Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 1785595/2025 por estar incursa en la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC, apartándola del trámite y conocimiento de estos autos.
2Declarar desierto el recurso por falta de crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que considera equivocadas (Arts. 264 y 265 del CPCC) imponiendo las costas de a instancia en el orden causado (art. 68 del CPCC). 3º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8851/24 Sentencia: Definitiva Actor: Aguirre Alfredo Rubén Demandada: Prevención ART S.A Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 22-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “AGUIRRE, Alfredo Rubén c/ PREVENCIÓN ART SA s/ daños y perjuicios” Expte. A-37674 del año 2020 en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, Secretaría Nº 1, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8851. A estos fines se estableció el siguiente orden: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe aceptarse la excusación formulada en PE 1785595/2025 por la Dra. Griselda I. Bard.? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1785595/ 2025 nuestra distinguida colega la Dra. Bard se excusa de actuar en estos autos por haber intervenido en ellos su esposo el Dr. Eduardo Rubén González en función de lo dispuesto por el art. 17 inc. 1 del CPCC y las cuestiones de delicadeza del art. 30 del mismo cuerpo legal.
Es de público conocimiento en el foro local que la Dra. Griselda I. Bard se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Rubén González. Habida cuenta ello se configura la causal del art. 17 inc. 1º del rito y es procedente la excusación formulada. Propongo al Acuerdo aceptar la excusación formulada y apartar a nuestra colega del conocimiento y trámite de esta causa. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. La pública unión matrimonial de la Dra. Bard con el Dr. Eduardo Rubén González configura la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC y determina la admisibilidad de la excusación formulada. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que el actor Alfredo Rubén Aguirre por intermedio de su apoderado el Dr. Ismael Ramón Machuca quien actúa con el patrocinio de los Dres. Marianela Abi Machuca y Mariano Díaz Lafourcade, en escrito de fs.59/68 con la documental de fs. 1/67 promueve demanda de daños y perjuicios contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a fin que se la condene al pago de la suma de $2.968563,83 y/ lo más o menos que se estime corresponder conforme la prueba con más los intereses a la tasa activa, actualización monetaria, costos y costos del proceso y perjuicios ocasionados al momento de su efectivo pago, ello en virtud de un accidente laboral sufrido el 27 de abril de 2016, en ocasión del trabajo y lesiones derivades del mismo y pide la inconstitucionalidad de distintas normas destinando dos capítulos para fundar el planteo.
Hace un relato de los hechos desde su ingreso para trabajar en relación de dependencia de la UTE China Gezhouba Group Company Limited- Electroingeniería S.A.- Hidrocuyo S.A. asegurado de la demandada y cubierto por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Prevención ART. Imputa desinterés y abandono por parte de la demandada toda vez que se desentendió de sus obligaciones a cargo como así también de indemnizar en debida forma por la incapacidad surgida a través del accidente laboral acaecido, que dice le produjo serias lesiones principalmente en la columna. Sostiene que las mismas le limitaron su normal desplazamiento y afecciones de diversos movimientos acompañados de dolor y disminuida sus capacidades para prestar tareas.
Se refiere a factores determinantes y la responsabilidad y cita doctrina invocando el art. 1757 del Código Civil y Comercial explicando que se produjo una agravación del riesgo permitido que fue causal decisiva en la producción de las enfermedades incapacitantes por deficiencia en la conservación y custodia de la salud del trabajador. Pretende la indemnización integral de los daños derivados del accidente y enfermedad postraumática sufridos por la actora pidiendo se condene a la demandada el pago de la suma de $950.000 o lo que en más o en menos se estime corresponder, por daño material por incapacidad física que estima en un total del 75% y se refiere a las incapacidades del actor. Por daño psicológico y daño moral peticionando una incapacidad del 11%.
Ofrece prueba, pide que los intereses se calculen con aplicación de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días desde la mora al efectivo pago. Hace reserva del caso federal. Funda en derecho en los arts. 14 bis, 16, 18, 19, 31, 75 inciso 12, 22 y ss. y ccs. de la Constitución Nacional, Declaración de la OIT de ginebra 1998, arts. 1757 ss. y ccs. del CCyC, art. 118 de la ley 17.418 leyes 18.345, 19.587, 20744, 24.447, y Dec. Reg. 25.323 y sus modificatorias, Decretos 1338/96 CCT 40/89 y doctrina y jurisprudencia citadas y aplicables al caso. Pide en concreto que oportunamente se haga lugar a la demanda condenando al pago de los rubros reclamados.
IV. Que debe señalarse antes de seguir, que no obstante haberse establecido que se promovía demanda laboral por accidente de trabajo en los términos del art. 104 de la ley 1444 (ver fs. 68), luego de contestada la demanda en fs. 91 se dispone, analizadas las presentaciones y constancias de la causa, recaratular las presentes actuaciones como daños y perjuicios y fijar la audiencia preliminar adaptando el procedimiento al juicio ordinario. Fue antecedente de este cambio de carátula y procedimiento la certificación de la Actuaria de fs. 90. V.-Que sin perjuicio de la presentación posterior del Dr. Eduardo Rubén González como apoderado (fs.84), se habían presentado a contestar la acción los Dres. Esteban M. Angjelinic y Gustavo A. Salso como apoderados de Prevención ART SA con la pieza de fs. 74/78.
En su presentación estos letrados formularon una serie de negativas de los hechos y de la autenticidad e idoneidad probatoria de la totalidad de la documentación acompañada que no fuera materia de expreso reconocimiento, lo que se tienen presente.
Sostienen la improcedencia del reclamo y la violación del principio de congruencia. Afirman que la demanda no puede prosperar, en primer lugar por cuanto no se alega cuáles son los hechos que, por acción u omisión, harían responsable civilmente por los daños que se dice sufridos, que su parte niega. Explican que la actora se limitó a relatar un supuesto accidente y consecuencias dañosas pero resalta en negritas que en ningún fragmento de la demanda alega u ofrece prueba de cuál es la conducta antijurídica o el incumplimiento específico de la demandada que habría desencadenado el acaecimiento del siniestro, ni cual es el nexo de causalidad entre la conducta (que no se marca), el hecho no ocurrido y los daños derivados.
Califica la demanda de aventura jurídica para lograr una indemnización exorbitante. Sostienen que su representada cumplió en todo momento con sus obligaciones que la legislación y el contrato de afiliación de la empleadora exigen sin que existan obligaciones por las cuales deba responder. Se preguntan cuáles fueron las hechos u omisiones de Prevención ART SA que la sitúan como civilmente responsable ante el accidente de trabajo sufrido por la actora y entienden que no surge del relato de la accionante. Esa vaguedad vulnera el derecho de defensa de su parte al no estar claro porqué hechos debe responder, hechos que conforme art. 308 en sus incisos 4, 5 y 6 del CPCC debe contener la demanda. Argumentan que las pruebas periciales en última instancia podrán acreditar la existencia de daños, pero no que éstos hayan sido responsabilidad de Prevención ART SA.
Realizan consideraciones sobre el principio de congruencia y explican que el reclamo se sitúa en el marco del derecho civil y, por lo tanto, que de estas vagas y genéricas afirmaciones no puede colegirse que exista responsabilidad de Prevención ART SA por el acaecimiento del siniestro. Reconoce que en cabeza de las aseguradoras de riesgos de trabajo existen obligaciones de prevención y seguridad pero niegan y quedará demostrado que no hubo ninguna omisión por parte de su representada de sus obligaciones que ocasionara el accidente base del reclamo de la actora que lo fundamenta en el art. 1757 del CCyC y recuerda el relato del hecho cuando se indica que el actor se golpeó la espalda con el espejo retrovisor limpiando en el interior del camión lo que no consideran una actividad riesgosa que pueda poner en cabeza de la demandada el deber de resarcir daños generados y lo califica de hecho fortuito o culpa de la víctima.
Hace notar que no se indica que obligación tenía que realizar la demandada y que fuera omitida y derivó en el presunto accidente. Dedica un capítulo a la inexistencia de incumplimientos por parte de la demandada con cita de jurisprudencia y doctrina que se tiene presente. Hace un relato de los hechos y del otorgamiento de las prestaciones y afirman que las lesiones de columna que el actor presenta no son consecuencia de las tareas desarrolladas para la empresa asegurada ni del accidente sufrido que se relatara en la denuncia del siniestro. Hace hincapié en que Prevención ART SA cumplió en todo momento con sus obligaciones en un todo de acuerdo con las leyes. Analiza el relato del actor respecto del accidente.
Analiza los daños cuya reparación se reclama para fundar su improcedencia. Funda en derecho, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
VI. Que a fs. 91, como más arriba se adelantara, se ordenó recaratular los autos como daños y perjuicios y se hizo saber que en adelante los actuados tramitarían de acuerdo al Código Procesal Civil y Comercial. La audiencia preliminar se celebra de manera virtual conforme se consigna a fs. 97 donde se determinan los hechos y se provee la prueba. A partir de allí el expediente se transforma en digital. Producida la prueba obrante en autos en PE 1580069/2024 se dicta sentencia donde el magistrado expresa, en el considerando II, después de aclarar que la presente acción se circunscribe dentro de un siniestro de carácter laboral, el reclamo se ha instaurado en el marco del derecho civil, motivo por el cual anticipa el encuadre jurídico que la delimita, debiendo analizarse la responsabilidad que le corresponde a cada parte, bajo los alcances del régimen emergente de los arts. 1716, 1717, 1726 y concordante del Código Civil y Comercial y explica el alcance del art. 1716 del CCyC. Y en el considerando III indica que artículos cuestionados fueron derogados, califica de abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad de los arts. 6, 39 inc. 1 y 2 de la LRT, e improcedente el dirigido al art. 75 de la LCT. Rechaza el planteo contra la ley 26.773. Tras consideraciones que se tienen presentes, en el Fallo rechaza la demanda de daños y perjuicios incoada por el Sr. Alfredo Rubén Aguirre en contra de Prevención ART S.A. por falta de acreditación de nexo causal conforme lo expuesto en los considerandos y los arts. 1736 y concordantes del CCyC, con costas en su condición de vencido (art. 68 del CPCC). Regula los honorarios de los profesionales tomando el valor actualizado del proceso y demás disposiciones de estilo.
VII. Que lo decidido contraría las aspiraciones del actor quién, por intermedio de su representación letrada, en PE 1581284/2024 interpone recurso de apelación que en PE 957239/2024 se lo tiene por interpuesto en termino y se lo concede libremente y con efecto suspensivo intimando a pagar la tasa de justicia y ordena notificar. El actor pretendió expresar agravios en 1ª instancia pero se lo declara inadmisible. Los autos se elevan con la certificación de estilo de PE1768233/2025. Recibidos en PE 1785595/2025 se excusa nuestra colega como referimos y decidimos al tratar la primera cuestión. En PE 1788384/2025 se integra cámara con el Dr. Mario A. Albarrán y luego que los letrados constituyan domicilio electrónico en PE 1081975/2025 se ponen los autos en Secretaría para expresar agravios carga que el actor cumple en PE1816311/2025, agravios de los que se corre traslado a la demandada en PE 1089598/2025. Los agravios son contestados con la pieza de PE 1844774/2925 y a continuación en PE 1105466/2025 se los tiene por contestados y se llama autos a sentencia y se establece el orden de estudio.
VIII. Que en el memorial de agravios de PE 1816311/2025 referido la parte actora atacando que la sentencia tuviera por no acreditado el nexo causal adecuado entre la conducta de la demandada y el daño sufrido. Argumenta que de una simple lectura resulta palmaria la existencia del nexo causal y expresa haberse demostrado la calidad de aseguradora de la demandada y la relación entre la ex empleadora del actor y la demandada PREVENCIÓN ART SA. Para sostener ello afirma que no solo ha demostrado el accidente sino las diversas incapacidades sobrevinientes en el actor. Menciona que el actor no ha sido indemnizado en instancia administrativa negando allí la existencia de cualquier tipo de incapacidad y que en PE 438118/2022 el médico forense Patricio Aybar y que en su pericia se comprobó la totalidad de los dichos de su parte en el escrito de demanda; es decir el accidente sufrido incapacitante que no ha sido oportunamente resarcido. Transcribe párrafos de la pericia médica que fuera impugnada por la contraria manteniendo sus conclusiones el Dr. Aybar. Entiende corroborada en forma palmaria la necesidad de indemnizar el daño sufrido por el actor que ingresó a trabajar para su empleadora en perfecto estado de salud y hoy está disminuido en sus movimientos.
Sostiene comprobado con la documental acompañada y la declaración testimonial del Sr. Máximo Ortellado Figueredo que el actor desarrollaba una actividad de las llamadas “riesgosas”, como chofer de camiones, cubierto ante cualquier infortunio de su salud al desarrollar su actividad laboral por la demandada Prevención ART SA.
Explica que el actor pretende se le indemnice el daño sufrido comprobado en sede administrativa y sede judicial y trae a colación la doctrina expuesta por la Dra. Kemelmajer de Carlucci respecto de la aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes en publicación que individualiza.
Afirma haber demostrado el efectivo acaecimiento del accidente, el daño padecido en virtud del mismo, la naturaleza riesgosa de la actividad involucrada, el nexo causal adecuado en el marco del cumplimiento de labores por el operario en el lugar del trabajo, lo que a su juicio determina la responsabilidad de la demandada quien en ninguna instancia indemnizó en forma correcta al trabajador lesionado quien acarrea complicaciones en su salud.
Argumenta que la doctrina y jurisprudencia han sido contestes en que la aseguradora de riesgos de trabajo no puede liberarse de responsabilidad, aún al haber sido instado el reclamo por la vía civil en función del origen de la lesión padecida por el trabajador en un accidente de trabajo en ocasión de encontrarse prestando tareas para la empresa asegurada y que en este marco es atribuible la responsabilidad que se le endilga y cita doctrina.
Sostiene que la mecánica del hecho ha quedado probada por prueba que señala y la relación con el accidente por la historia clínica aportada por demandada quien le brindó las prestaciones en especie hasta que se le otorgó el alta médica. Como notas del infortunio señala una actividad riesgosa como conductor de flota pesada y las condiciones de climáticas adversas (nieve) en que ocurrió el accidente y la falta de medidas de seguridad para prevenir este tipo de accidentes sin descartar otras que generan la firme convicción de una relación adecuada entre el hecho y el daño. Hace referencia al riesgo de la cosa en los términos del art. 1757 del Código Civil y Comercial que, dice, se encuentra ínsito en la naturaleza del mecanismo utilizado para desarrollar la actividad y el sometimiento del operario a la misma y basta para afirmar ello estar a los daños padecidos por el trabajador y por ello debe la aseguradora responder con prescindencia de su culpa dado que el factor de atribución se encuentra en el riesgo creado e insiste en la actividad riesgosa desarrollada que define con cita de doctrina. Alega que la demandada no alcanzó a demostrar ni la culpa del actor, ni la fuerza mayor, ni el caso fortuito extraño al trabajo, únicos eximentes que la ley contempla que, dice, hace responsable a la demandada de indemnización de los daños del actor.
Le llama la atención al recurrente que el Sr. Juez a quo en ningún momento hace referencia a las denuncias efectuadas por el actor ante la ART ni a las diversas actuaciones efectuadas por la SRT que se encuentra documentado e incorporado tanto por el actor como por la demandada cuando fue intimada a acompañar la HC del actor dando cuenta de la responsabilidad asumida.
Menciona que no se encuentra controvertido a esta altura del proceso que se trató de un accidente de trabajo por el cual la ART recibió la denuncia y otorgó prestaciones en los términos del art. 31 inc. 2 de la LRT cuyo presupuesto es la existencia de un accidente de trabajo durante la prestación de tareas y con actuación administrativa.
Por ello no concuerda con el judicante de grado en orden a que estaba a cargo del actor demostrar los hechos cuya valoración es imprescindible para la viabilidad de su pretensión y agrega sobre todo teniendo en cuenta todos los antecedentes que dice se desarrollaron en la denuncia ante la ART y los antecedentes posteriores. Por ello entiende que por estos antecedentes junto con la prueba del daño sufrido y el contacto del actor con la cosa que le provocó el daño, habilita la responsabilidad objetiva. Concluye que por ello era la demandada quien debe acreditar una causa ajena para liberarse y reitera que no ha sido probado. Se refiere a la prueba pericial médica y pericial psicológica que sostiene el daño sufrido y relacionarlo con el accidente y no surgiendo error o inadecuado uso del conocimiento científico entiende que se le debe dar pleno valor y por ello revocarse la sentencia y acceder a la acción condenando a la demandada la reparación integral intentada con relación al infortunio de autos, con costas.
IX. Que los apoderados de la demandada Dres. Eduardo Rubén González y Federico Pereyra con el escrito en PE 1844774/2025 proceden a contestar la expresión de agravios de su contraria solicitando el rechazo del recurso de apelación.
Plantean en un primer capítulo la deserción del recurso y sostiene que a poco que se analice la presentación de la parte actora se advertiría una mera disconformidad con lo resuelto sin una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que la agravian. Refieren que debe contener una expresión de agravios y sostienen que el escrito cuyo traslado contestan no reúne en modo alguno los recaudos del rito, limitándose a una mera disconformidad, formulando afirmaciones de carácter general y repitiendo argumentos ya expuestos en presentaciones anteriores. Por ello piden se declare la deserción del recurso. Para el improbable caso que no hiciera lugar a lo requerido contestan los que califica de hipotéticos agravios solicitando su rechazo con costas.
Con relación al nexo causal y la responsabilidad de su representada dicen que como lo sostuvo el Sr. Juez, el actor no ha podido acreditar en autos el nexo causal adecuado entre la conducta de su mandante y el daño padecido y transcriben un párrafo de la sentencia que pone el acento sobre la falta de señalización de las faltas concretas cometidas por la ART, las omisiones en las que había incurrido… y que el actor se ha limitado a señalar en forma genérica que la ART se ha desentendido de sus obligaciones a su cargo y que esta falta de precisión no puede en modo alguno hacer operar una inversión de la carga de la prueba y pretender que la demandada acredite en el expediente todas ellas. Argumentan que el actor repite que se encuentra probado el acaecimiento del evento dañoso como la mecánica del hecho dañoso y el daño sufrido y pretende instalar con esta asociación la idea que el nexo causal se encontraría debidamente acreditado.
Expresan que parecería que el término relación causal se presenta a equívocos en la contraria que confunde causalidad material con causalidad jurídica y explican que si bien la causalidad material es indispensable pues la causalidad jurídica se asienta sobre la primera es la segunda la que permite imputar determinados resultados a ciertos hechos.
Indican que la contraria ha dedicado ingentes esfuerzos para acreditar la causalidad material desde el punto de vista físico dejando de lado la causalidad jurídica y así lo entendió el juez en la sentencia.
Alegan que el actor vuelve sobre la idea que su representada al sostener que se desentendió de las obligaciones a su cargo y que la falta de medidas de seguridad para prevenir este tipo de accidentes como el de autos - sin descartar otras- general la firme convicción de una relación adecuada entre el hecho y el daño padecido.
Contra este argumento recuerdan que la configuración de un ilícito omisivo requiere la necesaria referencia a la previa existencia de un deber de actuar para constatar que si ese deber se hubiera satisfecho el daño no de habría producido y que ese incumplimiento tornaba previsible la producción del perjuicio. Pero hace hincapié que nada de eso ocurrió toda vez que nunca detalló los incumplimientos que habría incurrido su mandante.
Hace hincapié que en ese orden es indispensable poner de resalto que la existencia del nexo causal es un presupuesto indispensable de la responsabilidad civil y que todas las descripciones dentro del CCC de las distintas “fattispecies” (del italiano, supuestos de hecho) que dan lugar a la obligación de reparar tienen referencias causales.
Por ello califica de inobjetable el razonamiento del magistrado seguido en la sentencia en párrafos que cita. Por ello, ante la orfandad probatoria incurrida por la actora y ausencia de elementos que permitan tener por acreditado el nexo causal y por ende la existencia de responsabilidad de la demandada, pone en evidencia lo insostenible de los agravios planteados. Pide se los rechace y se confirme la sentencia con costas.
X. Que estos autos han tenido características particulares. En efecto, no obstante haberse establecido que se promovía demanda laboral por accidente de trabajo en los términos del art. 104 de la ley 1444 (ver fs. 68), luego de contestada la demanda analizadas las presentaciones y constancias de la causa, el pedido de fs. 89 donde el apodero del actor pide fijar la audiencia preliminar y teniendo en cuenta la certificación de la Actuaria de fs. 90 donde la funcionaria certifica que se desprende que la acción interpuesta por el actor es de naturaleza civil a fs. 91 se dispone, recaratular las presentes actuaciones como daños y perjuicios y fijar la audiencia preliminar adaptando el procedimiento al juicio ordinario. La certificación actuaria y el proveído de fs. 91 que lo dispuso no fue cuestionada por las partes y el actor a fs. 93/94 ofrece prueba que se tiene presente a fs. 96 donde se le hace notar que se consignó erróneamente el tipo de juicio. A fs. 61 vta. se habían realizado consideraciones sobre la ley 26.773 invocando el caso Marchetti de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el considerando IV de la sentencia el magistrado señaló las partes pertinentes del art. 4 de la ley 26.773 y entre ellas transcribe el último párrafo de ese artículo en cuanto establece que: “… En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes del derecho civil.”
Y sobre esta base agregó a continuación en ese considerando que:
“… encontrándose firme y consentido que las presentes actuaciones tramitarán conforme las disposiciones del Código Procesal Civil (fs. 91 y que los hechos controvertidos resueltos a la luz de las previsiones contenidas en los arts. 1757 del CCyC (fs. 97) corresponde rechazar el planteo formulado en el escrito de demanda a fs. 61 vta. con costas.
Desde ya, a fin de analizar los agravios, pongo de resalto que este considerando no ha merecido agravio.
Establecido ello se aprecia que las argumentaciones que se intentan para fundar el recurso de apelación no atacan con una crítica concreta y razonada las partes de la sentencia que se considera equivocadas. Las críticas que se ensayan no se dirigen contra el fundamento central de la sentencia que se desarrolla en el considerando VII respecto del nexo causal que no han sido eficazmente rebatido con un discurso jurídico que demuestren el error del magistrado. Precisamente se insiste en aspectos que la sentencia consideró: tal que sufrió un accidente de trabajo y la existencia de daño. Pero al haberse determinado que estamos en un proceso civil por daños y perjuicios y que los hechos controvertidos serán resueltos a la luz de las previsiones contenidas en los arts. 1757 del CCyC (fs. 97) no indica donde se encuentra el error de la sentencia cuando se centra en la autoría del daño a fin de determinar si la demandada Prevención ART SA por acción u omisión causó un daño por el cual deba responder conforme los arts. 1716, 1717 y concordantes del CCyC.
No se ha demostrado el error de la sentencia al razonar que el actor al relatar los hechos destacó lo que consideraba total desinterés y abandono por parte de la hoy demandada toda vez que se desentendió de sus obligaciones a cargo, como así a indemnizar en debida forma por la incapacidad surgida a través del accidente laboral acaecido (fs. 62 vta.), para advertir que Aguirre no ha señalado cueles son las faltas concretas que ha cometido la ART demandada en orden al daño que hoy padece y pone por ejemplo: no entregar calzado adecuado, escalera para descender con defectos, o a un agravamiento no haber cumplido con las prestaciones médico asistenciales. Ello lo lleva a expresar que esa falta de precisión no puede de modo alguno hacer operar una inversión de la carga de la prueba y pretender que la demandada acredite en el expediente que ha cumplido con todas ellas, indicación que se vincula directamente con el derecho de defensa de ésta.
No se nos puede pasar por alto que estamos en una demanda de daños y perjuicios regida por el Código Civil y Comercial, en especial los arts. 1716 y 1717 y que tramita por el CPCC. Tampoco se ha intentado rebatir la jurisprudencia citada en la demanda en apoyo y la cita del art. 1757 del CCyC para sostener que correspondía al actor probar el factor de atribución objetivo conforme lo manda el art. 1734 del mismo cuerpo legal. No se invoca culpa por incumplimiento de los exámenes periódicos a cargo de la ART. No se ha demostrado el error de fundamento cuanto el juez en su sentencia se refiere a la orfandad probatoria respecto de que las incapacidades que sufre tengan consecuencia directa con la actividad desplegada por la ART y por ello no acreditado el nexo causal adecuado entre la conducta de la ART y el daño que padece o que se haya producido merced a una actividad riesgosa o que la misma sea el factor de atribución (arts. 1734, 1736 y concordantes del CCyC.) y por ende que no se ha acreditado los presupuestos mínimos de procedencia de la responsabilidad civil de la demandada.
Resolver de manera contraria implicaría violar el principio de congruencia. Sin perjuicio de lo expuesto quiero agregar que comparto en un todo los argumento de la sentencia en crisis a la que por otra parte considero justa pues no surge clara que la incapacidad que determinó nuestro médico forense tenga su origen en el accidente que se invoca y que muestra diferentes mecánicas en las distintas actuaciones, además de la referencia a un lipoma en el certificado médico de fs. 36.
Pero el incumplimiento de la carga establecida en el art. 264 del CPCC por falta de una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia donde el magistrado expone los fundamentos del fallo en una pieza donde solo desarrolla una disconformidad con lo resuelto, lleva a la colusión que corresponde declarar desierto el recurso por aplicación del art. 265 del CPCC. Ello sin perjuicio de entender que dada la materia corresponde imponer las costas de la instancia en el orden causado (art. 68 del CPCC). Así lo propongo al Acuerdo. LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XII. Después de analizar el expediente, la sentencia y los agravios llego a la misma solución que el preopinante toda vez que la parte actora en su memorial no alcanza a demostrar el error de la sentencia con un discurso jurídico que contenga, con una crítica concreta y razonada, demostración de un error en la sentencia que se advierte se ajustó a las normas del proceso civil y lo dispuesto por los arts.1734 y 1757 del CPCC. Adhiero a su voto por considerar se deba hacer uso de la manda del art. 265 del CPCC declarando desierto el recurso A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que en función de las consideraciones vertidas al responder a las anteriores cuestiones, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 1785595/2025 por estar incursa en la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC, apartándola del trámite y conocimiento de estos autos. 2º) Declarar desierto el recurso por falta de crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que considera equivocadas (Arts. 264 y 265 del CPCC) imponiendo las costas de a instancia en el orden causado (art. 68 del CPCC). 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XIV. Estimo que la propuesta que antecede se ajusta a lo decidido en el debate. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 22 de agosto de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 1785595/2025 por estar incursa en la causal del art. 17 inc. 1 del CPCC, apartándola del trámite y conocimiento de estos autos. 2º) Declarar desierto el recurso por falta de crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que considera equivocadas (Arts. 264 y 265 del CPCC) imponiendo las costas de a instancia en el orden causado (art. 68 del CPCC). 3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Mario A. Albarrán no firma por no existir disidencias a dirimir. - Fdo. Horacio M. J. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Eduardo Monelos – Juez de Cámara a/c de Presidencia; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201040S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3136 Folio Nº: 081/089 Secretaria: 1
Fin de la sentencia