Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 478/484 por los Sres. Defensores particulares del imputado SEBASTIÁN AGUILAR ANULANDO la decisión atacada por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:022 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 12 de Mayo de 2015 AUTOS: "AGUILAR, SEBASTIAN S/ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA Y CON USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUEDE SER ACREDITADA" Expte. Nº A-809/13/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los doce días del mes de mayo de dos mil quince, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia de la Dra. Clara Salazar, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "AGUILAR, SEBASTIAN S/ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO EN POBLADO Y EN BANDA Y CON USO DE ARMA DE FUEGO CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO PUEDE SER ACREDITADA" Expte. Nº A-809/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 473/474 rechazó el beneficio de suspensión de juicio a prueba solicitado por el imputado SEBASTIAN AGUILAR, quien se Encuentra imputado por el delito de robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda y con uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada. Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Sebastián Aguilar, quien se encuentra asistido por su Defensor Particular Dr. Santiago Luis Pinto y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 473/474, interpusieron recurso de casación los Defensores particulares del imputado Dres. Santiago Luis Pinto y Jesús Rodriguez Cimolai, fundándolo en los artículos 439, 440 y 442 del CPPP.-, La defensa en su escrito casatorio sostuvo como "...primer agravio a los derechos constitucionales a la debida defensa en juicio, al debido proceso legal, y al principio de legalidad (arts. 18 y 19, Constitución Nacional) ya que la Excma. Cámara Criminal Oral, contradiciendo la expresa voluntad del Ministerio Público Fiscal de suspender el juicio a prueba (conf. arts. 76bis, Código Penal) y en violación directa al Art. 120 de la Constitución Nacional,deniega el reconocimiento de un derecho de nuestro defendido a evitar continuar el sometimiento a un proceso, y lograr la extinción de la acción penal, en franca violación a los principios pro homine y pro liberate....".- Sostienen los defensores que la Excma. Cámara se arroga facultades del Ministerio Público Fiscal.-
Asimismo sostienen que "...la resolución adoptada por la Excma. Cámara Criminal Oral... adolece de severa arbitrariedad que provoca agravio irreparable a nuestro defendido, particularmente a su derecho a la defensa en juicio y al debido proceso legal, con entidad suficiente como para dejar sin efecto el decisorio en crisis, con fundamento en el art. 439 inc. 2 del Catálogo Penal Adjetivo... su valoración no se ajusta a ninguno de los parámetros impuestos por los arts. 26/27 bis, ni 40/41, ni 76 bis, del Código Penal, ni al art. 116, ss. y concs. del C.P.P. y por ende, se muestra como arbitraria y lesiva del derecho a la debida defensa en juicio y al debido proceso legal a favor del Sr. Aguilar, de los principios pro homine y pro liberate y viciada de nulidad por falta de fundamentación suficiente, lo que convierte a la sentencia objeto de impugnación en una meramente dogmática, y por tanto descalificable como acto jurisdiccional...".- Así, el defensor en la audiencia manifestó que "...ratifico los términos de casación deducido a fs. 478/484 vta. agregando que no quiere sobreabundar en los agravios.
Hace hincapié en el agravio de la falta de motivación y la errónea aplicación de la ley. Que la sentencia es ambigua ya que el instituto de la suspensión del juicio a prueba no es una facultad del tribunal, el ejercicio de esa facultad es discrecional y se ejerce dentro de los términos de la Constitución Nacional como ser el control de legalidad el cual se encuentra vulnerado ya que no se cuestionó la aquiesencia del Sr. Fiscal el cual es un elemento formador de la decisión del tribunal. Cita pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes dicen que siempre se debe tomar una decisión menos lesiva al imputado. Que en el fallo se ha perdido la imparcialidad, el cual ha sido descripto por la Corte en el pronunciamiento Llerena... que se ve afectada la imparcialidad cuando el tribunal decide ir a juicio a pesar del dictamen del Sr.
Agente Fiscal. Que la gravedad del delito no está en los requisitos del art. 76 bis del Código Penal, como tampoco hace referencia a la culpabilidad... no hay política criminal que motive la persecución de la causa. Que la querella no ejercitó sus derechos al no efectuar la vista del art. 329 por lo tanto la Cámara no puede fundar su rechazo apoyándose en la querella...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...coincide con la defensa ya que hay una errónea interpretación de la ley. Agrega que el art. 277 del Código de rito ordena que para analizar la suspensión del juicio a prueba debe realizarse una audiencia única entre todas las partes.
La audiencia se lleva a cabo pero con la presencia del imputado y la defensa, estando ausente la querella y la fiscalía. Al no estar presentes ni el fiscal ni la querella solicita la nulidad de todo lo actuado...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 478/484 por la defensa del imputado SEBASTIAN AGUILAR? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) En principio, en términos generales, el recurso de casación deducido por los Sres. Defensores particulares Dres. Santiago Luis Pinto y Jesús Rodriguez Cimolai en representación de su pupilo Sebastián Aguilar, ratificado por ante éste Alto Cuerpo, es admisible toda vez que el estudio de la problemática sometida a resolución, surge dentro de los términos del art. 440 del CPP, es decir, se puede equiparar la resolución como definitiva.-
Lo expuesto resulta concordar con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que equiparó a sentencia definitiva la decisión denegatoria del pedido de la denominada probation: "...es doctrina del tribunal que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúne por regla, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del artículo 14 de ley 48, sin embargo corresponde hacer excepción a dicha regla en los casos en los cuales su aplicación podría provocar un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior. Tal supuesto se da cuando se rechaza el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, pues el gravamen de tal denegatoria no resulta susceptible de reparación posterior, en tanto se restringe el derecho del procesado a poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena...". "...la finalidad de quien requiere la suspensión del juicio a prueba no es la de obtener una sentencia absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal..." (Fallos: 320:2451, "Padula, Osvaldo Rafael y otros s/Defraudación", 11/11/97; voto conjunto de los Dres. Nazareno, O'Connor, Fait, Bellucio, Boggiano, López, Bossert y Vázquez).- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) En este entendimiento, y abocados ya al estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si la resolución de los jueces de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción judicial, de rechazar la solicitud de suspensión del juicio a prueba, llevando a cabo la audiencia aunque con la ausencia del fiscal y con la presencia de uno sólo de los jueces de la Excma. Cámara, se encontró ajustada a derecho.- En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que pueda ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).-
Precisamente, con relación a las formas sustanciales, la suspensión del juicio a prueba, prevista en el art. 277 del C.P.P., tiene expresa previsión normativa que en el ámbito formal aseguran su trámite dentro del proceso, otorgando a las partes intervinientes el derecho a expresarse en el ámbito de una audiencia, tras la cual el órgano jurisdiccional podrá pronunciarse sobre el beneficio solicitado.-
La doctrina dice con relación al tema "...La finalidad que se persigue mediante la realización de la audiencia es la de otorgar al imputado la posibilidad de ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa. Se destaca la importancia de celebrar la audiencia ante el juez y en presencia de todos los actores del proceso toda vez que, para adoptar este tipo de decisiones, se requiere la participación activa de las partes del proceso... En dicha audiencia, además de la lógica presencia del imputado, necesariamente debe encontrarse el fiscal y, si lo requieren, el querellante y el actor civil, en caso de que quieran defender sus derechos con respecto al resarcimiento que pretendan, debiéndoselos notificar fehacientemente a todos... Es así que el imputado tiene derecho, personalmente o por medio de su defensor, según el caso, a estar presente en ciertos actos a los fines de su legalidad: contralor y advertencia de medios aptos para su defensa. De esta forma, este concepto encuentra razón en el derecho del individuo a tomar parte en todo acto cuyo desenvolvimiento puede encontrar una oportunidad o un elemento para alegar en su defensa, sea en relación al fondo del asunto, sea respecto de su situación procesal. Por consiguiente, la violación de todas aquellas normas que prescriben determinados actos, formalidades, circunstancias de tiempo y de lugar, a fin de poner al imputado en condiciones de presentarse en el procedimiento, da lugar a la nulidad..." (Código Procesal Penal de la Nación, Miguel Ángel Almeyra -Director-, Mariano La Rosa -Suspensión del Proceso a Prueba-, ed. La Ley, pág. 492/493.).- Teniendo en cuenta, la previsión legislativa, el cumplimiento de las distintas formas procesales que el ordenamiento jurídico acuerda a los sujetos intervinientes en el proceso es por naturaleza garantía de las partes, las cuales no pueden quedar sometidas a la discrecionalidad del juzgador (Conf. "Fernández Larrandaburu, Martín Aníbal s/recurso de casación", CNCP, Sala II, 30/4/04, MJ-JU-M-2245-AR).-
La jurisprudencia ha sido clara sosteniéndose que "...el debido proceso legal en lo instrumental comprende el conjunto de procedimientos que deben jurídicamente cumplirse para que un pronunciamiento judicial que se refiere a la libertad individual sea formalmente válido; pues cabe recordarlo, en materia criminal en donde se encuentran en juego los derechos sustanciales de la persona en orden a la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos orientados a garantizar en plenitud un efectivo y concreto ejercicio del derecho de defensa..." (Conf. Causa nº 1646, "Abdon, Diego A. y Lemos, Isidro J. s/recurso de casación" Reg. 2052, Rta. 24/6/98).- El "...derecho a ser oído lleva necesariamente a que el sistema procesal se estructure en forma tal que posibilite al contradictorio... al momento de ser oído, el imputado goza de plena libertad para expresar todo lo que considere conveniente, para explicar lo que estime ante la incriminación formulada en su contra... esta manifestación de voluntad no puede ser coartada, perturbada ni direccionada..." (Jauchen, Eduardo "Tratado de Derecho Procesal Penal", T.I., pág. 137).- Llama poderosamente la atención que la audiencia de suspensión de juicio a prueba fue llevada a cabo con la presencia del Dr. Joaquín Alejandro Cabral, como único juez, el imputado y el defensor, sin la presencia de la parte acusadora, es decir, el Sr. Fiscal, quien se encontraba debidamente notificado a fs. 465, no aportando justificativo alguno para no participar de la audiencia de suspensión de juicio a prueba, sin perjuicio del escrito de fs. 461/464 donde presta su consentimiento para que se le otorgue el beneficio de la probation al imputado.- Ya se dijo que la realización de la audiencia prevista en el art. 277 del CPP, es el marco procesal necesario para que el Tribunal escuche las argumentaciones de las partes y funde fáctica y jurídicamente su decisorio.-
V.-) Ahora bien, al momento de resolver, un mes y medio después, se afectan dos cuestiones puntuales: la inmediatez con la que deben dictaminar y el plazo razonable; allí vota por el rechazo del beneficio la Dra. Alejandra Vila (jueza subrogante) quien no participó de la audiencia del art. 277 del CPP.-
Debemos recordar entonces, lo que establece el Código Procesal Penal en su art. 277 al respecto: "...el juez, en la misma audiencia, después de oído el imputado, decidirá acerca de la procedencia de la petición..." (el subrayado nos pertenece).-
Dicho lo expuesto, no se cumplió con la manda procesal ni con el plazo razonable. Los presentes actuados estuvieron a la espera, un mes y medio entre la audiencia y que la Excma. Cámara Criminal dictara una resolución y, agravando la situación, interviene una magistrada que no presenció la audiencia, resolviendo no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba, a pesar de desconocer lo sucedido y no conocer al imputado de autos.-
Al respecto sostiene la jurisprudencia "...de la simple lectura del acta de vista de causa surge que el Doctor C. no integró el tribunal, por lo tanto no podía emitir su voto en la sentencia, no obsta ello, que sea miembro de la referida Cámara. Ergo, no estando el doctor C., presente en la audiencia de vista de causa, lo que surge evidente del acta confeccionada en esa oportunidad, resultando su intervención en la sentencia no como un acto nulo o anulable, sino que deviene de un acto inexistente, puesto que su voto carece de toda validez fáctica o jurídica..." (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala II, -SCMendoza.SalaII) LLGran Cuyo 2005 (marzo), 173, cita online: AR/JUR/4622/2004).- Ante las irregularidades que lucen en los presentes actuados, no queda más que hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Fiscal ante este Alto Cuerpo y anular la resolución en crisis.-
V.-) Por ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 478/484 por la defensa técnica en favor de SEBASTIAN AGUILAR, anulándose la resolución dictada a fs. 472 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 277 del Código Procesal Penal, a fin de resolver luego la procedencia o no del instituto de la suspensión del juicio a prueba.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 478/484 por los Sres. Defensores particulares del imputado SEBASTIÁN AGUILAR ANULANDO la decisión atacada por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.-
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal.- (art. 27 Ley nº Uno -T.O. Ley nº 2404).-
FIRMADO: Dra. Clara Salazar –Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariano- Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2015S.151 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:022 FOLIO Nº: 143/146 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia