Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2339/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Germán Delgado a fs. 240/244 vta., por quebrantamiento de formas sustanciales y en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 226/227 vta., en todas sus partes, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronuncia-miento conforme a derecho y según corresponda.-
2Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2339/19-TSJ Interlocutorio N°: 722 Actor: AGUILAR SARA DEL CARMEN y OTRO Demandada:
Objeto: SUCESIÓN AB-INTESTATO Fecha: 18-10-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 722 FOLIO Nº 4347/4350 PROT. ELECT. TSS1 023 S.221
Río Gallegos, 18 de octubre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “AGUILAR SARA DEL CARMEN y OTRO s/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, Expte. Nº A-27.977/18, (A-2339/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Sr. Germán Delgado, con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Eduardo Stobbia (cfr. fs. 240/244 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 226/227vta.. Esta última hizo lugar al recurso de apelación deducido y disminuyó los honorarios profesionales de los Dres. Gustavo Granillo, Guillermo Granillo y del Perito Tasador Eduardo Oscar Peralta, desestimó la nulidad planteada e impuso las costas en el orden causado (cfr. fs. 227 y vta.).- La Excma. Cámara de Apelaciones para resolver analizó si los honorarios regulados guardaban estricta relación con el monto del proceso, tomando como base regulatoria la tasación realizada por el perito tasador (cfr. foja 226 vta.).-
II. Contra esta decisión la parte recurrente interpone recurso de casación aduciendo quebrantamiento de formas y violación de la ley (cfr. fs. 240 y vta.).-
Funda su postura manifestando que la anterior instancia no ha tratado o en su defecto lo ha tratado parcial e insuficientemente la cuestión planteada por su parte cual es: “…que las valuaciones del inmueble a los fines del monto del proceso fueron presentadas en dos oportunidades por los Dres. Granillo, e incluso se encuentra consolidado, atento a haberse ya pagado la tasa de justicia del acervo hereditario, existiendo así un notorio supuesto de inseguridad jurídica, pues el monto del proceso ya estaba consolidado, consentido, y ya se había pagado la tasa de justicia.” (cfr. foja 243 vta.).- Agrega que: “…en este punto nada dijeron acerca del hecho de que el monto del valor del acervo hereditario fue determinado oportunamente por las valuaciones fiscales que fueran presentadas en dos oportunidades, sin que se presentaran por parte del suscripto y de los Dres. Granillo disconformidad alguna respecto de las mismas, consolidándolas así como monto del proceso, y por consiguiente las consideraciones jurídicas derivadas de esta situación que esta parte ha propuesto (cfr. foja 244).- Con relación a la violación de la ley denunciada afirma que la Excma. Cámara de Apelaciones ha violado los preceptos legales de los artículos 33 y 34 de la Ley de Honorarios de Abogados. Como fundamento de su postura esboza que: “En modo alguno el art. 33 admite que las valuaciones de los bienes para determinar el monto del proceso, puedan ser modificadas a criterio de (sic) letrado, después de haber sido ya acompañadas, y quedar incluso consolidado el monto del proceso mediante el pago de la tasa de justicia.” (cfr. fs. 244 y vta.).- Agrega que: “La norma es clara, y establece que la determinación del monto del proceso se efectiviza mediante el acompañamiento de valuaciones de los bienes que el profesional acompañe. De ninguna manera la norma autoriza a que esos actos puedan ser modificados en cualquier instancia, a criterio del letrado.” (cfr. foja 244 vta.).-
Añade que: “La norma es precisa y contundente, y el supuesto contenido en la ley ha sido cumplimentado oportunamente, no pudiendo ser modificado, pues ello no sólo no está permitido, sino que además implica un claro y manifiesto supuesto de inseguridad jurídica, pues el monto del proceso quedaría siempre sujeto a posteriores modificaciones o actualizaciones antojadizas.” (cfr. foja cit.).-
Finamente manifiesta que: “…pese al nulo tratamiento de la cuestión, que surge del agravio anterior, estamos…ante un supuesto de violación del art. 33 de la ley 3330 de la Pcia (sic) de Santa Cruz, y ello amerita y funda el presente recurso, y por ende, la vía casatoria…se concluye que el art. 34 de la ley 3330 es inaplicable, precisamente por la ausencia de conflicto o disconformidad entre las partes respecto a las valuaciones que el profesional presentó en dos oportunidades, y sobre las cuales se abonó la tasa de justicia y determinó el monto del proceso.” (cfr. foja cit.).- Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 247 y vta., este Tribunal lo declara bien concedido a fs. 270 y vta.; y se ponen los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Sin que ninguna de ellas haga uso de las facultades que le otorga dicha norma (cfr. PE299981-2021.).- Que, oportunamente dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la presente causa concluye que: “…debe hacerse lugar a los agravios del recurrente, por encontrarse firme la valuación del inmueble oportunamente acompañada y no haber sido cuestionada.” (cfr. PE319178-2021.).-
Se llaman autos para dictar sentencia en PE217896-2021 y pasan los presentes a estudio (cfr. PE332937-2021).-
III. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por el casacionista, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto su impugnación se fundamenta en el quebrantamiento de forma y violación de la ley.-
IV. Así las cosas, por una cuestión de método se tratará en primer término el recurso desde el prisma del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir quebrantamiento de las formas, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios esgrimidos.-
De acuerdo al programa recursivo planteado por el casacionista, resulta imperativo, entonces, revisar la estructura formal del pronunciamiento en crisis, a efectos de verificar si la anterior instancia omitió el tratamiento de los agravios sometidos a su consideración.-
Primeramente debemos recordar que el Derecho es un sistema que contiene reglas internas que deben respetarse para que sea posible predicar la juridicidad de una decisión (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Teoría de la Decisión Judicial Fundamentos de Derecho”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 209) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX, Reg. 662, Folio 3822/3825).-
Precisamente, una de las reglas que debe seguir todo pronunciamiento judicial para erigirse en una decisión constitucional y legalmente válida viene dada por el principio de congruencia, definido por este Alto Tribunal como “…la correlación que debe haber entre la pretensión y la decisión, aspecto éste que fluye naturalmente en nuestra normativa procesal, incorporada por el art. 34, inc. 4º y desarrollado conceptualmente en el art. 164 inc. 6º, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomos I, Reg. 24, Folio 95/102; II, Reg. 84, Folio 369/374; IV, Reg. 144, Folio 699/705; VII, Reg. 237, Folio 1280/1287; XII, Reg. 414, Folio 2257/2260, entre otros). Este último mandato adjetivo resulta extensible también a las sentencias de Segunda Instancia, según lo preceptuado por el artículo 165 del mismo cuerpo normativo.- Desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la: “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. Enderle Guillermo Jorge: “La congruencia procesal”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2007, pág. 57).-
Siguiendo la clasificación tripartita de Jaime Guasp, Juan Carlos Hitters enseña que la incongruencia puede asumir las siguientes caras: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes; por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes; o por ambas razones, es decir mixta, cuando padezca de los dos defectos a la vez, lo que sucede cuando el dispositivo sentencial concede algo diferente de lo pretendido (cfr. aut. cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2da edición, LEP, 1998, pág. 641).- En la especie -tal como se anticipó anteriormente- el recurrente afirma que el pronunciamiento en crisis no trató el argumento relativo a las valuaciones del inmueble objeto de la sucesión.-
El planteamiento recursivo bajo estudio torna necesario, entonces, confrontar los cuestionamientos vertidos por el casacionista en la oportunidad de expresar agravios contra la resolución emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones, a efectos de corroborar si efectivamente el mencionado Tribunal incurrió en el vicio denunciado.-
En dicha oportunidad procesal -cuya pieza recursiva luce a fs. 143/144 vta.- la parte recurrente interpuso recurso de apelación contra el auto de fojas 136 por considerar altos los honorarios profesionales regulados cuestionando, además, el valor del bien utilizado como referencia para tal regulación.-
Concretamente dicha parte sostuvo que: “Estimo igualmente que al no tener en cuenta la valuación fiscal presentada acordada y de la cual oportunamente se pagó tasa se debería haber estimado, en el peor de los casos para nuestra parte, una media entre el (sic) dicho valor y el tasado por el perito…”. (cfr. foja 143 vta.) “…existe un notorio supuesto de inseguridad jurídica, pues el monto del proceso ya estaba consolidado, consentido, y ya se había pagado la tasa de justicia, y de aceptarse este criterio, las tasaciones estarían sujetas a cualquier ajuste en cualquier momento, ya sea por desacuerdo o desactualización, peor en el caso presente, ha de tenerse en cuenta que fue el mismo letrado apoderado, quién presentó la valuación fiscal, y se encargó del pago de la tasa de justicia. Que ya fue fijada en autos por lo que mal puede pretenderse modificar un monto que ya está determinado y consentido.” (cfr. foja 144 vta.).- Ahora bien de un análisis de la estructura argumental del fallo en crisis y de su parte dispositiva surge que los magistrados de la anterior instancia se limitaron a analizar y resolver si la cuantificación de los emolumentos guardaban relación con el monto del proceso tomando como base la tasación efectuada por el perito tasador, sin expedirse y sin exteriorizar ningún fundamento -siquiera tangencial- en torno a la queja formulada por el Sr. Delgado ni tampoco aducir razón alguna para indicar que no correspondía pronunciarse al respecto.- En tales condiciones, esta forma de decidir quebranta el artículo 164, inciso 6º del CPCyC que requiere: “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio…”, cuyo mandato -reiteramos- por imperio del artículo 165 del CPCyC se torna aplicable a los pronunciamientos que se dicten en segunda o ulterior instancia.-
Es sabido que el límite del poder de decisión del Tribunal de Alzada para dictar su sentencia está determinado por los agravios y/o fundamentación del recurso. (cfr. Molina Sandoval, Carlos A.: “Recurso de Casación, Aspectos sustanciales, argumentales y procesales” Ed. Advocatus, Córdoba, año 2016, pág. 64).-
Si bien los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, es decir, sólo deben analizar y decidir los capítulos y cuestiones que resultan pertinentes para la correcta solución del litigio, lo cierto es que debe reputarse como nula la sentencia si omite tratar temas conducentes que componen el litigio (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G.: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Legislación. Doctrina. Jurisprudencia. 2da ed., Buenos Aires, Ed. Astrea, 2009, Tomo 2, pág. 310).- En este sentido, se ha entendido -adoptando un concepto amplio y flexible- que son esenciales aquellas cuestiones que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y están constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y el alcance del pronunciamiento. Entre ellas se adjetivarán entonces como esenciales cuestiones que -según la modalidad del caso- resultan necesarias para la correcta solución del pleito, incluso procesales, por la incidencia que podrían tener en el resultado del litigio (cfr. Quadri, Gabriel Hernán, Rosales Cuello, Ramiro Sosa, Toribio Enrique: “Tratado de los Recursos” Ed. Astrea, 2019, Tomo 2, pág. 68/69).- En los presentes, la resolución de la Alzada debería haber contenido una decisión expresa y precisa acerca de cuál es la valuación del bien que debe utilizarse como base para regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes -es decir si corresponde tomar como base de dicha regulación a la valuación fiscal o, en su defecto, a la tasación efectuada por el perito-, toda vez que dicha cuestión no sólo se encuentra íntimamente vinculada con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso sino que, además, había sido puesta expresamente en su conocimiento por lo que debió haberse resuelto al momento de dictarse la resolución impugnada.- Este Tribunal Superior de Justicia -con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- ha expuesto que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 606, Folio 3475/3480).-
Con sentido similar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que son susceptibles de descalificación las sentencias que omiten el examen y tratamiento de alguna cuestión oportunamente propuesta, siempre que así se afecte de manera sustancial el derecho del apelante y lo silenciado sea conducente para la adecuada solución de la causa. (Fallos: 317:1583 y 327:5668).-
Idéntico criterio ha sido receptado por numerosa jurisprudencia en la materia entre la cual se ha sostenido que: “No habiendo margen de dudas respecto a que eran tres los agravios que ponía el recurrente a consideración de la Alzada, y advirtiéndose un silencio con relación a uno de ellos, queda claro que existió omisión, configurándose el vicio de incongruencia por sentencia citra petitum” (STJ de Río Negro, “Joison, Agustín Néstor y otra c/ Fernández, Juan Carlos y otro s/ Casación”, del 11-6-2002; citado en la obra de Enderle Guillermo Jorge “La Congruencia procesal” 1º edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni editores, año 2007, pág. 299).- En definitiva, la sentencia no sólo debe resolver la cuestión sometida a la decisión del juez, sino que también debe llevar al ánimo de los litigantes la convicción de que han sido considerados todos los aspectos de la misma y tomadas en cuenta sus respectivas alegaciones. (cfr. Alsina, Hugo “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da ed., Ed. Ediar, Buenos Aires, 1957, Tomo II, págs. 255 y 257). (cfr. TSJ, Santa Cruz, Sentencia Tomo XX, Reg. 662, Folio 3822/3825).- En este caso, la ausencia de tratamiento y resolución por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones sobre el agravio referido a la valuación del bien objeto de la sucesión, provoca el incumplimiento con un cometido que la ley les manda, tornando nulo dicho pronunciamiento (cfr. artículo 2º, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
Que en virtud del resultado al que se arriba, resulta innecesario pronunciarse sobre los restantes agravios de la actora, en tanto debe dejarse sin efecto el decisorio recurrido y reenviarse el expediente para el dictado de un nuevo pronunciamiento, no correspondiendo a este Tribunal Superior de Justicia expedirse sobre el fondo de la cuestión.-
V. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Germán Delgado a fs. 240/244 vta. por quebrantamiento de formas sustanciales (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), y en consecuencia declarar la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 226/227 vta., en todas sus partes, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda con costas en el orden causado en razón de la forma en que se resuelve (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPCyC).- Como consecuencia de lo aquí expuesto, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que en definitiva merezca el litigio. (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Germán Delgado a fs. 240/244 vta., por quebrantamiento de formas sustanciales y en consecuencia, declarar la nulidad de la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de fs. 226/227 vta., en todas sus partes, reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte pronuncia-miento conforme a derecho y según corresponda.-
2. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1023S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 722 Folio N°: 4347/4350 Secretaría: 1
Fin de la sentencia