponer las costas en todas las instancias en el orden causa- do (cfr. arts. 68 y 69 del CPC y C).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2166/17-TSJ Interlocutorio N°: 643.-
Actor: AGUILAR FERNANDO GABRIEL Demandado: FERNANDEZ GABINO MIGUEL Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 12-04-19 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 643 FOLIO Nº 3712/3715 PROT. ELECT. TSS1 004 S.191
Río Gallegos, 12 de abril de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILAR FERNANDO GABRIEL c/ FERNANDEZ GABINO MIGUEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PER- JUICIOS”, Expte. Nº A-16.636/15 (A-2166/17-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado a fs. 145/153 vta., por el actor Fernando Gabriel Aguilar, contra la sentencia interlocu- toria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 121/123 vta., en cuanto confirmó la resolución de Primera Instancia obrante a fs. 91/92. Esta última hizo lugar a la excepción de prescripción deducida por la demandada.- La parte recurrente expresa que: “Se cuestiona esencialmente el fallo del tribunal de II Instancia por su apartamiento de la doctrina sentada por la Cor- te Suprema de Justicia, y el Tribunal Superior en cuanto considera nulas las senten- cias que carecen de fundamentación, dado que este requisito violenta garantías consti- tucionales…En la sentencia de Alzada,…pese a la prédica que de manera dogmática se formula al inicio de la parte dispositiva del fallo…no existe la más mínima cita normativa, doctrinaria o jurisprudencial que permita tener por satisfecho el requeri- miento constitucional señalado, y que avale su incomprensible decisión cuando refie- ren requisitos y normativa que asisten la razón del apelante, y que mi parte ha dado estricto cumplimiento.” (cfr. foja 148 vta.).- También afirma que: “La incorrecta aplicación de la ley adjeti- va, surge por el excesivo rigor formal manifiesto, en primer término con incumpli- miento violatorio de lo dispuesto por los arts. 34 inc. 4º, 164 inc. 4º y 5º CPCC, la in- correcta aplicación de la ley sustantiva para el caso del art. 3986 Código Civil, ocu- rre por cuanto la Cámara Aquo, establece una elaboración disociada sin estudiar al extremo los planteos interpuestos por mi parte, arriba a una conclusión utilizando nor- mativa, doctrina y jurisprudencia que asisten la razón al apelante…” (cfr. foja 149 vta.).- Por último alega que: “Frente a divergencias interpretativas so- bre la operatividad de un determinado plazo de prescripción liberatoria, los jueces de- ben inclinarse por aquel que mantenga subsistente la acción, o sea por el que garanti- ce con mayor amplitud y eficacia la defensa en juicio del litigante que reclama ante la jurisdicción por un derecho que le ha sido conculcado, pues a los fines de una correc- ta hermenéutica debe tenerse presente que el instituto de la prescripción es de inter- pretación restrictiva y que en caso de duda debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho.” (cfr. foja 153).- Que a foja 186 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Su- perior de Justicia declarando bien concedido el recurso de casación interpuesto, po- niendo los autos a disposición de las partes conforme lo dispuesto en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de tal derecho solo la codemandada Sancor Cooperativa de Seguros Limitada (cfr. certificación de foja 197).- En dicha oportunidad, la codemandada expresó: “…advierte respetuosamente mi parte que la contraria sólo tiene una interpretación distinta de la que hace la Cámara en relación al artículo 3986 y ello no constituye un fundamento válido para acudir en Casación ante el Superior. […] el transcurso del tiempo en el cumplimiento de cada acto procesal en el beneficio de litigar sin gastos (el que señala el actor) hizo que haya queda[do] demostrado un desinterés en la parte contraria de mantener vivo su derecho […] Este lapso de tiempo en la indefinición de un derecho, vulnera el ordenamiento jurídico al que le interesa que los derechos adquieran estabi- lidad y certeza, pues allí radica el fundamento del Instituto de la Prescripción.” (cfr. fs. 193/194).- A fs. 198/201 obra dictamen emitido por Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien -por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos brevitatis causae- entiende que debe prosperar el recurso incoado.-
A foja 202 se llaman autos para sentencia, pasando a estudio a fs. 203.-
II. Previo a toda consideración acerca del objeto específico de la cuestión planteada, es oportuno tener presente el criterio restrictivo que necesaria- mente debe observarse al interpretar la normativa que traiga aparejada la declaración de prescripción, pues de ello depende la perdida o subsistencia de un derecho. Y en tal sentido, poner de resalto que este Alto Cuerpo se ha expedido anteriormente si- guiendo el principio jurisprudencial referente a que: “…la prescripción debe ser de aplicación restrictiva y en consecuencia ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo X, Reg. 351, Folio 1896/1900).- La controversia a resolver radica en determinar si el beneficio de litigar sin gastos posee habilidad interruptiva, como bien expresa la resolución en crisis en un primer momento.-
Continuando con el análisis de los presentes, debemos adelan- tar que el recurso debe prosperar.-
De las constancias de autos surge que la demanda fue inter- puesta el 04/03/2015, es decir que tanto la presentación de la demanda como el plazo de prescripción ocurrieron durante la vigencia del Código Civil derogado. Por lo tanto corresponde aplicar dicho cuerpo legal a los presentes autos.-
Cabe recordar que el artículo 3986 del Código Civil derogado establecía en su parte pertinente: “La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuo- sa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en jui- cio.”.-
En lo que concierne al concepto de demanda al que alude el ci- tado artículo, cabe señalar que si consideramos que el supuesto de hecho de la pres- cripción es la inacción del titular del derecho expuesto a extinguirse por no uso, en- tonces se comprende que estamos, no sólo autorizados, sino constreñidos a asimilar la deducción de la pretensión accionable, con otros actos procesales que resulten contra- dictorios con ese supuesto de hecho o factum del instituto de la prescripción. Así, la expresión demanda a que alude el artículo 3986 del Código Civil no tiene el sentido que se emplea el vocablo en el derecho procesal, sino que comprende todas aquellas peticiones judiciales que implican mantener vivo el derecho, revelando que no se lo ha abandonado, perviviendo la eficacia del acto interruptivo hasta el agotamiento del acto productor (cfr.
Alberto G. Spota - adaptado por Luis Fernando Pantaleón Leiva Fernández, Instituciones de Derecho Civil: prescripción y caducidad, 2º Ed., Buenos Aires, La Ley, 2009, Tomo I, pág. 413). Siguiendo este lineamiento: “En consecuen- cia, con acierto la doctrina y la jurisprudencia (963) han estimado que a los efectos de la aplicación del art. 3986 constituyen demandas los siguientes actos procesales: […] Tramitación del beneficio de pobreza. Se ha estimado que la acción tendiente a que se otorgue la carta de pobreza -se trate del que va a asumir el papel de acreedor o de deudor- tiene efectos interruptivos. Esa solución, acogida por nuestra jurisprudencia, (973) resulta más acorde con el espíritu del instituto de la prescripción, que se basa en el supuesto de hecho de la inacción del titular del derecho.” (cfr. ob. cit., págs. 413/ 418).- Resulta importante recordar lo expresado al respecto por la Su- prema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: “b) De manera paralela tie- ne dicho esta Corte que la deducción del beneficio de litigar sin gastos interrumpe la prescripción (conf.
Ac. 42.842, sent. del 25-IX-1990, “Acuerdos y Sentencias”, 1990-III-438; Ac. 80.352, sent. del 17-X-2001); a lo que debe sumarse que dicha interrup- ción producida por la demanda se prolonga, cualesquiera sea luego la rapidez o conti- nuidad del trámite, en toda la duración del proceso (conf. L. 56.180, sent. del 5-IX-1995, 'Acuerdos y Sentencias', 1995-III-445; Ac. 80.352, sent. del 17-X-2001). c) Por lo que, aunando a la suspensión del plazo, el hecho interruptivo derivado del be- neficio y considerando de él la fecha en que fue concedido (27-VIII-1992), cabe con- cluir que al momento de promoción de la demanda (28 de julio de 1994) no se había cumplido el plazo que estatuye el art. 4037 del Código Civil.” (cfr.
SCBA, “Casas, Delia Esther y otro c/ Moris, Fermín s/ Daños y perjuicios derivado de cuasidelito” del 01/03/2004).- Al respecto corresponde agregar que: “…no nos queda duda que la solicitud del beneficio de litigar sin gastos tiene virtualidad interruptiva del curso de la prescripción, si verdaderamente el referido beneficio tiene sustento en las garantías constitucionales de acceso a la justicia y de igualdad ante la ley, pues, de otro modo, quien carece de recursos económicos no podría demandar, al no tener los medios para pagar los gastos de iniciación del juicio -tasa de justicia, entre otros-, lo cual por otra parte lo pondría en una situación de notoria desigualdad frente a quien sí tiene esos recursos. […] En otras palabras, quien carece de recursos económicos no puede demandar, y mucho menos costear los gastos del proceso hasta el dictado de una sentencia definitiva; de ahí que la solicitud del beneficio de litigar sin gastos se convierta un requisito indispensable de la demanda y, como inevitable consecuencia racional de ello, deba tener carácter interruptivo de la prescripción. […] En suma, nos parece lógicamente insostenible la afirmación de que la solicitud del beneficio de liti- gar sin gastos no está orientada a obtener ninguna resolución acerca de lo que se de- manda en el juicio principal, pues, como lo hemos expresado y lo reiteramos, se trata de un presupuesto esencial de la demanda para quien carece de recursos económicos: ¿qué sentido tendría acceder a la jurisdicción si no es para obtener el reconocimiento de un derecho?
Como acertadamente lo destaca Germán Bidart Campos, nunca debe olvidarse que el derecho a la jurisdicción no consiste solamente ni se agota con el ac- ceso al órgano judicial. Al acudir a él sólo se cumple una primera etapa. El desarrollo subsiguiente importa un despliegue del derecho a la jurisdicción que, fundamental- mente, requiere que se cumpla la garantía del debido proceso, cuyo meollo radica en el derecho de defensa, y que la pretensión se resuelva mediante la sentencia, que debe ser oportuna en el tiempo, debidamente fundada y justa.” (cfr. Benjamín Moisá, Inte- rrupción de la prescripción y beneficio de litigar sin gastos, www.informaciónlegal. com.ar. Cita Online: AR/DOC/2526/2013).- Por lo expuesto, consideramos que el decisorio de grado ha desinterpretado la normativa legal aplicable, por lo que corresponde declarar proce- dente el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 145/153 vta..-
Por lo tanto, decidida la procedencia del presente recurso y sen- tada la habilidad interruptiva del beneficio de litigar sin gastos, corresponde aplicar ello a estos autos y resolver la presente cuestión.-
Así nos encontramos con que el siniestro ocurrió el 20/10/2012, la presente demanda ha sido iniciada el 04/03/2015 y el 25/03/2014 fue concedido al actor el beneficio de litigar sin gastos solicitado el 02/09/2013.-
Respecto del plazo de prescripción aplicable al caso de autos, la cuestión se resolverá conforme lo prescripto por el artículo 4037 del Código Civil, el cual establecía: “Prescríbese por dos años, la acción por responsabilidad civil extra- contractual”. Al respecto, cabe señalar que el acto interruptivo da nacimiento a un nuevo plazo de prescripción a partir de aquél. El lapso anterior de prescripción trans- currido pierde entonces toda virtualidad jurídica como consecuencia de esa legítima irrupción que, a su vez, marca el comienzo de un nuevo curso temporal (cfr. arts. 3984, 3986, 3988, 3989 y concs. del Código Civil).- Resulta necesario señalar que entre la fecha del siniestro y el inicio del beneficio de litigar sin gastos no transcurrió el plazo señalado, y que, luego de interrumpida la prescripción por el beneficio de litigar sin gastos, comenzó a co- rrer nuevamente el plazo a partir del 28/03/2014, día siguiente a la fecha en la que fue notificada al actor la concesión de aquel. Ello en virtud que: “La pretensión deducida mantiene su eficacia, como causa de interrupción de la prescripción, en cuanto la ac- ción interpuesta perdure procesalmente y hasta que merezca acogimiento por senten- cia...” (cfr. Alberto G. Spota, ob. cit., Tomo I, pág. 459), por lo que corresponde que consideremos el día siguiente a la fecha de notificación de su concesión, ya que a par- tir de ese momento el actor se encontraba en condiciones de iniciar la demanda prin- cipal por daños y perjuicios.- De esta manera, consideramos que corresponde rechazar la excepción de prescripción, ello en virtud de que si bien la presente demanda ha sido iniciada el 04/03/2015 y el siniestro ocurrió el 20/10/2012, el 25/03/2014 fué conce- dido al actor el beneficio de litigar sin gastos solicitado el 02/09/2013. Por lo tanto, conforme lo expuesto ut supra, teniendo el beneficio de litigar sin gastos aptitud inte- rruptiva, no se cumplió el plazo de prescripción establecido en el artículo 4037 del Código Civil derogado.- Por lo tanto, en atención a las fechas señaladas, debemos recha- zar la excepción de prescripción planteada a fs. 53/58 vta. por la codemandada SEA- VE S.A..-
Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de ca- sación interpuesto por la actora a fs. 145/153 vta. y en consecuencia, casar la senten- cia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comer- cial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 121/ 123 vta. Se decide componer positivamente la litis rechazando la excepción de pres- cripción interpuesta por la codemandada SEAVE S.A. a fs. 53/58 vta., debiendo de- volverse las presentes actuaciones a Primera Instancia a fines de que continúen los autos según su estado, con costas en todas las instancias en el orden causado, en razón que de acuerdo a las particularidades del asunto, la codemandada pudo considerarse con derecho para peticionar como lo hiciera (cfr. arts. 68 y 69 del CPC y C).- Que, por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 145/153 vta. y en consecuencia, casar la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 121/123 vta..-
2. Componer positivamente la litis, rechazando la excepción de prescripción interpuesta por la codemandada SEAVE S.A. a fs. 53/58 vta., de- biendo devolverse las presentes actuaciones a Primera Instancia a fines de que conti- núen los autos según su estado.-
3. Imponer las costas en todas las instancias en el orden causa- do (cfr. arts. 68 y 69 del CPC y C).-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti (art. 27, 2º pá- rrafo de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal, Dra. eneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.191 Tomo: XIX Interlocutorio: 643.-
Folio N°: 3712/3715.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia