Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de noviembre del año 2022, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 16800/2004/TO1/CFC1, caratulada “AGUILAR, Ramón y DURÁN, Alberto s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. El 27 de junio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de esta ciudad resolvió: “I) NO HACER LUGAR al planteo de extinción de la acción penal por prescripción formulado por la defensa técnica de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán (arts. 59 inciso 3°, 62 inciso 2° y 67 segundo párrafo del Código Penal).
II. NO HACER LUGAR al planteo de extinción de la acción penal por violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable efectuado por la defensa técnica de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán (arts. 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
III. NO HACER LUGAR al planteo de nulidad de las escuchas telefónicas correspondientes al abonado N° 5623-6337 de fecha 7 de junio de 2003 y de todo lo actuado en consecuencia, postulado por la defensa técnica de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán (arts. 166 “a contrario sensu”, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).
IV. NO HACER LUGAR al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio y del alegato acusatorio del Ministerio Público Fiscal formulado por la defensa técnica de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán (arts. 166 ‘a contrario sensu’, 1 REGISTRO N°1541/22.4 siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).
V. NO HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad sobre la aplicación de una pena efectuado por la defensa técnica de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán (art. 28 de la Constitución Nacional).
[…] VII) CONDENAR a RAMÓN SILVANO AGUILAR, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE UN (1) AÑO Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EL EJERCICIO DE EMPLEOS O FUNCIONES PÚBLICAS y AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo (arts. 20, 26, 29 inciso 3°, 40, 41, 45 y 256 del Código Penal y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
VIII. DISPONER que RAMÓN SILVANO AGUILAR, durante el término de dos años, cumpla con las reglas de conducta establecidas en el art. 27 “bis” inciso 1° del Código Penal, consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato de Liberados u otro organismo equiparable de control correspondiente a su domicilio real.
IX. CONDENAR a ALBERTO ERNESTO DURÁN, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE UN (1) AÑO DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EL EJERCICIO DE EMPLEOS O FUNCIONES PÚBLICAS y AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de cohecho pasivo (arts. 20, 26, 29 inciso 3°, 40, 41, 45 y 256 del Código Penal y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
X. DISPONER que ALBERTO ERNESTO DURÁN, durante el término de dos años, cumpla con las reglas de conducta establecidas en el art. 27 “bis” inciso 1° del Código Penal, consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato de Liberados u otro organismo equiparable de control correspondiente a su domicilio real”.
II. Contra esa resolución, la defensa técnica de los condenados Aguilar y Durán interpuso recurso de casación, el cual fue concedido el 10 de agosto del corriente año por el a quo.
III. La parte recurrente encauzó su pretensión en torno a ambas previsiones del art. 456 del CPPN.
En primer lugar, reeditó sus planteos sobre la prescripción de la acción penal y la violación de ser juzgado en un plazo razonable.
Según su postura, la restricción prevista en el art. 67 del Código Penal “tiende a evitar que el cargo público desempeñado sea utilizado para obstaculizar o influenciar en la investigación”. Por ello, tras destacar que sus defendidos no ostentaban cargos jerárquicos, entendió que tal impedimento no los alcanzaba por lo que debía hacerse lugar al planteo de prescripción.
Tras recordar que la pena para el delito atribuido es de seis años, destacó que “respecto de Aguilar ese término fue superado en dos oportunidades: primero entre el inicio de la causa (7/6/2003) y el llamado a indagatoria (3/9/2009), y luego, entre esa última fecha y el requerimiento de elevación a juicio del 20/10/2015. Respecto de Durán transcurrió entre el llamado a indagatoria del 30/3/2009 y el requerimiento de elevación a juicio”.
En tal dirección replanteó que la duración del proceso penal resultó manifiestamente excesiva y, en consecuencia, contravino la garantía a ser juzgado en un plazo razonable.
Enfatizó en que pasaron más de veinte años desde el comienzo de la investigación hasta el dictado de la sentencia condenatoria aquí objetada. Citó la evolución jurisprudencial de la CSJN en la materia, así como también los actos procesales más relevantes del proceso en cuestión, que a su juicio revelan una duración violatoria de la garantía promovida.
Además, afirmó que “a simple vista se advierte que se trata de una causa sencilla, con pocos imputados, con un solo hecho para investigar. Una causa de tan solo 8 cuerpos, con un requerimiento de elevación a juicio de sólo dos hojas, cuya lectura llevó menos de 10 minutos y con un debate de pocas y cortas jornadas”.
Como tercer agravio, volvió a plantear la nulidad de la intervención telefónica que derivó en las escuchas telefónicas que originaron el inicio de esta investigación.
Según su postura, “no contamos con el auto motivado exigido por ley para poder intervenir la comunicación telefónica (nunca fue incorporado -si es que existe-)”. En síntesis, objetó que sus defendidos nunca pudieron controlar tal acto jurisdiccional, por no encontrarse en esta causa el origen que justificó tales intervenciones telefónicas.
Como cuarto gravamen, reiteró la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, de la acusación en el debate y de la sentencia condenatoria por no haberse formulado una descripción pormenorizada del hecho.
A su juicio, todo el proceso se encontró marcado por una “vaga e imprecisa” descripción de los hechos atribuidos a sus asistidos. Enfatizó que “no existe una relación clara precisa y circunstanciada de lo que hizo en concreto cada uno de mis representados”.
Por otro lado, planteó la arbitrariedad de la sentencia con relación a la valoración los hechos y las pruebas producidas en el juicio oral. A su criterio, se violentaron las reglas de la sana crítica racional y sólo de ese modo se pudo arribar a una sentencia condenatoria.
En concreto, afirmó que “no se probó que Aguilar ni Durán le solicitaran ni recibieran dinero a cambio de alivianar la supuesta conducta delictiva en que podría haber incurrido el señor Navarro Díaz”. Enfatizó en que el peritaje de voz dio resultado negativo respecto de sus defendidos.
Para más, estimó que “faltaron declaraciones fundamentales que podrían haber cambiado el rumbo de la investigación, entre otras la del titular de la Comisaría 11, cuestionado por sus inferiores (ya fallecido). Es notorio también que la fiscalía no solicitó la declaración de quien cumplía la función de imaginaria –la Cabo Alejandra Alfonso, identificada desde el allanamiento del día 24 de julio de 2003”. También aseveró que la declaración de Borsetti fue contradictoria y carente de valor para sostener la hipótesis acusatoria.
Por ello, estimó que la sentencia carece de sustento probatorio para justificar la condena finalmente impuesta a Aguilar y Durán.
Como sexto punto, la parte recurrente afirmó deficiencias en la adecuación típica efectuada en autos. Según su postura, “ni las acusaciones ni lo sentenciantes pudieron demostrar que mis asistidos hubiesen intervenido en el hecho, ni mucho menos la forma en que lo hicieron, ni su grado de participación con la certeza apodíctica que requiere un fallo condenatorio”.
En tal sentido consideró que los hechos de ningún modo podrían encuadrar en lo previsto en el art. 256 del Código Penal, en tanto “no existió una negociación con libertad de decisión por parte de Navarro Díaz”. En consecuencia, estimó que, a lo sumo, se trata de aquel establecido en el art. 266 del cuerpo sustantivo.
En propias palabras, “las características de tiempo, modo y lugar del suceso demuestran que cualquier ofrecimiento y entrega de dinero fue realizado en el contexto de coacción propio de una situación de detención o demora, que habría discurrido por un lapso de cuatro horas. Los agentes policiales habrían conformado la exigencia dineraria bajo la amenaza concreta de que el nombrado quedara detenido y se iniciara a su respecto la persecución penal pertinente por haber encontrado en su poder una importante cantidad de estupefacientes (obviamente esto no pudo probarse)”.
Por último, estimó que “la imposición de una pena privativa de la libertad, y la inhabilitación especial perpetua, contraría y vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional en tanto que prohíbe el castigo como finalidad, a la vez que vulnera prescripciones de Pactos internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional (conf. art. 75 inc. 22 párrafo segundo también de nuestra Carta Magna)”.
Es en tal sentido que cuestionó la imposición de una pena luego de que hayan acontecido veinte años del hecho investigado. Objetó, en igual dirección, la inhabilitación perpetua por conspirar contra el principio resocializador, así como también la imposición de reglas de conducta (art. 27 del CP). Por todo lo expuesto, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, se case la sentencia y se absuelva sin reenvío a sus defendidos.
Hizo reserva del caso federal.
IV. En la oportunidad establecida en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó el Defensor Público Oficial ante esta instancia, Dr. Enrique Comellas. En tal ocasión y tras remitirse a los agravios planteados por su colega de anterior instancia, enfatizó que ha existido una flagrante violación al derecho de sus asistidos a ser juzgados en un plazo razonable.
En tal sentido destacó que no se trató de un expediente complejo, pasaron 19 años desde el hecho, sus asistidos estuvieron siempre a derecho y no obstaculizaron su avance, por lo que las demoras en la tramitación de la causa obedecen exclusivamente al accionar de las autoridades judiciales.
Por ello, solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto.
V. Superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.
Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Aguilar y Durán resulta formalmente admisible en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., y ha sido interpuesto por quien se encuentran legitimado para hacerlo (art. 459 del C.P.P.N.), con fundada invocación de los motivos previstos por el art. 456 del código de rito.
II. Previo a evaluar los agravios invocados por la parte recurrente, corresponde memorar la plataforma fáctica sobre la cual trató el juicio oral y la ulterior sentencia condenatoria.
Según el requerimiento de elevación a juicio, se le atribuyó a Alberto Ernesto Durán y Ramón Silvano Aguilar “en sus condiciones de funcionarios de la Comisaría 11ª de la Policía Federal Argentina, haberle exigido a Carlos Enrique Navarro Díaz la entrega de una suma de dinero que osciló entre los ochocientos y mil pesos ($800-$1000), para transformar su detención en dicha dependencia el día 7 de junio de 2003, por tener en su poder sustancias estupefacientes en cantidad (infracción ley 23.737), en una simple demora por infringir la ley migratoria, por ser oriundo de la República del Perú. El día 3 de julio de 2003, al practicarse un allanamiento en la finca de Carlos Enrique Navarro Díaz, situada en la calle Charcas 4270, piso 2°, departamento ‘10’, de esta ciudad, se secuestró el acta de declaración migratoria a su nombre, firmada por funcionarios de la Comisaría 11ª de la PFA”.
A continuación se analizarán, en primer lugar, las nulidades planteadas nuevamente por la defensa así como también los planteos de prescripción y plazo razonable; y luego, los agravios vinculados a la valoración probatoria y la calificación legal atribuida.
III. a. PRESCRIPCIÓN La parte recurrente planteó la prescripción de la acción penal respecto de sus defendidos. A su criterio, la restricción del art. 67 del CP para funcionarios públicos se orienta a funcionarios de alto rango y tiende a evitar que el cargo público desempeñado sea utilizado para obstaculizar o influenciar en la investigación.
Sin embargo, la ley 25.188 sobre ética en el ejercicio de la función pública establece “un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
En igual sentido, el art. 77 del Código Penal establece que “Por los términos ‘funcionario público’ y ‘empleado público’, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.
De este modo, las normas que definen el concepto de “funcionario público” son categóricas al incluir a toda persona que desempeñe un cargo al servicio del Estado, sin distinguir por rango o jerarquía.
Es por ello que una diferenciación entre “empleados” y “funcionarios” no tiene acogida normativa alguna. Para la ley, principal fuente normativa en nuestro sistema, no hay tal distinción que permita acoger el agravio planteado por la parte recurrente.
Para más, los hechos que fueran investigados en este proceso penal guardan directa relación con el modo irregular en el desempeño de tales funciones públicas por parte de los acusados, quienes ostentaban cargos en la Policía Federal Argentina. Por ello, este agravio será rechazado.
b. PLAZO RAZONABLE Con relación a este planteo, cabe recordar que la Corte Suprema sostuvo que la razonabilidad del plazo de juzgamiento no puede traducirse en un número de días, meses o años (Fallos: 322:360 y 327:327), pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos, por lo que “la referencia a las particularidades del caso aparece como ineludible” (Fallos: 332:1512, con cita de la causa P.1991, L.XL, “Paillot, Luis María y otros s/ contrabando”, rta. el 1/4/09, voto de los doctores Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, y 334:1302; entre otros). Por eso, el juez debe evaluar en cada caso concreto ciertas pautas de razonabilidad que revelen si efectivamente se ha violado la garantía de ser juzgado sin dilaciones indebidas.
De conformidad con la doctrina judicial vigente sentada por la citada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias en los casos: "König" del 28 de junio de 1978, "Neumeister" del 27 de junio de 1968, y “Calleja v. Malta, del 7 de abril de 2005, párrafo 123) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Suarez Rosero”, sentencia del 12/09/1997; caso “Genie Lacayo”, sentencia del 29/01/1997), se identifican entonces algunos parámetros que deben ser apreciados a los fines de analizar la duración del proceso. Estos son: a) complejidad del caso, b) la conducta del inculpado, c) la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia; es decir que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve (C.I.D.H.: caso “Valle Jaramillo”, Serie C nº 192, sentencia del 27/11/2008, párr. 155 y caso “Kawas”, Serie C nº 196, sentencia del 3/04/2009, párrs. 112 y 115; Caso “Forneron e hija vs.
Argentina. Fondo, reparaciones y costas”. Sentencia de 27 de abril de 2012; Caso “Furlan y Familiares vs. Argentina”; y, en extenso, mis votos en causa Nro. 7291: “Mitar, Raúl s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 10.593, rta. el 24/6/08; Nro. 8640: “Mancinelli, Mario J. s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 10.798, rta. el 3/9/08; y Nro. 7434: “Musante, Florentino Amador s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 588.12, rto. el 18/4/2012; entre otras). A la luz de todo lo expuesto, en función de las particulares constancias del trámite que se le ha dado al presente proceso, y que a la luz de los estándares que rigen la garantía a ser juzgado dentro del plazo razonable, las características del objeto procesal traído a estudio, la actividad procesal de las autoridades judiciales y que la causa se encuentra en un estado avanzado no se observa violación a la garantía de los imputados a ser juzgado sin dilaciones indebidas (cfr.: en lo pertinente y aplicable, causa FSM 586/2010/TO1/CFC1: “PEDROUZO, Omar Norberto y MORGENSTERN, Aníbal Eduardo s/recurso de casación”, rta. el 6/5/19, Reg. 829/19.4; “BRÍTEZ RÍOS, Roque Román s/ recurso de casación”, FSM 23005610/2012/TO1/CFC1, reg. 1780, rta. 15/11/2018; “FLORES, Adrián Claudio s/recurso de casación”, N° FSM 76001480/1999/2/CFC1, reg.
N° 519/16, rta. 4/05/2016; y “RIQUELMES, Natalia Graciela s/recurso de casación”, causa N° FLP 94002315/2006/TO1/9/CFC1, reg. N° 2428/15, rta. el 22/12/2015; todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre muchas otras).
Al respecto, el tribunal a quo brindó razones plausibles para sostener descartar la irrazonabilidad de la duración del proceso penal en cuestión. En concreto, entendió que el trámite “resultó acorde con las medidas probatorias requeridas durante la instrucción y el trámite que insumió los planteos efectuados por la defensa los que tuvieron eco en vías recursivas. Tampoco se observa que haya existido un desinterés por parte del Estado en la prosecución del trámite judicial, por lo que bajo ningún aspecto puede sostenerse razonablemente que el derecho fundamental de todo imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas, y a la definición del proceso en un plazo razonable, hubiera resultado lesionado”.
Para más, enfatizó en “la naturaleza de los hechos elevados a juicio, la calidad de funcionarios públicos al momento de los sucesos de los aquí implicados lo que genera una mayor trascendencia en la necesidad de llegar a finalizar el proceso en trámite a través del correspondiente juicio en los términos previstos en el ordenamiento legal. Ello compartiendo lo señalado por el Ministerio Público Fiscal sobre las características particulares del objeto de estas actuaciones vinculado con un presunto hecho de corrupción en el marco del mal funcionamiento de las instituciones policiales lo cual sin lugar a duda debe ser esclarecido en los límites del contradictorio”. También explicó que parte de la demora generada en la resolución del caso se debió a dificultades en la conformación del tribunal, sumado a la circunstancia excepcional causada por la pandemia por coronavirus.
Por ende, tratándose de un caso de corrupción en el seno de una de las fuerzas de seguridad, y frente a los deberes internacionales asumidos por el Estado argentino al incorporar mediante la ley 24.759 a la Convención Interamericana contra la Corrupción, corresponde rechazar el agravio planteado por la defensa.
Sobre el punto solamente adicionaré que el Estado argentino se comprometió a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promoviendo la probidad y la transparencia, así como también buscando erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público; extremo que debe ser ponderado al momento de evaluar el caso bajo estudio.
c. NULIDADES Respecto de la nulidad de la intervención telefónica que diera origen a la presente investigación, adelanto que coincido con las argumentaciones brindadas en la sentencia condenatoria por el tribunal a quo.
Tras recordar el carácter restrictivo en el que operan las nulidades (CSJN, Fallos: 325:1404), es menester destacar que quien la promueve debe demostrar la generación de un perjuicio concreto en su contra, ya que de lo contrario se adoptaría solo en el interés formal de cumplimiento de la ley (Fallos: 325:1404 y 307:1131).
Es en tal sentido que el agravio planteado por el recurrente no puede prosperar. Como bien fuera manifestado por el tribunal de juicio, “ya en esta etapa plenaria, en el marco de la instrucción suplementaria, se hizo lugar al requerimiento ‘ad effectum videndi et probandi’ de la causa 2935/2000 y se notificó de su recepción a la totalidad de las partes, incluso a la defensa de los imputados Aguilar y Duran, por lo que dicha parte tuvo oportunidad de tener a la vista el original del auto en cuestión a fin de analizar su validez (conf. fs. 2362/2364 y 2401) Sin embargo, ninguna de las partes cuestionó la legitimidad de dicho pronunciamiento, por lo que no reviste asidero alguno que recién en la etapa de alegatos se reclame que no se hubiera agregado una copia certificada de aquél, máxime cuando la causa ‘madre’ (2935/2000), como ya dijimos, no sólo fue requerida ‘ad effectum videndi et probandi’, sino que tramitó en forma conjunta con los presentes autos (16800/2004) hasta la requisitoria de elevación a juicio”.
Para más, cabe recordar que en el marco del expediente originario se dictó sentencia condenatoria y se validaron las intervenciones telefónicas efectuadas.
De este modo, si bien no se cuenta con una copia del auto que dictó, en el marco de la causa originaria nro. 2935/00, las intervenciones telefónicas que derivaron en esta investigación, la parte tuvo la efectiva posibilidad de confrontar dicho extremo a lo largo de este proceso.
En consecuencia, no se advierte de qué defensas se vio privada la parte recurrente y cuál sería el perjuicio concreto ocasionado por tal circunstancia. Por tales motivos, este planteo será rechazado.
Por otro lado, los agravios centrados en la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y de la sentencia condenatoria por no contar, a criterio del recurrente, con una detallada descripción de los hechos atribuidos a sus defendidos, tampoco tendrán acogida favorable.
En efecto, de la lectura del requerimiento de elevación a juicio como de la sentencia condenatoria se pueden identificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que enmarcan la conducta delictiva que se le enrostró a los finalmente condenados.
Como se detallará en el acápite siguiente al revisar la valoración probatoria llevada adelante por el tribunal de juicio, los hechos investigados se caracterizan por tratarse de conductas diametralmente opuestas a las esperadas de funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Como tales, los hechos de corrupción se enmarcan generalmente en contextos de complejidad probatoria, pues precisamente los representantes de los organismos públicos que debieran velar por el cumplimiento de la ley son aquellos que la transgreden abusando especialmente de su cargo. En otras palabras, en el acápite II de este voto se destacó el hecho que fuera atribuido a los acusados en el requerimiento de elevación a juicio, que a su vez fue sostenido en la sentencia condenatoria, el cual guardó correlato y correspondencia a lo largo de todo el proceso penal. Y, precisamente, contiene una descripción mínima y clara del hecho investigado, lo cual permite inferir que los acusados contaron con plenas facultades para ejercer su derecho de defensa y rebatir la acusación a lo largo del juicio oral y público.
Por tales razones, como no se advierte lesión a algún derecho constitucional de los recurrentes, el agravio también será rechazado.
Finalmente, sobre el planteo presentado por la parte impugnante asociado a la inconstitucionalidad de la aplicación de una pena en razón del tiempo transcurrido, cabe precisar que la duración del proceso penal fue evaluada a los fines de evaluar si hubo una vulneración a ser juzgado en un plazo razonable. Ante su negación, no asiste razón al recurrente para sostener alguna incompatibilidad del delito finalmente atribuido (art. 256 del C.P.) con nuestra Constitución Nacional.
Muy por el contrario, el tribunal de juicio aplicó debidamente la normativa de fondo relativa a todo proceso penal, en el cual, una vez acreditado el hecho delictivo y la responsabilidad penal de quienes fueron sometidos a juicio, decidió dictar una sentencia condenatoria a su respecto.
Ello guarda sentido con los fines de la pena, entre los que se destaca no solamente su función resocializadora en relación a los condenados, sino también el deber de restablecer la vigencia de la norma corrompida a partir de la comisión del acto ilícito.
En igual sentido se entiende la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos como las pautas de conducta impuestas en la sentencia condenatoria: se trata más bien de la correcta aplicación de las normas sustantivas ante el dictado de una sentencia condenatoria por la comisión de hechos encuadrados en el art. 256 del Código Penal, que precisamente prevé tal inhabilitación.
Por tales razones, como no se advierte alguna incompatibilidad entre las normas del Código Penal aplicadas al caso concreto respecto de nuestro texto constitucional, corresponde rechazar también este gravamen.
d. VALORACIÓN PROBATORIA y CALIFICACIÓN LEGAL Para un mejor análisis, serán evaluados los invocados gravámenes vinculados a la valoración probatoria y la calificación legal en conjunto. Ello, en pos de poder avizorar si la ponderación probatoria resultó ajustada al delito finalmente atribuido a los acusados, que fuera particularmente objetado ante esta instancia.
Para sostener que se tuvo por acreditada la hipótesis acusatoria, el tribunal de juicio afirmó que en el marco de unas actuaciones vinculadas a hechos de narcotráfico, “se ordenó la intervención de diversas líneas telefónicas, siendo una de ellas la correspondiente al abonado N° 5623-6337, a partir de cuyas escuchas se pudo determinar que -el día 7 de junio de 2003- dos de las personas investigadas, Carlos Enrique Navarro Díaz y Carmen Yanet Reyes Gallardo (a quien se identifica como ‘Marta’ o ‘la China’), habían mantenido conversaciones puntuales y categóricas relativas a la entrega de dinero a policías de la Seccional N° 11 de la Policía Federal Argentina a cambio de que éstos dejaran en libertad a Carlos Enrique Navarro Díaz, quien había sido detenido momentos antes por personal de esa Comisaría (cf. cassette correspondiente al abonado N° 5623-6337, que contiene grabadas las escuchas telefónicas cuya transcripción luce agregada a fs. 1/3 y en el peritaje de voz glosado a fs. 592/605)”.
A partir de tales conversaciones es que comenzó el periplo investigativo tendiente a acreditar la materialización de otro hecho delictivo independiente de aquel pesquisado inicialmente por infracciones a la ley 23.737.
En tal escenario, el tribunal de juicio logró corroborar, a partir de otras evidencias, la verosimilitud de las conversaciones telefónicas obtenidas de tal número telefónico intervenido. En primer lugar, estableció que Aguilar y Durán se encontraban a cargo del móvil 111 la Comisaría N°11 de la PFA cuando se detuvo a Carlos Enrique Navarro Díaz en la vía pública y que, al requisarlo, le hallaron material estupefaciente en su poder.
Allí, el detenido Navarro Díaz se comunicó con Reyes Gallardo para informarle que lo habían detenido y “encontrado todo”, con “cincuenta y cinco”, es decir 55 dosis de estupefacientes, de manera que lo iban a trasladar a la Comisaría N° 11 necesitando que le consiguiera $500 y los llevara sin demora a la citada dependencia policial para “tratar de arreglar” (cf. conversación 11, 15, 19 y 21).
A su vez, de la conversación n°11 se advirtió que al llegar a la Comisaría, Reyes Gallardo debía preguntar por un tal “Alberto”, cuyo nombre coincide con el inicial de Durán. Ello se debe a que el propio Navarro Díaz le manifestó en esa conversación que estaba tratando de “arreglar” la situación que originó su detención.
Luego de su arribo y entregado el dinero, surge de las conversaciones que los funcionarios policiales pidieron que aumentara el monto a entregar porque Navarro Díaz “tenía una condicional”
(conversaciones N°13, 15, 19 y 21).
De esas mismas conversaciones entre Navarro Díaz y Reyes Gallardo surge este aumento en el monto a acordar para obtener la liberación del primero. Luego de abonada la segunda parte, surge otra conversación entre ellos en la que coincidieron en que “saldría en dos horas porque le hicieron una ley migratoria” (cf. conversación 31).
Es decir, tras el acuerdo venal entre los funcionarios policiales, Navarro Díaz y Reyes Gallardo, se logró modificar una detención por infracción a la Ley de Estupefacientes por una demora por una irregularidad migratoria.
Dicha conversación fue contrastada, a la vez, con otros elementos de prueba por parte del tribunal de juicio.
En efecto, el a quo sopesó lo hallado en el libro de detenidos secuestrado de la Seccional en cuestión, del que emerge que Navarro Díaz efectivamente ingresó como detenido a través del móvil 111 –a cargo de Aguilar- y que egresó a las 16:45 horas con un acta por infracción migratoria “en la que se lo notificaba que debía comparecer ante la Dirección Nacional de Migraciones a fin de regularizar su situación en el país (cf. índice letra “D” y folio 203 del libro de detenidos de la Comisaría N° 11 de la PFA)”.
A su vez, tal acta de declaración migratoria fue secuestrada en el allanamiento efectuado en el domicilio de Navarro Díaz en el marco de la causa por la que resultó condenado por comercio de estupefacientes. Cabe recordar, al respecto, que la hipótesis inicial refería a que había sido detenido por tenencia de estupefacientes y eso resultó obviado por el personal policial que lo detuvo a cambio de la entrega de una suma dineraria.
Para más, en el marco del expediente principal logró acreditarse que, al momento de ser detenido por los funcionarios policiales (7/6/03), Navarro Díaz se encontraba desarrollando la actividad ilícita asociada con el comercio de drogas.
De igual manera, el tribunal de juicio sopesó que la Dirección Nacional de Migraciones nunca fue notificada de la declaración migratoria realizada en sede policial, lo cual refuerza la hipótesis del acuerdo espurio que diera origen a la presente investigación.
También fue valorado que los acusados se encontraban de servicio en la Seccional en el día y horario en que resultó detenido Navarro Díaz, al igual que lo manifestado en indagatoria por Beltrán, quien “señaló que mientras cumplía funciones como Sargento de Guardia interna dentro de la Comisaría N° 11 de la PFA, el Jefe de calle (Ramón Silvano Aguilar) le trajo una persona a la guardia interna y le dijo que era para hacerle un trámite administrativo, motivo por el cual no le sacaron los efectos personales al no tratarse de una detención. Asimismo, refirió que seguidamente el ayudante de guardia se llevó al demorado para realizarle el trámite y que no lo volvió a ver”.
En igual sentido se valoró la declaración testimonial de Luciano Borsetti, quien expuso que “el día 7 de junio de 2003 por la tarde mientras cumplía funciones como Oficial de Guardia de la Comisaría N° 11, el Jefe de Servicio Interno, Inspector Claudio Alberto Camarero, le comunicó que había un demorado en el fondo de la dependencia por infracción migratoria. Que debido a que recientemente se había recibido en la fuerza policial, le hizo saber a Camarero que no sabía cómo hacer un procedimiento de esa índole, por lo que el nombrado le explicó que tenía que darle ingreso en el libro de detenidos y realizar el alta en el COP, organismo al que había que darle aviso cada vez que había una persona alojada dentro de la comisaría. Destacó que a Navarro Díaz no se le secuestraron efectos porque estaba demorado, no detenido, por lo que no correspondía realizarle un trámite similar al de un delito. En cuanto al acta migratoria, señaló que Camarero y Aguilar le explicaron cómo hacerla. Recordó que se le entregó un disquete con un modelo y se le indicó que una copia debía hacerla firmar por el causante, mientras que las restantes las debía dejar con la nota de elevación en la panera que estaba detrás de la oficina de guardia, lo que así hizo luego de preguntarle al demorado sus datos personales y exhibirle la actuación a Camarero quien la controló y rubricó. Preguntado sobre quién trasladó a Navarro Díaz a la dependencia policial, contestó que fue el móvil que estaba a cargo del jefe de calle Subinspector Aguilar y que era conducido por el Cabo Alberto Ernesto Durán. Al respecto, explicó que desde su despacho observó ingresar al patrullero a la Comisaría. Finalmente, sostuvo que Aguilar estuvo en la guardia aproximadamente unos 5 minutos y que la persona demorada (Navarro Díaz) se retiró de la comisaría caminando luego de ‘media hora o cuarenta minutos como mucho, pero fue rápido’”.
Finalmente, la entrega del dinero logró acreditarse a partir de la Conversación n°21, en la que Reyes Gallardo le confirmó a Navarro Díaz “escúchame le di la plata al muchacho”.
En base a todo lo expuesto es posible afirmar que las circunstancias fácticas que emanan de las conversaciones telefónicas entre Navarro Díaz y Reyes Gallardo tienen respaldo probatorio en otras evidencias producidas en el debate oral y público. En efecto, se logró acreditar que hubo un acuerdo al momento de la detención de Navarro Díaz, que fue llevado a la Seccional en el móvil a cargo de Aguilar y Durán, que quien entregase la suma dineraria pactada entre las partes debía preguntar, una vez arribado a la Comisaría, por un tal “Alberto”. Alberto es el nombre de pila de Durán, lo cual coincide con la hipótesis acusatoria que destaca que el pacto venal comenzó al momento de ser detenido en la vía pública Navarro Díaz.
A su vez, logró acreditarse que Navarro Díaz se encontraba en plena actividad ilícita vinculada con el comercio de drogas al momento de ser detenido por el móvil 111 de la PFA.
Finalmente, logró probarse que Navarro Díaz egresó rápidamente de la Seccional en cuestión con una demora por una infracción a la ley migratoria, lo cual se condice con su relato con Gallardo Reyes alusivo a que abonar la suma dineraria en cuestión implicaría tal consecuencia a su detención.
Es por ello que, a partir de lo sopesado por el tribunal de juicio, resulta acertada la valoración probatoria realizada en pos de sostener la hipótesis acusatoria.
En igual sentido, la adecuación típica de la conducta también resulta ajustada a las constancias de la causa.
El cohecho pasivo es un delito especial propio, debido a que únicamente puede ser cometido por un funcionario público nacional, provincial o municipal. Entonces, cabe expresar que en este tipo de delitos los delincuentes son siempre dos, es decir, es de codelincuencia necesaria, pues a la par del funcionario corrompido existe indefectiblemente un sujeto corruptor.
Es decir, el cohecho es un contrato ilícito voluntario entre el funcionario y un particular, por el cual el primero recibe dinero o una dádiva o acepta una promesa hecha por el segundo en tal sentido, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.
En el caso en concreto, logró acreditarse que tanto Aguilar como Durán, en su calidad de funcionarios públicos de la PFA, acordaron con Navarro Díaz recibir una suma dineraria, la cual efectivamente percibieron, para dejar de hacer algo relativo a sus funciones, como bien era oficiar su detención por la tenencia de material estupefaciente y comunicarse con el juzgado de turno para notificarle de la situación acontecida.
Al ser una figura dolosa, el aspecto subjetivo se conforma con el conocimiento por parte del funcionario y la voluntad de actuar en función del acuerdo venal, al recibir el dinero del soborno o aceptar la promesa directa o indirecta del tercero corruptor, en el marco de un verdadero pacto ilícito que compromete la actividad de aquel.
Precisamente, en el caso bajo estudio se vio comprometida la debida actuación de los funcionarios públicos condenados a partir del acuerdo espurio que se originó apenas detuvieron a Navarro Díaz, lo cual refleja su intención de actuar contrario a sus deberes públicos.
Por todo lo expuesto es que considero que tanto la valoración probatoria como la calificación legal finalmente atribuida resultan ajustadas a derecho y a las constancias de la causa.
En consecuencia, como el recurrente no ha logrado demostrar que el juzgador ha caído en el absurdo, en la arbitrariedad o ha violado las leyes de la sana crítica racional al momento de ponderar la evidencia en su contra, deviene adecuado afirmar que la sentencia recurrida resulta un acto jurisdiccional válido, por lo que corresponde rechazar este agravio planteado en torno a la valoración de la prueba y la ulterior calificación legal atribuida para sostener la condena respecto de Aguilar y Durán.
Por ello, estos planteos también serán rechazados.
IV. Por ende, toda vez que en el pronunciamiento impugnado se han analizado cuestiones que rigen el caso y que aparecen resueltas con fundamentos que resultaron suficientes para sustentar lo decidido en torno a los agravios planteados por los impugnantes, propicio RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán; sin costas en esta instancia por haberse efectuado razonable ejercicio del derecho al recurso, previsto en el art. 8.2.h de la C.A.D.H.(arts. 530, 531 in fine del C.P.P.N.). Y tener presente la reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir en lo sustancial las consideraciones formuladas en el voto que lidera el presente Acuerdo, en las particulares circunstancias del caso, adhiero a la solución propuesta por el doctor Gustavo M. Hornos en cuanto corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, con la salvedad de que el rechazo debe ser con costas en la instancia (arts. 530 y ss. del CPPN).
Tal es mi voto.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Coincido en lo sustancial con lo expuesto en su voto por mi distinguido colega, doctor Gustavo M. Hornos, que a su vez con la adhesión del doctor Javier Carbajo y comparto la solución propuesta.
Los agravios de la defensa relacionados con la prescripción de la acción y la violación al plazo razonable de duración del proceso resultan ser una reedición de aquéllos formulados durante el juicio oral, debidamente refutados por los jueces sentenciantes y por el voto que abre el acuerdo, a cuyas conclusiones me remito.
En lo relativo a las nulidades impetradas por la recurrente -de las escuchas telefónicas efectuadas oportunamente y de la falta de descripción pormenorizada en los correspondientes requerimientos de elevación a juicio, acusación y sentencia-, las quejas formuladas en esta instancia también resultan ser una reiteración de aquéllas efectuadas en el debate y resueltas debidamente por los jueces sentenciantes.
Tampoco se advierten los daños que le habrían ocasionado a la parte los extremos planteados, no habiéndose aportado nuevos elementos que modifiquen lo dispuesto por el “a quo”.
En tal sentido, es doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual la declaración de nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley (cfr. Fallos 295:961; 298:312; 311:1413; 311:2337; 324:1564 y 328:58, entre muchos otros), resultando inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (cfr. Fallos 303:554; 322:507; 342:624 y 343:168 -entre muchos otros-).
Las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo, no son un fin en sí mismas pues se requiere la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia (cfr. en lo pertinente y aplicable, causa nro. 14.447, caratulada “Cuevas, Mauricio Isabelino s/recurso de casación”, reg. 15.972.4 rta. 12/11/11; causa nro. 9538, caratulada “Paita, Ricardo Alberto y otro s/recurso de casación”, reg. 755.4, rta.
17/05/12; causa nro. 15.148 caratulada “Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casación”, reg. 191/14, rta. 26/02/2014; causa FCR 9400939/2011/TC1/1/CFC1 caratulada “Carrera Ganga, Walter Gabriel s/recurso de casación”, reg. 1009, rta. 29/05/2015; causa FSA 12272/2015/TO1/CFC1 caratulada “Cantaluppi Daisy Cristhiane y otra s/recurso de casación”, reg. nº 743/17.4, rta. 19/06/17; causa FMZ 14895/2013/TO1/5/CFC2 caratulada “Ortiz Donadell Gerardo Saúl s/ recurso de casación, reg. nº 461/18.4, rta. 9/5/2018; causa CFP 2637/2004/TO3/CFC39, “Nerone, Rolando Oscar y otros s/ privación de libertad agravada (art. 142, inc. 1) y homicidio agravado con ensañamiento– alevosía”, reg. nº 203/19.4, rta. 27/2/2019; FRE 14000304/2013/TO1/CFC6, “Sánchez, Pedro David y otros s/recurso de casación", Reg. nro. 1204/19, rta. el 13/06/19; FMZ 74721/2018/TO1/5/CFC1, “Carrizo, Carla Gimena y otro s/recurso de casación", Reg. nro. 1044/20, rta. el 14/07/20; FTU 20167/2019/T02/CFC1, “Carhuachayco Tarazona Moisés Ysaías s/ recurso de casación”, reg. n° 2046/20.4, rta. el 16/10/2020 y causa FCR 15825/2019/TO1/22/CFC1, “Barrios Aldavez, Jonatan Sebastián y otro s/recurso de casación”, Reg. nº 2248/20.4, rta. el 9/11/2020, todas de la Sala IV de la C.F.C.P., entre muchas otras).
En cuanto a los planteos de arbitrariedad en la valoración de la prueba, los argumentos de la impugnante resultan ser meros disensos con lo interpretado fundadamente por los jueces de la anterior instancia, y sus manifestaciones no guardan concordancia con lo investigado a lo largo del sumario y con las pruebas arrimadas al debate, que echan por tierra su versión de lo acontecido.
Las afirmaciones de los jueces sentenciantes se encuentran debidamente probadas por la totalidad del plexo probatorio exhaustivamente examinado en el caso.
Conforme ello, el decisorio recurrido constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares y concretas circunstancias de la causa, sin que la defensa haya probado en su presentación recursiva, la arbitrariedad que invoca en sustento de sus pretensiones.
La doctrina sobre la arbitrariedad de sentencia posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206, 330:133 y sus citas, entre otros); defectos que, vale aclarar, no se advierten en el caso. La defensa insiste en reiterar su propio enfoque sobre el caso y el modo en que a su juicio debió ser resuelto; sin embargo, no ha efectuado en su recurso de casación una crítica concreta y razonada sobre cada uno de los fundados argumentos expuestos por el tribunal de mérito en el fallo bajo estudio, dejando entrever una disconformidad que carece de aptitud para alterar lo decidido.
Consecuentemente, de la lectura de la resolución cuestionada se evidencia que el tribunal cumplió acabadamente con las exigencias de fundamentación previstas por los artículos 123 y 398 del C.P.P.N., motivo por el cual, el planteo de la parte no puede tener favorable acogida.
En lo que atañe a los cuestionamientos relacionados con la tipicidad elegida por el “a quo” para encuadrar los hechos imputados a Silvano Aguilar y a Durán, sólo he de agregar que la protección penal del Título XI del Libro II del Código Penal encuentra justificación a partir del correcto desempeño de la función pública que constituye un requisito indispensable en el desarrollo del sistema democrático (cfr. art. 36, quinto párrafo, de la Constitución Nacional y art. 1 de la Ley 24.759, B.O. 17/01/1997). Concretamente, he tenido oportunidad de señalar que a través del delito de cohecho no sólo se protege la regularidad funcional de los órganos del Estado sino que también se busca castigar los actos corruptos de los funcionarios, en lo que se relaciona con el ejercicio de la función pública (cfr. voto del suscripto en causa 17.051 “Carranza José Antonio y FSM 13799/2015/TO1/CFC5 otros s/ recurso de casación”, reg. nº 2639/14, rta. 28/11/2014, de la Sala III de la C.F.C.P. y de Sala IV de la C.F.C.P. causa FSM 13799/2015/TO1/CFC5 “Gil Daniel Alberto y otros s/ recurso de casación”, Reg. 691/19, rta. 17/4/2019, entre otros).
Conforme ello, toda vez que el accionar desplegado por Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán permite avalar la calificación jurídica de cohecho pasivo (Art. 256 del Código Penal) escogida por el tribunal de juicio, no corresponde hacer lugar a este tramo de la impugnación.
Misma suerte correrán los cuestionamientos formulados por la impugnante contra la pena impuesta por el tribunal de la instancia anterior a sus defendidos, toda vez que la parte no ha rebatido debidamente el juicio seguido por el tribunal oral ni demostrado que ésta resulte arbitrario o violatorio de las garantías constitucionales que invoca.
Por ello, propongo al Acuerdo: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 “in fine” del C.P.P.N.). II. Tener presente la reserva del caso federal.
Por ello, el Tribunal
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ramón Silvano Aguilar y Alberto Ernesto Durán; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y cc. C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial –CIJ— de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada nº 5/2019) y remítase al Tribunal de procedencia –quien deberá notificar personalmente a los encausados-, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado por: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara
Fin de la sentencia