Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 794/808 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, en representación del condenado LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:026 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 20 de Marzo de 2015.-
AUTOS: “AGUILAR LEOPOLDO GUSTAVO S/HOMICIDIO EN CONCURSO REAL CON COACCIONES”, Expte. Nº 3357 (A-788/13/T.S.J.)
Río Gallegos, 20 de marzo de 2015.-
Los presentes autos caratulados “AGUILAR LEOPOLDO GUSTAVO S/HOMICIDIO EN CONCURSO REAL CON COACCIONES”, Expte. Nº 3357 (A-788/13/T.S.J.), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia para analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 794/808 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación del condenado LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR, contra el pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 781/787 vta. que resuelve “...1º) RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 756/764, por la defensa de LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR. 2º) CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 737/750y vta....”.- II.-) La parte recurrente -previo referir los antecedentes de la causa (fs. 796/802)- inicia la crítica a la resolución denegatoria que pronunciara este Alto Cuerpo con fundamento en la presunta violación a la defensa en juicio, el debido proceso (art. 18 de la C.N.), así como arbitrariedad (fs. 802 vta.).-
Afirma el recurrente al comenzar la exposición de agravios, que "...considera esta defensa técnica que lo expuesto permite sostener primero que ha quedado seriamente afectada la defensa en juicio así como el debido proceso legal y segundo cómo la sentencia en el punto atacado carece de fundamentación suficiente, lo que origina y da sustento a este recurso extraordinario. Pues, si bien los magistrados analizan los agravios, se advierte que no se detienen a responder acerca de la carencia de prueba, quebrando el principio de aplicación de la ley penal más benigna, tomándose la posición más gravosa, optando por el tipo penal más severo, manifestando que esta defensa no ha motivado una crítica razonada sino que reditúa lo expuesto en los alegatos, analizando en detalle, casi en forma exclusiva lo expuesto por el testigo Sr. Walter Mauricio Palacio, omitiendo considerar que en numerosas oportunidades el mismo ha cambiado su versión varias veces, sumado ello a las pruebas brindadas por la recurrente que ni siquiera se han tenido en cuenta (como el testimonio del hermano de Aguilar y su madre quienes no han sido llamados en la etapa de instrucción para declarar, la campera que la familia entrega con supuestas manchas de sangre la que nunca fue agregada como prueba ni peritada, agregando asimismo, que de las muestras de sangre encontradas en el domicilio de Aguilar se ha excluido a mi defendido como donante o contribuyente de patrón genético, es decir, que en los presentes y a pesar de que el Excmo. Tribunal sostenga que esta defensa nada dijo respecto de la calificación del hecho centrándose sólo en la autoría como agravio, no podemos dejar de soslayar que se ha realizado también una lectura parcial de las testimoniales, extrayéndose lo exclusivamente perjudicial para Aguilar, basándose el presente fallo en pruebas reitero 'insuficientes'...".- Asimismo, plantea "...el pronunciamiento atacado es descalificado toda vez que se han violado los tratados internacionales y por ende la normativa constitucional que le otorga a aquéllos jerarquía constitucional... en salvaguarda de las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio resulta procedente el presente recurso extraordinario...".-
Manifestó que la relación entre los agravios, hechos de la causa y cuestión federal "...la violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 C.N.) y del principio de legalidad, poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente recurso extraordinario. Que en consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache de asimismo (sic) de Arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuera materia del recurso...".- III.-) A fs. 809 se ordena traslado del recurso extraordinario interpuesto al Sr.
Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo que a fs. 810/811 vta. dictamina que “...el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que, en abstracto, podría ser encasillada como tipo doctrinario jurisprudencial de valoración absurda y arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica... los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab-initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco, que el fallo en cuestión se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras...
La expresión de los fundamentos del Recurso Extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa... este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley Nº 48, constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del Recurso Extraordinario... Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende, no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo...
En el sublite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y que la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logran demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos...”, siendo de opinión que se declare inadmisible el recurso impetrado.- IV.-) En principio, corresponde realizar a este Tribunal Superior de Justicia, un análisis mínimo y provisional del recurso extraordinario deducido a la luz de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 21/3/2007, tendiente a definir si la cuestión federal invocada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3081).- En dicha tarea, se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del primero de los artículos del reglamento, no así de los restantes. En efecto, la presentación no supera las 40 páginas de 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1), y cuenta con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2 y el anexo de las leyes requerido por artículo 8.-
Que, no obstante el escrito recursivo no logra poner de manifiesto la observancia de los requerimientos del artículo 3º, de dicha acordada, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente se limita a realizar un sucinto relato de los hechos de la causa, e invoca como "cuestión federal" la vulneración del derecho de defensa, art. 18 de la CN, fundado en la vulneración de normas procesales. En este sentido, es dable recordar que "la cuestión federal" tiene una definición propia. No sin ánimo docente, diremos que las cuestiones federales presentan dos grandes campos: a) las llamadas cuestiones constitucionales "simples" (vinculadas con la interpretación directa de normas o actos de naturaleza federal que ponen en crisis a disposiciones de la Constitución Nacional (art. 14, inc. 3º ley 48), y b) las cuestiones constitucionales "complejas" (referidas a los denominados "conflictos de constitucionalidad", es decir, al enfrenamiento entre normas o actos de carácter infraconstitucional con la Constitución Federal (art. 14, incs. 1º y 2º ley 48). Como fácil puede advertirse el planteo del recurrente no encuadra en esta regla.- A mayor abundamiento, este Alto Cuerpo advierte que la instancia federal impetrada por el Defensor Oficial deviene improcedente, toda vez que los argumentos expuestos en representación del condenado LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR son una mera repetición de los desarrollados en la etapa casatoria, reeditando los mismos para intentar habilitar la instancia extraordinaria.-
Este defecto se encuentra agravado por la circunstancia de interponer el remedio federal sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan basamento a la decisión obrante a fs. 781/787 vta., o bien desentendiéndose de los argumentos expuestos por este Tribunal Superior para rechazar los agravios que motivaron la instancia casatoria.-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 797/808 vta. están referidos netamente a la aplicación de derecho común, la transcripción de lo resuelto en la sentencia de la Excma. Cámara Criminal, lo resuelto en el decisorio de este Alto Cuerpo y a transcribir jurisprudencia, pues el impugnante se agravia por el rechazo del recurso de casación deducido. Fácil resulta advertir que tales causales devienen improcedentes para un remedio federal –por tratarse de netas cuestiones de derecho común-, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.- V.-) Sobre la inadmisibilidad del remedio federal cuando el recurrente no plantea una cuestión federal en forma razonada y clara, se han expedido numerosos Tribunales Superiores de Provincia: “...La cuestión federal debe introducirse en oportunidad de trabarse la litis y, excepcionalmente, en la primera oportunidad procesal posible, debiendo formularse de manera inequívoca y explícita, ya que el carácter genérico de la misma no es suficiente para habilitar el recurso extraordinario, como tampoco lo es la única expresión del apelante de que reserva el caso federal...” (Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, “G.T., C. c/ L.B., R.”, 14/II/2000, LLC 2000, pág. 923); “...Es insuficiente a los efectos de la procedencia del recurso extraordinario federal la sola expresión del apelante ‘Reserva Caso Federal’, pues si bien no se requieren términos sacramentales es necesario que exista un correcto planteamiento mediante la invocación expresa y categórica del derecho federal del que pretende valerse, demostrando su conexión con la materia del pleito...” (Superior Tribunal de Justicia de Misiones, “C., L. c/ Cooperativa Agrícola Monte Carlo Ltda.”, 16/X/2001, LLLitoral 2001).- Incluso, el Máximo Tribunal de la Nación ha revalidado la exigencia del tópico: "...En principio, el requisito de la introducción oportuna de la cuestión federal a los fines del recurso extraordinario, sólo rige respecto de las cuestiones federales previstas en el art. 14 de la ley 48, que deben ser resueltas de modo previo por los jueces de la causa a fin de dar lugar a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, último intérprete de las mismas...(dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)” (C.S.J.N., “González, Eduardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A.”, 07/XII/2004, DJ 18/V/2005, pág. 176; Fallos 327:5528).- VI.-) En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J.
Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad del recurso extraordinario son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; b) Ese tipo de disposiciones no afecta el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Carta Magna, principio de supremacía constitucional (Lino Enrique Palacio, “El recurso extraordinario federal”, pág. 161, Abeledo Perrot, 1997). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como intérprete final del derecho común.- Reiterada también es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el sentido que las cuestiones de derecho común, aún regidas por leyes de naturaleza federal, son propias de los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria (Fallos 281:67; 284:483; 289:355; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Interlocutorio, Rº 23, Fº 36/40; Tº I, Otros Recursos, Rº 8, Fº 12/14; Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45, entre otros), pues “...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria...” (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.- VII.-) Se agravia el recurrente por haber este Alto Cuerpo rechazado sin fundamentación el recurso de casación interpuesto.-
Tal agravio resulta infundado, pues abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos “Casal, Matías E. Y otro” (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la condena de LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR.-
En el resolutorio de fs. 781/787 vta., este Tribunal se avocó al “contralor de logicidad” del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica imputada a LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- VIII.-) En los considerandos de la resolución obrante a fs. 781/787 vta., se señaló que la valoración de la prueba por el tribunal de juicio estaba vinculada con criterio lógico al hecho de homicidio imputado, asimismo se destacó que “...en el pronunciamiento en crisis, los sentenciantes han analizado con sumo detalle, lo manifestado en el debate por Walter Mauricio Palacio, quien ha sido testigo presencial de la agresión mortal de Leopoldo Aguilar hacia la persona de quien en vida fuera Héctor Daniel González...
En síntesis, cada uno de los detalles aportados por Walter Mauricio Palacio han sido suficientemente corroborados en la causa, por lo tanto no puede quedar duda alguna con relación a la participación que le adjudica a Leopoldo Gustavo Aguilar, en el sentido que mediante una puñalada en la zona del cuello dió muerte a Héctor Daniel González...".- Asimismo, se sostuvo "...en síntesis, el recurrente tenía que demostrar el error de los sentenciantes al exponer las razones a través de las cuales, motivando adecuadamente su fallo, lo llevaron a conciliar cada una de las circunstancias narradas por el testigo con el resultado de las restantes pruebas, más no repetir ciegamente lo ya expuesto en el alegato soslayando la respuesta al mismo plasmado en la motivación de la sentencia que pretende casar...
En suma, los agravios del impugnante resultan demostrativos de la existencia de una fundamentación que si bien intenta rebatir, mediante un enfoque distinto de mismo plexo probatorio, no logra prevalecer sobre lo afirmado certeramente por los sentenciantes en base a la prueba analizada...".- IX.-) Como se dijera a fs. 786, no deviene arbitrario que la Excma. Cámara imponga a Leopoldo Gustavo Aguilar la pena de doce (12) años de prisión, pues los fundamentos del fallo que lucen a fs. 737/750 vta., hacen mérito de circunstancias atenuantes y agravantes, conforme ordenan los arts. 40 y 41 del código de fondo, resultando suficientes para determinar el quantum punitivo.-
En este orden de ideas, téngase en cuenta que el tribunal valoró como atenuante su condición de padre de seis hijos, todos de corta edad, su muy bajo nivel de instrucción formal, su condición de primario y la pobre vida que llevaba. A contrario sensu, el Tribunal merituó como agravantes, la inusitada violencia del hecho, los motivos que lo llevaron a hacerlo -viejos motivos, reactualizados en varias ocasiones-, el haber sesgado una vida joven (treinta y cuatro años) de otro padre de varios hijos, el haber traicionado la confianza de quien le encargara su casa poniéndolo en una situación en la que lo puso.- Finalmente se procedió a valorar el margen punitivo, conforme la calificación legal de los hechos -homicidio simple y coacciones, en concurso real- (arts. 79 y 149 bis 2º párr. y 55 del C.P.), que va de dos a veinticinco años; entendiendo como ajustada a derecho conforme la valoración expuesta, la pena de doce años de prisión, más accesorias legales y costas.-
De lo expuesto, se acredita de manera satisfactoria la fundamentación que realizara la Excma. Cámara en lo relativo al quantum de la pena; por lo que debe descartarse la arbitrariedad alegada en tal sentido.-
X.-) Por otra parte, el escrito de la defensa de LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR impetrando el remedio federal padece de inconsistencia material, pues si bien el recurrente alega que el decisorio vulnera las garantías de defensa en juicio y del debido proceso legal, no alcanza a establecer ni discernir en qué medida se encontró impedida la parte de deducir defensas, producir la prueba ofrecida y alegar sobre ella, basamento fundamental del derecho de defensa; mientras que el debido proceso –formal o adjetivo y material o sustantivo- no aparece vulnerado ni conmovido por la interpretación que de las normas de derecho común realizan este Alto Cuerpo y el Tribunal Oral en sus respectivos fallos.- Que, Rafael Bielsa decía: “...la violación de la defensa en juicio se verifica cuando se le impide a la parte el ejercicio de los recursos legales, o cuando no se lo oye, es decir cuando no se observan los requisitos esenciales del proceso...” (autor citado, “La protección constitucional y el recurso extraordinario”, pág. 99, Depalma, 1958), no incurriendo este Alto Cuerpo ni la instancia de grado en tales desaciertos, pues en la sustanciación del proceso se ha velado por escuchar a todas las partes –en un pie de absoluta igualdad- y permitido el ejercicio de sus recursos legales.- En efecto, la mera invocación de una supuesta violación de las normas constitucionales que reconocen la garantía del derecho a la defensa en juicio y el cumplimiento del debido proceso legal, no habilita la instancia extraordinaria federal que el recurrente pretende habilitar.-
XI.-) El pronunciamiento dictado por este Alto Cuerpo a fs. 781/787 no deviene “arbitrario” por la circunstancia de no compartir el peticionante los argumentos del Tribunal para confirmar el fallo condenatorio dictado por la Cámara Criminal, reiterándose que el recurrente no demuestra causal fundada alguna para así descalificar el fallo.-
En tal sentido, si bien incumbe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación juzgar sobre la presencia del vicio de arbitrariedad que pudiera afectar a una sentencia, ello no exime a los órganos judiciales llamados a conocer en la concesión del recurso extraordinario, a expedirse si la apelación federal, circunstanciadamente valorada, cuenta respecto a cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la conocida doctrina de la Corte, a la invocación de un caso inequívoco de carácter excepcional, como es la arbitrariedad (Fallos 323:1248; este T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 7, Fº 15/17, Secr. Civil, y Tº I, Otros Recursos, Rº 10, Fº Nº 12/24, Secr. Penal, entre otros).- En la estructura del pronunciamiento atacado no se advierten fisuras en orden al absurdo o la arbitrariedad que plantea el recurrente, ni se incurre en violaciones de normas constitucionales. Analizado lo actuado desde este cuadrante, la sentencia atacada no evidencia un error grave y ostensible en el concepto, juicio o raciocinio cuando debió interpretar o valorar la ley, conforme a las reglas de la sana crítica o -en su caso- evaluar la posible violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, resultando correcta la solución del caso por constituir derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa apreciadas objetivamente (Fallos 236:27) y en respeto de los principios de igualdad de las partes, bilateralidad del proceso y necesidad de estar precedida la sentencia de una acusación válida, ejercicio de defensa y producción de prueba.- XII.-) A mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la “excepcionalidad” del recurso extraordinario, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.-
Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto –aún de extrema gravedad- no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues -de no ser así- la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros). Sobre tal pilar y conforme se expusiera, “...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal...” (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, siendo aplicable la opinión doctrinaria que reza: “...No basta hacer referencias genéricas; se requiere citas concretas, que fijen con precisión el derecho federal cuestionado y desconocido...” (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tº I, pág. 803), no verificándose en autos que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.- XIII.-) Luego de efectuar este Alto Cuerpo un detenido y severo análisis de los agravios contenidos en el escrito de interposición del remedio federal impetrado, surge de manera clara y manifiesta su falta de idoneidad para dar fundamento a la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, pues la mera invocación de aquella no basta para superar el óbice sustancial que supone la inexistencia de cuestión federal (art. 14 de la Ley 48), que justifique el impacto a la seguridad jurídica que lleva consigo la revisión por la Corte Suprema de fallos de tribunales ordinarios que se fundamentan en derecho común.- Además, surge evidente la insuficiencia recursiva pues no logra perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia “arbitraria”, “insostenible”, “irregular” o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Genaro Carrió y Alejandro Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25; T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- Por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de un planteo ajeno a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fueran la parte querellante y el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 794/808 vta. por el Sr. Defensor Oficial ante este Alto Cuerpo, en representación del condenado LEOPOLDO GUSTAVO AGUILAR, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 de la Ley Nº Uno – T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau- Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal. Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2008O.151 TOMO:III– OTROS RECURSOS - T.S.J.
REGISTRO Nº:026 FOLIO Nº:168/173 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia