Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2185/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la resolución interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de la Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción judicial obrante a fs. 161/162 vta., reenviando los presentes a la Cámara de origen para que con nuevos jueces hábiles dicte nuevo pronunciamiento, previa notificación del perito designado en autos.-
2Imponer las costas en el orden causado atento la forma en que se resuelve (art. 71 CPC y C.).-
3Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de las anteriores instancias lo dispuesto en el considerando III.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2185/17-TSJ Interlocutorio N°: 3374.-
Actor: AGUILAR SARA DEL CARMEN Y OTRO Demandada:
Objeto: SUCESIÓN AB-INTESTATO Fecha: 31-05-2018 Texto: TOMO XXIX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3374 FOLIO Nº 5639/5642 PROT. ELECT. TSS1 035 I.181
Río Gallegos, 31 de mayo de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILAR SARA DEL CARMEN Y OTRO S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO” Expte. Nº A-27.977/09 (A-2185/17-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 172/177, por el Sr. Germán Delgado, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 161/162 vta., que disminuyó los honorarios regulados en Primera Instancia a fs. 136 a los letrados de la parte actora, Dres. Gustavo Granillo, Guillermo Granillo y del Perito Tasador, Sr. Eduardo Oscar Peralta (conf. foja cit.).- La recurrente afirma: “Que se encuentra en crisis la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial y resulta nula, al haber incurrido en quebrantamiento de las formas en cuanto el fallo excede el encuadre formal previsto, violando el principio de congruencia […] se advierte que el Ad Quem no ha tratado, o en su defecto lo ha tratado parcial e insuficientemente, la cuestión aducida por esta parte, cual es, que las valuaciones del inmueble a los fines del monto del proceso fueron presentadas en dos oportunidades por los Dres.
Granillo, e incluso se encuentra consolidado, atento a haberse ya pagado la tasa de justicia del acervo hereditario, existiendo así un notorio supuesto de inseguridad jurídica, pues el monto del proceso ya estaba consolidado, consentido, con el pago de su correspondiente tasa de justicia. Determinada la cuantía en autos, mal puede pretenderse modificar un monto que ya está consentido, máxime cuando no hubo oposición alguna a las primeras valuaciones en las que sólo se discutía el acervo hereditario en cuestión, tornándose casuístico el valor al momento de regulación de los honorarios profesionales.” (cfr. fs. 175 vta./176). Agrega al respecto que los vocales de la Cámara “…en este punto nada dijeron acerca del hecho de que el monto del valor del acervo hereditario fue determinado oportunamente por las valuaciones fiscales que fueran presentadas en dos oportunidades, sin que se presentaran por parte del suscripto y de los Dres.
Granillo disconformidad alguna respecto de las mismas, consolidándolas así como monto del proceso, y por consiguiente las consideraciones jurídicas derivadas de esa situación que esta parte ha propuesto.” (cfr. foja 176 y vta.).- En relación a la alegada violación de la ley, expresa que “…se han violado los preceptos legales de los arts. 33 y 34 de la ley de honorarios de abogados. En modo alguno el art 33 admite que las valuaciones de los bienes para determinar el monto del proceso, puedan ser modificadas a criterio de letrado, después de haber sido ya acompañadas, y quedar incluso consolidado el monto del proceso mediante el pago de la tasa de justicia. La norma es clara, y establece que la determinación del monto del proceso se efectiviza mediante el acompañamiento de valuaciones de los bienes que el profesional acompañe.
De ninguna manera la norma autoriza a que esos actos puedan ser modificados en cualquier instancia, a criterio del letrado.” (cfr. foja 176 vta.).-
II. Que más allá de los planteos propuestos por la recurrente, del examen de las actuaciones se advierte en forma decisiva que el procedimiento por el cual se llegó a la resolución atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional.-
Si bien es cierto que este Alto Cuerpo, está en principio, limitado en esta instancia al análisis de las condiciones formales de admisibilidad del recurso intentado, esto no le impide, en circunstancias extraordinarias, revisar los presupuestos procesales que hacen al debido proceso (conf. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319).-
Surge de las actuaciones que se ha omitido notificar al Perito Tasador de los honorarios regulados en Primera Instancia a foja 136. Únicamente se corrió traslado a dicho profesional del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Germán Delgado a fs. 143/144 vta., conforme cédula de notificación obrante a foja 147.-
En relación a esta situación, resulta necesario señalar que tal falencia se convierte en una clara violación al derecho de defensa del perito. En tal sentido cabe referir que al no existir notificación del auto regulatorio de honorarios, el perito nunca pudo ejercer su derecho de recurrir tal regulación en caso de que la hubiera considerado errónea. Al no haberse notificado la regulación a todas los interesados, de ninguna manera podía el Juzgado de Primera Instancia elevar los autos y consecuentemente decidir la Cámara. Ello violenta el más elemental derecho de defensa.- Es necesario señalar que el propio auto de Primera Instancia ordena notificar de la regulación de honorarios al perito al expresar “…regulo los honorarios profesionales del Perito Tasador Eduardo Oscar Peralta…en la suma de…Notifíquese.” (cfr. foja 136).
Es decir que, sin ingresar en el debate si correspondía al Juzgado o a las partes realizar la cédula, lo cierto es que antes de elevar las actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones para que se expida respecto de un recurso que versaba sobre dicha regulación, debía controlar que todas las partes interesadas estuvieran notificadas del contenido del mismo. Así como también la Cámara antes de decidir o resolver el recurso en cuestión, debería haberlo hecho. Ello a fin de salvaguardar el derecho de defensa de las partes que no puedan ser oídas y quienes, a la postre, podrían ser beneficiados o perjudicados por la decisión que se tomare.- Si bien la ley de honorarios de Peritos Nº 3276 no contiene una manda específica respecto de las notificaciones de las regulaciones de honorarios que se practiquen, en su artículo 25 establece: “Las cuestiones derivadas de actuaciones judiciales que no se encuentren expresamente regladas serán resueltas por aplicación de principios análogos de las materias afines de esta ley y cuando ello no fuere posible, por extensión de las disposiciones de la ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores y los códigos y normativas procesales en cada uno de los fueros judiciales”.
Por lo tanto resulta adecuado recurrir a la Ley Nº 3330, la que dispone en su artículo 72: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de estos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público…”.- Así en razón de no haber cumplido con la manda legal citada precedentemente, y de esta manera dejando en estado de indefensión al perito, corresponde declarar nula la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones obrante a fs. 161/162 vta.. Máxime cuando esta resolución reduce los honorarios del Perito, violentando su más elemental derecho de defensa.-
Por consiguiente, en el presente caso, se exige una notificación expresa de la regulación de honorarios, que no aconteció con la notificación de un traslado de un recurso de apelación, el cual no expresó que se habían regulado honorarios en su favor, simplemente comunicó que “…tiénese por interpuesto recurso de Aapelación (sic) contra la providencia de fs. 134, concédase el mismo en relación y con efecto suspensivo…y tiénese, asimismo, por interpuesto recurso de nulidad del art. 254 del C.P.C.C. respecto de la notificación por Cédula Nº 828/16...” (cfr. foja 147). En dicha cédula, sin perjuicio de la mera cita a la foja 134, nada lleva a pensar que aquélla contiene la notificación de regulación de honorarios y mucho menos, los que le corresponden por su labor.- A modo de hipótesis tampoco podría considerarse que la notificación del auto que reguló los honorarios se haya realizado ministerio legis, ya que durante el trámite llevado adelante por el juez de grado en otras oportunidades que se ordenó notificar con un simple “notifíquese” se libraron las cédulas correspondientes (conf. auto de foja 132 y cédulas de fs. 133/134 y vta.; auto de foja 141 y cédula de foja 142 y vta.; auto de foja 146 y cédulas de fs. 147/148 y vta.).-
En razón de la falta de notificación se ha colocado al perito en un grave estado de indefensión que justifica la descalificación del fallo por mediar relación directa e inmediata con las garantías constitucionales de debido proceso y defensa en juicio. Habida cuenta de ello el perito fue privado de la oportunidad de ser oído y de hacer valer sus medios de defensa de considerarlo necesario, lo cual no respeta las garantías constitucionales comprometidas.-
En este sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Que el rechazo del remedio federal fue adoptado sin que se hubiese notificado al ex letrado apoderado de la parte actora y al perito contador la decisión de la alzada que había determinado sus honorarios. Esta omisión reviste trascendencia, habida cuenta de que la adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales del proceso tiene por objeto conceder a los interesados la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio (Fallos: 313:848 y causas: M.493. XXIII, ‘Martínez, Agustín y otros s/ apelación Resolución Inspección General de Justicia N° 13.543’ y C.780.XXIII, ‘Castillo, Francisco c/ Corporación Sudamericana de Construcciones S.A.’, pronunciamientos del 10 de marzo de 1992), lo que no ha ocurrido en el sub examine.” (Fallos: 317:930).- La situación descripta trae aparejada indefensión, lo que acarrea una nulidad esencial y absoluta que no puede ser pasada por alto pues afecta la defensa en juicio y el debido proceso y resulta un vicio insusceptible de convalidación en cuanto, como derechos protegidos, se encuentran íntimamente ligadas y se refieren a defectos que afectan el Orden Público, lo que importa un quebrantamiento de las formas sustanciales prescriptas para las sentencias en el caso de las Cámaras de Apelaciones.- Es aplicable al sub lite lo ya dicho por este Alto Cuerpo, a saber: “… si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.
En el sentido expuesto, Mauro Cappelletti afirma que ‘el más grande peligro (…) consiste en el riesgo de que por perfeccionar los procedimientos se dejen a un lado las garantías fundamentales, especialmente las que se refieren al juez imparcial y al derecho de las partes a ser oídas (…) Aún cuando la innovación sea importante, no hay que olvidar que, después de todo, las grandes instituciones procesales han sido moldeadas, durante muchos siglos de lucha, para evitar la arbitrariedad y la injusticia’ (en ‘El acceso a la justicia’, Col. de Abog. de La Plata, 1983, p. 182).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586; e Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3325, Folio 5544/5547).- La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica.
Esto es, comprobado el vicio de procedimiento, el acto sentencial no existe como acto procesal válido, “…Este Tribunal ha considerado procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 299, Folio 1234/1238), o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408, Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 464, Folio 2520/2525).- Debemos señalar que es oportuna la declaración de la nulidad de oficio en esta etapa del proceso por razones de celeridad y economía procesal.
Pues permitir el avance de las actuaciones ante una evidente nulidad implicaría incurrir en un excesivo rigorismo formal y en un dispendio jurisdiccional inútil (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio Tomo XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319).-
Abonando la solución aquí propuesta se ha dicho: “De conformidad a reiterada jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia provincial según la cual, si en oportunidad de efectuar el juicio de admisibilidad del recurso de casación, este Tribunal comprueba la existencia de nulidades no subsanables, la sentencia impugnada en esta instancia extraordinaria local debe ser declarada nula de oficio, en cualquier estado y grado del proceso (cfr. sentencia n° 385 del 26/5/1998, entre muchas otras), sin siquiera considerar la procedencia del recurso de casación…Y ello es así por cuanto al verificarse una causal que enerva de nulidad absoluta a la sentencia recurrida,…los agravios que sustentan el memorial de la parte que planteó el recurso de casación se tornan cuestión abstracta, por lo que esta Corte debe abstenerse de toda consideración a su respecto.” (cfr. CSJ Tucumán, sala laboral y contenciosoadministrativa “Fernández Juan Carlos c/ Refinería del Norte S.A. s/ indemnizaciones”, del 08/08/2012, www.infomaciónlegal.com.ar. Cita Online AR/ JUR/46833/2012).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
III. Hágase hacer saber a los Magistrados y Funcionarios que intervinieron en el presente proceso que, en lo sucesivo, deberán prestar la debida atención y acatamiento a las formas procesales a fin de evitar incurrir en errores u omisiones como los tratados en la presente.-
Por las consideraciones expuestas, más allá de los planteos propuestos por la recurrente, corresponde declarar la nulidad de oficio de la resolución de Cámara, obrante a fs. 161/162 vta. y reenviar los presentes a la Cámara de origen para que con nuevos jueces hábiles dicte nuevo pronunciamiento, previa notificación del perito designado en autos. En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas por su orden, ello en atención a la forma en que se resuelve.-
Por lo que, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar de oficio la nulidad de la resolución interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de la Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción judicial obrante a fs. 161/162 vta., reenviando los presentes a la Cámara de origen para que con nuevos jueces hábiles dicte nuevo pronunciamiento, previa notificación del perito designado en autos.-
2. Imponer las costas en el orden causado atento la forma en que se resuelve (art. 71 CPC y C.).-
3. Hacer saber a los Magistrados y Funcionarios de las anteriores instancias lo dispuesto en el considerando III.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse en uso de licencia los Sres. Vocales Dr. Enrique Osvaldo Peretti y Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1035I.181 Tomo: XXIX Interlocutorio: 3374.-
Folio N°:5639/5642.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia