Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2475/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE140667-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE169377-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2475/21-TSJ Interlocutorio N°: 3688 Actor: AGUILAR SANTANA JOSE ARNOLDO Y OTRO Demandada: SKANSKA S.A. Y OTRO Objeto: DEMANDA LABORAL Fecha: 21-06-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3688 FOLIO Nº 6501/6504 PROT. ELECT. TSS1 037 I.221
Río Gallegos, 21 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILAR SANTANA JOSE ARNOLDO Y OTRO c/ SKANSKA S.A. Y OTRO s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº A-13.501/12 (A-2475/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de las Dras. Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora (cfr. PE140667-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE120259-2021. Ésta revocó parcialmente el pronunciamiento dictado en Primera Instancia a fs. 718/730 vta. declarando prescripta la acción por nulidad del acuerdo de desvinculación laboral de fecha 25 de febrero de 2010 y los demás reclamos incoados como consecuencia de ello.-
II. Contra esta decisión, la actora interpone recurso de casación acusando violación y errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Sostiene además, que la sentencia atacada incurre en arbitrariedad (cfr. PE140667-2021).-
La recurrente entiende que, el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones se enmarca en una “...doctrina de lo irrazonable, desproporcionado, arbitrario y absurdo; así como en el entendimiento que se ha violado y aplicado erróneamente la ley o doctrina legal aplicada por el Tribunal Superior de Justicia...” (cfr. PE cit.).-
Señala que el fallo en crisis: “...hace lugar a la defensa de prescripción de las demandadas, pese al expreso reconocimiento de estas (sic) de los derechos de sus dependientes Aguilar Santana y Gallardo, e ignorando la harta prueba existente que acreditaban (sic) la actuación de los actores en procura de sus derechos que provocó la interrupción del plazo del fenecimiento de sus acciones, desconociendo asimismo que la prescripción se trata de una institución de interpretación restrictiva...” (cfr. PE cit.).- Afirma que: “Resulta incomprensible que pueda concluir la sentencia que no se ha cumplido con lo dispuesto por el Art. 2 de la ley 2.450 y por lo tanto dichas actuaciones no han interrumpido el plazo de prescripción (fs. 16/23), precisamente donde en ese expediente 16.807/10, los actores ratificaron personalmente lo actuado por su gremio...” (cfr. PE cit.).-
Indica que: “...nunca existió un abandono de la acción de los actores en procura de recuperar su puesto de trabajo, esto es la vigencia del contrato, toda vez que el acto nulo restablecía las cosas a su estado anterior; luego se insta la intervención de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo el voto de la señora Jueza preopinante interpreta, por su sola voluntad y sin ningún elemento de valoración, inacción de los actores y por ende que sus créditos se han prescripto.” (cfr. PE cit.).- Agrega que: “El recurso de casación resulta procedente por cuanto la sentencia recurrida ha incurrido en un error grave y manifiesto, pues ha aplicado en forma inexacta y desacertada las normas que regulan la vida de las acciones, es decir sobre la prescripción liberatoria, y por lo tanto afecta el derecho a la tutela judicial efectiva laboral y la protección del trabajo y del trabajador, así como los institutos del orden público laboral y del fraude a la normativa laboral...Del mismo modo el fallo permite al poner fin al proceso echar un manto de olvido sobre la discriminación que sufrieron los actores en su vida laboral lo que apareja un palmario desconocimiento de los artículos 16, 43, 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional.” (cfr. PE cit.).- Finalmente, solicita se case la sentencia impugnada con costas y hace reserva del caso federal (cfr. PE cit.).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE169377-2021).-
En PE181675-2021, pasan las presentes actuaciones al Acuerdo.-
III. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- En tal sentido, debemos adelantar que el recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en qué se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.- Cabe señalar que, pese a que la recurrente invoca que la casación se sustenta en la errónea interpretación de la ley, en su recurso se limita a enumerar normas supuestamente conculcadas omitiendo efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar, con ello, argumentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio el error jurídico que se le atribuye al fallo atacado, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias, de modo que los fundamentos de la casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno a esta instancia.- Así, se aduce que: “...la probanza no fue valorada a la luz de las reglas de la sana crítica ni bajo el principio de la unidad de la prueba que impone la consideración de la misma en su conjunto, para finalmente, como debió suceder, desestimar el agravio de las accionadas.” (cfr. PE140667-2021).-
Sabido es -y conviene recordar- que determinar el inicio del cómputo del plazo de la prescripción constituye una cuestión cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado (cfr. “Sánchez”, causas L. 86.872, sent. del 27-VI-2007; “Acebal”, L. 82.960, sent. del 27-XI-2002) (cfr. SCBA “G.D. H. c/ F. P. S. S. s/ Enfermedad accidente”, causa LP L 112.832 S, del 02/05/2013) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3613, Folio 6268/6270).- En el caso, la impugnante no logra demostrar el vicio invocado puesto que se observa -en el recurso deducido- la enunciación de reproches que sólo trasuntan la mera disconformidad acerca de lo decidido por la Alzada, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia. Se observa que los agravios esgrimidos se desentienden de los fundamentos de la sentencia cuestionada en relación a la materia en discusión, agotándose su planteo en propugnar un plazo de inicio de prescripción diferente al considerado por la Excma. Cámara de Apelaciones.- En definitiva, la materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hechos y pruebas, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “...para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788).-
IV. Que, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglamentada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, debe señalarse que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.-
Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...’…” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370).-
Considerando entonces lo normado en el artículo señalado y la falta de fundamentos de la recurrente, pues no cita fallo alguno aplicable al caso de autos, el agravio debe ser desestimado.-
V. En cuanto a las alegaciones de la actora sobre la aplicación restrictiva de la prescripción en materia laboral, se ha manifestado: “Es que sin perjuicio de que la prescripción se aplique restrictivamente, y que en materia laboral se debe estar en caso de duda a favor del trabajador, lo cierto es que este instituto tiene una utilidad social que no puede ser dejada de lado. En efecto, se ha dicho que ‘La doctrina dominante entiende...que el fundamento de la prescripción extintiva es de orden social, pues apunta a asegurar y a consolidar la estabilidad y la certidumbre de las relaciones jurídicas (Llambías, Borda, Trigo Represas, León, Moisset de Espanes, Salvat, Galli, De Gasperi, Morello, Colmo Puig Brutau)…El orden y la paz social requieren que los derechos sean ejercitados dentro de un lapso razonable fijado por la ley.
Con ello se evita que determinadas situaciones de hecho puedan ser revisadas al cabo de un determinado tiempo, lo cual ‘da certeza a los derechos y (…) aclara la situación de los patrimonios, que se ven descargados en su pasivo de las obligaciones prescriptas’ (Trigo Represas)’ (cfr. Ramón Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos, ‘Instituciones de Derecho Privado’ Obligaciones, Tomo 3, editorial Hammurabi, pág. 658).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 602, Folio 3453/3459).- Respecto del cuestionamiento vinculado con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional, éste no resulta procedente en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan.
En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar cómo se habrían vulnerado, no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- Es que en la sentencia en crisis se ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez sino que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, lo que no se ha expresado, acreditado, ni se evidencia en los presentes.- En suma, la casacionista no ha logrado demostrar el vicio alegado.
Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, partiendo de un punto de vista diferente que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido y, desde este lugar, no refuta ninguna de las razones desplegadas en la sentencia objetada, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- En el sentido expuesto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que es “...insuficiente el recurso extraordinario de casación porque no logra conmover la estructura básica del fallo, al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador de bajo grado, partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que para estudiar el asunto desde otra perspectiva que la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterios- por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué media error en el modo cómo el Tribunal de la causa ha visto la controversia, sin ingresar en argumentos recurrentes que lo dejan encorsetado dentro de sus propias limitaciones conceptuales.” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XII, Reg. 1626, Folio 2340/2341).- En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
VI. Que, de conformidad a todo lo expuesto, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE140667-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE169377-2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º y concordante del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo votamos.- Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Si bien adhiero al relato efectuado por mis distinguidas colegas preopinantes, por el presente expreso mi disidencia con la solución propuesta por considerar que se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que hacen a la interposición del recurso de casación, por lo que corresponde declararlo bien concedido a tenor de lo dispuesto en el artículo 7° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y el voto en disidencia del Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariani, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE140667-2021 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE169377-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1037I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3688 Folio N°: 6501/6504 Secretaría: 1
Fin de la sentencia