Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2533/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Adolfo Agulla Nilsson, agregado en PE585670-2022, INR00000077.pdf, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE702184-2022.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2533/22-TSJ Interlocutorio N°: 3751 Actor: AGULLA NILSSON EVELYN HULDA EN AUTOS: AGULLA ADOLFO ARMANDO Y NILSSON PEREZ MARÍA EUGENIA Demandada:
Objeto: SUCESIÓN AB-INTESTATO S/ INCIDENTE DE FIJACIÓN DE CANON LOCATIVO Fecha: 31-05-2023 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3751 FOLIO Nº 6734/6736 PROT. ELECT. TSS1 022 I.231
Río Gallegos, 31 de mayo de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “AGULLA NILSSON EVELYN HULDA EN AUTOS: AGULLA ADOLFO ARMANDO Y NILSSON PEREZ MARÍA EUGENIA S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO S/ INCIDENTE DE FIJACIÓN DE CANON LOCATIVO”, Expte. Nº A-26.474/IF/19 (A-2533/22-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación articulado por Adolfo Agulla Nilsson, por derecho propio (cfr. PE585670-2022, INR00000077.pdf) contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que confirmó en todas sus partes la resolución de Primera Instancia obrante en PE69025-2021 y su aclaratoria de PE74106-2021 (cfr. PE566347-2022).- A su turno, el Juez de Primera Instancia hizo lugar al incidente de fijación de canon locativo incoado por la Sra. Evelyn Hulda Agulla Nilsson y condenó al Sr. Adolfo Agulla Nilsson a abonar la suma de pesos diecinueve mil quinientos ($19.500) mensuales en concepto de canon locativo por el inmueble sito en calle Alcorta Nº 130 perteneciente al acervo hereditario de sus padres, más intereses y costas (cfr. PE69025-2021 y su aclaratoria PE74106-2021).-
II. Que en su recurso de casación, el recurrente manifiesta que la resolución impugnada incurre en quebrantamiento de formas al desconocer la aplicación de los artículos 374, 375 y 356 del CPCyC, que prohíben la desnaturalización de medios de pruebas, o su sustitución por otros establecidos con distinto fin (cfr. PE585670-2022, INR00000077.pdf, pág. 1).-
Expresa que “...el ad quem, mediante la sentencia en crisis, resuelve confirmar la sentencia principal (09 marzo 2021), por la cual el Juez de grado decide hacer lugar a la determinación del valor locativo del inmueble relicto, en base a tasaciones privadas de oficinas inmobiliarias locales logradas mediante prueba informativa, omitiéndose la realización de una pericia de tasación mediante perito oficial en especialidad martillero o corredor público. Que mi parte formuló oportunamente la oposición a la fijación del canon locativo mediante prueba informativa a oficinas comerciales privadas, lo cual se explicitó y fundó debidamente a fs. 12.” (cfr. PE y PDF cits., págs. 1/2).- Afirma que la prueba informativa ofrecida por la incidentista, y ordenada por el Juez de Primera Instancia, es improcedente a la luz de lo que establece el Código Ritual, en sus artículos 374, 375 y 356 del CPCyC (cfr. y PDF cits., pág. 2).-
Agrega que: “...se ha violado por omisión, la vigencia de la ley 20.266 de Régimen Legal de Martilleros y Corredores Públicos, especialmente sus artículos 1º inciso b), 3º, 8º inciso b) tasaciones, 32 inciso b), 33, 34 inciso b) tasaciones. Que en efecto esta ley, en sus artículos 1º inciso b) y 32 inciso b), establece la obligatoriedad para ejercer la profesor (sic) de martillero o corredor público, en todo el territorio nacional. Que por su parte, en sus artículos 3º y 33, prescribe el requisito de la matricula profesional para ejercer la profesión de martillero o corredor público. Que en nuestra provincia, dicha función la cumple la Secretaría de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, ante la inexistencia de un Colegio Público o Consejo Profesional de Martilleros y Corredores Públicos. Que por último, en sus artículos 8º inciso b) y 34 inciso b), prescribe que es facultad de los martilleros y corredores públicos, informar sobre el valor venal o de mercado de bienes. Que es evidente V.E. que al confirmar el ad quem la decisión del a quo, de aceptar una tasación de oficina inmobiliaria, en la cual no consta si fue practicada por un martillero o corredor público matriculado, se esta violando flagrantemente la ley 20.266.” (cfr. PE y PDF cits., págs. 2/3).- Hace reserva del caso federal en razón de la doctrina de las sentencias arbitrarias; y la violación de las garantías consagradas en los artículos 17, 18 y 31 de la Constitución Nacional, relativas al derecho de propiedad, al debido proceso adjetivo y supremacía legal(cfr. PE y PDF cits., pág. 3).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE702184-2022 Pasan los presentes al Acuerdo en PE456091-2022.
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- A la luz de estas premisas, resulta dable anticipar que la pieza recursiva de PE585670-2022, INR00000077.pdf no satisface mínimamente los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.
Los argumentos allí delineados pretenden recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 880, Folio 1019/1021).- Sus afirmaciones pretenden discurrir libremente sobre por qué no se debió admitir la prueba informativa para determinar el canon locativo, empero omitió desplegar un desarrollo argumental que patentice un yerro en el razonamiento revelado en el acto sentencial cuestionado. Es notorio como sobre diversos puntos de la motivación expuesta por los jueces de la Alzada no recayó ataque alguno del recurrente. Efectivamente, ningún cuestionamiento sustancial y convincente ha allegado al debate respecto de la facultad de la Cámara, como juez del recurso, para revisar lo decidido sobre la admisibilidad de la prueba informativa.
Los términos del recurso traslucen que, no obstante invocarse por el recurrente que la casación se sustenta en quebrantamiento de formas y violación de la ley, en realidad lo cuestionado es la valoración que han efectuado los jueces de las instancias ordinarias respecto de los hechos y pruebas aportadas a la causa, cuestiones ajenas, por principio, al ámbito casatorio.-
De este modo, se observa que la enunciación de reproches de la impugnante sólo trasunta su mera disconformidad acerca de lo decidido por el ad quem, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio, dada la limitación extraordinaria de la instancia, desentendiéndose de los fundamentos del fallo atacado en relación a la materia en discusión.-
Surge de autos que la materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…” (cfr. Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788).- Recordemos que los jueces de las instancias ordinarias son soberanos en la elección de los medios probatorios que los llevan a fundar su convicción sobre la materia litigiosa y, por regla, no puede ser controlado en casación (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2878, Folio 4536/4539), salvo arbitrariedad o absurdo. Extremos estos que no se han intentado demostrar en el libelo recursivo, ni se vislumbra en el caso sub examine.- En cuanto a la denuncia de violación de garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional se advierte que el recurrente se circunscribe a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ - Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3161, Folio 5187/5192).-
IV. Que en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado en PE585670-2022 INR00000077.pfd, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE702184-2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Adolfo Agulla Nilsson, agregado en PE585670-2022, INR00000077.pdf, y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE702184-2022.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1022I.231 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3751 Folio N°: 6734/6736 Secretaría: 1
Fin de la sentencia